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Concurso Mercantil, la mejor alternativa de cobro en caso Ficrea

Por Mario Herrrera

Presidente de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C.

Pareciera que algunos defraudados, tal vez los más aguerridos y pensantes en el caso Ficrea, han atendido las sugerencias de este escritorio para utilizar la vía del Concurso Mercantil para poder acceder a recuperar la mayor parte de sus recursos robados por el Estado y por Rafael Olvera, esta vía es gratuita y el Estado está obligado a atenderla.

En días pasados un grupo de afectados se aventuró a desafiar la propuesta del abogado Javier Paz para matrimoniar a 980 personas con el también postulante y maestro Fauzi Hamdan, y entonces, contrario a esperar la resolución negativa por parte de la SCJN en cuanto al daño patrimonial del Estado que han promovido, este grupo ha solicitado el tan esperado Concurso Mercantil, ¡¡¡por fin!!!.

Si, demasiado tarde, pero lo han hecho, ya tal vez con muy pocas posibilidades de asegurar la totalidad (100%) de bienes disque resguardados por la Procuraduría General de la República (PGR), pero se han animado a dar el gran paso que debieron procesar desde el día inmediato siguiente en que se declaró la quiebra de Ficrea.

Alguien tiene que administrar los recursos provenientes de las rentas que en su momento contrató Olvera como administrador de Ficrea, alguien tiene que saber que pasa o que pasará con los recursos que se van pagando a Ficrea, quien recibe esos pagos de acreedores cumplidos, a donde va a parar ese dinero. Alguien debe saber todo ello, y garantizar el resguardo de esos fondos. Es alguien es el Juez Concursal y nadie más.

El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), de Gricelda Nieblas Aldana, creado por disposición de la Ley de Concursos Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del año 2000, es el encargado de recibir, promover y asesorar a cualquiera sea persona física por su propio derecho o de manera colectiva el trámite totalmente gratuito, tampoco se requiere de abogados, ni de erogar grandes sumas de dinero para su litigio, aunque sabemos que entre los afectados hay personas muy pudientes.

Ya en otra lectura, indiqué que la interposición y en su caso admisión del Juicio concursal esta supeditada a la garantía de pago por la cantidad resultante de mil quinientas veces el SMGV en el Distrito Federal, algo así como 90 mil pesos que se destinan para pago de los honorarios del visitador designado según el artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles reformada por decreto del 10 de enero de 2014.

La garantía en caso de aprobarse el juicio concursal debe cubrirse dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto admisorio, eso también ya lo hemos advertido, pero seguro estoy que los promoventes, cualquiera que sean, habrán de encontrar la manera de cubrir el pago a la brevedad para continuar el procedimiento.

Solo en caso de que la demanda la presente el Ministerio Público no se requerirá la garantía a la que se refiere la ley en la materia.

Ninguna relación guarda el proceso concursal, con el mecanismo de pago que se encuentra suspendido en la Cámara de Senadores hasta en tanto salga un envalentonado Senador y se atreva a proponer el regreso del decreto, por el cual se intentaba cambiar la actual Ley de ahorro y crédito popular, a la Cámara de Origen para despegar (literalmente) el apartado Ficrea de dicho decreto y entonces si, aprobar por partes, la intentona de reforma.

Tampoco guarda relación el Concurso Mercantil, con el pago del seguro de garantía que ya debieron inclusive recibir la mayoría de los afectados, o por lo menos quienes en tiempo y forma lo hicieron sin temor alguno, porque en caso de prosperar la liquidación por la vía concursal lo primero que hará el interventor oficial será descontar este pago que debieron cobrar en su momento los demandantes.

Se trata pues de acciones y procedimientos distintos uno de otro, y que habrán de convenir a quienes así consideren según sus intereses y montos invertidos o ahorrados.

El Concurso Mercantil solo toma en cuenta a quienes así lo hayan promovido o bien, formen parte del listado final que se obtenga con motivo de la visita designada por el Juez Concursal, es decir, si no está en la lista de prelación final del Concurso no cobra.

Con el mandato del Juez Federal se prohíbe ahora, la transferencia de recursos en favor de terceros (esto debieron haberlo hecho antes de que se dieran tantas transferencias electrónicas), así lo recomendamos, hasta ahora sucedió. Cada ahorrador defraudado deberá acudir ante el Juez Concursal y solicitar se le tome en cuenta su crédito o contrato, porque de lo contrario, el Juez no podrá saber de su existencia en el orden de prelación que se practique de manera oficial.

Cada afectado deberá indicar, si tiene o no iniciado un proceso judicial, si ya cobró el seguro, si ha impugnado alguna vía o procedimiento, esto para que se evite de esta manera, la duplicidad de acciones y sobre todo la inteligencia de algunos más, para cobrar por doble partida.

Cuando se tengan los listados definitivos de personas a pagar, deberán acudir ante el sindico liquidador para saber de su adeudo, justificarlo y sobre todo demostrarlo de lo contrario, el producto que se obtenga de los bienes a rematar al final del proceso solo servirá para pagar a quienes hayan promovido en tiempo y forma; y que no tengan promovido juicio alguno al momento del reparto en pago.

Es muy importante anotar que el pago final que se haga mediante la vía concursal será de manera proporcional, es decir, con lo que se obtenga en bienes patrimoniales, inclusive cuentas por cobrar de la empresa y el número final de ahorradores que hayan solicitado su enlistamiento en el concurso, precisamente por eso la palabra “concurso”, ya que si una persona no concursa, no cobra.

Ahora bien, se insiste que está pendiente por aprobarse el exitoso mecanismo de pago logrado por el grupo bicameral, de la legislatura saliente, solo con el pecado de haberlo engrapado con una serie de situaciones ilícitas que atentan contra la economía solidaria de miles de personas pobres.

El mecanismos sigue activo y nadie lo ha impugnado hasta ahora, solo que deberá pasar de nueva cuenta por la Camara de Diputados para su modificación y legal aprobación, entonces deberá servir para pagar a todos aquellos inversionistas menores al millón de pesos, motivo por el cual, como siempre se ha recomendado, no hace falta que se sumen estos últimos al juicio concursal, porque por ley cobrarán más pronto que por resolución del Juez concursal.

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Foros de consulta sensibilizan problemática en cajas de ahorro apócrifas, autoridades ya actúan

Por Mario Herrera.

Fundación FIDE México.

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  • 44,000 defraudados por cajas de ahorro pendientes de pago, 5 mil millones de pesos fueron defraudados.

Luego del inicio y desarrollo de varios foros de consulta entre instituciones financieras, legisladores y defraudados por cajas de ahorro, autoridades hacendarias, parece que ahora si ya se ha comprendido la importancia y temeridad social en el desequilibrio entre las reglas de operación propuestas para pagar a afectados de la Sociedad Financiera Popular Ficrea contra las reglas ya existentes para resarcir del daño a defraudados por cajas de ahorro.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha girado instrucciones y se ha coordinado con funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la CONDUSEF a efecto de arrancar una férrea lucha contra empresas dedicadas al ahorro y préstamo popular conocidas como cajas de ahorro para que en caso de no cumplir con la reglamentación actual, sean clausuradas de inmediato, esto a partir de la exigencia que hicieran los defraudados al Senador Benjamín Robles.

Esta labor sabemos, se debió emprender a partir de que se aprobó la Ley regulatoria para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) en 2009, inclusive antes, más los defraudados consideran que a pesar de la tardanza en ello, de llevarse al cabo en esta rigurosa tarea, será un gran avance para ir enmendando poco a poco las irregularidades en el sector.

Es importante que se garantice la seguridad jurídica del dinero del ahorrador y así se pidió el pasado 25 de mayo, dentro del foro “Hacia un marco legislativo que garantice la restitución de daño y la seguridad del ahorro e inversión popular”, promovido y encabezado por el Senador por Oaxaca Benjamin Robles Montoya, hasta el momento el legislador más comprometido en la corrección de errores generados por el Grupo Bicameral que intentó resolver el problema de Ficrea, sin éxito y que solo lesionó todavía más la desgracia de esa pobre gente ahorradora de la tercera edad.

El foro tuvo verificativo en el Senado de la República y de manera aleatoria se estará llevado a interior de la República, con la intención de seguir sensibilizando a las autoridades en el problema que aqueja a cajas de ahorro, separándolo del tema Ficrea, y así lo estamos logrando.

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Hoy, el afectado por fraudes cometidos por Cajas ya es tomado en cuenta, hoy ya se sabe de ese dolor, de su existencia, los foros han servido para proponer de manera conjunta y unida para resolver el problema entre autoridades y sociedad afectada.

Ahorradores Defraudados de Oaxaca en su lucha ya añeja de más de más de 6 años, pidieron dentro del foro “Hacia un marco legislativo que garantice la recuperación y se seguridad de nuestro ahorro” organizado en Oaxaca, 3 puntos claves de ataque:

  1. Separación de mecanismos de pago y consideraciones legales entre SOFIPOS y SOCAPS, en el decreto que se encuentra en estudio en el Senado.
  2. Regularización y en su caso cierre de cajas apócrifas y sin registro que existan en México.
  3. Homologación de reglas de operación para todo el sector de ahorro y crédito popular.

Sobre estas 3 vertientes y bajo el esquema de mesas de trabajo plurales, defraudados de todo el País trabajarán con la Secretaría de Hacienda con el compromiso de atender de manera inmediata cada uno de los acuerdos que se vayan tomando, inclusive la modificación de las leyes en la materia.

Ya se ha agotado y atendido el segundo de los puntos citados que es la desaparición inmediata de cajas de ahorro apócrifas, que son aquellas que no cuentan con registro, y que además, dañan al público ahorrador en su patrimonio, el convenio firmado entre la CNBV y CONDUSEF permitirá el cierre inmediato de todas esas empresas populares que tanto daño hacen a la sociedad.

Dentro de las peticiones de los afectados está también, el prohibir la apertura de cajas de ahorro que no reúnan las condiciones propicias de seguridad para el cliente o socio, esto como prevención del delito, así como la flexibilidad aquellas cooperativas que habiendo solicitado su registro a tiempo, se busque su fortalecimiento y no su desaparición como lo exige el decreto pendiente de revisión.

En los próximos días se llevando al cabo reuniones y mesas de seguimiento con funcionarios de la SHCP, con la intervención directa del Senador Benjamin Robles para dar continuidad y agilización en la restitución de daño a defraudados, etiquetando de manera especial los recursos que habrán de cubrir por lo menos, en Oaxaca, más de 5 mil millones de pesos para 44 mil afectados que faltan de pago.

Los más de 300 mil defraudados por cajas de ahorro en todo México, deben ser resarcidos de los más de 25 mil millones de pesos que les fueron robados con tolerancia del Gobierno Federal que no actúo en consecuencia en ningún caso.

Avanzamos y con gran éxito.

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Ahorradores defraudados respalda a candidato de Morena Othón Cuevas

Dirigente del Fuado, Mario Herrera expresa que ningún candidato a firmado por escrito su compromiso con las familias que perdieron su patrimonio.

http://linkis.com/realidadoaxaca.com/a/R8pgG

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Sola de Vega, Oaxaca.- Ahorradores defraudados de Sola de Vega manifestaron su total respaldo al candidato a diputado federal por el Distrito 09, por Morena, Othón Cuevas Córdova, luego de señalar que urgen representantes populares comprometidos, responsables y sensibles que lleven a la Máxima Tribuna del país, las demandas de 66 mil familias que en Oaxaca han perdido su patrimonio o están a  punto de hacerlo.

En reunión con familias defraudadas, el dirigente del Frente Único de Ahorradores  Defraudados de Oaxaca (FUADO), Mario Herrera, recordó la firma por escrito que realizó el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al iniciar su campaña en búsqueda del voto, para ser un permanente defensor legislativo de los derechos de quienes confiaron en malos administradores de las Cajas de Ahorro, en su mayoría irregulares, que han operado ante la negligencia del Gobierno Federal.

Señaló que hasta el momento, Othón Cuevas ha sido el único candidato en Oaxaca que entiende la gravedad, los alcances y el impacto que tendrá la pérdida de los ahorros de estas 66 mil familias para la economía estatal y nacional, “porque sin patrimonio, las consecuencias sociales que se prevén, son realmente financiera y socialmente catastróficas”.

Imagínese candidato Othón, qué van a hacer los padres de familia, que perdieron su casa, que perdieron su auto por pedir prestado, que van a hacer los hijos e hijas de estas familias defraudadas sí no tienen los ahorros para sus estudios, seguramente por la desesperación, podrían tomar decisiones equivocadas y extremas, señaló.

Los ahorradores en voz de su representante, añadieron: “ya no hay dinero en el Gobierno Federal ni en el Estatal, porque los diputados federales no han autorizado más recursos para resarcir los daños a estas familias, por eso a Othón Cuevas,  le depositamos nuestra total confianza para impulsar estas medidas urgentes desde el Congreso de la Unión, porque de origen ahí es donde se cambian las reglas de operación, se crean fideicomisos y se autorizan recursos”.

Luego de recorrer las calles, el mercado y la explanada municipal, Othón Cuevas exhibió la carta de compromiso firmada y ratificó a los ahorradores su respaldo para lograrlo, pero para ello, pidió votos razonados, “no necesitan una despensa, ningún regalo, las palabras se las lleva el viento, por eso firmamos y ahora depende de ustedes, de los ciudadanos, que en las urnas se refleje a quien quieren contratar como sus representantes”.

Dijo que tuvo la fortuna de participar como diputado federal anteriormente y cumplió el objetivo de aprobar esfuerzos como el Fipago, pero también el Fideicomiso que permitió a los ex braceros recibir una parte de los ahorros que les robaron desde el Gobierno Federal hace varias décadas, “por eso vengo con la cara en alto a pedir su voto, porque ustedes saben que sí me pongo en sus zapatos y voy dispuesto a servir a los oaxaqueños”.

Agradeció el respaldo mostrado por los ahorradores, por el estudiantado, las jefas y padres de familia, las y los adultos mayores que permitieron recibir un mensaje de esperanza, a quienes dejó su palabra empeñada para llevar sus demandas a la Máxima Tribuna del país y ser una voz que los represente.

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Errores y aciertos de la nueva ley de ahorro y crédito popular

Por Mario Herrera.

Tal parece que siempre si se aproxima un periodo extraordinario en el Senado de la República, donde entre otros pendientes, el más significativo es la lectura y en su caso aprobación de la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, a la que los nuevos expertos en el tema que ahora abundan, han denominado “Ley Ficrea”.

De aprobarse el dictamen de reforma prácticamente sería la salvación del 80% de afectados por la Sociedad Financiera Popular FICREA, eso sería lo ideal y lo más sano para la afectación de familias enteras en esa SOFIPO, un acierto en el decreto.

El resto (20%) de afectados, ya debieron tener en sus manos precios comparativos para contratar los servicios de profesionistas en materia de Concurso Mercantil porque al paso que van, al momento de subastar activos o negociar los habidos, ya será demasiado tarde.

Por Ley, y en el orden de prelación primero cobra el afectado directo y al final el Estado también acreedor por la inyección de fondos para pago, si esta aportación no es valorada a tiempo por los interesados, el Estado terminará quedándose con el 100% de bienes asegurados y resguardados, incluidas carteras vencidas y por cobrar.

En caso de que la mayoría de los Senadores consienta aprobar el decreto de reforma en los términos criminarles y discriminatorios que ha propuesto la Secretaría de Hacienda, entonces también se estaría cometiendo una atrocidad en contra de las Sociedades Financieras Comunitarias a las que se les obligaría a comportarse con una SOFIPO más en el ya tan pisoteado sector popular, que de popular solo quedará el recuerdo, pasarían a ser ya prácticamente estas SOFINCOS parte del sistema bancario mexicano por la inútil y absurda propuesta de que sea la CNBV quien conduzca sus destinos financieros. Un error garrafal.

La molestia del empresario cooperativista, que como siempre aguardan hasta el último momento para enmendar lo que no han podido lograr en el proceso de consolidación; la CNBV debió prever, caso por caso, las etapas agotadas, quienes pueden ser susceptibles de continuar su trámite, poner un tiempo perentorio, y obligar al empresario a que lo cumpla.

La dolencia del cooperativista está en que sus finanzas estarían vigiladas por la CNBV y no por la Federación a la que quedaría sometida. Un acierto del decreto.

No se le ve por donde puedan salvarse las denominadas básicas, terminarán en manos de los más pudientes y adinerados si su intención es rescatar a sus clientes, en caso de que no, pasarán los ahorradores al costal de defraudados. Un error.

La verdad de las cosas es que las Federaciones de cajas de ahorro, solo sirven de parapeto, porque jamás cumplen con su auténtica labor de vigilancia auxiliar, si lo hicieran cuantos fraudes no se habrían evitado, ahí tenemos el ejemplo más claro, el de la Federación Atlántico Pacífico encargada de vigilar movimientos internos de FICREA, omitió reportar a tiempo a la Bancaria de las irregularidades, y si lo hizo no exigió en tiempo la imposición de sanciones, ni verificó que se diera cumplimiento a las penas.

Ahora sería la misma CNBV la que ‘supuestamente’ se encargue de la talacha de controlar y supervisar la operación financiera de las SOCAPs, sin requerir del apoyo auxiliar de las Federaciones, lo cual en obvio de razones no le conviene al empresario cooperativista, sería continuamente fiscalizado y reprimido para rendir cuentas a la Comisión, lo que hasta ahora se hace a medias, de ahí se derivan los constantes fraudes. Un acierto.

Hasta el 31 de marzo pasado en la cuenta del Seguro de Depósitos del FOCOOP habían poco más de 835 millones de pesos, recursos que de aprobarse la reforma serían controlados por la Bancaria, no me queda duda alguna de que este mismo dinero pudiera utilizarse para pagar parte de la deuda de FICREA.

En su intentona por crear un solo Seguro de Depósitos entre todas sociedades cooperativas y financieras populares y comunitarias, el Estado pondría en un solo costal el dinero del FOCOOP y el dinero del PROSOFIPO, con lo cual se comenzaría a pagar a los ahorradores FICREA hasta donde alcance, para que así en el lapso de 2 años el Seguro de Protección Único Nacional se fusione con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB. Un grave, muy grave error.

Este apartado también está en el decreto de reforma a la LACP, pero parece que ninguno de los integrantes del grupo bicameral se acuerda de ello, o no lo leyó o…, los obligaron firmar sin leer. Por más increíble que parezca, a ninguno de los integrantes del grupo les pareció extraño que el sector popular se bancarizara, ¡¡¡por Dios!!!, entonces para que tantas reuniones a puerta cerrada. Una torpeza grupal.

Es cierto, el decreto por el cual se reforma no solo la LACP sino también la LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, terminaría con los procesos de consolidación de cooperativas básicas, pero es más cierto es, que ¡¡¡la SHCP se olvidó de un pequeño problema…!!!, acierto y error.

… Esas cajas de ahorro básicas que no requieren de autorización para operar y que por fin se les metería en cintura para que lo hagan, no lo harán en el término perentorio que ordena el decreto, recordemos que tan solo para lograr que se registraran en el Registro Nacional de SOCAPs (RENASCOOP) tardaron años y años, en atender esa obligación de Ley.

Por tanto, como el cooperativista básico no se preocupará por lograr enmendar sus finanzas, ni buscarán fusionarse con otra sociedad regulada para rescatar socios ahorradores, porque a ningún empresario cooperativista le conviene ello, terminarán por abandonar al ahorrador a su suerte y se comenzará a generar una nueva camada de defraudados que no lo serían propiamente por la comisión de un fraude, sino porque la cooperativa no tendrá el recurso suficiente para devolver el dinero a cada uno de sus clientes.

Ese pequeño detalle no ha sido vislumbrado por la SHCP, quien en lugar de “fortalecer” el sector, ha decidido terminar así, a la ligera, con la posibilidad de crecimiento del sector rural, campesino, indígena, en materia de Inclusión Financiera, se termina la esperanza de que el Gobierno Federal prevenga la comisión de nuevo fraudes.

Así no.

Son tontos cada uno de los participantes en la creación de la nueva LACP, porque si se pretendía utilizar el problema FICREA como un pretexto para corregir errores diversos del sector que si los hay, se debió no solo pedir la opinión, sino también la participación y colaboración de cada uno de los sectores afectados por ese decreto.

Cada uno de los interesados en sus distintos rubros debimos haber aportado propuestas que en verdad sustentaran una exposición de motivos coherente y acorde a la realidad del sector popular.

Cuantos miles más de defraudados habrán de surgir en los próximos meses luego de que se apruebe el decreto de ley, y de lo cual nadie ha hablado ni se ha pronunciado.

Este escritorio advirtió siempre y en todo momento, todos estos puntos que habrían de tomarse en consideración y fueron ignorados por la Autoridad y por el Legislador (grupo bicameral), cuantas veces tocamos a sus puertas y lo anticipamos, nunca les interesó.

Mientras el Legislador se presuma ser un sabelotodo y quiera ser el protagonista para destacar como autor intelectual de una reforma que lejos de hacer el bien a 6,800 afectados perjudicará a más de 280 mil familias que han confiado más 1,900 millones de pesos a Cooperativas básicas y que abran de cerrar sus puertas derivado de la negligente labor de corrección por parte de la CNBV.

Se trata de un decreto que desaparece mágicamente la responsabilidad civil, social y penal en las Instituciones involucradas en fraudes, tanto en FICREA como en cajas de ahorro, inclusive, está maquinada para que se conceda el perdón así, lisa y llanamente a quienes hayan cometido el delito de fraude y los que resulten.

Es un decreto que no favorece en nada la prevención del delito, sino que contra la restitución del daño (pago), el socio ahorrador, no se podrá reservar acción o derecho para perseguir a los responsables meterlos a la cárcel o fincarles responsabilidad.

Es un decreto a modo que Fernando Aportela subsecretario, ha preparado para limpiar cualquier rastro responsable en su amigo Jaime Aguadé, es un decreto amañado de tal manera que no permite opción alguna para quienes acepten recibir hasta un millón de pesos mediante el mecanismo de pago del Fideicomiso PAGO (FIPAGO).

El afectado con tal de recuperar ‘algo’ de lo que el Estado le ha robado, habrá de recibir el cheque en FIPAGO, renunciando a todas las instancias legales que haya tramitado, lo comprometerán para no presentar cargos contra nadie y así, habrá de cerrarse el telón FICREA.

Este último apartado es lo que he tratado de hacer ver a los Senadores que votarían a favor del decreto, esto mismo es lo que trato que valoren los afectados FICREA, no solo es cobrar un cheque que les corresponde, y al cual tienen derecho, este escrito ha sido el primero en buscar ese mecanismo de pago. Pero en forma condicionada como se pretende no es la más acertada a lo que la gente espera.

La última desfachatez de los legisladores miembros del Grupo Bicameral encargado de atener el decreto que hoy se critica, es que, ahora resulta que ni siquiera sabían lo que habían firmado, y lo que les había impuesto Hacienda, resulta que cada uno de los participantes en el grupo publicó a grito abierto haber sido los héroes, para pagar a 6,800 ahorradores de FICREA, oh error.

Tan pronto como se fue dando a conocer la noticia, se dieron cuenta de la torpeza legislativa al haber relacionado el fraude de FICREA con otros temas del sector popular, más insolencia del grupo ha sido que nadie se ha atrevido a decir porque se obliga al socio FICREA a que renuncie a su oportunidad de seguir recuperando su dinero remanente por otra vía y porque se le obliga a otorgar el perdón a la CNBV, a su titular, a sus involucrados y a RAFAEL OLVERA AMEZCUA, eso nadie se ha atrevido a decir nada.

Por último y lo que me trae al tema FICREA, desde inicio advertí, que a la par del fraude de FICREA, existían más de 250,000 familias pendientes de pago por fraudes cometidos en cajas de ahorro, a nadie le interesó ello, por tratarse de gente pobre y sin recursos, se trata de gente con montos de 1,000 pesos y hasta un promedio de 56 mil pesos, a nadie tampoco le interesó esto.

La feliz conclusión, en caso de la aprobación de este canallesco dictamen, impuesto por la SHCP, será que si al ahorrador de FICREA se le habrá de pagar hasta un millón de pesos de lo perdido, también lo sea para los ahorradores en cajas de ahorro, si a los de FICREA habrá de pagarse en este mismo año a los 6,800 defraudados, que también lo sea para los 250,000 defraudados por cajas de ahorro en el País, y que si FICREA por ser una Sociedad Financiera Popular, se le pago con mecanismo FIPAGO, que se incluyan a cerca de 20 empresas que bajo el argumento de cajas de ahorro operan exactamente igual que FICREA, robando!!!.

Lo mejor sería, retirar el dictamen de la lectura en el Senado, devolverlo a la Cámara de origen, enmendar lo conducente y establecer el mecanismo de pago inmediato a afectados de FICREA homologue a afectados por cajas de ahorro, eso sería lo mejor para todos; sentarnos a discutir en foros diversos el resto de modificaciones del sector y todos felices y contentos. Pero donde manda Hacienda…

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La nueva ley de ahorro y crédito popular, sus absurdos adendos

Por Mario Herrera

Observo una clara desinformación en medios, en legisladores, en políticos y muy lamentablemente en defraudados, con motivo de la detención del dictamen que habría de lograr el mecanismo de pago para afectados Ficrea, firmado por el Grupo Bicameral del salido periodo legislativo.

Todo hubiese salido a pedir de boca, así estaba diseñado, siempre y cuando el legislador hubiese sido honesto consigo mismo, con los afectados y con la sociedad en general.

El dictamen que habría de modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular terminó siendo un atropello a las clases vulnerables del país, terminó siendo utilizado, el pago que con todo todo derecho lograron los afectados de Ficrea, para dilapidar la operatividad organizacional en las comunidades más pobres de México.

Es urgente que se resuelva el problema social que enfrenta cada uno de los afectados de Ficrea, es urgente que se les resuelva la restitución del daño causado por la negligencia de las autoridades, pero también es importante que la restitución de daños sea igualitaria en todos los sectores de la sociedad, sin afectar otros sectores.

Los defraudados por cajas de ahorro también tienen exactamente el mismo derecho que cualquier SOFIPO que haya malversado sus finanzas, esa gente pobre de la sierra de Oaxaca con 30 mil pesos ahorrados, tiene igual o más derecho que un ejecutivo que haya ahorrado 1 millón de pesos en la capital mexicana.

Si la Ley no contempla topes de ahorro, entonces, no habría porque discriminar a la gente que ahorró y que invirtió en una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, no habría porqué hacerla a un lado.

Los ahorradores de Ficrea no deben permitir que el Gobierno Federal se salga con la suya y pretexte con un decreto la renuncia de derechos para disculpar la responsabilidad de Rafael Olvera, de la Bancaria, de sus directivos y de cualquier persona involucrada en el fraude.

Así es que, el decreto que se pretendía por parte de la SHCP, hacía que cada víctima que recibiera los beneficios de FIPAGO, concediera la disculpa por escrito para que no se procediera en contra de Jaime González Aguade y en contra de Rafael Olvera, y eso me parece que nadie lo ha entendido, y nadie lo ha advertido.

La mal denominada ley Ficrea, contiene líneas ajenas a las restitución de pago a los ahorradores afectados, en donde los hacían renunciar a seguir su trámite gratuito para poder recuperar por diversas vías su remanente; obligándolos entonces a contratar servicios jurídicos de abogados por su cuenta.

En mi próxima aportación hablaré de mis consideraciones respecto del ambicioso decreto de reforma que el escritorio de Fernando Aportela entregó al Grupo Bicameral y éste último, beso la mano de SHCP para conceder el mayor crimen financiero que se pretendía tomando como rehén el caso Ficrea.

Nadie habrá de comprenderlo, nadie habrá de entenderlo, porque lo que se quiere y ya, es el cheque de pago, sin embargo, atrás de ese pago hay muchos intereses políticos y amarres económicos que haré públicos uno a uno, en manos de legisladores integrantes del grupo bicameral con tal de conceder y lograr el voto unánime del Congreso de la Unión.

No permitiremos un abuso más por parte del Gobierno Federal, y el ciudadano y el legislador, deben entender que los problemas sociales afectan precisamente a la sociedad en general y no a un solo gripo privilegiado.

Hasta pronto…

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