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Fauzi Hamdan no da una con defraudados por Ficrea

Por Mario Herrera.

 

Y siguen los palos procesales para el prestigiado abogado  Fauzi Hamdan dentro de su intentona por reclamar el Daño Patrimonial causado por el Estado a los afectados de la Sociedad Financiera Popular FICREA.

No vamos a tocar el punto respecto de si es procedente o no el Daño Patrimonial, ya lo hemos hecho hasta el cansancio en diversas publicaciones, hoy analizaremos donde exactamente está errando el litigante panista.

ya hemos dicho que no se puede hablar de un daño patrimonial del Estado en su ‘conjunto’, tal vez, pero muy tal vez lo exista, pero en cada uno de los que resultaron víctimas del delito de fraude y lo que resulte al haberse esfumado de un día para otro sus ahorros e inversiones, es decir, cada uno de los defraudados por el Estado deberá realizar su petición por separado y a titulo individual. Nunca de manera colectiva.

Jamás colectiva, la Ley es clara en ese estricto sentido, entonces, ¿que fue lo que motivo al despacho Hamdan a promover colectivamente el supuesto daño?, muy sencillo.

Si un abogado, promueve en un solo escrito (demanda o reclamación) mil peticiones de mil personas distintas, entonces solo tendrá que checar (revisar) un solo expediente, acudirá al Tribunal a checar un solo acuerdo, con una máximo dos personas (pasantes o abogados), en tanto que, si lo hubiese hecho como la Ley en la materia lo ordena, de manera individual uno a uno, entonces tendría llenos los archivos de la SHCP y de los Tribunales de miles de expedientes, con miles de acuerdos en los que utilizaría cerca de 20 o 30 pasantes, que le cuestan una fortuna, por hora o por día. Sin contar las fechas de audiencia en las que debe estar presente el abogado, etc.

Si fuera de manera personal, es decir, por propio derecho como debió promoverlo, entonces tendría que desahogar vistas, requerimientos o términos para miles de expedientes, de locos, verdaderos locos ese litigio.

Si Hamdan utilizó la trampa de la colectividad fue porque de a mil pesos por persona (gastos) suponiendo que fueran únicamente los 1,428 promoventes ante el ahora Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, entonces el abogado y sus colegas se hicieron de la nada despreciable suma de $1`428,000.00, pero ni fueron mil pesos, fue mucho más la cantidad que pidió por gastos, ni son 1,428 porque ahora le ha dado por defender defraudados por cajas de ahorro en la misma metodología.

Cobrar gastos no es malo, por el contrario, es una necesaria economía para poder representar a un cliente y llevar al cabo actividades propias del litigio, es válido y honorable el cobro; no hay objeción en ello, porque más culpa la tiene el cliente que se ha dejado timar sin haber consentido esto.

Por de ese casi millón y medio de pesos que cobró ya casi hace un año, se habrá gastado no más de unos 50 mil pesos en la tramitología que ha realizado hasta ahora y ¿el rest0?, ¡que importa donde haya parado el resto!, es cosa entre abogado y cliente y se debe respetar, no es mi incumbencia, más lo que si he de tundir es ¿que carajos ha hecho el abogado para cumplir como lo prometió a los dolentes afectados? ¿que?.

Primero dijo que en 3, 4 meses lo resolvía, vamos para el año, luego dijo que demandaría a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, falso solo presentó un “reclamación de daño” término correcto de su proceso, no hay pruebas, no hay proceso, solo una reclamación y es todo; luego prometio recuperar los ahorros antes de cualquier otra instancia…, ok, sin comentarios.

La reclamación ante la SHCP obviamente no procedió porque no se interpuso por propio derecho, ya que es muy distinto hablar de un daño moral colectivo o un daño moral individual individual, no todos los defraudados han sido dañados, ni todos los daños, que se acepta se han originado, corresponden a una colectividad.

Al no haberse acreditado de manera fehaciente el daño a cada persona, se le dio un primer palo al abogado en Hacienda y nervioso, creyó haber hecho el negocio de su vida, comenzó a promover amparos, impugnaciones, revisiones, y cuanto más está a su alcance para refutar su necedad colectiva. Jamás la habrá de manera general, jamás. Nada le ha salido, y todo absolutamente todo lo ha perdido.

Bajo una gran labia, ha hecho creer a los ahorradores defraudados que él tiene la razón y los que están mal son las autoridades, y que tarde o temprano se habrá de resolver a su favor y todos cobrarán miles de millones de pesos incluidos intereses y sus honorarios, que mal están todos.

No se niega, y se acusa una negligencia de la autoridad en la supervisión, vigilancia y en su caso, corrección, llámese Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaria de Hacienda y hasta la misma Presidencia de la República a quién corresponde la Rectoría del Estado y la garantía jurídica de sus ciudadanos en términos de la propia constitución política, esto es más que obvio.

Tampoco se niega que le asista el derecho a cada defraudado de reclamar e intentar por cualquier medio o forma legal la recuperación de su dinero, es un derecho y tiene que ejercerlo.

Pero de eso a que se engañe a un grupo de gente haciéndoles creer que mediante un solo escrito (demanda colectiva) habrán de recuperar TODOS su dinero, eso es falso, completamente falso y las autoridades que han conocido de cada una de las impugnaciones mal hechas por el abogado me dan la razón párrafo por párrafo en cada una de sus resoluciones.

Los afectados por FICREA que promovieron en tiempo y forma el Concurso Mercantil y los que se sumaron en tiempo al listado de prelación serán siempre los privilegiados, serán los que vean concluido su esfuerzo y paciencia en la recuperación de sus dineros, los que resulten en su momento.

No descarten de ninguna manera la modificación a la Ley de Ahorro, la Ley de FIPAGO y las legislaciones que en algún momento propusieron un mecanismo de pago elaborado a conciencia por especialistas varios, me incluyo.

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Concurso Mercantil, la mejor alternativa de cobro en caso Ficrea

Por Mario Herrrera

Presidente de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C.

Pareciera que algunos defraudados, tal vez los más aguerridos y pensantes en el caso Ficrea, han atendido las sugerencias de este escritorio para utilizar la vía del Concurso Mercantil para poder acceder a recuperar la mayor parte de sus recursos robados por el Estado y por Rafael Olvera, esta vía es gratuita y el Estado está obligado a atenderla.

En días pasados un grupo de afectados se aventuró a desafiar la propuesta del abogado Javier Paz para matrimoniar a 980 personas con el también postulante y maestro Fauzi Hamdan, y entonces, contrario a esperar la resolución negativa por parte de la SCJN en cuanto al daño patrimonial del Estado que han promovido, este grupo ha solicitado el tan esperado Concurso Mercantil, ¡¡¡por fin!!!.

Si, demasiado tarde, pero lo han hecho, ya tal vez con muy pocas posibilidades de asegurar la totalidad (100%) de bienes disque resguardados por la Procuraduría General de la República (PGR), pero se han animado a dar el gran paso que debieron procesar desde el día inmediato siguiente en que se declaró la quiebra de Ficrea.

Alguien tiene que administrar los recursos provenientes de las rentas que en su momento contrató Olvera como administrador de Ficrea, alguien tiene que saber que pasa o que pasará con los recursos que se van pagando a Ficrea, quien recibe esos pagos de acreedores cumplidos, a donde va a parar ese dinero. Alguien debe saber todo ello, y garantizar el resguardo de esos fondos. Es alguien es el Juez Concursal y nadie más.

El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), de Gricelda Nieblas Aldana, creado por disposición de la Ley de Concursos Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del año 2000, es el encargado de recibir, promover y asesorar a cualquiera sea persona física por su propio derecho o de manera colectiva el trámite totalmente gratuito, tampoco se requiere de abogados, ni de erogar grandes sumas de dinero para su litigio, aunque sabemos que entre los afectados hay personas muy pudientes.

Ya en otra lectura, indiqué que la interposición y en su caso admisión del Juicio concursal esta supeditada a la garantía de pago por la cantidad resultante de mil quinientas veces el SMGV en el Distrito Federal, algo así como 90 mil pesos que se destinan para pago de los honorarios del visitador designado según el artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles reformada por decreto del 10 de enero de 2014.

La garantía en caso de aprobarse el juicio concursal debe cubrirse dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto admisorio, eso también ya lo hemos advertido, pero seguro estoy que los promoventes, cualquiera que sean, habrán de encontrar la manera de cubrir el pago a la brevedad para continuar el procedimiento.

Solo en caso de que la demanda la presente el Ministerio Público no se requerirá la garantía a la que se refiere la ley en la materia.

Ninguna relación guarda el proceso concursal, con el mecanismo de pago que se encuentra suspendido en la Cámara de Senadores hasta en tanto salga un envalentonado Senador y se atreva a proponer el regreso del decreto, por el cual se intentaba cambiar la actual Ley de ahorro y crédito popular, a la Cámara de Origen para despegar (literalmente) el apartado Ficrea de dicho decreto y entonces si, aprobar por partes, la intentona de reforma.

Tampoco guarda relación el Concurso Mercantil, con el pago del seguro de garantía que ya debieron inclusive recibir la mayoría de los afectados, o por lo menos quienes en tiempo y forma lo hicieron sin temor alguno, porque en caso de prosperar la liquidación por la vía concursal lo primero que hará el interventor oficial será descontar este pago que debieron cobrar en su momento los demandantes.

Se trata pues de acciones y procedimientos distintos uno de otro, y que habrán de convenir a quienes así consideren según sus intereses y montos invertidos o ahorrados.

El Concurso Mercantil solo toma en cuenta a quienes así lo hayan promovido o bien, formen parte del listado final que se obtenga con motivo de la visita designada por el Juez Concursal, es decir, si no está en la lista de prelación final del Concurso no cobra.

Con el mandato del Juez Federal se prohíbe ahora, la transferencia de recursos en favor de terceros (esto debieron haberlo hecho antes de que se dieran tantas transferencias electrónicas), así lo recomendamos, hasta ahora sucedió. Cada ahorrador defraudado deberá acudir ante el Juez Concursal y solicitar se le tome en cuenta su crédito o contrato, porque de lo contrario, el Juez no podrá saber de su existencia en el orden de prelación que se practique de manera oficial.

Cada afectado deberá indicar, si tiene o no iniciado un proceso judicial, si ya cobró el seguro, si ha impugnado alguna vía o procedimiento, esto para que se evite de esta manera, la duplicidad de acciones y sobre todo la inteligencia de algunos más, para cobrar por doble partida.

Cuando se tengan los listados definitivos de personas a pagar, deberán acudir ante el sindico liquidador para saber de su adeudo, justificarlo y sobre todo demostrarlo de lo contrario, el producto que se obtenga de los bienes a rematar al final del proceso solo servirá para pagar a quienes hayan promovido en tiempo y forma; y que no tengan promovido juicio alguno al momento del reparto en pago.

Es muy importante anotar que el pago final que se haga mediante la vía concursal será de manera proporcional, es decir, con lo que se obtenga en bienes patrimoniales, inclusive cuentas por cobrar de la empresa y el número final de ahorradores que hayan solicitado su enlistamiento en el concurso, precisamente por eso la palabra “concurso”, ya que si una persona no concursa, no cobra.

Ahora bien, se insiste que está pendiente por aprobarse el exitoso mecanismo de pago logrado por el grupo bicameral, de la legislatura saliente, solo con el pecado de haberlo engrapado con una serie de situaciones ilícitas que atentan contra la economía solidaria de miles de personas pobres.

El mecanismos sigue activo y nadie lo ha impugnado hasta ahora, solo que deberá pasar de nueva cuenta por la Camara de Diputados para su modificación y legal aprobación, entonces deberá servir para pagar a todos aquellos inversionistas menores al millón de pesos, motivo por el cual, como siempre se ha recomendado, no hace falta que se sumen estos últimos al juicio concursal, porque por ley cobrarán más pronto que por resolución del Juez concursal.

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Errores y aciertos de la nueva ley de ahorro y crédito popular

Por Mario Herrera.

Tal parece que siempre si se aproxima un periodo extraordinario en el Senado de la República, donde entre otros pendientes, el más significativo es la lectura y en su caso aprobación de la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, a la que los nuevos expertos en el tema que ahora abundan, han denominado “Ley Ficrea”.

De aprobarse el dictamen de reforma prácticamente sería la salvación del 80% de afectados por la Sociedad Financiera Popular FICREA, eso sería lo ideal y lo más sano para la afectación de familias enteras en esa SOFIPO, un acierto en el decreto.

El resto (20%) de afectados, ya debieron tener en sus manos precios comparativos para contratar los servicios de profesionistas en materia de Concurso Mercantil porque al paso que van, al momento de subastar activos o negociar los habidos, ya será demasiado tarde.

Por Ley, y en el orden de prelación primero cobra el afectado directo y al final el Estado también acreedor por la inyección de fondos para pago, si esta aportación no es valorada a tiempo por los interesados, el Estado terminará quedándose con el 100% de bienes asegurados y resguardados, incluidas carteras vencidas y por cobrar.

En caso de que la mayoría de los Senadores consienta aprobar el decreto de reforma en los términos criminarles y discriminatorios que ha propuesto la Secretaría de Hacienda, entonces también se estaría cometiendo una atrocidad en contra de las Sociedades Financieras Comunitarias a las que se les obligaría a comportarse con una SOFIPO más en el ya tan pisoteado sector popular, que de popular solo quedará el recuerdo, pasarían a ser ya prácticamente estas SOFINCOS parte del sistema bancario mexicano por la inútil y absurda propuesta de que sea la CNBV quien conduzca sus destinos financieros. Un error garrafal.

La molestia del empresario cooperativista, que como siempre aguardan hasta el último momento para enmendar lo que no han podido lograr en el proceso de consolidación; la CNBV debió prever, caso por caso, las etapas agotadas, quienes pueden ser susceptibles de continuar su trámite, poner un tiempo perentorio, y obligar al empresario a que lo cumpla.

La dolencia del cooperativista está en que sus finanzas estarían vigiladas por la CNBV y no por la Federación a la que quedaría sometida. Un acierto del decreto.

No se le ve por donde puedan salvarse las denominadas básicas, terminarán en manos de los más pudientes y adinerados si su intención es rescatar a sus clientes, en caso de que no, pasarán los ahorradores al costal de defraudados. Un error.

La verdad de las cosas es que las Federaciones de cajas de ahorro, solo sirven de parapeto, porque jamás cumplen con su auténtica labor de vigilancia auxiliar, si lo hicieran cuantos fraudes no se habrían evitado, ahí tenemos el ejemplo más claro, el de la Federación Atlántico Pacífico encargada de vigilar movimientos internos de FICREA, omitió reportar a tiempo a la Bancaria de las irregularidades, y si lo hizo no exigió en tiempo la imposición de sanciones, ni verificó que se diera cumplimiento a las penas.

Ahora sería la misma CNBV la que ‘supuestamente’ se encargue de la talacha de controlar y supervisar la operación financiera de las SOCAPs, sin requerir del apoyo auxiliar de las Federaciones, lo cual en obvio de razones no le conviene al empresario cooperativista, sería continuamente fiscalizado y reprimido para rendir cuentas a la Comisión, lo que hasta ahora se hace a medias, de ahí se derivan los constantes fraudes. Un acierto.

Hasta el 31 de marzo pasado en la cuenta del Seguro de Depósitos del FOCOOP habían poco más de 835 millones de pesos, recursos que de aprobarse la reforma serían controlados por la Bancaria, no me queda duda alguna de que este mismo dinero pudiera utilizarse para pagar parte de la deuda de FICREA.

En su intentona por crear un solo Seguro de Depósitos entre todas sociedades cooperativas y financieras populares y comunitarias, el Estado pondría en un solo costal el dinero del FOCOOP y el dinero del PROSOFIPO, con lo cual se comenzaría a pagar a los ahorradores FICREA hasta donde alcance, para que así en el lapso de 2 años el Seguro de Protección Único Nacional se fusione con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB. Un grave, muy grave error.

Este apartado también está en el decreto de reforma a la LACP, pero parece que ninguno de los integrantes del grupo bicameral se acuerda de ello, o no lo leyó o…, los obligaron firmar sin leer. Por más increíble que parezca, a ninguno de los integrantes del grupo les pareció extraño que el sector popular se bancarizara, ¡¡¡por Dios!!!, entonces para que tantas reuniones a puerta cerrada. Una torpeza grupal.

Es cierto, el decreto por el cual se reforma no solo la LACP sino también la LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, terminaría con los procesos de consolidación de cooperativas básicas, pero es más cierto es, que ¡¡¡la SHCP se olvidó de un pequeño problema…!!!, acierto y error.

… Esas cajas de ahorro básicas que no requieren de autorización para operar y que por fin se les metería en cintura para que lo hagan, no lo harán en el término perentorio que ordena el decreto, recordemos que tan solo para lograr que se registraran en el Registro Nacional de SOCAPs (RENASCOOP) tardaron años y años, en atender esa obligación de Ley.

Por tanto, como el cooperativista básico no se preocupará por lograr enmendar sus finanzas, ni buscarán fusionarse con otra sociedad regulada para rescatar socios ahorradores, porque a ningún empresario cooperativista le conviene ello, terminarán por abandonar al ahorrador a su suerte y se comenzará a generar una nueva camada de defraudados que no lo serían propiamente por la comisión de un fraude, sino porque la cooperativa no tendrá el recurso suficiente para devolver el dinero a cada uno de sus clientes.

Ese pequeño detalle no ha sido vislumbrado por la SHCP, quien en lugar de “fortalecer” el sector, ha decidido terminar así, a la ligera, con la posibilidad de crecimiento del sector rural, campesino, indígena, en materia de Inclusión Financiera, se termina la esperanza de que el Gobierno Federal prevenga la comisión de nuevo fraudes.

Así no.

Son tontos cada uno de los participantes en la creación de la nueva LACP, porque si se pretendía utilizar el problema FICREA como un pretexto para corregir errores diversos del sector que si los hay, se debió no solo pedir la opinión, sino también la participación y colaboración de cada uno de los sectores afectados por ese decreto.

Cada uno de los interesados en sus distintos rubros debimos haber aportado propuestas que en verdad sustentaran una exposición de motivos coherente y acorde a la realidad del sector popular.

Cuantos miles más de defraudados habrán de surgir en los próximos meses luego de que se apruebe el decreto de ley, y de lo cual nadie ha hablado ni se ha pronunciado.

Este escritorio advirtió siempre y en todo momento, todos estos puntos que habrían de tomarse en consideración y fueron ignorados por la Autoridad y por el Legislador (grupo bicameral), cuantas veces tocamos a sus puertas y lo anticipamos, nunca les interesó.

Mientras el Legislador se presuma ser un sabelotodo y quiera ser el protagonista para destacar como autor intelectual de una reforma que lejos de hacer el bien a 6,800 afectados perjudicará a más de 280 mil familias que han confiado más 1,900 millones de pesos a Cooperativas básicas y que abran de cerrar sus puertas derivado de la negligente labor de corrección por parte de la CNBV.

Se trata de un decreto que desaparece mágicamente la responsabilidad civil, social y penal en las Instituciones involucradas en fraudes, tanto en FICREA como en cajas de ahorro, inclusive, está maquinada para que se conceda el perdón así, lisa y llanamente a quienes hayan cometido el delito de fraude y los que resulten.

Es un decreto que no favorece en nada la prevención del delito, sino que contra la restitución del daño (pago), el socio ahorrador, no se podrá reservar acción o derecho para perseguir a los responsables meterlos a la cárcel o fincarles responsabilidad.

Es un decreto a modo que Fernando Aportela subsecretario, ha preparado para limpiar cualquier rastro responsable en su amigo Jaime Aguadé, es un decreto amañado de tal manera que no permite opción alguna para quienes acepten recibir hasta un millón de pesos mediante el mecanismo de pago del Fideicomiso PAGO (FIPAGO).

El afectado con tal de recuperar ‘algo’ de lo que el Estado le ha robado, habrá de recibir el cheque en FIPAGO, renunciando a todas las instancias legales que haya tramitado, lo comprometerán para no presentar cargos contra nadie y así, habrá de cerrarse el telón FICREA.

Este último apartado es lo que he tratado de hacer ver a los Senadores que votarían a favor del decreto, esto mismo es lo que trato que valoren los afectados FICREA, no solo es cobrar un cheque que les corresponde, y al cual tienen derecho, este escrito ha sido el primero en buscar ese mecanismo de pago. Pero en forma condicionada como se pretende no es la más acertada a lo que la gente espera.

La última desfachatez de los legisladores miembros del Grupo Bicameral encargado de atener el decreto que hoy se critica, es que, ahora resulta que ni siquiera sabían lo que habían firmado, y lo que les había impuesto Hacienda, resulta que cada uno de los participantes en el grupo publicó a grito abierto haber sido los héroes, para pagar a 6,800 ahorradores de FICREA, oh error.

Tan pronto como se fue dando a conocer la noticia, se dieron cuenta de la torpeza legislativa al haber relacionado el fraude de FICREA con otros temas del sector popular, más insolencia del grupo ha sido que nadie se ha atrevido a decir porque se obliga al socio FICREA a que renuncie a su oportunidad de seguir recuperando su dinero remanente por otra vía y porque se le obliga a otorgar el perdón a la CNBV, a su titular, a sus involucrados y a RAFAEL OLVERA AMEZCUA, eso nadie se ha atrevido a decir nada.

Por último y lo que me trae al tema FICREA, desde inicio advertí, que a la par del fraude de FICREA, existían más de 250,000 familias pendientes de pago por fraudes cometidos en cajas de ahorro, a nadie le interesó ello, por tratarse de gente pobre y sin recursos, se trata de gente con montos de 1,000 pesos y hasta un promedio de 56 mil pesos, a nadie tampoco le interesó esto.

La feliz conclusión, en caso de la aprobación de este canallesco dictamen, impuesto por la SHCP, será que si al ahorrador de FICREA se le habrá de pagar hasta un millón de pesos de lo perdido, también lo sea para los ahorradores en cajas de ahorro, si a los de FICREA habrá de pagarse en este mismo año a los 6,800 defraudados, que también lo sea para los 250,000 defraudados por cajas de ahorro en el País, y que si FICREA por ser una Sociedad Financiera Popular, se le pago con mecanismo FIPAGO, que se incluyan a cerca de 20 empresas que bajo el argumento de cajas de ahorro operan exactamente igual que FICREA, robando!!!.

Lo mejor sería, retirar el dictamen de la lectura en el Senado, devolverlo a la Cámara de origen, enmendar lo conducente y establecer el mecanismo de pago inmediato a afectados de FICREA homologue a afectados por cajas de ahorro, eso sería lo mejor para todos; sentarnos a discutir en foros diversos el resto de modificaciones del sector y todos felices y contentos. Pero donde manda Hacienda…

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La nueva ley de ahorro y crédito popular, sus absurdos adendos

Por Mario Herrera

Observo una clara desinformación en medios, en legisladores, en políticos y muy lamentablemente en defraudados, con motivo de la detención del dictamen que habría de lograr el mecanismo de pago para afectados Ficrea, firmado por el Grupo Bicameral del salido periodo legislativo.

Todo hubiese salido a pedir de boca, así estaba diseñado, siempre y cuando el legislador hubiese sido honesto consigo mismo, con los afectados y con la sociedad en general.

El dictamen que habría de modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular terminó siendo un atropello a las clases vulnerables del país, terminó siendo utilizado, el pago que con todo todo derecho lograron los afectados de Ficrea, para dilapidar la operatividad organizacional en las comunidades más pobres de México.

Es urgente que se resuelva el problema social que enfrenta cada uno de los afectados de Ficrea, es urgente que se les resuelva la restitución del daño causado por la negligencia de las autoridades, pero también es importante que la restitución de daños sea igualitaria en todos los sectores de la sociedad, sin afectar otros sectores.

Los defraudados por cajas de ahorro también tienen exactamente el mismo derecho que cualquier SOFIPO que haya malversado sus finanzas, esa gente pobre de la sierra de Oaxaca con 30 mil pesos ahorrados, tiene igual o más derecho que un ejecutivo que haya ahorrado 1 millón de pesos en la capital mexicana.

Si la Ley no contempla topes de ahorro, entonces, no habría porque discriminar a la gente que ahorró y que invirtió en una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, no habría porqué hacerla a un lado.

Los ahorradores de Ficrea no deben permitir que el Gobierno Federal se salga con la suya y pretexte con un decreto la renuncia de derechos para disculpar la responsabilidad de Rafael Olvera, de la Bancaria, de sus directivos y de cualquier persona involucrada en el fraude.

Así es que, el decreto que se pretendía por parte de la SHCP, hacía que cada víctima que recibiera los beneficios de FIPAGO, concediera la disculpa por escrito para que no se procediera en contra de Jaime González Aguade y en contra de Rafael Olvera, y eso me parece que nadie lo ha entendido, y nadie lo ha advertido.

La mal denominada ley Ficrea, contiene líneas ajenas a las restitución de pago a los ahorradores afectados, en donde los hacían renunciar a seguir su trámite gratuito para poder recuperar por diversas vías su remanente; obligándolos entonces a contratar servicios jurídicos de abogados por su cuenta.

En mi próxima aportación hablaré de mis consideraciones respecto del ambicioso decreto de reforma que el escritorio de Fernando Aportela entregó al Grupo Bicameral y éste último, beso la mano de SHCP para conceder el mayor crimen financiero que se pretendía tomando como rehén el caso Ficrea.

Nadie habrá de comprenderlo, nadie habrá de entenderlo, porque lo que se quiere y ya, es el cheque de pago, sin embargo, atrás de ese pago hay muchos intereses políticos y amarres económicos que haré públicos uno a uno, en manos de legisladores integrantes del grupo bicameral con tal de conceder y lograr el voto unánime del Congreso de la Unión.

No permitiremos un abuso más por parte del Gobierno Federal, y el ciudadano y el legislador, deben entender que los problemas sociales afectan precisamente a la sociedad en general y no a un solo gripo privilegiado.

Hasta pronto…

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FUADO convoca a concentración nacional de ahorradores en el Senado.

Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C

CONVOCA

A DEFRAUDADOS POR CAJAS DE AHORRO

A LA:

CONCENTRACIÓN NACIONAL DE AHORRADORES DEFRAUDADOS POR CAJAS DE AHORRO

El pasado Martes 21 de abril, la Cámara de Diputados con mayoría priista votó a favor un decreto por medio del cual se establece un mecanismo de pago a los afectados por la Financiera Popular FICREA, basándose para ello en las reglas de operación y recursos que dispone EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES (FIPAGO).

Lo anterior, lo dispuso de manera tramposa y tendenciosa para el resto del sector popular en México, ya que solo se trataba de enmendar su negligencia regulatoria por medio de la cual permitió y toleró el fraude de FICREA, pero con extrema ignorancia y por la urgencia del Congreso para darle carpetazo al asunto, se llevó entre las patas a la totalidad de ahorradores pobres de las cooperativas de ahorro y préstamo popular básicas y las sociedades financieras populares.

El Gobierno Federal ha utilizado no solo las reglas de operación de pago, sino también el dinero que le corresponde única y exclusivamente a los ahorradores en Cajas de Ahorro, en el Fideicomiso llamado FIPAGO, lo cual es una total y absurda discriminación conferida con pretexto de pagarle a víctimas de Ficrea, que ninguna relación guardan con las finanzas de los más pobres del país.

Recordemos que Ficrea, es una S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular, y por tanto no debe tomar recursos de nuestro FIPAGO constituido para:

  1. a) Sociedades de Ahorro y Préstamo
  2. b) Sociedades Cooperativas
  3. c) Asociaciones y Sociedades Civiles
  4. d) Sociedades de Solidaridad Social

Ficrea fue liquidada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por irregularidades en su administración, consecuencia de la pésima supervisión y nula regulación en dicha empresa, en diciembre de 2014, no han transcurrido ni 4 meses de ello y el Gobierno de Enrique Peña Nieto movilizó toda una infraestructura política, económica y legislativa con su bancada y legisladores sin escrúpulos e insensibles para además de pagar más de 3,800 millones de pesos a 6,800 ahorradores, dejar en el desamparo total a otros miles más que no habrán de perfeccionar sus finanzas en los próximos meses.

Tan sólo en Oaxaca se tienen registro de 250 cajas de ahorro que han cometido fraude por más de 6 mil millones de pesos a 67 mil familias, las más pobres, se sabe que en el País existen otras 250 mil familias defraudadas y todos, sin excepción, están obligados a pasar por un burocrático proceso de pago que ha durado más de 6 años de lucha por ser la gente marginada y excluida de las finanzas en México, de Ficrea hasta una Comisión en exclusivo de abrió en el Congreso.

No permitamos la existencia de mexicanos de primera y de segunda.

Si a Ficrea se le pagó en poco más de 3 meses, siendo una S.A. de C.V. con dinero de FIPAGO, ENTONCES PORQUE NO HABRÍA DE PAGARSE AL 100% DE AHORRADORES DEFRAUDADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA MISMA SITUACIÓN QUE FICREA y que tienen ahorros en cajas de ahorro de la sierra y de la montaña de as zonas más desentendidas del país.

Además, la nueva LACP pretende desaparecer las Cajas de Ahorro Básicas dejando en la miseria a otros miles de ahorradores y por último, pretende desconocer a las Sociedades Financieras Comunitarias, también son nuestros hermanos de la sierra y de la montaña.

Proponemos que se arranque del proyecto de Ley lo relativo a la buena labor del mecanismo de pago, consideramos, trazado para afectados de Ficrea y que se comience de manera inmediata su proceso de liquidación, más no así la parte conducente a las modificaciones y cambios innecesarios y tramposos que el Grupo Bicameral ha obedecido del escritorio de Luis Videgaray, Secretario de Hacienda.

ES MOMENTO DE UNIRNOS TODOS

La invitación también es para socios, clientes y directivos de Cajas de Ahorro, Sociedades Financieras Populares (SOFINCOS), Uniones de Crédito, Sociedades Mutualistas, Comunitarias, Solidarias, microfinancieras y todo el sector popular.

Campesinos, jornaleros, indígenas, ahorradores, defraudados y cooperativistas de México, unidos, no permitiremos la bancarización del sector ni la discriminación de los más débiles.

La cita es el día 28 de abril de 2015, 8:00 a.m en el cruce de Insurgentes y Reforma en la Ciudad de México, para la toma de Senado, Hacienda, FIPAGO y CNBV, de aquí partiremos en grupos.

#NoLeyFicrea   |   #LeyAguade

#LosPobresSomosPrimero   |   #SiSofincos

#InclusiónFinanciera

#NoMexicanosDePrimeraYSegunda

FUADO A.C.

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