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1,500 empresas diversas operan como cajas de ahorro en México

Por Mario Herrera

Abogado y activista social en Oaxaca.

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Se estima que que en México, aproximadamente unas 1,500 empresas constituidas la mayoría en Sociedad Anónima han operado y siguen operando exactamente igual como lo hace una caja de ahorro, es decir, captan recursos del público al que llaman cliente o socio, para supuestamente destinar el dinero a favor de ellos mismos, cuando están impedidas para ello.

Una Sociedad Anónima es aquella que existe bajo la denominación S.A. y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones, según el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, más nunca para captar recursos como Cooperativa de Ahorro y Préstamo, motivo por el cual están impedidas para operar como SOCAP, según la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y su reglamento.

Entre las empresas que operan similares a una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SOCAP), están Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL) e inclusive comercios dedicados a la venta de productos diversos y hasta Inmobiliarias.

Estas empresas están impedidas para captar recursos del público ahorrador como si lo fueran cajas de ahorro, así como también están impedidas para dar préstamos y créditos de cualquier especie, haciéndolo, estarían violando lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y sus afines, pero ninguna autoridad ha tenido los tamaños para pararles un alto.

A pesar de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, están obligadas a actuar con todo el rigor de la ley cuando de estas prácticas delictivas se trata, jamás lo han hecho y por el contrario siguen permitiendo que se multiplique el negocio causando gravísimos daños en las familias de escasos recursos.

La Comisión debió haber actuado en consecuencia muy a tiempo y haber evitado esta catástrofe financiera en las familias pobres, debió implementado los operativos necesarios para impedir este tipo de prácticas ilícitas, obligación que tiene según le ordena el artículo 4, fracciones I, XVI y XVII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que establece:

Artículo 4.- Corresponde a la Comisión:

  1. Realizar la supervisión de las entidades financieras; del fondo de protección a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; de las Federaciones y del fondo de protección a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las Leyes relativas al sistema financiero.

XVI.- Investigar aquellos actos de personas físicas así como de personas morales que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables;

XVII. Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevea en las leyes, la negociación, empresa o establecimientos de personas físicas o a las personas morales que, sin la autorización correspondiente, realicen actividades que la requieran en términos de las disposiciones que regulan a las entidades del sector financiero, o bien proceder a la clausura de sus oficinas.

La autoridad reguladora, en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligación de supervisar, investigar y ordenar la suspensión de operaciones de aquellas personas diferentes a una Entidad Financiera o Cooperativa y que realicen actos exclusivos de de estas sociedades, al no cerrar las puestas de estas empresas, entonces conlleva una responsabilidad de carácter penal en la Autoridad Reguladora por la magnitud de la problemática generada en perjuicio de miles y miles de ahorradores populares.

Al no llevarse al cabo esa supervisión, se está entonces, atentando contra la seguridad jurídica de las personas lo que se traduce violatorio de las garantías individuales consagradas en el artículo 25 constitucional.

Ante toda esta responsabilidad del Estado y resultando inútil su actuación de regulación, supervisión y verificación, se debe trabajar en una inmediata modificación de la norma exclusiva de fraudes cometidos por de las Sociedad Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la Ley FIPAGO, y ampliar esta consideración para aquellas empresas diversas de las cajas de Ahorro, con independencia de las acciones que ejerzan las víctimas de este delito.

La actual Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, establece que:

ARTÍCULO 7º.- Las Sociedades Objeto de esta Ley, se dividirán en:

  1. Sociedades de tipo “I”: a) Sociedades de Ahorro y Préstamo que se hayan constituido conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; b) Sociedades Cooperativas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo que se hayan organizado conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; c) Asociaciones y Sociedades Civiles que hayan realizado operaciones de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; d) Sociedades de Solidaridad Social a que hace referencia la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones ni activas ni pasivas y, e) Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que hubiesen sido clasificadas en categoría D, por el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección previsto en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Primero o la fracción II del Artículo Tercero Transitorios de esta última que estén o no realizando operaciones activas y pasivas.

La modificación urgente y necesaria sería el ampliar el abanico de sociedades consideradas para el resarcimiento de daño e incluir a todas aquellas figuras jurídicas que, hasta hoy hayan operado similares a una Cooperativa de Ahorro y Préstamo.

Si es Estado es responsable de la perdida del dinero de los socios ahorradores al no haber realizado su tarea de supervisión para advertir a tiempo o actuar en consecuencia, entonces es el Estado en que debe responder de las pérdidas patrimoniales de ese garrafal error.

La manera más pronta y apegada a las necesidades de la población defraudada es hacer de la Ley de FIPAGO una legislación incluyente y que no discrimine a ningún ahorrador cuya empresa a la cual hayan confiado sus ahorros haya operado como caja de ahorro.

Un total de 20,000 ahorradores del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C., solicitarán al Gobierno Federal por conducto de los candidatos al Gobierno de Oaxaca que los incluya en la actual legislación y se comprometan sin excusa alguna a lograr la reforma a la Ley de FIPAGO para ayudar a estas familias desamparadas.

Sin esta modificación a la legislación actual, estas familias defraudadas no podrán recibir los beneficios que el resto de ahorradores que si entran a FIPAGO, de ser necesario unirán esfuerzos las víctimas de este delito con las de otros afectados en igualdad de circunstancias de otras entidades del País para obligar al Gobierno Federal a que responda y pague el daño que causó por su falta en la supervisión y vigilancia en estos ilícitos.

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El 22.8% de defraudados del FUADO ha logrado el pago en el Gobierno de Gabino Cué.

El Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C. (FUADO) es la sociedad civil organizada más representativa en Oaxaca y en estados como Veracruz, Tlaxcala, Michoacan, Puebla, San Luis Potosi, Tamaulipas y Jalisco y gestiona sin ningún costo los trámites relativos al resarcimiento de daños causados por fraudes cometidos principalmente por cajas de ahorro.

El éxito de las tareas logradas por el FUADO, han llevado al movimiento a posicionarse como la ONG con el mayor número de agremiados a nivel nacional, así hoy en día, dan asesoría a más de 140 mil afectados en todo el País, para defraudados por Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), Sociedad Financieras Comunitarias (SOFINCOS), SOFOLES, SOFOMES, casas de empeño y cualquier entidad financiera que capte recursos de personas de escasos recursos.

Con el Gobierno de Oaxaca de ha realizado un trabajo excepcional y se han atendido en 4 años de la actual administración, a más de 64 mil familias afectadas por administradores sin escrupulos.

En la administración del Gobernador Gabino Cué, se ha logrado enmendar el problema social en más de 19 mil familias defraudadas, con más de 502 millones de pesos.

En un primer paquete de pago, gestionado por el FUADO en 2011 se logró el pago para defraudados de Coofía, S.C. de R.L., Caja Casandoo S.A. de C.V., Cooperativa Cristiana de Ahorro y Préstamo, Inversión y Crédito un Nuevo Milenio de Santiago Juxtlahuaca, S.C. de R.L. y Sacriputla, S.C. de R.L., al través del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, conocido como FIPAGO, 11,974 beneficiados por más de 309 millones de pesos.

El 10 abril del 2013, FUADO gestionó acciones para lograr la carta intención de pago por parte del Gobierno de Oaxaca e ingresar así, al FIPAGO, ahorradores afectados de las siguientes cajas:

Cooperativa Centenario S.C. de R.L. de C.V.

Caja Solidaria la Mixteca S.C.

Sistema Cooperativo del Valle S.C. de R.L.

Caja del Sur S.C. de R.L.

Caja Popular del Sureste, S.C. de R.L. de C.V.

Cooperativa del Sureste, S.C. de R.L.

Caja Social Oaxaqueña, S.C.

Caja Solidaria de Artesanos Tradicionales de los Valles de Oaxaca. S.C., y Servicios Agropecuarios y Administrativos de la Mixteca.

En un segundo paquete de pago integrado de manera conjunta con la Secretaria de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca, (SEDESOH), FUADO integró expedientes para Cajas Centenario S.C. de R.L. de C.V., Solidaria la Mixteca y Sistema Cooperativo del Valle S.C. de R.L., obteniendo recursos por un monto de $160.9 millones de pesos, de los cuales el 40% (64.36 mdp) fueron de aportación federal (FIPAGO) y el 30% (48.27 mdp) de aportación estatal, sin contar 48.27 millones (30%) que el Gobierno Federal cobra al ahorrador por gestionar FIPAGO, apoyo que ayudó a 2,668 ahorradores defraudados.

FUADO ha llevado al cabo todos los procedimientos que con apego a Ley ha exigido el titular del FIPAGO así como el Gobierno de Oaxaca, ha sabido ser paciente considerando que los recursos que se disponen para pago de defraudados provienen del erario público, y no es nada fácil la conjunción de los mismos.

Como movimiento social único a nivel nacional, el FUADO ha encaminado los trabajos de manera gratuita para más de 64 mil afectados agremiados, ha bajado recursos al través del FIPAGO para 14,642 defraudados, lo que resta una perdida patrimonial de cerca de 1.5 mil millones de pesos, más restan todavía 40 mil víctimas de fraudes por cajas de ahorro.

El Gobierno de Oaxaca ya cubrió pago al 22.8% de defraudados debidamente registrados ante FIPAGO, lo que representa haber corregido un problema de más de 1,368 millones de pesos a pesar de cubrir únicamente 469.9 millones de pesos.

Resulta que FIPAGO paga el 70% de hasta un tope de 239 mil pesos por ahorrador, es decir, que si una persona tenía un millón o 10 millones de pesos solo recibirá 168 mil pesos.

Es por ello que a pesar de que el daño es de más de 6 mil mdp, por ley solo se cubre cierta cantidad perdida.

FUADO gestiona expedientes de cobro para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo siguientes:

Ahora, Caja del Sur S.C. de R.L.

Caja Popular del Sureste, S.C. de R.L. de C.V.

Cooperativa del Sureste, S.C. de R.L.

Caja Social Oaxaqueña, S.C.

Caja Solidaria de Artesanos Tradicionales de los Valles de Oaxaca. S.C., y Servicios Agropecuarios y Administrativos de la Mixteca.

Estas cajas suman más de 20 mil defraudados, por un monto total de 3,600 millones de pesos en perdidas patrimoniales, pero la actual Ley de FIPAGO solo permitirá cubrir daños hasta por $294,449,897.

En 2014 FUADO cabildeó puerta por puerta en el Congreso de la Unión, la propuesta de modificación al FIPAGO para lograr así la integración de más de 22,000 familias afectadas que no tenían la oportunidad de verse beneficiados del Fideicomiso Pago, y fue en abril cuando logró la votación por unanimidad en ambas cámaras de las modificaciones al artículo 8 de Ley que Crea el Fideicomiso Pago y por virtud de ello hoy en día entran 18 cooperativas más en Oaxaca.

En la pasada audiencia pública líderes del FUADO solicitaron una audiencia con el Gobernador Gabino Cué con la intención de ultimar detalles para reunir los recursos que habrán de resarcir el pago del paquete 4, y así lo consintió el titular del ejecutivo estatal, con lo cual queda demostrado que no es necesaria la violencia ni el atropello a terceras personas.

FUADO ha recibido un sin número de quejas respecto de lideres sociales y pseudo abogados que se aprovechan de la situación del necesitado y lejos de ayudarlos a lograr su restitución de daño, se la pasan cobrando cuotas semanales y obligando al lastimado a marchar y causar destrozos en la ciudad con la intención de obtener un lucro personal.

Es el caso de la abogada Edith Santibáñez Bohórquez, secretaria de asuntos jurídicos de la Sección 22 del S.N.T.E., quien cobra cuotas periódicas a sus agremiados para hacerles creer que con sus actuaciones diabólicas logrará el pago por parte de FIPAGO.

Santibáñez, no tiene la más mínima idea ni conocimiento de los procesos que se siguen con relación al fideicomiso pago, desconoce la reglas que se deben agotar para lograr el resarcimiento de daños, motivo por el cual arremete a base de plantones y actos violentos como ya es costumbre, en este tipo de lideres, para intimidar a las autoridades y supuestamente así lograr el pago a defraudados, lo cual es completamente falso.

Hacemos un llamado a los afectados por cajas de ahorro a que no se dejen sorprender por este tipo de personas y abogados que solo se aprovechan de la situación y son oportunistas, FIPAGO no tiene costo alguno es completamente gratuito y no deben cubrir ninguna comisión, ni honorario a nadie por la recuperación de su dinero.

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La CNVB y su omisión reguladora, las consecuencias

¿Reclamo de daño patrimonial, significa recuperación de lo defraudado?.

En que consiste el mecanismo de pago que establece la LACP.

Cobrar o no el seguro de garantía (Fondo de Protección).

Por Mario Herrera

Presidente de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C. 

Ausencia de Inclusión Financiera.

En este mismo escritorio se han publicado diversas consideraciones a juicio personal, respecto del caso FICREA y que conforme a la experiencia en fenómenos sociales similares en los que hemos participado, compartimos con víctimas del mismo dolor derivado de la pésima administración en entidades financieras a partir de la negligencia y omisión de las autoridades federales.

El fraude de Ficrea por desgracia, no es el único, ni los más de 6 mil afectados son los primeros en su tipo; inclusive desde la misma creación de leyes alusivas a la Economía Solidaria y al Crédito y Ahorro Popular, las cosas se han ido dado sin la regulación eficaz y contundente capaz de prevenir delitos como los que han padecido ya 150 mil ahorradores por fraudes en cajas de ahorro con registro previo, más otros 100 mil provenientes de Sociedades Cooperativas apócrifas (no registradas), 50 mil asociados en Uniones de crédito y ahora, 6,000 por Sociedades Financieras Populares. Las leyes no cambian, los fraudes siguen y siguen.

Advertimos con toda anticipación, escenarios probables con motivo de fraudes masivos sociales, tales como: presentar denuncia penal inmediata, fincar responsabilidades en las autoridades financieras, en todas sin excepción, hablamos también de la estrategia para la recuperación de fondos basados siempre en la legislación del sector (popular); por último, indicamos la voracidad de abogados charlatanes, líderes de grupo, abanderamientos políticos y hasta hemos orientado la forma, probable, de proceder para agilizar la restitución del daño.

La ignorancia de la ley en la materia y sus correlacionadas, la carencia de una cultura del ahorro y la ausencia de Educación Financiera, consintieron desdeñar todas las anticipaciones en esta mesa, nada de lo anterior se atendió, no había la obligación para ello, claro está, es parte de un aprendizaje del ahorrador cuya creencia es, que jamás habrá de desaparecer la inversión que se hace de buena fe en una empresa diversa de la banca.

Si se supone que, la autoridad reguladora ha supervisado y verificado la sana actuación de cada una de las sociedades de inversión y entidades financieras, les concede un registro y las somete a un cumplimiento de la ley, al no atenderlo, deberían imponerse sanciones preventivas, ¿entonces porque la comisión de delitos?.

Si la propia autoridad no previene, ni anuncia, ni informa operaciones fraudulentas cometidas en las sociedades populares, y las oculta el ahorrador tiene entonces, la plena confianza en que esa empresa opera dentro del marco jurídico aprobado por el Gobierno.

Pero, ¿qué pasa cuando el Estado defrauda la confianza del ciudadano ahorrador?.

No abordaremos el tema de la tolerancia del legislador para permitir la existencia de ‘cuentas populares’ con más de 10 millones de pesos, o el consentimiento para que Gobiernos Estatales y Municipales invirtieran sus dineros en sociedades financieras populares, los intereses particulares de cada uno ya serán motivo de una nueva entrega; pero lo que si diremos es que, si la Ley actual no prohíbe este tipo de operaciones, definitivamente se trata de una grave, muy grave omisión legal en tarea reguladora en la autoridad.

Según el artículo 25 de nuestra carta magna, el Estado es el obligado para planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, es quien lleva al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución, por tanto el Estado está obligado a garantizar seguridad jurídica al ahorrador popular, al pobre, al que menos tiene, para ello se crean Sociedades populares como las cooperativas o las financieras, pero con origen popular. Pero, ni planeación, ni conducción, ni coordinación ni menos orientación hubo del Estado, es responsable directo.

Si es Estado ha defraudado la confianza del ahorrador popular, se debe proceder en su contra como responsable, en consecuencia, procede entonces fincar responsabilidad inclusive penal.

Si la naturaleza de las entidades financieras populares y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, se ha desviado, y de sus operaciones se desprende que el objeto social de la empresa ya no corresponde al de su creación, entonces algo está mal, y se debe actuar a tiempo, el Estado debe prevenir y cuando no lo hace, es partícipe de las consecuencias que genere esa permisión de delitos.

Reclamación por Responsabilidad Penal del Estado.

El Estado debe responder por esa negligencia, omisión y falta de atención preventiva en el ahorrador popular defraudado, hablo por los miles de millones que han padecido esa desgracia en todo el País, el Estado debe pagar por ello, y debe por fin, fincarse responsabilidad civil, social, administrativa y principalmente penal.

Cada ahorrador por su cuenta y de manera individualizada puede promover, si es su deseo, el reclamo del daño que así considere se le ha causado, ante la autoridad que así considere como responsable, son escritos simples que no requieren ninguna formalidad, el artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidad patrimonial del Estado, exige la reclamación se presente ante la dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y es todo.

No se trata de una demanda, ni de un procedimiento judicial, es un escrito sin formalidad alguna y es todo, debiendo señalar el o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se considere irregular y es todo.

No se requiere de ningún abogado, ni experto en la materia, no se requiere de gestor alguno, ni tampoco pagar honorarios ni comisiones por el resultado obtenido, todo ciudadano tiene expedito el derecho de hacerlo, pero se trata tan solo de un reclamo por un daño que el afectado tiene que acreditar de manera individual y no colectiva.

De iniciarse el procedimiento de Responsabilidad Patrimonial del Estado, si el afectado ya interpuso un procedimiento para impugnar la liquidación de la Sociedad que causó el daño, o sea, ya promovido, por ejemplo, un amparo, un incidente o una queja, el trámite de Responsabilidad Patrimonial del Estado se suspenderá hasta en tanto en los otros procedimientos, la autoridad competente no haya dictado una resolución que cause estado.

No es necesaria la presentación de la reclamación de manera colectiva, no se puede obligar a la totalidad de afectados a presentar algo que no es de su interés o que no quiera hacer, es a la libre voluntad de cada víctima, si así lo considera y quiere cobrar además de su dinero defraudado, el pago por parte del Estado por el daño causado, puede hacerlo sin problema, el trámite no tiene costo alguno.

Los trámites para el reclamo (escritos), deben ser individuales, la tramitación colectiva procede cuanto la totalidad de afectados se sume a un solo escrito, pero en tratándose de un mismo conflicto, con uno que no firme la reclamación, se interrumpe el efecto ‘colectivo’ y no procede como tal.

Se aclara, la reclamación de responsabilidad es un derecho que tiene el ciudadano, de eso no hay duda, pero la acción colectiva no puede ni debe imponerse en ese grupo de ahorradores, porque por experiencia cada uno de los afectados tendrá en mente una vía y forma distinta para pedir la devolución de su dinero.

Indemnización por reclamo de responsabilidad patrimonial.

No se piense que de la reclamación por el Daño Patrimonial del Estado, se habrá de obtener la restitución del dinero defraudado, no es así.

Se trata de situaciones completamente distintas una de otra, por la reclamación de la responsabilidad patrimonial solo se puede obtener, lo que Juzgador en términos Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así considere como daño en cada persona, por ejemplo, que haya fallecido como consecuencia del impacto causado por ese daño, que se haya generado una enfermedad incurable como consecuencia de la mala actuación del responsable o que haya perdido su trabajo, su escuela o familia, como resultado de la irregularidad de la autoridad.

El artículo 11, de la LFRPE, indica claramente la indemnización que por Responsabilidad Patrimonial del Estado derivada de la actividad administrativa irregular, deberá pagarse al reclamante, pero advierte que el pago será conforme a las modalidades de la Ley, como son:

  1. Deberá pagarse en moneda nacional;

  2. Podrá convenirse su pago en especie;

  3. La cuantificación de la indemnización se calculará de acuerdo a la fecha en que la lesión efectivamente se produjo o la fecha en que haya cesado cuando sea de carácter continuo;

  4. d) En todo caso deberá actualizarse la cantidad a indemnizar al tiempo en que haya de efectuarse el cumplimiento de la resolución por la que se resuelve y ordena el pago de la indemnización;

  5. e) En caso de retraso en el cumplimiento del pago de la indemnización procederá la actualización de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, y

 

En ninguna parte de este artículo se contempla la posibilidad de que el afectado reciba en pago justamente lo que haya perdido como consecuencia de la actividad irregular del estado.

Entiéndase que la indemnización deberá ser calculada de acuerdo a la fecha de la lesión, es decir, a partir de cuando el afectado acredite el daño causado, en su persona o patrimonio, no se consigna en ninguna parte, que el pago sea exactamente lo que dejó de obtener por consecuencia de la actividad irregular.

Ahora bien, el Estado no está obligado a pagar ni el año fiscal corriente, ni la totalidad de la cantidad o especie que el Juez considere como daño en cada afectado, inclusive se habla de pagos en parcialidades.

f) Los entes públicos federales podrán cubrir el monto de la indemnización mediante parcialidades en ejercicios fiscales subsecuentes, realizando una proyección de los pagos de acuerdo a lo siguiente:

 

  1. Los diversos compromisos programados de ejercicios fiscales anteriores y los que previsiblemente se presentarán en el ejercicio de que se trate;

  2. El monto de los recursos presupuestados o asignados en los cinco ejercicios fiscales previos al inicio del pago en parcialidades, para cubrir la Responsabilidad Patrimonial del Estado por la actividad administrativa irregular impuestas por autoridad competente, y

  3. Los recursos que previsiblemente serán aprobados y asignados en el rubro correspondiente a este tipo de obligaciones en los ejercicios fiscales subsecuentes con base en los antecedentes referidos en el numeral anterior y el comportamiento del ingreso-gasto.

Resarcimiento de daños.

Se considera que el reclamo principal de los afectados siempre lo será, la devolución de sus ahorros o inversión, de manera pronta y sin mediar condicionante alguna.

Por tanto, atendiendo este reclamo general, con independencia de que cada ahorrador promueva por si mismo, de manera individual y sin la necesidad de abogado de por medio, las acciones de la responsabilidad patrimonial del Estado, no deberá dejar de velar por la recuperación integra de su dinero, en resarcimiento de daño.

El resarcimiento de daño, ya lo hemos platicado en publicaciones anteriores, es precisamente lo que les permitirá recuperar al 100% lo defraudado.

Para ello, el Estado tienen la obligación de implementar mecanismos diversos de pago, es responsabilidad del Estado y este debe ofrecer las alternativas, se manejan hasta ahora las siguientes:

  1. Modificar la LACP para aumentar el Seguro de Garantía a 400 UDIS asimilada a la banca.
  2. Modificar la LACP para aumentar el Seguro de Garantía a 300 UDIS, con la intención de que cobren montos menores a 1.5 millones de pesos.
  3. Establecer un Fondo Único para pagar a montos menores de 1 millón de pesos.

Estas son las propuestas más fuertes que existen con motivo del mecanismo de pago que el Estado tiene que implementar en términos del artículo 105, que habla del Fondo de Protección al ahorrador de las Sofipos.

Esta Ley es la especialmente creada para determinar el procedimiento a seguir en caso de pérdida de los ahorros o inversión en Sociedades Financieras Populares y no hay ninguna otra que lo contemple, no existe otra legislación que permita al afectado cobrar algo que esté consignado en la LACP.

Fondo de Protección.

Este apartado ha sido el más dudoso desde que se determinó el cierre de la Financiera Ficrea, los afectados han sido muy mal conducidos y asesorados para hacerles creer que si se cobra este seguro de protección, se renuncia al resto del dinero, así como que ciertas personas habrán de lograr el aumento del monto actual, y que con ello habrá de cobrarse el 100%, esto es imposible, dado que por tratarse de Sociedades de naturaleza popular, no puede aumentar el Fondo de Protección por arriba del bancario, son sectores completamente distintos, por algo se obtenían mejores ganancias que la banca no les daba.

El Fondo de protección ninguna relación guarda con el remanente del dinero que se adeude a cada afectado, por tanto se debe cobrar de inmediato.

Con el mecanismo de pago que establezca el Gobierno, se habrá de descontar en las reglas de operación lo correspondiente a este seguro, de quedar alguna cantidad pendiente de pago, también mediante las reglas de operación que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores establezca para pagar a la totalidad de los ahorradores

Mecanismo de pago.

El resarcimiento de daño causado, o sea el pago que el afectado está esperando habrá de emitirse de los trabajos realizados por el grupo plural de trabajo bicameral recientemente instaurado en el Congreso de la Unión, el ahorrador debe tener confianza en que el procedimiento de pago de aquí saldrá, y dependiendo el proceso de pago que se apruebe a la brevedad, siempre y en todo momento deberá prevalecer la protección constitucional a los ahorradores menores, bajo el siguiente esquema de pago:

  1. Pago de seguro de garantía (Fondo de Protección), más
  2. Mecanismo de pago (ver arriba, montos menores), más
  3. Venta de activos y pasivos de la empresa liquidada (montos mayores).

De esta manera y dependiendo el monto que se tenga invertido, habrá de ir cobrando cada defraudado, obviamente los montos mayores quedarán al final, ya en mínimo número y con los abogados más aguerridos y conocedores en liquidaciones.

La probabilidad del doble cobro.

Los afectados deben meditar lo que en realidad habrán de querer promover, dado que al cobrar la cantidad que les ha sido defraudada, por cualquiera de los métodos que el Gobierno tiene la obligación de implementar, entonces ¿tendrá la capacidad o la voluntad de continuar el proceso de reclamación patrimonial?.

Habrá que verificar muy bien, con sus abogados, si de cobrar la inversión defraudada por la vía del mecanismo de pago establecido por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y no por la vía de Reclamación Patrimonial, también deberán pagar algún honorario.

La víctima debe tener cuidado en la presentación del reclamo patrimonial, dado que el artículo 10 de la LFRPE establece que los entes públicos tendrán la obligación de denunciar ante el Ministerio Público a toda persona que directa o indirectamente participe, coadyuve, asista o simule la producción de daños con el propósito de acreditar indebidamente la Responsabilidad Patrimonial del Estado o de obtener alguna de las indemnizaciones a que se refiere esta Ley.

Lo anterior, en virtud de que, si el Congreso en los próximos días establece la mecánica de pago para montos menores, y cobrando el dinero en su totalidad cada uno de los afectados menores, ¿todavía existirá daño patrimonial?, o ya se deberá interpretar como resarcimiento de daño.

Si se interpreta como resarcimiento de daño, entonces, habrá sido por motivo de la reclamación que costará un honorario al afectado, o por conducto de la emisión de reglas de operación establecidas de manera gratuita por el Gobierno.

Responsabilidad civil, social, administrativa y penal.

Fincar responsabilidad penal en los responsables es algo que no deben perder de vista los afectados y si bien es cierto que fincar responsabilidad cualquiera que sea en la CNBV, la CONDUSEF, la SHCP y/o la Procuraduría General de la República, guarda estrecha relación con cada uno de las vías que se han tratado arriba, es más cierto que se trata de acciones legales completamente distintas.

Fincar responsabilidad en una autoridad, significa imponer sanciones monetarias e inclusive, destitución en sus funciones y limitación de trabajos administrativos por cierto tiempo, aquí es donde el ciudadano afectado debe concentrar su atención para evitar que vuelva a suceder este tipo de errores en la administración publica federal.

La mejor manera de fincar responsabilidades es presentando quejas ante la Secretaria de la Función Pública, al través del órgano interno de cada dependencia, ante la contraloría de la federación y ante la Procuraduría General de la República, se trata pues, de multas que se imponen a la autoridad responsable y no coartan para nada, el derecho de seguir reclamando la devolución del dinero, como si sucede en la reclamación patrimonial.

La denuncia penal sea por fuero común o federal, son la mejor arma para poder fincar responsabilidades, es mediante una denuncia presentada por un conocedor en la materia y en contra de quien o quienes resulten responsables de los delitos derivados por la pérdida de inversión o ahorro.

En resumen:

El reclamo por Daño Patrimonial, arrojará, de acreditarse, la indemnización por daño causado, no necesariamente es el monto invertido. No tiene costo, es individual, y no guarda formalidad alguna para presentarlo. Es de carácter administrativo, personal y completamente gratuito, la colectividad se interrumpe cuando uno solo de los afectados de un mismo daño, no participa en el trámite conjunto, por tanto, deberá promoverse de manera individual.

El mecanismo de pago, lo implementa el Gobierno Federal mediante reglas de operación, es gratuito y establece la forma y términos en que la mayoría de los afectados obtendrá su dinero defraudado. Es público.

Responsabilidad civil, social, administrativa y penal, arroja la imposición de multas, sanciones y destituciones en el funcionario público responsable, se promueve por separado, y ninguna relación guarda con el pago por daño patrimonial.

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Archivado bajo BOLETIN FICREA

Ficrea, ¿es conveniente contratar los servicios de un abogado?

Pregunta:

En una entrevista por TV, relativa al caso FICREA, en el programa de Lolita De la Vega, mencionaron a un despacho de abogados para “ayuda jurídica” y dieron un teléfono, ¿es garantía de pago contratar los servicios de un abogado?, ¿ese despacho es confiable?, ¿hasta cuanto nos puedes cobrar?.

Respuesta:

Afortunadamente en el Distrito Federal existe diversidad de asesores jurídicos, los mejores de México inclusive, sin embargo, en materia de Ahorro y Préstamo Popular (entidades financieras) me atrevo a decir que no se tiene expertos ni experimentados en la materia, recordemos que el problema del fraude sea en Cajas de Ahorro, sea en Sociedades Financieras, es un problema ‘social’, más no un problema jurídico, por tanto, si se contrata los servicios de un despacho, éste deberá contar con la experiencia debida en cabildeo y gestión social (colectivo), así como de conocimiento en el sector público, porque estará prácticamente gestionando y no litigando el asunto.

A cualquier letrado en Derecho nos puede deslumbrar las cantidades millonarias que se tienen invertidas en la Financiera, y representará la oportunidad o para volverse famoso, o para jalar la mayor cantidad de recursos monetarios disfrazados en ‘pequeñas’ aportaciones, que a la larga causarán otro gran problema económico al afectado.

Claro está que, existe un menor número de ahorradores aproximadamente que tienen más de un 500 mil pesos ahorrados, son los más pudientes para poder desembolsar cualquier cantidad de honorarios pensando que un ‘litigio’ los ayudará a recuperar el 100% de sus ahorros. Como también están los abogados suertudos que con prometer la recuperación de ahorros al 100% se embolsará tan solo por presentación de demandas algo así como 5 mil pesos por persona.

Los despachos que recomiendan por TV regularmente tienen un convenio con la televisora, con el titular del programa o con el productor y hacen creer que se trata del mejor despacho especializado en la materia, recuerden que cada segundo al aire cuesta y mucho, así que ninguno que salga en la tele será barato.

Cada ahorrador es responsable en determinar si el despacho que recomienda el programa de TV, es o no la mejor opción a contratar.

Es inútil referirnos a, cual despacho es el mejor o no, dado que no se requiere la actuación ante Tribunales ni civiles ni penales, por tanto deberán descartar por completo al abogado especialista en estas materias.

Deberán tomar en cuenta que la actuación de la CNBV ya terminó y solo resta interponer los procesos en contra de esta Instancia para deslindar responsabilidades en los titulares de cada una de las dependencias que debieron prevenir el delito, y nada más, en la CNBV fuera del seguro de deposito ya no hay nada que hacer. Ahora cobrando el seguro de deposito viene lo mejor y la estrategia a seguir.

Por más que les hagan creer que se revocará el el fallo de liquidación de FICREA, y que inclusive les hagan creer que se abrirá para ver que se rescata, o para reponer el procedimiento de quiebra y sus consideraciones, los estarán engañando y haciéndoles perder su tiempo, la CNBV ya hizo su trabajo, bien o mal la determinación de la liquidación, eso ya es otro tema pendiente por reclamarse ante las autoridades correspondientes, pero la recuperación del dinero conforme a la actual legislación en la materia, la tendrán, con o sin amparos.

A este escritorio ya han llegado los primeros proyectos de honorarios de abogados voraces que de entrada están proyectando cobrar entre el 0.9% y 1.2% del monto total ahorrado (ni siquiera del recuperado), en ‘cómodas’ mensualidades a pagar; otros más están cobrando el 3% del monto recuperado, estimando un 70% de recuperación con pago en 3 exhibiciones, la condicionante es que sean montos arriba de un millón de pesos, otros más cobran bajo el esquema de pagos semestrales de $60,000.00 por ahorrador.

No se dejen sorprender, los trámites ante las Instancias del Gobierno para ayudar al defraudado son totalmente gratuitos, difícil de entender los procesos burocráticos y desesperante el tiempo de espera, si es cierto, pero ningún abogado podrá agilizar los tiempos impuesto por reglamento o normatividad en una instancia, ni lo puede hacer por ningún ahorrador en particular.

Si un defraudado cobra, cobran todos, siempre y cuando se enlisten de manera colectiva y unan sus esfuerzos, ni el que tiene más cobra primero, ni el que tiene menos deja de cobrar, la unión hará la fortaleza en su problema sin necesidad de erogar grandes cantidades de dinero.

Conclusión.- por tratarse de un asunto de índole social, los abogados deberán solidarizarse con el defraudado y atender la desgracia en el grado de afectación que se ha causado no a uno sino a miles de familias en el País, solo así habrá de resolverse el problema.

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Prevalece la desconfianza e incertidumbre entre socios de Caja 30 de Agosto en Querétaro

Por: Mario Herrera

Aprecio dudas por parte de los defraudados que se acercan a pedir ayuda, nadie explica, nadie resuelve.

Continúa pues, el total desconocimiento e ignorancia en las Autoridades Queretanas en torno a la restitución de ahorros perdidos a socios ahorradores de Caja 30 de Agosto con origen en Santa Rosa Jaureguí, resulta que, en tiempo récord, se logró la inscripción de las actas de disolución ante Notario sin haberse constituido en Asamblea los socios.

Es requisito indispensable celebrar Asamblea de socios para así proceder a la disolución, pero eso al Gobierno de Querétaro poco ha importado y se ha tomado atribuciones que no le competen, como la participación activa y directa en el nombramiento de personas a cargo de quienes quedará la liquidación de la sociedad.

Si no hubo Asamblea “General” convocada en los principales medios, no tendrán ninguna validez las decisiones entre unos cuantos.

La cooperativa que defraudó a más de 11,000 socios ahorradores, caja 30 de agosto, no ha sido disuelta en Asamblea General de socios, ni tampoco se conocen los estados financieros, si es que los hubo hasta el día en que cerró sus puertas la misma, luego entonces es procesalmente imposible que se hable de un “pago” en los próximos días porqué no se han reunido los requisitos procedimentales, según la ley FIPAGO.

Lo anterior, a menos que el Gobierno de José Calzada Rovisora haya manipulado la Auditoria practicada, haya puesto gente de confianza en el comité y haya obligado a unos cuantos a votar por la disolución de la caja, solo así en tan poco tiempo, se puede contar con un número exacto tanto de ahorradores afectados como de montos a cubrir.

La LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES establece las bases y el procedimiento obligatorio a seguir tanto por parte de las entidades federativas como de los propios socios que perdieron sus ahorros.

Por principio, es el Comité Técnico del Fideicomiso Pago es el que decide, concede y determina quien es merecedor de restitución sus ahorros y quién no, luego de la auditoria, dicta a quién habrá de cubrirse la indemnización y a quién no, practicada la auditoria y no puede quedar jamás, al arbitrio de la Autoridad Estatal esa decisión a quién únicamente le compete firmar una carta intención de pago y posteriormente la de pago definitivo.

Una vez establecido el monto exacto a pagar y el número de afectados derivado de la auditoria que se practique, entonces si habrá de cubrirse el 30% que le corresponde al estatal.

Finanzas de Querétaro advierte que será hasta que se habrán las “ventanillas de pagó” cuando habrá de establecerse el monto exacto a pagar y el número definitivo de interesados, solo los que se acerquen serán considerados, ya que el universo de ahorradores timados va más allá de los 11 mil pero en una primera versión afirman que solo 4,800 han acudido en un pre-registro.

Es muy fácil engañar al ahorrador si se desconocen las leyes y más fácil hacer de un problema social una bandera política, mediante un abanico de opciones fantásticas que diriman una verdadera catástrofe económica en el estado, es muy fácil, todavía más si el ciudadano lo permite, se calculan más de mil millones de pesos en pérdidas por el fraude de la caja 30 de agosto, mucho más, y no hay un solo detenido responsable de ello.

La culpabilidad de los Gobiernos en la nula supervisión en la administración de la caja 30 de agosto, los administradores prófugos y el marcado interés del Gobierno en el pronto pago y desaparición del conflicto, ponen en duda la buena voluntad del Estatal.

Ni auditoria certera, ni números exactos, ni información apegada a derecho tienen los afectados.

Procede una auditoria, cuando no se cuenta con los estados financieros de la cooperativa y no se tiene el sistema contable, y lo que se pretende es el cotejo socio por socio para determinar la autenticidad del monto a restituir.

Para que proceda el pago a un ahorrador que resultó defraudado se debe contar con la documentación exacta de los ahorros o de inversión del socio: el auditor que ha de practicar la auditoria, verifica que los datos del socio coincidan entre los documentos con los que se identifica y los documentos con lo que acredite sus legales cantidades; se lleva un orden progresivo e inmediato del socio y su monto a pagar; se determina si es candidato a beneficios de FIPAGO y si tuvo préstamos no pagados se le descuentan del monto deudor.

Todo este proceso es persona por persona, sin prisas, sin propaganda política de ninguna especie; al final de este procedimiento se sabe con exactitud cuanto representa la restitución de dineros perdidos así como el número exacto de afectados.

La auditoria debe estar aprobada y autorizada por el Gobierno Federal por conducto del Fideicomiso Pago, el Comité Técnico es el que determina la veracidad del conteo socio por socio, no el Gobierno Estatal.

Si el Estatal no conoce con exactitud el número de personas que habrán de participar en FIPAGO y no sabe el monto a pagar, resultará imposible que pueda suscribir el convenio de pago entre Gobierno Federal y Gobierno Estatal, porque no pueden cubrirse montos parciales o en momentos distintos por parte de FIPAGO paga en una sola exhibición y en una única ocasión.

Mientras no haya la certeza jurídica de, a quienes habrá de cubrirse el pago o cuanto habrá de cobrar cada afectado, permanecerá la duda en entre los socios de la caja 30 de agosto; se genera la la incertidumbre por saber quien será el principal beneficiado de éste proceso tan revolucionado que se ha preparado por parte del Gobernador Pepe Calzada de febrero a la fecha, tiempo record para tratar de enmendar o corregir un problema social, lo que lo convierte en sospechoso.

Si ya de por si se desconoce si los responsables del ilícito de retención y fraude ya tienen orden de aprehensión o si ya se están tras de ellos o que situación guarda la totalidad de las Averiguaciones Previas, claro está que resulta preocupante que nos haya detenidos porque ninguna de las indagatorias habrá de continuar su proceso cuando pague FIPAGO.

Los socios desconocen que el trabajo de investigación ministerial dejará de surtir sus efectos jurídicos cuando cada socios tenga su cheque en mano, las actuaciones van al archivo muerto y nadie supo, nadie sabrá quienes fueron los responsables de tan despiadado atraco a la sociedad.

Hacen bien aquellos socios que no han creído esta farsa estatal, no pueden discriminarlos, no pueden quedar fuera de la restitución de fondos por parte de FIPAGO porque es un derecho federal, hasta hoy no existe una determinación judicial que los obligue a firmar su adherencia a Fideicomiso Pago en cierto tiempo.

No existe un tiempo perentorio oficial, porque el Comité de FIPAGO (responsable) no lo ha emitido, eso vuelve más incrédulo todo.

Con independencia de que ya se sabe que los registrados ante FIPAGO, que tengan más de 250 mil pesos, solo habrán de recuperar hasta 168 mil pesos, este no parece ser el problema porque resignados están, lo que piden es mayor sensibilidad y humanismo por parte de se Gobierno para llegar a un punto de equilibrio entre unos y otros.

En otra versión, el Secretario de Planeación y Finanzas, German Giordano Bonilla, ha dicho que tan solo 2,820 socios de los más de 11 mil que se calcula existan, se han registrado, para aceptar el FIPAGO, estas declaraciones son poco convincentes entre los ahorradores, porque al parecer solo los que por capricho del Gobierno y por ignorancia del proceso, habrá de recibir su cheque.

La diversidad de cantidades, montos y números manejados por el Gobierno Queretano en distintos momentos deja muchas dudas entre propios y extraños, lo cierto es que de cumplirse la palabra de abrir “ventanillas de pago” a mediados de octubre, podrían quedar fuera de los beneficios de FIPAGO más de 8 mil defraudados, solo el 20% se ha acercado.

La transparencia y honestidad de los procesos es indispensable en casos como estos, si se abren tiempos debidamente reglamentados por la autoridad federal sería completamente distinto y generaría mayor confianza en la población afectada.

Si ya hay voluntad del Gobernador Pepe Calzada que sea parejo el trato para todos y que se establezcan mesas de trabajo con todos por igual, absolutamente todos los afectados deben tener acceso, trasparentando los procesos que habrán de darse a conocer previo a la elaboración de cheques.

Si el Gobierno Estatal dice que la auditoria arrojó a 8 mil socios, entonces 8 mil deben estar enlistados para pago, no puede discriminarse a ninguno de ellos y debe quedar al arbitrio del propio ahorrador renunciar a las cantidades no cubiertas por FIPAGO.

Entre los defraudados destacan casos de personas de la tercera edad, pensionados, jubilados, niños, así como familiares de migrantes quienes recibían dinero de Estados Unidos, campesinos jornaleros y artesanos la mayoría de ellos.

El Fideicomiso Pago es público y es el Comité integrado por un representante de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; de Gobernación; de Contraloría y Desarrollo Administrativo; de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Banco de México, y un representante de cada uno de los dos gobiernos de las entidades federativas que hayan celebrado los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, cualquier persona puede tener acceso al mismo, sin restricción alguna.

Por tanto, el las entidades federativas ninguna injerencia pueden tener en la determinación de a quién pagar o a quién no, ni pueden limitar tiempos para suscribirse o no cuando de un problema social se trata, para eso está la auditoria.

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Casas de empeño la peor opción financiera para los pobres  

Por Mario Herrera

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Septiembre 22, 2014. No salimos del problema generado por cajas de ahorro irregulares que de forma voraz terminaron con el patrimonio de más de 70 mil familias en Oaxaca, 150 mil en todo el País, cuando ya tenemos encima otro delito más que atender derivado e las actividades de las casas de empeño.

Doña Emilia Modesta Montaño Ruiz vecina de la capital Oaxaqueña, acudió a una de esas casas que te presta a cambo de algo, bajo el engaño de que si te doy, pero tu que me das, así su deuda llegó a más de 600 mil pesos.

Estas casas de empeño te prestan lo que tu quieras, como quieras y sin aval, como la señora Montaño Ruíz que tan solo solicitó 50 mil pesos por necesidad extrema que tuvo, ese préstamo la obliga hoy en día, a entregar su casa al no haber cubierto un monto cercano a los 700 mil pesos, así de fácil, así de ilícito.

La famosa empresa PRENDA CASH, tima de manera disfrazada a sus clientes, les hace creer que el dinero que recibirán será liso y llano, y solo deje la factura que acredite la propiedad de la prenda, y que puede pagar la deuda de manera semanal, quincenal, mensual o semestral, acorde a sus necesidades (¿?); sin embargo, jamás mencionan que pasará en caso de incumplimiento.

Ninguna de las partes se preocupa de inicio, ni por explicar ni por ser asesorado, respecto de las consecuencias en caso de impago, que sucede con ese interés ordinario que se va confundiendo con el capital cada día, cuanto se pagará a capital y cuanto a intereses o a gastos diversos, que tanto crecerá la deuda, nada de eso importa.

La ganancia de las casas de empeño como PRENDAMEX, PRENDA CASH FIRSH entre otras, no está en lo que cobra de manera ordinaria por pagos puntuales, o en la factura inicial que se deja en prenda, sino en trata de acrecentar la deuda a como de lugar, convertir el interés ordinario en capital y cobrarlo por adelantado, cuando la gente termina de pagar lo que le prestaron, de manera ilusa cree que terminó la deuda, y sorpresa, el monto ha crecido, hasta 1000%.

Si el deudor presenta queja ante las autoridades lo primero que hacen es regañar al quejoso y luego advertirle que si el consintió el préstamo de esa manera, pues no es culpa de la autoridad, y así se seguirán cometiendo los atroces atracos.

Así comenzó el problema de las cajas de ahorro recordemos, por esas ilícitas formas de ofrecer altas tasas de interés difíciles de cubrir, solo que a diferencia de una cooperativa, las casas de empeño se garantizan con una “prenda”, de ahí el nombre comercial de la mayoría.

Es requisito esencial a la firma del contrato, la puesta en posesión del bien mueble en el acreedor, de manera física bajo el concepto que el interés es más bajo, mentira, solo es el gancho para obligar al deudor a que “voluntariamente” entregue sus pertenencias cual vil asalto.

Las cajas de ahorro, muy pobremente llegaban a pedir garantía de los préstamos (no autorizados por la ley), que hacían a terceros, las casas de empeño son más feroces en su avaricia por querer exprimir a sus clientes o pagas o pagas. Anatocismo puro a la luz de las autoridades y nadie, absolutamente nadie les dice nada, ni actúa en consecuencia en defensa de la necesitada gente.

Las casas de empeño, actúan en los sectores de la población mexicana que no son sujetos de crédito bancario, donde las autoridades tienen poco o nulo acceso, engañan a sus clientes con necesidad de financiamiento inmediato y sabedora de que el dinero se requiere para resolver urgencias, imprevistos y necesidades básicas, logran su objetivo: entrega de la prenda.

No le pierden, el cliente queda enamorado con el ofrecimiento del financiamiento porque el momento de la necesidad lo amerita, más no le hacen comprender lo que está firmando, sobre todo si ha de caer en mora.

Te reciben alhajas de oro, alhajas de plata, relojes, autos, motos, celulares, equipos de cómputo, electrónicos, electrodomésticos y herramientas a tasas de interés altísimas, pero este es el principio, ya que con el paso del tiempo, la deuda va capitalizando los ordinarios que desde que pides el crédito comienzas ya a deber y eso nadie lo explica al cliente.

Esa acción de cobrar intereses sobre los intereses de mora derivados del no pago de un préstamo, también conocido como capitalización de deuda y es un delito.

La suma diaria del capital prestado con los intereses ordinarios convierte el crédito en impagable poco a poco y la pobre gente con tal de no perder la prenda dejada y caer en mora, entre más aumenta la deuda, mayor y más costosa la garantía prendaria que va dejando hasta hacerlo prácticamente impagable.

Así, una deuda de 50 mil pesos se puede convertir en millonaria y termina por quitarte tu patrimonio, como le sucedió a Doña Modesta.

PRENDA CASH, ha tomado posesión de la casa inclusive, pero se ha apiadado de la deudora Emilia y le ha permitido seguir viviendo en el inmueble por 4 mil pesos de renta mensual que ahora tiene que pagar además del préstamo maldito solicitado.

Si la Condusef no actúa de manera inmediata y la gente no ejerce su derecho a tiempo, este tipo de empresas seguirá acrecentando de manera infame sus ganancias en perjuicio de miles de personas.

Las empresas deben ser más benevolentes y bondadosas con necesidades sociales de la gente, deben apoyar la urgencia económica de los marginados más no valerse de ella para amasar millonarias cantidades de dinero fácilmente.

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ATENCIÓN AHORRADORES, SU AHORRO ESTÁ PROTEGIDO

Mensaje importante:

Para los Ahorradores en activo de Cajas de Ahorro, es decir, que todavía tienen su dinero ahorrado en una sociedad cooperativa no se desesperen y no lo saquen por favor, confíen plenamente en su Cooperativa actual ya que con la Reforma a la actual Ley que regula a estas empresas, ahora tendrán 180 días para entrar en el proceso de consolidación.

¿Que significa esto?.

Que no es necesario que ustedes saquen su dinero de su caja porque estará prácticamente asegurado el mismo, si la caja es insolvente o corre el riesgo de no tener liquido su capital, entonces solicita anuencia de FIPAGO para que sea el Fideicomiso el que pague.

O si es rescatable la misma, se fusionará o o buscará un esquema de salida acorde a garantizar el ahorro de sus socios. Jamás se perderán los mismos.

De esta manera ustedes queridos ahorradores, no tienen porque preocuparse de absolutamente nada, como en el pasado, ahora será distinto, esa son las bondades de las modificaciones.

A partir de esta Reforma su Ahorro estará salvaguardado como jamás en la historia había sucedido, todo están protegidos legalmente.

Fortalezcamos el Ahorro Social.

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