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CONDUSEF DA A CONOCER NUEVO MICROSITIO CON INFORMACIÓN DE 707 CAJAS DE AHORRO Y 48 SOFIPOS

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), dio a conocer su nuevo Micrositio del Sector de Ahorro y Crédito Popular, a fin de que el público en general conozca las entidades que conforman este importante sector, sus características, marco jurídico, similitudes y diferencias con el sector bancario, así como temas de educación financiera.

El nuevo Micrositio, al cual se puede acceder desde la página web de CONDUSEF, brinda información de las entidades autorizadas, las que están impedidas de captar y las que se encuentran en proceso de consolidación, además de consejos, preguntas frecuentes, marco legal, entre otra información de interés.

El Sector de Ahorro y Crédito Popular, de acuerdo a la última información disponible, atiende a 9.5 millones de clientes o socios, cuenta con una red de 2 mil 924 sucursales y tiene activos valorados en 129 mil 746 millones de pesos.

Las cajas de ahorro forman parte del Sistema Financiero Mexicano, por lo que para su operación requieren autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) –excepto las de nivel básico-. Al mes de mayo de 2015, existen 144 autorizadas, las cuales cuentan con un Seguro de depósito de 25 mil UDIS, es decir, aproximadamente 132 mil pesos por persona.

De acuerdo con el Registro que administra el Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP), al mes de mayo pasado, el Registro Nacional Único de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (RENSOCAP) cuenta con 707 entidades inscritas, que tienen poco más de 6.6 millones de socios cooperativistas y cuentan con activos por casi 105 mil 600 millones de pesos.

En el micrositio del sector de ahorro y crédito popular, también se puede conocer la ubicación, operaciones y número de socios de las Cajas que se encuentran en proceso de consolidación (36), esto es, que deberán vender sus activos o fusionarse con otras entidades financieras, así como aquellas que están impedidas de captar ahorro del público (69) y que deben buscar el apoyo del FIPAGO, para encontrar  un mejor proceso de salida en protección de sus ahorradores. Estas entidades por no estar autorizadas no cuentan con el beneficio del Seguro de Depósito.

Además de las 144 autorizadas, existen 47 Cajas de Ahorro que presentaron su solicitud de autorización y se encuentran en procesos de revisión (con 481 mil socios). Sin embargo, hay que señalar que en tanto no sean autorizadas, los socios de estas cajas, tampoco cuentan con el Seguro de Depósito.

El Micrositio también contiene información relevante de las SOFIPOS, que son sociedades con fines de lucro y su objetivo es promover la captación de recursos, así como colocarlos mediante préstamos o créditos al público en general. Se integra por 48 entidades, de las cuales cuatro todavía no inician operaciones.

En su conjunto, las SOFIPOS cuentan con 2.9 millones de clientes de acuerdo con información oficial de 2014, tienen una red de sucursales de 1,014 y cuentan con activos de casi 24 mil 200 millones de pesos.

Finalmente,  CONDUSEF invita al público que desee ahorrar o ya que sea socio de una Caja, a tomar en consideración las siguientes recomendaciones y así evitarse riesgos con su patrimonio:

  • Consulta el Micrositio del Sector de Ahorro y Crédito Popular, el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF, o bien el FOCOOP en www.focoop.com.mx  para cerciorarse de que la caja en la cual se desea ahorrar, esté registrada; en caso contrario evita depositar dinero en ella ya que está realizando una captación irregular, y por lo tanto, deberá ser denunciada ante el Ministerio Público o bien notificarlo ante la CNBV (mediante un escrito dirigido a la Dirección General de Visitas de Investigación, ubicada en Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, México D.F.).
  • Realiza preferentemente operaciones con alguna de las 144 Cooperativas o 48 SOFIPOS que están autorizadas y supervisadas por la CNBV, y que cuentan con un Seguro de Depósito a los ahorros por hasta 25 mil UDIS, es decir, aproximadamente 132 mil pesos por persona.
  • Las Cajas que se encuentran en proceso de autorización, no pueden garantizar que serán autorizadas y por lo tanto representan un riesgo, pues mientras no sean autorizadas no cuentan con un Seguro de Depósito.
  • Si eres socio de una Caja, ejerce tus derechos. La Caja deberá entregar el certificado que los acredita como socios, los cuales deberán ser invitados y participar  en las asambleas generales con voz y voto, en la toma de decisiones de la sociedad.
  • También deben participar en la elección de consejeros de la sociedad, ya que éstos serán sus representantes para aprobar las políticas con las que se manejará la Caja.

CONDUSEF continuará informando al público en general y a los socios actuales y futuros de las cajas de ahorro, a fin de que conozcan mejor las acciones y cuidados que deben tomar en cuenta, durante el proceso de salida ordenado de las entidades que no están o no podrán ser autorizadas y que por lo tanto deberán dejar de realizar actividades de captación.

Para cualquier duda o consulta adicional favor de comunicarse a CONDUSEF al teléfono 01 800 999 80 80 o bien, visitar nuestra página de internet www.condusef.gob.mx, también nos pueden seguir en Twitter: @CondusefMX y Facebook: CondusefOficial.

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La nueva ley de ahorro y crédito popular, sus absurdos adendos

Por Mario Herrera

Observo una clara desinformación en medios, en legisladores, en políticos y muy lamentablemente en defraudados, con motivo de la detención del dictamen que habría de lograr el mecanismo de pago para afectados Ficrea, firmado por el Grupo Bicameral del salido periodo legislativo.

Todo hubiese salido a pedir de boca, así estaba diseñado, siempre y cuando el legislador hubiese sido honesto consigo mismo, con los afectados y con la sociedad en general.

El dictamen que habría de modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular terminó siendo un atropello a las clases vulnerables del país, terminó siendo utilizado, el pago que con todo todo derecho lograron los afectados de Ficrea, para dilapidar la operatividad organizacional en las comunidades más pobres de México.

Es urgente que se resuelva el problema social que enfrenta cada uno de los afectados de Ficrea, es urgente que se les resuelva la restitución del daño causado por la negligencia de las autoridades, pero también es importante que la restitución de daños sea igualitaria en todos los sectores de la sociedad, sin afectar otros sectores.

Los defraudados por cajas de ahorro también tienen exactamente el mismo derecho que cualquier SOFIPO que haya malversado sus finanzas, esa gente pobre de la sierra de Oaxaca con 30 mil pesos ahorrados, tiene igual o más derecho que un ejecutivo que haya ahorrado 1 millón de pesos en la capital mexicana.

Si la Ley no contempla topes de ahorro, entonces, no habría porque discriminar a la gente que ahorró y que invirtió en una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, no habría porqué hacerla a un lado.

Los ahorradores de Ficrea no deben permitir que el Gobierno Federal se salga con la suya y pretexte con un decreto la renuncia de derechos para disculpar la responsabilidad de Rafael Olvera, de la Bancaria, de sus directivos y de cualquier persona involucrada en el fraude.

Así es que, el decreto que se pretendía por parte de la SHCP, hacía que cada víctima que recibiera los beneficios de FIPAGO, concediera la disculpa por escrito para que no se procediera en contra de Jaime González Aguade y en contra de Rafael Olvera, y eso me parece que nadie lo ha entendido, y nadie lo ha advertido.

La mal denominada ley Ficrea, contiene líneas ajenas a las restitución de pago a los ahorradores afectados, en donde los hacían renunciar a seguir su trámite gratuito para poder recuperar por diversas vías su remanente; obligándolos entonces a contratar servicios jurídicos de abogados por su cuenta.

En mi próxima aportación hablaré de mis consideraciones respecto del ambicioso decreto de reforma que el escritorio de Fernando Aportela entregó al Grupo Bicameral y éste último, beso la mano de SHCP para conceder el mayor crimen financiero que se pretendía tomando como rehén el caso Ficrea.

Nadie habrá de comprenderlo, nadie habrá de entenderlo, porque lo que se quiere y ya, es el cheque de pago, sin embargo, atrás de ese pago hay muchos intereses políticos y amarres económicos que haré públicos uno a uno, en manos de legisladores integrantes del grupo bicameral con tal de conceder y lograr el voto unánime del Congreso de la Unión.

No permitiremos un abuso más por parte del Gobierno Federal, y el ciudadano y el legislador, deben entender que los problemas sociales afectan precisamente a la sociedad en general y no a un solo gripo privilegiado.

Hasta pronto…

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Nueva Ley Ficrea amañada para perjudicar a los más pobres del País

Por Mario Herrera

Presidente de Fundación para la Inclusión Financiera A.C.

El Grupo Bicameral.

Lunes muy temprano casi de madrigada Javier Lozano Senador por PAN se congratulaba de que ya tenía en la bolsa del saco la enmienda al fraude de la financiera FICREA, así lo dio a conocer a los medios resultado el protagonista principal de la posible solución al más desastroso fraude financiero en México, anunció entonces que sería al día siguiente cuando, luego de una última reunión bicameral, sería turnada la iniciativa de creación de la LACP a la Cámara de origen para su inmediata aprobación.

La respuesta positiva en las redes no se hizo esperar y comenzaron a llegar las felicitaciones una tras otra a los integrantes de las comisión bicameral quienes se pavoneaban en cada uno en sus partidos políticos, afirmando haber sido ellos (Grupo Plural Bicameral) los autores directos de la gran obra financiera en la historia del sector financiero, inclusive este que escribe cayó en la trampa trazada y planchada ya por la SHCP.

Mecanismo anunciado aquí.

Este escritorio desde el inicio de la problemática en Ficrea advirtió que el mejor arreglo era segmentar montos, y mediante un mecanismo de pago al través de la propia Ley de Ahorro y Crédito Popular establece; a la mayoría de los ahorradores les pareció una aberración oportunista de mi parte, otros más, tacharon de absurda la propuesta, sin embargo, luego de haber conocido la mal llamada “Ley Ficrea”, habrán comprendido los todavía necios, dos situaciones: i. La única Ley bajo la cual se emite el mecanismo de pago es la LACP, ninguna otra más habrá de devolverles su dinero; luego, en efecto, el pago será mediante un “mecanismo”, y así será.

El único problema para los que tienen montos mayores a 2 millones de pesos es que deberán contratar los servicios de abogados o especialistas en la materia que les hagan la tarea del trámite correspondiente, si estos afectados (montos mayores) ya lo hubiesen iniciado desde que lo anticipé, muy propiamente ya tuvieran garantizado hoy, su pago total invertido, por sus propios medios.

Las nueva LACP.

El DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, firmado por los siguientes legisladores:

Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz

Diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez

Diputado Humberto Alonso Morelli

Diputado Fernando Belaunzarán Méndez

Diputada María Sanjuana Cerda Franco

Diputado Fernando Charleston Hernández

Senador Juan Gerardo Flores Ramírez

Senador Javier Lozano Alarcón

Senador David Monreal Ávila

Senadora María de los Dolores Padierna Luna

Diputado David Pérez Tejada Padilla

Diputado Adolfo Orive Bellinger

Senador José Francisco Yunes Zorrilla

Propone claramente en su fracción XII de las DISPOSICIONES TRANSITORIAS del ARTÍCULO SEGUNDO, con relación con la expedición de la LCAP, a que se refiere el ARTÍCULO PRIMERO, que:

“Se ordena la creación de un fondo denominado “Fondo para la Atención de Pequeños Ahorradores de SOFIPOS” que tendrá por objeto cubrir el principal y los accesorios de los ahorros de las personas físicas depositados en sociedades financieras populares que hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto hayan sido revocadas por entrar en estado de disolución y liquidación, hasta por un monto de un millón pesos”.

“El citado fondo se constituirá como una subcuenta en el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO)”.

“Será el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que encauce la operación del Fideicomiso identificado con el número 80730, constituido el 17 de diciembre de 2014, en Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, implementar para ello mecanismos jurídicos y financieros necesarios y convenientes para obtener la liquidez suficiente para adelantar la recuperación de los depósitos, de los ahorradores de aquellas sociedades financieras populares cuya autorización para organizarse y operar con tal carácter, haya sido revocada hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, por entrar en estado de disolución y liquidación”.

“De esta manera ya inclusive desde el mes de diciembre el Gobierno Federal ya sabía que era Nafin la encargada de destinar los fondos necesarios para pagar a la mayoría de los afectados”.

El decreto de creación de la nueva LACP, propone que sea FIPAGO, el Fideicomiso creado para pagar fraudes por Cajas de Ahorro y Préstamo, el encargado de determinar las reglas de operación para pagar a los ahorradores, aunque también si no le alcanza a Nafin para pagar la deuda, se toma prestado del FIPAGO.

Requisitos para pago.

Para poder acceder a los beneficios de pago según la nueva LACP las víctimas deberán:

(i) Haber presentado la solicitud de pago del seguro de depósito, sin este requisito será imposible acceder a los beneficios del nuevo “FIPAGOCREA”. 

(ii) No reservarse acción ni derecho alguno.

(iii) Desistirse de las acciones ya iniciadas, en contra del fondo, de la sociedad financiera popular en liquidación, del Gobierno Federal o de cualquier tercero en relación con dichos derechos de cobro. Los que iniciaron Amparos, demandas o denuncias penales deberás desistirse de ellas para poder cobrar.

(iv) No tener adeudo alguno por concepto de pago de impuestos federales, si con motivo de las inversiones realizadas se generaron impuestos y no fueron cubiertos, el SAT primero cobrará con actualización de saldos y del remanente pagara a afectados.

(v) Ceder a favor del propio fondo, el total de los derechos de cobro que tuvieren. A partir del momento de la solicitud ya no se podrá pretender ningún otro cobro por ninguna otra vía.

(vi) El cobro deberán hacerlo en un periodo que no podrá exceder de los 120 días posteriores a la entrada en vigor del  Decreto.

Montos mayores a 1 millón pero menores a 2 millones.

Por último la propuesta de creación de la nueva LACP, establece en su transitorio primero que el FIPAGO conforme a la ley que lo rige, podrá excepcionalmente otorgar apoyos por montos hasta por el doble de lo que se debería aportar para el esquema de pago a ahorradores de SOCAPS con el esquema tradicional, siempre que se logre beneficiar a un mayor número de ahorradore.

El trámite es optativo.

La presentación de la solicitud de pago por parte de los ahorradores en términos de lo previsto en esta fracción será opcional, quedando a sus salvo derechos en caso de no optar por la opción aludida.

De aprobarse, cobren inmediatamente.

En opinión de esta mesa escribana ésta es la mejor salida de pago para los verdaderos ahorradores populares, los que menos tienen y los que definitivamente cumplen la condición popular, montos menores, los que no, así como tuvieron la valentía de correr el riesgo de ahorrar montos estratosféricos, también podrán contratar los mejores abogados para comenzar sus acciones jurídicas y no permitir que el Gobierno Federal se quede con la totalidad de activos que dicho sea de paso, hasta hoy no se conoce el monto ni la totalidad de los mismos.

El perjuicio a los más pobres del País.

De manera mañosa los legisladores integrantes del Grupo Plural Bicameral en una encerrona que duró poco más de dos meses con las autoridades financieras del País, sin consultar voces de expertos, líderes, organizaciones ni sociedades financieras, utilizaron el fervor del fraude Ficrea para adendar la peor de las canalladas legislativas del un Constituyente, la desaparición de las Sociedades Financieras Comunitarias y las Federaciones encargadas disque supervisar de manera auxiliar tanto SOCAPs, SOFIPOS, Uniones de Crédito entre otras.

¿A que acuerdo habrán llegado en sus reuniones privadas cada uno de los legisladores arriba citados? que beneficios financieros habrán tenido para dolosamente colgar de un problema financiero toda una historia social en materia de economía solidaria.

Dos años apenas habían transcurrido desde la permisibilidad de las SOFINCOS para las comunidades marginadas del país y ni siquiera permitieron desarrollarse a las mismas, eso es una canallada y una burla a la inteligencia primero de cada una de mis gente pobre y luego de este mismo escritorio, por ello las movilizaciones y la lucha férrea que hemos emprendido como organizaciones protectoras de campesinos, indígenas y grupos vulnerables, por eso nuestro desacuerdo con la erróneamente llamada Ley Ficrea, por eso mi total reprobación a la complicidad legislativa con el sistema financiero.

Los ganones serán los más adinerados y los que siempre tienen, los establecidos en las capitales del Pais, ¿cuantas SOFINCOS hay en Monterrey?, ¿Cuantos defraudados FICREA existen, con que montos?.

¿Que procede?

En mi opinión y a efecto de no perjudicar lo ya bien logrado para el mecanismo de pago Ficrea, procede arrancar el apartado relativo a Ficrea de esta nueva Ley, someterla a aprobación inmediata del Congreso y así darle la certeza jurídica de pago a cada afectado de esta Financiera.

Asimismo, para el resto de las modificaciones que el legislador pretende, se deberá trabajar más profundamente, constituir foros de consulta entre los directivos, líderes y especialistas en la materia en cuanto a Organizaciones Financieras Populares y Sociedades Financieras Comunitarias, Rurales, Campesinas e indígenas de México, y someter a una amplia y detallada enseñanza, paso por paso, a cada legislador hasta que entiendan y comprendan que también el pobre necesita de finanzas en su patrimonio y su comunidad, a su estilo, a su ritmo de vida, pero principalmente acordes al campo, eso es Inclusión Financiera.

El ahorrador, el afectado, los organismos, las organizaciones, las mismas sociedad financieras son las que hacen, producen y operan el sector popular, el más lastimado del Sistema Financiero y por tanto son los que deben formar parte de todas y cada una de las mesas de trabajo que se formen con relación a la discusión de sus operaciones.

Luego de conocer toda esta desgracia y la culpabilidad de cada uno de los legisladores firmantes de este decreto, han guardado silencio sabedores de su perjudicial actuación y ya ni siquiera se pronuncian al respecto, Lozano ya se olvidó del tema, su alegría se ha ido del gozo al pozo, todo por no haber tomado en cuenta la aportación de los grupos dedicados a grupos vulnerables, ha sido un gravísimo error haberlo hecho todo en lo obscurito, todo por no haberse ensuciado los trajes para trasladarse a la sierra o la montaña de las zonas más pobres para conocer del tema.

Que se le pague a los afectados Ficrea, si, pero sin excluir a los pobres de México.

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Grave riesgo de un “estallido social” en México: Mario Herrera 

Entrevista concedida a “Revista Real Politik”.

María de los ÁNGELES NIVÓN

Publicado en marzo 11, 2015.

Opinión

Portada

http://realpolitik.com.mx/opinion/grave-riesgo-de-un-estallido-social-en-mexico-mario-herrera/

Hay en el país hay más de 250 mil defraudados por cajas de ahorro, las cuales no son confiables para invertir.

Personas allegadas al dos veces senador por el PAN, Fauci Hamdam comandan un despacho de abogados que cobra entre 2 y 8 por ciento del monto ahorrado a los afectados.

México, D.F.- Al advertir que en México existe el grave riesgo de un “estallido social y muy fuerte”,  el presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo A. C., Mario Herrera Carrasco confirmó que hay en el país más de 250 mil ahorradores defraudados por cajas de ahorro, las cuales hoy no son confiables para invertir.

El especialista, quien amablemente concedió la entrevista para Real Politik, desde la mesa de un restaurante en San Lázaro, explicó que la inconformidad social que existe, no es únicamente por el caso de Ficrea, viene otro problema más grande como es el de Caja Libertad, que es mayúsculo y la Conducef está a tiempo de poner un alto a esas malas administraciones de estas Sofipos.

A pregunta expresa sobre quiénes son los personajes políticos que mueven a estas empresas fraudulentas, Herrera Carrasco señaló que efectivamente “hay políticos metidos, hay gente de la mafia, gente de muchos intereses partidistas, no sólo en Ficrea, también en Caja Popular Mexicana”.

Sobre este tema, reveló que hay un grupo panista comandado, inclusive, por un mismo ahorrador de nombre Javier Paz, muy allegado al dos veces senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Fauci Hamdam, los cuales dirigen un grupo muy lucrativo, cuyo objetivo es hacerse del mayor número de defraudados posibles bajo la figura de “daño patrimonial”.

Sin embargo, afirmó que esta figura es falsa, porque no existe el daño patrimonial a partir de que hay un fondo de protección creado por la Ley de Ahorro y Crédito Popular, pero este grupo panista hace creer que bajo esta modalidad, los defraudados terminarán recuperando su dinero y eso es mentira.

Aseguró que el obligado a pagar a los defraudados es el Gobierno y los afectados no tienen que pagar absolutamente nada, empero, el grupo panista al que hace referencia les hacen firmar un contrato “leonino”, haciendo creer a la gente que ellos gestionaron el pago y les cobran entre el 2 y 8 por ciento de honorarios del monto ahorrado.

Este, dijo, es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, de los líderes que están atrás de ellos y si le rascamos un poco más,“no sabes de lo que te vas a encontrar”.

Sólo habría que preguntarse, cuestionó, cómo se le permite a algunas Sofipos tener publicidad carísima en los estadios de Fútbol, como Caja Popular Mexicana que cuenta con programas enteros de televisión, cómo pagan comerciales en Televisa y Tv Azteca, de dónde salen esos fondos.

Lucran con el dinero del pobre

Se lucra, recriminó, con el dinero del pobre, del ahorrador que de buena fe está confiando su dinero a una caja de ahorro, “no es posible que hoy existan 250 mil defraudados en el país, de los cuales, 15 mil son de Sofipos y 10 mil de uniones de crédito”, confirmó el especialista.

Son números muy graves, apuntó, tenemos los documentos con los que podemos acreditarlos y que no son reconocidas por las autoridades, hay 2 mil cajas de ahorro en todo el país que no son confiables, ni siquiera llegan a ser una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo.

Mario Herrera, quien lleva seis años recorriendo las entrañas de los fraudes de cajas de ahorro, y en particular en Oaxaca ha visitado 3 mil 330 comunidades, donde han detectado el mayor número de irregularidades, sostuvo que los requisitos principales para que una empresa de este tipo sea regular, es que cuente con la inscripción ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, caso contrario, es irregular.

Sobre la temática social del país, y luego de las reformas establecidas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el entrevistado se sinceró, y admitió que esperaban una verdadera inclusión financiera, social, popular,donde pedían más atención a grupos vulnerables, marginados y abandonados, pero tal parece que nuevamente se olvidaron de ese sector.

En el tema de las reformas financieras del Presidente Peña, Herrera Carrasco consideró que no han terminado de cuajar al día de hoy, aunque a decir verdad, ni falta hacen, porque estamos igual que hace 10 o 40 años, la gente pobre cada día es más pobre, quienes carecen de las oportunidades de vida que el gobierno no les pone a su alcance.

Catástrofe financiera de grandes dimensiones

Las reformas financieras, despejó, carecen de una verdadera inclusión social, porque siguen quedando fuera y desprotegidos el ahorrador popular y prueba de ello son los fraudes que se siguen cometiendo, puesto que las leyes no contienen los candados debidos y necesarios para amarrar las manos a quienes administran las sociedades.

Al carecer de estas garantías, externó, el ahorrador se siente defraudado y al no poder colocar su dinero en una empresa popular segura, origina que poco a poco vayan sacando sus ahorros de esas cajas y regresen a costumbres de antaño, como es guardarlo bajo el colchón porque lo creen más seguro ahí.

Además al sacar el dinero de las cajas de ahorro o Sofipos, se da el efecto dominó y van cerrando cada una de estas empresas populares, porque se van quedando sin flujo para hacer frente a sus gastos diarios y fijos, señaló.

Apuntó que el hartazgo de la gente es lo que traería como consecuencia un “estallido social”, porque finalmente los ahorradores sacarán su dinero de las cajas y éstas terminarán por quebrar y reventar a las sociedades populares, lo que generaría una catástrofe financiera difícil de enmendar.

Y si la autoridad no ha podido hacer frente a un Ficrea, añadió, qué pasará cuando 6 millones de ahorradores populares en México, pierdan su dinero a manos de administradores irresponsables que son tolerados y apoyados por las propias autoridades financieras.

Hoy es Ficrea, dijo, en la clase pudiente y letrada, ayer fueron decenas de cajas de ahorros de los pobres y mañana si no se modifican para bien las leyes de ahorro popular, el Gobierno habrá devastado por completo al sector más representativo de la economía solidaria, lo que culminaría en una verdadera catástrofe financiera de grandes dimensiones.

Autoridades incumplen con su responsabilidad

Hace 10 años, recordó, se creó el sector popular para el ahorro, al carecer de instituciones financieras como bancos, en los pueblos  no lo hay, por ello la gente tiene que buscar por sus propios medios dónde invertir y ahorrar, lamentablemente la única opción que se tiene actualmente son las famosas cajas de ahorro.

La gente confía en esas empresas populares porque no hay ninguna autoridad que les informe si la caja es regular o irregular, no hay información ni orientación al ahorrador y menos en las comunidades de la montaña, explicó.

Lamentó que muchos ahorradores hoy no conozcan la Ley de Ahorro y Crédito Popular y esta ignorancia es la que los llevó a desconocer qué pasaba cuándo se perdiera su dinero, se lo robaran, se cometiera un fraude o se tratara de un lavado de dinero, son términos que la gente apenas comienza a empaparse.

El dinero que los ahorradores invierten en este tipo de cajas, tampoco crece, es revolvente entre los propios socios, el dinero se invierte en terceras personas, pero si no existen las garantías para asegurar los créditos, la gente a quien se le otorgó sabe que puede incumplir en los tiempos pactados y máxime si es familiar del administrador, le condonan la documentación alusiva a ese préstamo, detalló.

Estas son algunas de las irregularidades que la Comisión Nacional Bancaria no supervisa a tiempo, cuando cada seis meses debería estar vigilando las operaciones de esas empresas populares, porque es su obligación, pero no lo hace, terminan siendo cómplices negligentes de ese fraude y por tanto son copartícipes del delito que están cometiendo las cajas de ahorro o las Sofipo como Ficrea, concluyó.

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Panistas gestionarán ante SHCP negocio millonario en perjuicio de defraudados Ficrea

Por Mario Herrera.

No obstante, la desgracia sufrida por miles de ahorradores menores, por parte de la financiera FICREA S.A de C.V. S.F.P., ahora enfrentan el gran reto de decidir por la mejor opción jurídica, para recuperar su dinero robado.

Corresponde a cada afectado, la determinación del despacho, el abogado, el gestor o quien así habrá de encaminarlo en el resarcimiento de daños, habrá de todo, quienes se hagan pasar por conocedores y los extorsionen con pagos chiquitos semanales, hasta el cobro de un porcentaje por recuperación de ahorros que van del 2% al 20% según la firma, el prestigio o el supuesto conocimiento en temas de economía solidaria.

La mayoría de los litigantes cobra por la recuperación total de montos, pero en el inter de cualquier trámite o proceso se erogan gastos, mínimos pero a final de cuentas representan erogaciones patrimoniales.

La verdad de las cosas en que a menos de que se trate de una denuncia penal tendiente a la indagación del ilícito, ninguna instancia habrá de prosperar y por virtud de ninguna de ellas se habrá de devolver un peso al ahorrador.

El Gobierno tiene la obligación de velar por la seguridad financiera de todo ahorrador popular, no olvidemos que la financiera es, precisamente, una sociedad popular más no comercial y desde este principio se debe partir en el resarcimiento de daños, es más, el grupo plural bicameral creado para resolver el problema Ficrea, en los próximos días habrá de aprobar un mecanismo de pago para aquellas personas con inversiones menores, no más de 1.5 millones, así habrá de ser por salud misma del sector.

Existe una ley especial que contempla los casos en que el administrador de la sociedad desvíe los ahorros e inversiones de los clientes y estos desaparezcan, desde antes de que el ahorrador firmara contrato con la SOFIPO, la ley ya existía y ya se contemplaba el procedimiento especial, motivo por el cual no se puede modificar el espíritu del legislador.

Lo que si habrá de modificarse, es el mecanismo de pago, el apoyo financiero, o la forma en que habrán de atenderse a aquellos ahorradores que se encuentren en el promedio financiero popular, esa es una realidad que nadie se ha atrevido a informar a las víctimas.

Ya hemos referido la viabilidad de los mecanismos de pago, ya hemos advertido que el Estado está obligado a resarcir de manera pronta y gratuita, ninguna persona debe pagar por la recuperación de su dinero, si ya de por sí han sido defraudados, porque habría de ser doblemente hurtados.

Existen en México excelentes abogados de talla inclusive, internacional, que habrán de hacer un estupendo trabajo por la vía penal, cualquier otra instancia resultará un segundo fraude; dudo mucho que por la vía ordinaria civil o ejecutiva o mercantil o administrativa que se interponga, se logre la recuperación del dinero defraudado. Sentaría un precedente para que otros 6 millones de ahorradores populares, ejercieran acciones contra el Gobierno.

Por tratarse de un asunto de índole social, por la magnitud de personas afectadas, el tipo de empresa de que se trata y sobre todo por la falta de un marco regulatorio cuya debilidad se ha ventilado en todos los medios.

Difícil que pueda prosperar la acción de Hamdan, tendiente a la recuperación de montos desaparecidos, la legislación que en especial se ha creado para casos como el deFicrea, es la Ley de Ahorro y Crédito Popular, ésta es la que determina el procedimiento a seguir.

Bajo este esquema regulatorio, es el Estado el responsable inmediato de enmendar su error, gratuitamente, por tanto, corresponde a los poderes de la Unión establecer la mecánica acorde para resarcir el daño causado a la sociedad ahorradora, sin costo alguno.

Si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, erró en su función regulatoria, las Federaciones Auxiliares de esta tarea, fallaron en su trabajo de supervisión y la condusef no supo cómo guiar la prevención del delito, serán pues motivos suficiente para fincar responsabilidades en cada una de ellas y en sus titulares, responsabilidades penales; sin embargo, la restitución del daño a los afectados debe trabajarse por separado.

La firma de abogados Hamdan Manzanero y Asociados S.C. representada por el abogado Fauzi Hamdan Amat y Francisco Javier Manzanero Escutia, han ofertado a unos cuantos incautos ahorradores, lo que hasta ahora se ha considerado lo más atractivo en el universo de acciones judiciales, bajo el engañoso esquema de reparación del daño patrimonial del Estado por la actuación administrativa irresponsable en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, más ésta acción no ofrece, ni garantiza la recuperación del monto adeudado, que no los engañen, pregunten, infórmense, comparen opiniones.

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Se trata únicamente de diversas gestiones y trámites que Hadman llevará al cabo con autoridades financieras, es todo.

Si dentro de esas gestiones, el Gobierno terminara las reglas de operación para pagar a los menores ahorradores, Hamdan y asociados, habrán hecho creer que por su gestión se recuperó ese dinero, y terminará cobrando el honorario a pesar de que las reglas de operación son públicas y no por convenio entre particulares, son gratuitas.

Según el contrato de prestación de servicios profesionales que llega a este escritorio, la firma Hamdan, propone al cliente (ahorrador), una serie de actuaciones por las cuales la firma de abogados ofrecen para reclamar la responsabilidad patrimonial del estado, pero carece de establecer los tiempos de recuperación, y sobre todo que tipo de demanda ejercerá, eso es una trampa contractual.

Si cualquier despacho particular, por medio de gestiones y trámites realizados ante SHCP intenta presionar a las autoridades financieras para que reparen lo que el despacho hace consistir, en un daño patrimonial, resultar normal; cualquier firma de abogados, contadores o financieros puede llevar a cabo esa actividad (gestión o tramitación), hasta aquí no habría problema.

Por tratarse de un sector popular de la economía solidaria, me obligado a atender las dudas de quienes se han acercado a este escritorio.

Es importante que el afectado por Ficrea sepa que la demanda propuesta por el respetable abogado Hamdan, solo habla de gestiones para emprender el reclamo de la responsabilidad del Estado, no así del resarcimiento del daño, por tanto, la gestión solo es para ver que paga el Gobierno por el daño que de manera individual pueda acreditar cada afectado, más no se trata de un trámite tendiente a recuperar el ahorro, lo que resulta engañoso para la víctima.

El grupo plural Bicameral, habrá de lograr el resarcimiento del daño, estoy seguro de ello, pero lo hará para montos menores, puedo adelantar sin temor a equivocarme que todo aquel defraudado que se encuentre en el parámetro por debajo del millón de pesos habrá de recuperar su dinero muy pronto, debe prevalecer la confianza en ello.

La implementación de cualquier mecanismo de los que hemos ofertado, deberá contener este procedimiento, con independencia de cobrar el seguro de garantía proveniente del fondo de protección que tiene derecho el cliente ahorrador.

Si por virtud del trabajo realizado en el grupo legislativo habrán de dictarse las reglas de operación para pagar a los afectados por lo menos menores al millón de pesos, no le encuentro el porqué se intente obligar al afectado a que firme una demanda colectiva, cada uno de los integrantes del grupo plural bicameral me dará la razón y pueden consultarle ésta opinión, háganlo para que ustedes mismos sepan a tiempo las ganancias millonarias que se enjuagan con su dolor.

Para los montos menores se recomienda prestar especial atención al clausulado que puedan firmar en la llamada demanda colectiva porque una vez firmado el convenio con la firma de abogados a partir de entonces por cualquier vía y forma que llegaran a obtener el dinero que les han quitado habrán de pagar por lo menos entre el 2% y el 4.5% del dinero que por no hacer nada aún y cuando el Gobierno establezca las reglas de operación, para montos mayores cobrará el 8% de honorarios; ningún abogado privado interviene en las reglas de operación o mecanismo de pago.

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Mayor atención deberá poner, en exactamente, en qué momento se cubrirá el honorario a los abogados, suponiendo que por el mecanismo de pago gratuito implementado por el Gobierno, el afectado cobre su dinero, éste debará pagarle los honorarios al despacho por algo que no gestionó, ni tramitó, ni trabajó. Si no paga Hamdan cobrará un interés legal por cada día de impago, hasta que cubre por completo la deuda, está en el contrato.

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El convenio con Hamdan solo habla de honorarios por gestión ante la SHCP o autoridades financiera, ¿será entonces que, Hamdan ya tiene apalabrado un negocio con Videgaray y por ese trámite tanto Hacienda como el despacho cobren un porcentaje a cada afectado?, sinceramente, no lo creo.

No puede existir una arreglo conciliatorio entre ninguna dependencia de Gobierno y un abogado que represente un problema social, de ser así, entonces, se fincaría un precedente para que los abogados hagan creer que gestionando convenios con el Gobierno, se reparará el daño, por todos los fraudes financieros que han existido a lo largo de la historia financiera en México.

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Se calcula alrededor de 150 mil afectados por Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, cuyo daño patrimonial asciende a más de 10 mil millones de pesos en pérdidas, de tener éxito Hamdan y de prosperar el negocio que intenta con la SHCP, entonces no solamente se deberán cubrir los 6 mil millones de pérdidas en Ficrea, sino también los miles de millones de pesos que por negligencia de la CNBV se han perdido en fraudes, así de fácil.

Si se trata del mismo modus operandi el fraude que se cometió en Ficrea, como en la cajas de ahorro, entonces habrá de imperar la igualdad de derechos, incluyentes para unos y otros.

No se duda de ninguna manera, en la capacidad jurídica, ni profesional del abogado panista Hamdan ni del nombrado Coordinador General Jurídico de la totalidad de los ahorradores Javier Paz, también panista; por el contrario se desea el mayor de los éxitos y se hacen votos por que se obtenga por fin, un escarmiento a los responsables, pero de eso a que como resultado de esa gestión se pago el monto defraudado, eso si es una vacilada para la víctima.

Biografía de Javier Paz

Sería grandioso para todos nosotros dedicados a la defensa y gestión de causas sociales el que Hamdan lograra satisfacer el reclamo de los que han acudido confiando en su profesionalismo, más no soy el único que duda de que prospere la vía y forma, afortunadamente.

El contrato que pretende la gestión colectiva de ahorradores menciona el nombramiento de un coordinador jurídico, que recae en Javier Paz también ahorrador, recordemos que este también abogado fungió como diputado federal en el tiempo de Calderón Hinojosa, todos panistas.

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Saquen cuentas y hagan números a tiempo, cuanto dinero entrará en el bolsillo de Hamdan por una gestión que no hará, pero que si cobrará a partir del resarcimiento de daños que haga el Gobierno en su momento, ¡que tal!.

Del daño patrimonial del Estado, hablaremos en otra ocasión, por ahora lo más importante es que el afectado cobre su dinero.

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Hartazgo social, origen de una nueva catástrofe financiera

Por Mario Herrera

Presidente de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C.

Queda claro que, es a partir del desvió de fondos en la Financiera Ficrea, que se han desatado, en medios, diversas publicaciones ventilando en todas, las carencias de las leyes en materia de ahorro y crédito popular, omisiones legales que dan oportunidad a la autoridad para cometer fechoría tras fechoría siempre en perjuicio del ahorrador.

Por más que las autoridades financieras justifiquen su actuación y le intenten sobar el lomo al pueblo para sostener que no hubo manera de saber a partir de cuando, se gestó el mayor fraude cometido por la Sociedad Financiera Popular, y de anotar que todo mundo se vio “engañado” por su administrador, ya nadie se traga esa fantasía política.

Ya no se guarda el más mínimo respeto por quienes debieron prevenir el delito con toda anticipación, ya no se preocupa al gente por saber cuando aprehenderán al responsable de malversar los fondos de la financiera, no, eso ya pasó a segundo plano, ahora lo más importante para la víctima, además de saber cuando le entregan su cheque, es ver rodar la cabeza de cada uno de los titulares de instituciones financieras encargadas de la regulación de las entidades financieras y cooperativas de ahorro y préstamo y de las financieras también.

Ha sido mucho el peregrinar de la gente, ha sido más el confiar en quienes no han hecho su trabajo, eso se ha traducido en un hartazgo social, ya gente está lastimada, está ávida de justifica, está ansiosa de buscar quien pague por su afectación así sea el mismo Enrique Peña Nieto.

El Estado ha hecho una jugada maestra al colocar a grupo televisa por conducto de una familiar del Vicepresidente de noticieros al frente de la mayor Representación de la Sociedad a nivel nacional, la Procuraduría General de la República, un vuelco darán las investigaciones de gran envergadura como la que estratégicamente logró Rafael Olvera, en complicidad de la Federación encargada de su supervisión, Atlantico Pacífico de Diego Filiberto Duque Robledo, principal responsable de la tragedia de Ficrea.

Se cuidarán las espaldas mutuamente, la televisora y la encargada de indagar delitos, los verdaderos responsables del desvío de dinero ahorrado en la Financiera están en casa, siempre lo he dicho, más eso no se sabrá jamás.

Si la Federación era la encargada de vigilar y supervisar todos y cada uno de los movimientos de Ficrea, ¿como es posible que no hayan apreciado un desvió de dinero de una empresa a otra?, entonces, que tipo de medidas de protección se utilizan, porque se permitió el vaciado total de cuentas, porque no se dio parte a las autoridades, y por último, ¿si el delito ya se daba desde meses antes, de la liquidación de Ficrea, que beneficios monetarios tuvo la propia Federación para guardar silencio?.

No existen garantías de seguridad para el control del ahorro popular en México, no existe una protección al mismo, eso conlleva al cansancio no solo de quienes padecen la afectación, cuando se roban el dinero, sino también en la misma sociedad en general, en todos los sectores, ya está cansada la gente de que de la nada, se pierdan los ahorros.

La reforma financiera tan anunciada por el Ejecutivo Federal, de aquel enero 2014, carece de una verdadera inclusión tanto social como financiera, con todo y su excelso enuncio quedaron fuera y completamente desprotegidos los ahorradores pobres, los populares, los verdaderamente necesitados de de estas entidades financieras; tan es así que, prueba de ello, son los fraudes que se siguen dando, en cajas populares y estas sofipos.

Las leyes no contienen los candados debidos y necesarios para amarrar las manos a quienes administran las sociedades, al carecer de esas garantías de seguridad constitucionales, el ahorrador se siente defraudado y cansado de que no pueda colocar su dinero en una empresa popular segura.

El efecto que se produce contra ésta falta de seguridad jurídica es el saquero de dinero de las sociedades y entidades, incluso de sociedades cooperativas o sofipos que están debida y legalmente reguladas, hay una incertidumbre tal, que al ahorrador ya no le interesa si está autorizada o no, sino que al tratarse de una sofipo ya sabe que el delito será inminente, lo mismo con las cajas de ahorro.

Al sacar el dinero de las cajas de ahorro o sofipos, se da el efecto dominó una tras otra van cerrando y no precisamente por malos manejos, sino porque ninguna de estas sociedades tiene garantizado el ahorro, ya todo se lo han gastado y trae como consecuencia, el cierre masivo de empresas similares, se van quedando sin flujo para hacer frente a sus gastos diarios y fijos y por ello cerrarán sus cortinas.

El hartazgo de la gente está trayendo como consecuencia, un estallido social principalmente en las clases más pobres del país, se están organizar para que exigir al igual que lo están haciendo los afectados de Ficrea, que el Estado les devuelva su dinero perdido, robado o desviado, para el caso es lo mismo, se trata de más de 250 mil familias que en 13 años han perdido su dinero a manos de los administradores, y otro millón, se calcula, que han colocado sus ahorros en figuras que operan como SOCAPs o como SOFIPOS, sin serlo, son pues, locales apócrifos pero captan dinero del público y de esto también es responsable la Bancaria.

Se están organizando en los pueblos para cerrar por si mismos, las cajas de ahorro en su totalidad, primero en sus localidades abandonadas, luego las capitales y grandes ciudades, la idea será que no se permita más la manipulación errática de los fondos que se confían a esas sociedad o entidades, hasta en tanto la autoridad no presente un esquema de protección capaz de garantizar la permanencia de dinero en las empresas populares.

Se obligará a que poco a poco saquen el dinero de donde lo han invertido, comenzarán a quebrar y reventar a las sociedades populares, a las entidades financieras; luego, se generará una catástrofe financiera difícil de enmendar y si la autoridad no ha podido hacer frente a un Ficrea, imaginemos que pasará cuando más de 6 millones de Ahorradores populares pierdan su dinero a manos de irresponsables administradores tolerados y apoyados por las propias autoridades financieras, o a partir de la desesperación del ahorrador que no cuenta con la atención debida por parte de la autoridad.

Hoy es Ficrea en la clase pudiente y letrada en la capital del país, a pesar de ser popular, ayer fueron decenas de cajas de ahorro de los pobres en los pueblos más abandonados de Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Puebla, Oaxaca, etc; mañana, si no se modifican para bien las leyes de ahorro y crédito popular y se toma en cuenta la voz y el voto del afectado, se habrá devastado por completo el sector más representativo de la economía solidaria, el sector popular.

La discriminación y la falta de una inclusión social, será el detonante si no se utiliza el problema Ficrea para enderezar lo que está mal diseñado de inicio, si el sector de ahorro y crédito popular es para los pobres y necesitados, así debe exigirse su operación y nada más.

De no encontrarse una pronta solución y una enmienda total de la ley que sea incluyente, auguro una nueva catástrofe financiera, la capital mexicana tendría la visita de millones de ahorradores activos, miles más defraudados para ser tratados con la misma vara que lo hacen hoy en día con los víctimas de Ficrea.

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La responsabilidad penal en la CNBV por caso Ficrea y otros

¿Leyes falacias o a modo?

Por Mario Herrera

Presidente y Fundador de Fundación para la Infusión y el Desarrollo, A.C.

El revuelo social y mediático que a costa del fraude cometido por Rafael Olvera Amezcua administrador de Ficrea, S.A. de C.V. Sociedad Financiera Popular, en perjuicio de la totalidad de sus clientes y socios inversionistas y ahorradores, ha provocado sin lugar a dudas, una forzada Educación Financiera en la sociedad en general.

Veamos.

La carencia del ejercicio digno de un órgano regulatorio para prevenir este tipo de ilícitos, ya es por todos reconocida, ya aprendimos que existe un responsable que no reguló, o peor aún, jamás ha regulado el sector popular, el más golpeado y menor protegido.

Hoy sabemos que no solo por el caso actual de Ficrea sino por muchos otros más, en especial, los derivados de las cajas de ahorro apócrifas, las no autorizadas, las no sancionadas, de las Uniones de Crédito fraude tras fraude y de tantas otras entidades financieras de carácter popular de las que se permite sin restricción alguna la comisión de delitos a su interior, y que se han embolsado el dinero del ahorrador, la CNVB es la culpable.

La incertidumbre y la desconfianza imperan en la mente de cualquier ciudadano que tenga la posibilidad de ahorrar o de invertir, aprendimos ahora, a leer detenidamente antes de invertir o de ahorrar, hoy cualquiera se pone a temblar ante la peligro de perder su patrimonio, sabemos que si se ofrece una tasa mayor a la bancaria representa ya de por si, una irregularidad, ya aprendimos.

Temas relacionados con la economía solidaria, a ninguna autoridad, a ningún legislador interesan, a los financieros públicos y privados del país menos, se trata de los ahorradores más débiles monetariamente hablando, se trata de la clase más golpeada en sus finanzas, hoy pisoteada a más no poder, a nadie le interesaba el sector popular, ni a la misma reforma financiera que fue excluyente del tema, de otra manera, no habría fraude. Hoy sabemos que existe un pequeño grupo de 7.5 millones de ahorradores conocidos como populares.

Han quedado al descubierto las carencias regulatorias de una Comisión parca, débil y cada día más frágil; hoy, han surgido, abogados especialistas en economía popular por doquier, ya todos somos expertos en la materia; hoy los medios han volteado sus libretas y cámaras a este tan olvidado sector principalmente de la gente pobre, con algunas excepciones ambiciosas. Lo vulnerable que ha sido siempre el sector.

Pues si, se necesitaba de una afectación masiva en la misma capital del país, se necesitaba que el daño fuera de muchos miles de millones de pesos, era necesario que entre los afectados hubiera peso pesado, para que se encendieran, por fin y a nivel nacional, los focos rojos se han encendido en las finanzas de los de abajo, hoy comenzamos a educarnos financieramente a partir de las anomalías que por años han existido en el sector popular.

Salen a la luz pública, las entrañas más perversas de las instituciones encargadas de regular y supervisar el manejo de los recursos que se captan de manera pública en este sector excluido del sistema financiero mexicano, comenzamos a conocer de Inclusión Financiera, que no es consecuencia de un Ficrea de hoy o de una Caja Libertad mañana o de 250 cajas de ahorro patito ayer, es el resultado de la carencia permanente, de un marco normativo acorde a las condiciones sociales y populares actuales. Ya aprendimos, ya están aprendiendo los legisladores.

El sector del bien común ha carecido continuamente, de una atención especial, no se cuenta con una Comisión Nacional como en la banca, no existe una Asociación representativa del ahorrador como en la banca, las legislaciones están creadas primero para proteger al administrador de las entidades y sociedades cooperativas y luego cuando ya se ha embolsado el dinero de los clientes, limitan la recuperación, hasta por la cantidad que al Estado le conviene.

¿Entonces porque permitir movimientos financieros entre entidades y sociedades financieras por arriba de los topes máximos establecidos por ley?, ¿por qué no actuar en consecuencia desde el primer instante en que un cliente obtiene ganancias estratosféricas?, ¿por qué esperarse hasta que reviente la empresa por si misma?, ¿porqué permitir la comisión de fraudes?.

Donde queda la aplicación regulatoria, y donde la sancionadora, ya no digamos de la supervisora, ¿dónde quedó la protección popular?, ¿leyes falacias o a modo?

Y es que sin duda alguna, jamás ha existido una ley que ‘prohíba’ robarse el dinero, no la hay, jamás ha existido una reglamentación que obligue a la Bancaria a cumplir su misión regulatoria, hasta hoy, nadie se ha atrevido a sancionar al Ejecutivo Federal por ser omiso solidario en su actuación endosada a la CNBV.

El artículo primero del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (RSCNVB), en su Título Primero, relativo a las Disposiciones Generales, Capítulo Único, establece claramente que:

“El presente Reglamento tiene por objeto regular el ejercicio de la función de supervisión que compete a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las entidades y entidades financieras a que se refiere el artículo 3, fracción IV de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, federaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, fondos de protección a que aluden la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y la Ley de Ahorro y Crédito Popular, oficinas de representación de entidades financieras del exterior, así como personas físicas o morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero”.

Si, han leído bien, es obligación directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, regular las actividades de todas las Sociedades Financieras Populares (sofipos), de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (socaps) y de las personas físicas o morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

La función de supervisión de la CNBV comprende el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y corrección que la Ley le confiere, facultad basada en la medición de riesgos. Tampoco los hubo.

Me pregunto, cuantas disposiciones, comunicados, reglas de operación o manifiestos existieron, por lo menos en el caso Ficrea, cuantos para prevenir la salida masiva de recursos, cuantos avisos hubieron desde el primer momento que se ubicaron movimientos extraños, ¿que sanciones no solo se impusieron sino se cumplimentaron en el responsable?, ¿que medidas extremas se tomaron para evitar la continuidad del delito?, y más aún, a sabiendas de que, inclusive, se emitía una doble documentación que supuestamente garantizaba la inversión del cliente, una concedida por Ficrea y otra por Leadman Trade, que efectos correctivos estableció la CNBV, cuantos más la CONDUSEF, ¿cuantas sanciones se impusieron?.

El artículo 4, del RSCNBV, exige a la Comisión que para efectos de su inspección se deberán realizar visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las Entidades Supervisadas o Personas, con el objeto de comprobar el estado en que se encuentran estas últimas, incluyendo la situación sobre su liquidez, solvencia y estabilidad, así como el adecuado cumplimiento de las disposiciones aplicables.

¿En verdad, la CNBV y/o la Federación Atlántico Pacífico, organismo encargado de ejercer la supervisión de manera auxiliar, realizaron visitas físicas en las instalaciones de Ficrea?, ¿cuántas?, a partir de cual, se dieron cuenta de los movimientos raros, que medidas implementaron, o…, ¿habiendo sabido de esos movimientos…, se hicieron de la vista gorda?, peor tantito.

La Federación Atlántico Pacífico, de René Fausto Morales (http://www.fap.org.mx/contacto.html) es un organismo de integración encargado de ejercer la supervisión auxiliar de entidades como Ficrea y Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, bien se puede tratar de otro cómplice solidario, de un responsable indirecto (auxiliar) en la omisión de supervisión, aunado a que también forma parte del listado de ahorradores defraudados de la Financiera, en consecuencia no nada más un tal Rafael Olvera resultará responsable, mucha gente involucrada y mucha más que hasta ahora la Procuraduría General de la República no ha querido mencionar, gran tarea sancionadora en el Congreso Legislativo.

Hablando de sanciones, previo a la resolución de clausura de operaciones y liquidación de la empresa Ficrea, la CNBV debió establecer un pequeño procedimiento, minucioso, dentro del cual probablemente la PGR por conducto de su Unidad de Inteligencia Financiera pudieron haber procedido en contra del responsable, y tratándose de labores de inteligencia, bien pudieron establecer una estrategia a partir de las facultades concedidas a la Bancaria por el artículo 62 del RSCNBV.

Del poderío que por obligación tiene la CNBV está el de intervenir cuando de la información y documentación que haya obtenido en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, se desprendan hechos, actos u omisiones que, a su juicio, puedan implicar una infracción y que, en términos de las mismas, amerite la imposición de una sanción. Entonces, ¿no hubo juicio propio?. Otra negligencia más.

La CNBV debió emplazar a Ficrea, para que en 10 días su administrador manifestara por escrito lo que a su derecho convenga, ofreciera pruebas de los ilícitos ubicados y formulara sus alegatos, ¿dónde está este procedimiento, y no me refiero al previo inmediato a la liquidación, hago referencia al momento en que, justamente la Comisión y Condusef se dieron cuenta de las primeras atrocidades financieras ilícitas de Ficrea y sus secuaces. Otra desidia de la Comisión.

Si a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de Mario Di Costanzo, le correspondía leer las letras pequeñitas de los contratos de crédito, de ahorro o de inversión existentes entre Ficrea y sus clientes ahorradores y… terceras personas, sean físicas o morales, entre ellas Leadman Trade y otros (estos últimos considerados como personas físicas o morales diversas, quienes realizaban actividades previstas en la leyes relativas al sistema financiero, hasta donde la información del interventor se sabe), como fue que se toleró, se permitió y hasta se protegió cada uno de los movimientos bancarios por varios miles de millones de pesos en tan corto tiempo, ¿cómo?, o más bien ¿porqué, se protegió esta actividad ilícita?. Anoten una omisión más.

¡¡¡Bingo!!!, entonces ¿culpable también lo es el Ejecutivo Federal, cierto?, de este Poder depende la CNBV, la Condusef y hasta la propia Federación en una distribución del organigrama de la Administración Pública Federal, es partícipe solidario el titular del ejecutivo federal, del delito de cada uno de los funcionarios que no hicieron su labor de  s u p e r v i s i ó n de conformidad con el RSCNBV, o nada más los titulares de estas apáticas instituciones; todos son responsables solidarios por omisión por igual o algunos más y otro menos. Claro que todos, por igual, son responsables.

Corresponderá al grupo de trabajo plural del Congreso de la Unión, el lograr establecer los procedimientos de investigación suficientes y necesarios, para que se logren los elementos que habrán de fincar estas responsabilidades.

Tomen esta entrega como soporte de lo que el grupo de trabajo legislativo tiene por hacer y obliguen al legislador a que puntualice su intervención basado en este fundamento y el que surja y el que de manera conjunta logren obtener, más no debe quedar nadie sin merecer sanción por mínima que sea.

Esta ilustración y fundamento debe estar en la mesa del grupo de trabajo plural del Congreso de la Unión, debe formar parte esencial de los trabajos para fincar responsabilidades inmediatas, la víctima debe exigirlo.

Solo los abogados especialistas en materia penal, sabrán y coincidirán que estos elementos serán básicos para fincar responsabilidad penal inclusive, hasta en el ejecutivo federal, por permitir la existencia de funcionarios tan neófitos en materia de regulación, supervisión y prevención del delito en agravio de millones de ahorradores, no nada más de los de Ficrea.

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