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Por Mario Herrera.

México, D.F. a 3 de marzo, 2014. Es increíble la forma en que algunas Autoridades Estatales son ignorantes del tema de Ahorro y Préstamo y lejos de ser humildes y aceptar su responsabilidad, tratan de llamar la atención de los medios con declaraciones poco convincentes en las que hacen creer que dan instrucciones al Gobierno Federal para que cubra el pago, lavándose así la manos ante los afectados.

De manera pomponsa y con gran concentración de medios nacionales el Gobernador de Querétaro José Calzada Rovirosa, anunció que su Gobierno habría de constituir un fondo de pago para hacer frente al fraude millonario surgido reciente en esa capital por parte de una Caja de Ahorro y Préstamo.

El fideicomiso al que hace referencia es el denominado FIPAGO y fue credo desde el año 2000 para apoyo de aquellos socios que se supieran defraudados por parte de sus Cooperativas y perdieran la totalidad de su dinero, por tanto, no es una invención moderna ni creada a expensas del Gobierno de Calzada Rovirosa.

Ningún favor hace el Gobernador a los ahorradores defraudados por la caja 30 de Agosto dado que es una obligación Federal y no Estatal, la supervisión del 100 por ciento de Sociedades Cooperativas del País, se hecha el problema al hombre y pretende hacerse el héroe ante los miles de afectados, quienes ya no se la creen.

La caja 30 de Agosto, operaba una oficina matriz en Santa Rosa Jáuregui; otra en la colonia Obrera en la capital queretana, y dos más en Guanajuato, en los municipios de Celaya y Silao, y todas se encuentran ya cerradas.

Un engaño público resultó la conferencia de prensa del Gobierno Queretano en la que por primera vez en la historia de fraudes por cajas de ahorro, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Jaime González Aguadé, acude o compartir el teatro fabricado para calmar los ánimos de los defraudados, uno más Guillermo Barnés titular de FIPAGO y experto en el tema.

La Ley de FIPAGO contempla un fondo nacional en caso de fraude, no es nada nuevo, pero para que la oficina de Guillermo Barnes actúe, se deben cumplir ciertos requisitos previos por parte de los socios y eso el Gobernador jamás se los ha dicho a los afectados.

Los socios defraudados deben previamente nombrar un comité liquidador (de socios), asegurar que no exista ninguna sucursal abierta, determinar que no se capten recursos públicos y principalmente, convocar a Asamblea de socios, quienes serán los que señalen las actividades ilícitas de la caja, exigiendo la rendición de cuentas de quienes la administraron.

Como ni rendición de cuentas ni dinero habrá, entonces con esa acta de Asamblea ordinaria se le da vista a la CNBV y se procede a la contratación del despacho contable pagado por el estatal, el que habrá de realizar un arqueo minucioso entre los documentos que exhiban los afectados y el sistema de la caja, que debe haberse asegurado con toda anticipación por parte de la Procuraduría estatal.

Los afectados por obligación, deben tener presentada su Averiguación Previa, requisito indispensable de pago. 

Mientras no se den estos requisitos previos, por más declaraciones públicas de Gobernadores que se den, el trámite de pago no puede avanzar.

Los Gobiernos Locales deben cumplir su parte, manifestando su disposición de entrega de los fondos que les corresponden (30% según actual legislación), suscribiendo una carta intención de pago con FIPAGO y esperar a que se practique la auditoria a la Cooperativa que ha defraudado y es todo.

No se debe engañar al defraudado en hacerle creer que ha constituido un fideicomiso de pago y que será el Ejecutivo Estatal en que resuelva el problema porque es un tema Federal y no estatal.

Es al través del fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago) como habrá de restituirse únicamente «hasta» un 70 por ciento de los ahorros perdidos.

Es al través del FIPAGO como el ahorrador defraudado, adhiriéndose a ese beneficio federal, habrá de esperar un largo camino para que se le restituya su dinero robado.

Que no los engañen mis lectores defraudados, ustedes deben de velar porque su Gobierno Estatal cumpla con firmar una carta intención de pago una vez que lleven al cabo su Asamblea de socios, sin la cual es imposible que su Caja entre a fipago, sin esa resolución en Asamblea de socios, no puede considerarse que exista fraude porque ustedes son los socios, ustedes son los dueños de la cooperativa y nadie más lo hará ni lo puede hacer por ustedes.

Luego, deben velar porque su Ejecutivo del Estado tenga los fondos suficientes para pagar una vez que FIPAGO haya recibido la Auditoria practicada a la caja de ahorro que defraudó, para lo cual, es obligación del Gobierno estatal buscar el despacho contable y cubrirá ese pago, sin el cual tampoco procede FIPAGO.

Por último, mis fieles defraudados, deben hacer un análisis de conciencia si es su deseo acogerse al beneficio del FIPAGO o no, analizar si la cantidad que les devolverán, 170 mil pesos aproximadamente como tope máximo, es suficiente por los ahorros que tenían en su caja, de lo contrario deberán analizar la posibilidad de contratar un asesor jurídico honesto que conozca de concursos mercantiles para que mediante un proceso diverso les ayude a recuperar el 100% de su patrimonio si es que existen garantías (activos) para ello.

La ley de FIPAGO es discriminatoria al limitar las cantidades a pagar al ahorrador, y también al sementar a quién si y a quién no habrá de pagar, es anticonstitucional, sin amargo, en el tiempo que lleva de vida, ha pagado a 170 mil personas que han resultado perjudicadas por quebrantos de cajas populares.

En el año 2001 pagó en Querétaro a los afectados por las cajas populares Querétaro y del Sol, que eran manejadas por José Ocampo Verdugo, este administrador gozó del dinero de los ahorradores.

No se dejen sorprender, FIPAGO es gratuito nadie debe cobrar honorarios ni comisiones por ningún trámite, el socio ahorrador es quien manda en su cooperativa, y si reúne con los requisitos de la actual Ley, basta con presentar la solicitud y contar con el despacho contable que habrá de resolver el trámite.

El tiempo estimado para que un socio defraudado reciba su cheque de pago a partir de que ingresa su expediente a FIPAGO, es entre 24 y 48 meses dependiendo la disponibilidad y voluntad del Gobierno Estatal.

Oaxaca, la entidad federativa con mayor número de afectados y miles de millones de pesos en perdidas ha visto en su Gobernador Gabino Cué Monteagudo, una pieza angular en el «trámite» de pago por parte de FIPAGO, ha sido claro en sus acciones y ha logrado pagar ya más de 309 millones de pesos en una primera etapa, cumpliendo con todos los requisitos de FIPAGO, no se requieren de grandes conferencias para ello sino actuar con determinación y gran voluntad.