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Refrenda Gobierno de Oaxaca apoyo a defraudados por cajas de ahorros

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• Se formaliza Convenio de Coordinación entre el Gobierno del Estado y el FIPAGO que buscará incorporar a Oaxaca en el procedimiento para resarcir el daño patrimonial a 5,800 oaxaqueños que resultaron afectados por la insolvencia o quiebra de empresas crediticias. 
• Con ello, la actual administración reafirma su voluntad y compromiso de actuar siempre en favor de la justicia, sin más arma que la legalidad y de ejercitar un mandato con profunda vocación humanista, afirmó la titular de la SEDESOH. 

Por instrucciones del Gobernador Gabino Cué Monteagudo, la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, Aída Fabiola Valencia Ramírez,  atendió y dio respuesta puntual a las peticiones del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca (FUADO), quienes sostuvieron una mesa de trabajo con servidores públicos del Gobierno del Estado de Oaxaca en la capital oaxaqueña.

Durante una reunión efectuada la tarde de este lunes con el representante de esta organización, Mario Herrera, así como con los directamente afectados, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH), refrendó el apoyo de la administración de Gabino Cué, para continuar con los trámites ante el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO).

Mediante la firma de este Convenio de Coordinación, donde el Gobierno del Estado de Oaxaca solicitará a este organismo, la incorporación de la entidad en el procedimiento para obtener estos beneficios, Valencia Ramírez hizo patente el respaldo de la Federación y el Gobierno de Oaxaca al garantizar la continuación de dichos trámites ante el Fideicomiso de Pago.

De esta manera –dijo- se continuará apoyando a cerca de 5,800 ahorradores de las ocho regiones de Oaxaca que resultaron afectados por la quiebra de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de la entidad.

Asimismo, Valencia Ramírez dio a conocer que otra de las demandas de los inconformes que fue atendida y garantizada, es la continuación de las auditorías especiales que actualmente se practican  a 22 Cajas de Ahorro que se encuentran en el proceso de ingreso a FIPAGO, previendo la culminación de estos trabajos durante el próximo mes de agosto.

En ese contexto, la titular de SESESOH afirmó que el compromiso del Gobierno de Gabino Cué Monteagudo es con el bienestar de las familias oaxaqueñas; por ello, durante los últimos cinco años, y con el apoyo invaluable del FIPAGO, la administración estatal ha destinado más de 500 millones de pesos en beneficio de 18 mil 942 personas defraudadas, a fin de resarcir el daño a su patrimonio.

Sostuvo además que con ello, el Gobierno de Gabino Cué reafirma su voluntad y compromiso de actuar siempre en favor de la justicia, sin más arma que la legalidad y de ejercitar un mandato con profunda vocación humanista, que traduzca en acción de gobierno los anhelos y esperanza de progreso de nuestra población.

Por su parte, el representante del FUADO, Mario Herrera, reconoció el cumplimiento del Gobierno de Oaxaca, a través de la SEDESOH, al formalizar el convenio que permitirá a los defraudados continuar  con los trámites ante el FIPAGO.

En ese tenor, reiteró el apoyo de la administración que encabeza Gabino Cué Monteagudo al priorizar este tema en la agenda de trabajo, y respaldar -con la firma de este convenio- la demanda y anhelo de las y los ciudadanos que vieron vulnerado su patrimonio.

Asimismo, comentó que el FUADO entregará este martes el documento firmado a FIPAGO, a fin de que este organismo incluya a Oaxaca en la próxima sesión del Comité Técnico y así se puedan proporcionar a la brevedad los pagos.

“Con esto se garantiza el pago oportuno, en este mismo año y durante la administración del Gobernador Gabino Cué, del monto necesario para resarcir el daño patrimonial a 5,800 defraudados de las 8 regiones de Oaxaca que contempla el paquete 4”, afirmó Herrera.

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Fauzi Hamdan no da una con defraudados por Ficrea

Por Mario Herrera.

 

Y siguen los palos procesales para el prestigiado abogado  Fauzi Hamdan dentro de su intentona por reclamar el Daño Patrimonial causado por el Estado a los afectados de la Sociedad Financiera Popular FICREA.

No vamos a tocar el punto respecto de si es procedente o no el Daño Patrimonial, ya lo hemos hecho hasta el cansancio en diversas publicaciones, hoy analizaremos donde exactamente está errando el litigante panista.

ya hemos dicho que no se puede hablar de un daño patrimonial del Estado en su ‘conjunto’, tal vez, pero muy tal vez lo exista, pero en cada uno de los que resultaron víctimas del delito de fraude y lo que resulte al haberse esfumado de un día para otro sus ahorros e inversiones, es decir, cada uno de los defraudados por el Estado deberá realizar su petición por separado y a titulo individual. Nunca de manera colectiva.

Jamás colectiva, la Ley es clara en ese estricto sentido, entonces, ¿que fue lo que motivo al despacho Hamdan a promover colectivamente el supuesto daño?, muy sencillo.

Si un abogado, promueve en un solo escrito (demanda o reclamación) mil peticiones de mil personas distintas, entonces solo tendrá que checar (revisar) un solo expediente, acudirá al Tribunal a checar un solo acuerdo, con una máximo dos personas (pasantes o abogados), en tanto que, si lo hubiese hecho como la Ley en la materia lo ordena, de manera individual uno a uno, entonces tendría llenos los archivos de la SHCP y de los Tribunales de miles de expedientes, con miles de acuerdos en los que utilizaría cerca de 20 o 30 pasantes, que le cuestan una fortuna, por hora o por día. Sin contar las fechas de audiencia en las que debe estar presente el abogado, etc.

Si fuera de manera personal, es decir, por propio derecho como debió promoverlo, entonces tendría que desahogar vistas, requerimientos o términos para miles de expedientes, de locos, verdaderos locos ese litigio.

Si Hamdan utilizó la trampa de la colectividad fue porque de a mil pesos por persona (gastos) suponiendo que fueran únicamente los 1,428 promoventes ante el ahora Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, entonces el abogado y sus colegas se hicieron de la nada despreciable suma de $1`428,000.00, pero ni fueron mil pesos, fue mucho más la cantidad que pidió por gastos, ni son 1,428 porque ahora le ha dado por defender defraudados por cajas de ahorro en la misma metodología.

Cobrar gastos no es malo, por el contrario, es una necesaria economía para poder representar a un cliente y llevar al cabo actividades propias del litigio, es válido y honorable el cobro; no hay objeción en ello, porque más culpa la tiene el cliente que se ha dejado timar sin haber consentido esto.

Por de ese casi millón y medio de pesos que cobró ya casi hace un año, se habrá gastado no más de unos 50 mil pesos en la tramitología que ha realizado hasta ahora y ¿el rest0?, ¡que importa donde haya parado el resto!, es cosa entre abogado y cliente y se debe respetar, no es mi incumbencia, más lo que si he de tundir es ¿que carajos ha hecho el abogado para cumplir como lo prometió a los dolentes afectados? ¿que?.

Primero dijo que en 3, 4 meses lo resolvía, vamos para el año, luego dijo que demandaría a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, falso solo presentó un “reclamación de daño” término correcto de su proceso, no hay pruebas, no hay proceso, solo una reclamación y es todo; luego prometio recuperar los ahorros antes de cualquier otra instancia…, ok, sin comentarios.

La reclamación ante la SHCP obviamente no procedió porque no se interpuso por propio derecho, ya que es muy distinto hablar de un daño moral colectivo o un daño moral individual individual, no todos los defraudados han sido dañados, ni todos los daños, que se acepta se han originado, corresponden a una colectividad.

Al no haberse acreditado de manera fehaciente el daño a cada persona, se le dio un primer palo al abogado en Hacienda y nervioso, creyó haber hecho el negocio de su vida, comenzó a promover amparos, impugnaciones, revisiones, y cuanto más está a su alcance para refutar su necedad colectiva. Jamás la habrá de manera general, jamás. Nada le ha salido, y todo absolutamente todo lo ha perdido.

Bajo una gran labia, ha hecho creer a los ahorradores defraudados que él tiene la razón y los que están mal son las autoridades, y que tarde o temprano se habrá de resolver a su favor y todos cobrarán miles de millones de pesos incluidos intereses y sus honorarios, que mal están todos.

No se niega, y se acusa una negligencia de la autoridad en la supervisión, vigilancia y en su caso, corrección, llámese Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaria de Hacienda y hasta la misma Presidencia de la República a quién corresponde la Rectoría del Estado y la garantía jurídica de sus ciudadanos en términos de la propia constitución política, esto es más que obvio.

Tampoco se niega que le asista el derecho a cada defraudado de reclamar e intentar por cualquier medio o forma legal la recuperación de su dinero, es un derecho y tiene que ejercerlo.

Pero de eso a que se engañe a un grupo de gente haciéndoles creer que mediante un solo escrito (demanda colectiva) habrán de recuperar TODOS su dinero, eso es falso, completamente falso y las autoridades que han conocido de cada una de las impugnaciones mal hechas por el abogado me dan la razón párrafo por párrafo en cada una de sus resoluciones.

Los afectados por FICREA que promovieron en tiempo y forma el Concurso Mercantil y los que se sumaron en tiempo al listado de prelación serán siempre los privilegiados, serán los que vean concluido su esfuerzo y paciencia en la recuperación de sus dineros, los que resulten en su momento.

No descarten de ninguna manera la modificación a la Ley de Ahorro, la Ley de FIPAGO y las legislaciones que en algún momento propusieron un mecanismo de pago elaborado a conciencia por especialistas varios, me incluyo.

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1,500 empresas diversas operan como cajas de ahorro en México

Por Mario Herrera

Abogado y activista social en Oaxaca.

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Se estima que que en México, aproximadamente unas 1,500 empresas constituidas la mayoría en Sociedad Anónima han operado y siguen operando exactamente igual como lo hace una caja de ahorro, es decir, captan recursos del público al que llaman cliente o socio, para supuestamente destinar el dinero a favor de ellos mismos, cuando están impedidas para ello.

Una Sociedad Anónima es aquella que existe bajo la denominación S.A. y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones, según el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, más nunca para captar recursos como Cooperativa de Ahorro y Préstamo, motivo por el cual están impedidas para operar como SOCAP, según la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y su reglamento.

Entre las empresas que operan similares a una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SOCAP), están Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL) e inclusive comercios dedicados a la venta de productos diversos y hasta Inmobiliarias.

Estas empresas están impedidas para captar recursos del público ahorrador como si lo fueran cajas de ahorro, así como también están impedidas para dar préstamos y créditos de cualquier especie, haciéndolo, estarían violando lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y sus afines, pero ninguna autoridad ha tenido los tamaños para pararles un alto.

A pesar de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, están obligadas a actuar con todo el rigor de la ley cuando de estas prácticas delictivas se trata, jamás lo han hecho y por el contrario siguen permitiendo que se multiplique el negocio causando gravísimos daños en las familias de escasos recursos.

La Comisión debió haber actuado en consecuencia muy a tiempo y haber evitado esta catástrofe financiera en las familias pobres, debió implementado los operativos necesarios para impedir este tipo de prácticas ilícitas, obligación que tiene según le ordena el artículo 4, fracciones I, XVI y XVII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que establece:

Artículo 4.- Corresponde a la Comisión:

  1. Realizar la supervisión de las entidades financieras; del fondo de protección a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; de las Federaciones y del fondo de protección a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las Leyes relativas al sistema financiero.

XVI.- Investigar aquellos actos de personas físicas así como de personas morales que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables;

XVII. Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevea en las leyes, la negociación, empresa o establecimientos de personas físicas o a las personas morales que, sin la autorización correspondiente, realicen actividades que la requieran en términos de las disposiciones que regulan a las entidades del sector financiero, o bien proceder a la clausura de sus oficinas.

La autoridad reguladora, en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligación de supervisar, investigar y ordenar la suspensión de operaciones de aquellas personas diferentes a una Entidad Financiera o Cooperativa y que realicen actos exclusivos de de estas sociedades, al no cerrar las puestas de estas empresas, entonces conlleva una responsabilidad de carácter penal en la Autoridad Reguladora por la magnitud de la problemática generada en perjuicio de miles y miles de ahorradores populares.

Al no llevarse al cabo esa supervisión, se está entonces, atentando contra la seguridad jurídica de las personas lo que se traduce violatorio de las garantías individuales consagradas en el artículo 25 constitucional.

Ante toda esta responsabilidad del Estado y resultando inútil su actuación de regulación, supervisión y verificación, se debe trabajar en una inmediata modificación de la norma exclusiva de fraudes cometidos por de las Sociedad Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la Ley FIPAGO, y ampliar esta consideración para aquellas empresas diversas de las cajas de Ahorro, con independencia de las acciones que ejerzan las víctimas de este delito.

La actual Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, establece que:

ARTÍCULO 7º.- Las Sociedades Objeto de esta Ley, se dividirán en:

  1. Sociedades de tipo “I”: a) Sociedades de Ahorro y Préstamo que se hayan constituido conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; b) Sociedades Cooperativas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo que se hayan organizado conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; c) Asociaciones y Sociedades Civiles que hayan realizado operaciones de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; d) Sociedades de Solidaridad Social a que hace referencia la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones ni activas ni pasivas y, e) Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que hubiesen sido clasificadas en categoría D, por el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección previsto en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Primero o la fracción II del Artículo Tercero Transitorios de esta última que estén o no realizando operaciones activas y pasivas.

La modificación urgente y necesaria sería el ampliar el abanico de sociedades consideradas para el resarcimiento de daño e incluir a todas aquellas figuras jurídicas que, hasta hoy hayan operado similares a una Cooperativa de Ahorro y Préstamo.

Si es Estado es responsable de la perdida del dinero de los socios ahorradores al no haber realizado su tarea de supervisión para advertir a tiempo o actuar en consecuencia, entonces es el Estado en que debe responder de las pérdidas patrimoniales de ese garrafal error.

La manera más pronta y apegada a las necesidades de la población defraudada es hacer de la Ley de FIPAGO una legislación incluyente y que no discrimine a ningún ahorrador cuya empresa a la cual hayan confiado sus ahorros haya operado como caja de ahorro.

Un total de 20,000 ahorradores del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C., solicitarán al Gobierno Federal por conducto de los candidatos al Gobierno de Oaxaca que los incluya en la actual legislación y se comprometan sin excusa alguna a lograr la reforma a la Ley de FIPAGO para ayudar a estas familias desamparadas.

Sin esta modificación a la legislación actual, estas familias defraudadas no podrán recibir los beneficios que el resto de ahorradores que si entran a FIPAGO, de ser necesario unirán esfuerzos las víctimas de este delito con las de otros afectados en igualdad de circunstancias de otras entidades del País para obligar al Gobierno Federal a que responda y pague el daño que causó por su falta en la supervisión y vigilancia en estos ilícitos.

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Cajas de ahorro en Oaxaca, 6 años después.

 

Por Mario Herrera

Abogado, activista social.

 

El tema de cajas de ahorro en Oaxaca sigue siendo banquete de negocios políticos para grupos de antaño, ¿pues cómo no? si hoy se trata de uno de los más grandes movimientos sociales del estado, apolítico y una fina organización interna.

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Ha sido el propio afectado quien, sin intervención política, se ha organizado y ha cumplido cabalmente con los requisitos exigidos por la ley, solos los defraudados lo han logrado.

La paciencia y perseverancia del defraudado por un lado y la voluntad política y sensibilidad del Gobierno de Oaxaca actual por el otro, se han conjugado para darle salida a una de las peores tragedias financieras de la historia, los fraudes cometidos por cajas de ahorro.

Un sólido trabajo y la unidad de los defraudados vuelven a ser atracción electoral para los priistas quienes a base de los ya acostumbrados engaños, tratan de convencer al electorado defraudado por cajas de ahorro que Alejandro Murat ha resuelto el problema.

Hace exactamente 6 años, cuando Eviel Pérez andaba en campaña, el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luis Videgaray prometió pagar 5 mil millones de pesos a la totalidad de defraudados por cajas de ahorro en Oaxaca, nunca cumplió y embarró su mediocre fantasía al recién ganador Gabino Cué, culpándolo de que él se había agenciado ese dinero ya etiquetado por el PRI para defraudados.

La oferta de Videgaray, hoy sabemos, era ridícula y absurda, hoy se comprende que de alguna manera habría que blindar las elecciones ya que se sabía que el entonces inútil Gobernador Ulises Ruiz jamás entendió que era FIPAGO y su procedimiento y que por esta ignorancia jurídica abandonó la desgracia de más de 50,000 familias que representaban más de 150,000 votos probables para el PRI.

Ningún diputado tricolor de aquella legislatura logró reforzar el burlesco ofrecimiento a defraudados por parte de Videgaray, doy fe de ello porque este pretor formó parte de aquella mesa de negociación justamente en la Cámara de Diputados.

No se quiere otro engaño más por parte de los candidatos del PRI, aproximadamente 180,000 personas votantes involucradas en el tema de fraudes, papá, mamá, abuelos, tíos, primos, ya saben que con ese partido no se cuenta, saben que de llegar el Junior al poder, se vendrá abajo lo ya logrado; saben que no pueden colgarse estrellas quienes fueron indolentes con ellos, lo saben.

6 años después he comprendido que no era tan sencilla la cosa para etiquetar un recurso público, entendí que ni nada más disponer una partida presupuestal sin una base que la justificara; 6 años después he entendido que se perdió un valioso tiempo tocando la puesta equivocada en aquel entonces.

Luego de estudiar el procedimiento exacto para el resarcimiento de daños, logré saber que previo a la etiquetación de fondos, se requiere de auditorias para empatar personas, cantidades, expedientes y sobre todo demostrar el daño causado.

Ulises Ruiz tenía un fantoche equipo de trabajo, para atender a defraudados, desconocía el trámite, su equipo corría la misma suerte.

Seis años después, los fraudes en la entidad ya no son un problema social, en números redondos de los 60,000 defraudados totales 20,000 están pendientes de pago, a 20,000 ya se les pagó y 20,000 defraudados engañados por crueles administradores de empresas diversas de cooperativas tendrán que esperar una reforma a la ley, se dará.

Juntas todas esas cajas de ahorro y empresas, se embolsaron más de 6 mil millones de pesos, perdida patrimonial que jamás volverán a ver los incautos ahorradores.

La intervención del actual Gobierno de Oaxaca y de gente especialista en el sector popular, lograron entender en los últimos 6 años la desesperación de la gente, han sido sensibles, se han puesto a estudiar, ya solo es cosa de esperar.

Gabino Cué lo ha logrado y poco a poco se va componiendo la afectación y se va pagando.

Antes de que se vaya Cué Monteagudo, habrá enmendado el daño a más de 24,884 victimas de fraude cubriendo la cantidad de 770.8 millones de pesos, que en pérdidas patrimoniales representan 3 mil millones de pesos.

Todo Oaxaca sabe y conoce que el estratega maestro ha sido el amigo de todos Othón Cuevas Córdova, sería injusto e irresponsable no reconocer su intervención para lograr los pagos realizados y los que faltan por hacerse, y todas las tareas que conlleva el trámite.

Pero mientras la actual legislación de Ahorro y Préstamo sea inicua, las pérdidas patrimoniales robadas serán mayores que las pagaras por el Estado al afectado.

La víctima por fraudes de cooperativas deshonestas, no recuperará la totalidad de dinero ahorrado; la ley es discriminatoria al limitar el pago en resarcimiento de daño a 190 mil pesos, menos el 30%.

Las cajas de ahorro que han cerrado por obligación, sabemos, han delinquido con el permiso y autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acción que es secundada por la propia Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Resulta que la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, solo contempla, de manera discriminatoria en sus BASES GENERALES SEGUNDA Y TERCERA, la restitución del daño hasta un promedio de 133 mil pesos:

SEGUNDA.- Todo ahorrador que tenga un Saldo Neto de Ahorro igual o menor a diecinueve veces el monto básico de pago ajustado a que se refiere la Base PRIMERA, recibirá el 70% de dicho saldo.

 En caso de que el Saldo Neto de Ahorro sea mayor que cero y el Ahorrador haya otorgado garantías a favor de la sociedad de que se trate, ésta deberá liberarlas de conformidad con las reglas que para tal efecto emita el Comité, las cuales deberán observar en todo momento los lineamientos básicos de la compensación a que se refiere el Libro Cuarto, Título Quinto, Capítulo I del Código Civil Federal.

TERCERA.- El Ahorrador cuyo Saldo Neto de Ahorro rebase la cantidad equivalente a diecinueve veces el monto básico de pago ajustado conforme a lo señalado en la Base PRIMERA anterior, podrá recibir el 70% de dicha cantidad. Si se ejerciere esta opción, el Ahorrador cederá para su correspondiente afectación al Fideicomiso el 100% de sus derechos de crédito en los términos de la Base QUINTA de este artículo. En caso, de que no se ejerciere dicha opción, quedarán a salvo sus derechos para ejercer las acciones legales que correspondan.

Por tanto, si una persona ahorró la cantidad de un millón de pesos provenientes de remesas extranjeras de sus familiares, el Estado solo habrá de devolverle 133 mil pesos, el resto lo pierde por completo.

Por esta limitación de la ley, se calcula que desaparecerán sin rastro alguno más de 5 mil millones de pesos, ya nunca más se sabrá a donde fueron a parar, no se tendrá esperanza alguna en que se recuperen, la ley así lo contempla.

Véase la cantidad de dinero que se ahorra el Gobierno Federal, por la limitante de Ley, impuesta precisamente para que el Estado no desembolse grandes sumas de dinero lo que constitucionalmente es inhumano.

Por desgracia, como ya se dijo, 20,000 ahorradores no entran a Fideicomiso PAGO, las empresas captadoras no eran propiamente Sociedades Cooperativas (SOCAPS), sino Sociedades Anónimas (S.A.) y mientras no se modifique la fracción I del artículo 8 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, (LEY FIPAGO) ninguna de estas familias podrá recibir su dinero.

En 6 años de esfuerzos por recuperar su dinero, se calcula que el 30% de ahorradores ya ha fallecido o ha quedado inválido o padece ataques al miocardio o derrames cerebrales por la impresión tan desagradable de perder tanto dinero de la noche a la mañana sin que se aprehenda de manera inmediata a los responsables.

Otro número importante de afectados son los que ahorraron menos de 10 mil pesos, luego de tanto tiempo burocrático de espera ya no les interesa formarse para registrarse una y otra vez para pedir la devolución de su dinero, sin contar a los pobres que se han visto doblemente defraudados por líderes y abogados sin escrúpulos que no obstante tener poco dinero ahorrado y perdido, les han cobrado inclusive el doble del dinero ahorrado; por ello el número de victimas de este delito a disminuido considerablemente.

La gente ya se la sabe, y ya ha aprendido, ya sabe quien o quienes participaron en la recuperación de su dinero, quienes han estado al tanto de sus exigencias; el ahorrador ya sabe quien le ha dado la mano convertida en apoyo.

Ya sabe el afectado, quienes se han tomado la molesta de ir hasta su incomunicada ranchería o localidad. Por tanto, aunque se aparezca un candidato priista para decir que por su intervención ya van a cobrar, no le van a creer; ya han picado piedra y en la boleta electoral se habrá de agradecer el apoyo a quienes les han atendido.

En Oaxaca, los ahorradores defraudados contrario a intimidar al Gobierno de Gabino Cué y violentar aún más la capital, decidieron organizarse y hacer propuestas viables al ejecutivo estatal para conseguir la restitución del daño lo más pronto posible, fue así como luego de alianzas y una estrategia política y legislativa, el Gobernador Gabino Cué Monteagudo instruyó un grupo de trabajo para dar seguimiento y encaminar las tareas para restituir de pago a defraudados por cajas de ahorro.

En lugar de perder el tiempo cerrando calles y molestando a la ciudadanía, han sido los propios ahorradores defraudados quienes con sus propios recursos han acudido a las oficinas del FIPAGO, de la SHCP, del CONGRESO DE LA UNIÓN y se han reunido en privado con el propio Gobernador para buscar la mejor salida que pueda beneficiar a los afectados, siempre con respeto y con apego a derecho.

En los próximos días se estará pagando a 5,884 afectados por 5 cajas de ahorro más Caja del Sur S.C. de R.L., Caja Solidaria de los Artesanos Tradicionales de los Valles de Oaxaca S.C., Cooperativa del Sureste S.C de R.L., Caja Popular del Sureste S.C de R.L de C.V. y Kaxa Taon S.C de A.P. de R.L de C.V., por un monto total de 268.8 millones de pesos; y están en la lista de espera de auditoria otros 12,000 defraudados de 22 cajas de ahorro más.

El compromiso de Gabino Cué se ha cumplido y se reconoce, lo ha hecho bien, dentro de lo ofertado tanto en campaña como titular del Ejecutivo Estatal.

Ahora, el paquete financiero y social interesante para cualquier candidato a ocupar la silla de Cué será el cómo lograr el mecanismo de pago para esas 20,000 familias que ahorraron en empresas que no son cajas de ahorro, esas que operaron exactamente igual que una cooperativa de ahorro y préstamo, porque tan oaxaqueños son unos como otros, porque tan ciudadanos ahorradores son unos como otros.

Si cobra un ahorrador deberán cobrar todos, absolutamente todos, sin excepción y el próximo gobernador deberá tener los tamaños para no prometer sino encaminar una modalidad de ley que logre el pago a toda esta pobre gente que ninguna culpa tiene que el Gobierno Federal no le haya advertido donde ahorrar o donde no.

 

 

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Utilizan a defraudados por cajas de ahorro para protestar contra Gabino Cué

* Si el defraudado no recibe su dinero, el gestor no cobra honorario, así el chantaje político el mejor arreglo personal de abogados y líderes sin escrúpulos.
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Foto: Vicente Martínez

Un veintena de quienes se dijeron ahorradores defraudados por 4 cajas de ahorro sin acreditarlo, se apostaron en Palacio de Gobierno exigiendo la inmediata atención a sus “peticiones”, las que se transformaron más bien en una critica electoral a propósito del momento en Oaxaca.

 

El Gobierno de Gabino Cué Monteagudo, no puede caer en reclamos de la sociedad fantasiosos y sin fundamento, auspiciados por líderes corruptos y deshonestos que se aprovechan de la una dolencia social, no puede el ejecutivo.

 

40 mil defraudados por Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP´s) en Oaxaca hacemos un llamado a las autoridades y medios de comunicación diversos que han cubierto con atino las notas de cajas de ahorro, para que no caigan en la perversidad de quien, en época electoral, busca desestabilizar el Estado de Derecho mediante la violencia y provocación social.

 

La ciudadanía oaxaqueña y los medios, todos, ya están cansados de que se utilicen banderas sociales para engrandecer las arcas de unas cuantas personas, ya no se la creen, la violencia no es el factor, ni la publicidad el medio para ganar una lucha del pueblo.

 

A base de intimidación mediática y bajo la protección de dirigentes de la Sección 22, la señora Edith Santibáñez Bohórquez pretende conseguir recursos a como de lugar para cumplir sus pretensiones a los suyos en su mayoría defraudados apócrifos que, o no cuentan con documentos idóneas para reclamar su pago, o definitivamente no se benefician por ninguna legislación de Ahorro y Préstamo pero que les ha hecho creer que el Gobierno de Gabino Cué debe pagar al través de bloqueos en edificios públicos.

 

El día de hoy en una nota publicada por el prestigiado diario “Despertar de Oaxaca”, La verdad de la información, la respetable amiga Jazmín Morales, publica lo que suponemos le habrá anunciado la licenciada Santibáñez.

 

En su sección “política”, bajo el tenebroso titulo: “Titular de SEDESOH desvía recursos para comicios electorales: Defraudados”, se hace creer que la totalidad de “defraudados” opinan ello, eso es una mentira, obvio así lo hizo creer esa tal Santibáñez y así se publicó de manera engañosa.

 

Luego, durante la declarativa al medio señalado, la litigante de la Sección 22 generaliza una acusación, por cierto diversa y ajena del problema de cajas de ahorro, para llamar la atención de prensa y entonces si hacer atractivo el plantón.

 

Se olvidó de explicar las supuestas circunstancias de ese desvío o utilidad de recursos del funcionario acusado, más bien parecía un capricho personal porque no se le ha dado la misma atención que, por ejemplo, al Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C., (FUADO) movimiento de la Sociedad Civil organizada que trabaja en armonía y con Ley en mano para sus miles de afiliados.

 

Tal vez, la ignorancia en extremo de la señora Edith Santibáñez no le ayude a comprender que todo debe ser conforme a la norma jurídica y no necesariamente bajo la amenaza política o el cochinero mediático que ella misma invoca, cuanto mal le hace a sus 20 seguidores, su desconocimiento en el trámite o procedimiento legal le impide entender donde y que puerta tocar, así cuando será atendida, jamás.

 

Debemos decir basta a la bola de holgazanes que como Edith Santibáñez, solo busca obtener recursos para si misma y llenar su bolsillo a costa de la gente, nada la interesa el dolor del afectado, debemos de parar este tipo de prácticas tan lamentables para los pobres afectados, cualquiera que sea su injusticia, no puede la pobre gente andar deambulando de un lado a otro sin saber o conocer el tipo de demonio ignorante que las o los representa o los saquea, debemos hacer público que están en un error, que los están timando.

 

No se vale, se deben conocer las fechorías de estas malas personas y de muchos otros líderes o abogados más que han abusado de la economía ya lastimada de los defraudados por Cajas de ahorro, principalmente en la Mixteca, profesionistas que se harán millonarios cuando el defraudado cobre su cheque.

 

Santibáñez y sus cuotas quincenales que pide, han sido denunciadas por más de una persona ante el FUADO, más nada se puede hacer por la protección perfecta que goza en la Sección 22.

 

Si la abogada representara de manera honesta y ética a su gente y se pusiera a estudiar por lo menos el ‘título’ de las legislaciones que contemplan el resarcimiento de daños a defraudados, ya hubiese logrado el pago de las cajas que según representa; el trabajo que promete a sus pseudo defraudados ya lo hace la propia Secretaria de Desarrollo Social y Humano, el propio Fideicomiso Pago, sin costo alguno.

 

El FUADO ya le ha hecho la tarea a la abogada, ha logrado un compromiso con el Gobernador Cué Monteagudo para que se cubran los recursos de todas y cada una de las cajas de ahorro que integran el paquete 4, en los próximos días se habrá de pagar.

 

De igual manera el FUADO logró que se practicaran las auditorias a la totalidad de cajas que integran el paquete 5, veintidós en total, pertenezcan a no al movimiento, en este paquete de pago se encuentran ubicadas las 20 personas de las 4 cajas que representa la abogada.

 

Oímos en una entrevista que concedió, tartamuda y temblorosa por el desconocimiento que tiene, que son 1,500 los defraudados que faltan por pagar, falso, faltan por pagar más de 40,000 defraudados, Gabino Cué hasta ahora, lo ha hecho y muy bien dentro de la obligación que le confiere su puesto de Gobernador, también lo ha hecho Alejandro López Jarquín como titular de la SEDESOH, como en su momento lo hizo Gerardo Albino, como Othón Cuevas entonces subsecretario de concertación social, Pablo Rodríguez como encargado de la atención a defraudados y un equipo especializado promovido por el propio Gobernador.

 

Lo han hecho y de manera reconocida los diputados federales y el Senador Benjamín Robles Montoya único en su tipo con la sensibilidad y voluntad política para modificar leyes o promover los recursos a favor de defraudados.

 

Lo ha hecho Finanzas y así, cada uno de los responsables encargados de llevar un verdadero seguimiento al problema de fraudes por cajas de ahorro, todos han cumplido dentro de su obligatoriedad política y de servicio.

 

Sin embargo, sucede que, la señora Santibáñez pretende que sea el propio Gobernador el que la lleve en vehículo oficial a FIPAGO en la Ciudad de México, o que sea Alberto Esteva quien le reciba la documentación por la que cobró miles de pesos previamente a sus representados.

 

Pretende también que las cosas y el trámite se haga a su modo, pasándose por el arco del triunfo el proceso legal actual, y así definitivamente no se puede.

 

Es muy sencillo culpar a los gobiernos de negligentes que lo son en su mayoría, de parcos, de insensibles o de irresponsables, pero en este caso, se aplaude la labor que ha llevado el Gobernador Gabino Cué y el equipo designado por él a favor de afectados por fraudes.

 

La abogada Santibáñez podrá cobrar sus honorarios sin haber movido un solo dedo ya que el FUADO le ha hecho su trabajo gratuitamente, lo único que debe hacer es esperar, ser paciente y tolerante en los tiempos, lo que será muy difícil en ella, por la perversidad y urgencia de sus pretensiones económicas antes de que termine la administración de Gabino Cué.

 

El Gobierno de Gabino Cué ha atendido a más de 60,000 defraudados, la tercera parte ya ha sido cubierta en pago, otro tercio se pagará en los próximos días y 20,000 defraudados aproximadamente más están en proceso de auditoria, misma que Santibáñez Bohórquez no quiere que se practique porque saldrán a relucir sus fechorías documentadas con contratos falsos que le habrán de permitir que se pague el recurso robado sin ser realmente defraudados por cajas.

 

Se han cubierto más de 500 millones de pesos en tan solo 5 años, lo que ningún otro gobierno de la República ha hecho, menos lo hizo el anterior gobierno priista, del que solo recibimos evasivas y burlas.

 

Hoy es distinto, hoy estamos próximos a enmendar el problema de defraudados en un 80%, porque restaría por pagarse tan solo, en la siguiente administración aquellas figuras jurídicas que no son cajas de ahorro pero que operaban como tal, para esas personas, el Senador Benjamín Robles ha propuesto una modificación de la Ley FIPAGO para que también se les incluya en los beneficios de ese fideicomiso.

 

Ya lo saben, no se dejen sorprender por falsos redentores que solo abusan de sus bolsillos o que quieren los reflectores para ganar seguidores, ellos les habrán de cobrar a la larga, otro tanto igual al que han perdido a manos de delincuentes cooperativistas.

 

Santibáñez Bohórquez deberá ponerse a estudiar y aprender del trámite FIPAGO y las disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, solo de esta manera podrá saber como exigir lo que conforme a derecho corresponde para sus dos decenas de clientes.

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Concurso Mercantil, la mejor alternativa de cobro en caso Ficrea

Por Mario Herrrera

Presidente de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C.

Pareciera que algunos defraudados, tal vez los más aguerridos y pensantes en el caso Ficrea, han atendido las sugerencias de este escritorio para utilizar la vía del Concurso Mercantil para poder acceder a recuperar la mayor parte de sus recursos robados por el Estado y por Rafael Olvera, esta vía es gratuita y el Estado está obligado a atenderla.

En días pasados un grupo de afectados se aventuró a desafiar la propuesta del abogado Javier Paz para matrimoniar a 980 personas con el también postulante y maestro Fauzi Hamdan, y entonces, contrario a esperar la resolución negativa por parte de la SCJN en cuanto al daño patrimonial del Estado que han promovido, este grupo ha solicitado el tan esperado Concurso Mercantil, ¡¡¡por fin!!!.

Si, demasiado tarde, pero lo han hecho, ya tal vez con muy pocas posibilidades de asegurar la totalidad (100%) de bienes disque resguardados por la Procuraduría General de la República (PGR), pero se han animado a dar el gran paso que debieron procesar desde el día inmediato siguiente en que se declaró la quiebra de Ficrea.

Alguien tiene que administrar los recursos provenientes de las rentas que en su momento contrató Olvera como administrador de Ficrea, alguien tiene que saber que pasa o que pasará con los recursos que se van pagando a Ficrea, quien recibe esos pagos de acreedores cumplidos, a donde va a parar ese dinero. Alguien debe saber todo ello, y garantizar el resguardo de esos fondos. Es alguien es el Juez Concursal y nadie más.

El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), de Gricelda Nieblas Aldana, creado por disposición de la Ley de Concursos Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del año 2000, es el encargado de recibir, promover y asesorar a cualquiera sea persona física por su propio derecho o de manera colectiva el trámite totalmente gratuito, tampoco se requiere de abogados, ni de erogar grandes sumas de dinero para su litigio, aunque sabemos que entre los afectados hay personas muy pudientes.

Ya en otra lectura, indiqué que la interposición y en su caso admisión del Juicio concursal esta supeditada a la garantía de pago por la cantidad resultante de mil quinientas veces el SMGV en el Distrito Federal, algo así como 90 mil pesos que se destinan para pago de los honorarios del visitador designado según el artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles reformada por decreto del 10 de enero de 2014.

La garantía en caso de aprobarse el juicio concursal debe cubrirse dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto admisorio, eso también ya lo hemos advertido, pero seguro estoy que los promoventes, cualquiera que sean, habrán de encontrar la manera de cubrir el pago a la brevedad para continuar el procedimiento.

Solo en caso de que la demanda la presente el Ministerio Público no se requerirá la garantía a la que se refiere la ley en la materia.

Ninguna relación guarda el proceso concursal, con el mecanismo de pago que se encuentra suspendido en la Cámara de Senadores hasta en tanto salga un envalentonado Senador y se atreva a proponer el regreso del decreto, por el cual se intentaba cambiar la actual Ley de ahorro y crédito popular, a la Cámara de Origen para despegar (literalmente) el apartado Ficrea de dicho decreto y entonces si, aprobar por partes, la intentona de reforma.

Tampoco guarda relación el Concurso Mercantil, con el pago del seguro de garantía que ya debieron inclusive recibir la mayoría de los afectados, o por lo menos quienes en tiempo y forma lo hicieron sin temor alguno, porque en caso de prosperar la liquidación por la vía concursal lo primero que hará el interventor oficial será descontar este pago que debieron cobrar en su momento los demandantes.

Se trata pues de acciones y procedimientos distintos uno de otro, y que habrán de convenir a quienes así consideren según sus intereses y montos invertidos o ahorrados.

El Concurso Mercantil solo toma en cuenta a quienes así lo hayan promovido o bien, formen parte del listado final que se obtenga con motivo de la visita designada por el Juez Concursal, es decir, si no está en la lista de prelación final del Concurso no cobra.

Con el mandato del Juez Federal se prohíbe ahora, la transferencia de recursos en favor de terceros (esto debieron haberlo hecho antes de que se dieran tantas transferencias electrónicas), así lo recomendamos, hasta ahora sucedió. Cada ahorrador defraudado deberá acudir ante el Juez Concursal y solicitar se le tome en cuenta su crédito o contrato, porque de lo contrario, el Juez no podrá saber de su existencia en el orden de prelación que se practique de manera oficial.

Cada afectado deberá indicar, si tiene o no iniciado un proceso judicial, si ya cobró el seguro, si ha impugnado alguna vía o procedimiento, esto para que se evite de esta manera, la duplicidad de acciones y sobre todo la inteligencia de algunos más, para cobrar por doble partida.

Cuando se tengan los listados definitivos de personas a pagar, deberán acudir ante el sindico liquidador para saber de su adeudo, justificarlo y sobre todo demostrarlo de lo contrario, el producto que se obtenga de los bienes a rematar al final del proceso solo servirá para pagar a quienes hayan promovido en tiempo y forma; y que no tengan promovido juicio alguno al momento del reparto en pago.

Es muy importante anotar que el pago final que se haga mediante la vía concursal será de manera proporcional, es decir, con lo que se obtenga en bienes patrimoniales, inclusive cuentas por cobrar de la empresa y el número final de ahorradores que hayan solicitado su enlistamiento en el concurso, precisamente por eso la palabra “concurso”, ya que si una persona no concursa, no cobra.

Ahora bien, se insiste que está pendiente por aprobarse el exitoso mecanismo de pago logrado por el grupo bicameral, de la legislatura saliente, solo con el pecado de haberlo engrapado con una serie de situaciones ilícitas que atentan contra la economía solidaria de miles de personas pobres.

El mecanismos sigue activo y nadie lo ha impugnado hasta ahora, solo que deberá pasar de nueva cuenta por la Camara de Diputados para su modificación y legal aprobación, entonces deberá servir para pagar a todos aquellos inversionistas menores al millón de pesos, motivo por el cual, como siempre se ha recomendado, no hace falta que se sumen estos últimos al juicio concursal, porque por ley cobrarán más pronto que por resolución del Juez concursal.

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Foros de consulta sensibilizan problemática en cajas de ahorro apócrifas, autoridades ya actúan

Por Mario Herrera.

Fundación FIDE México.

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  • 44,000 defraudados por cajas de ahorro pendientes de pago, 5 mil millones de pesos fueron defraudados.

Luego del inicio y desarrollo de varios foros de consulta entre instituciones financieras, legisladores y defraudados por cajas de ahorro, autoridades hacendarias, parece que ahora si ya se ha comprendido la importancia y temeridad social en el desequilibrio entre las reglas de operación propuestas para pagar a afectados de la Sociedad Financiera Popular Ficrea contra las reglas ya existentes para resarcir del daño a defraudados por cajas de ahorro.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha girado instrucciones y se ha coordinado con funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la CONDUSEF a efecto de arrancar una férrea lucha contra empresas dedicadas al ahorro y préstamo popular conocidas como cajas de ahorro para que en caso de no cumplir con la reglamentación actual, sean clausuradas de inmediato, esto a partir de la exigencia que hicieran los defraudados al Senador Benjamín Robles.

Esta labor sabemos, se debió emprender a partir de que se aprobó la Ley regulatoria para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) en 2009, inclusive antes, más los defraudados consideran que a pesar de la tardanza en ello, de llevarse al cabo en esta rigurosa tarea, será un gran avance para ir enmendando poco a poco las irregularidades en el sector.

Es importante que se garantice la seguridad jurídica del dinero del ahorrador y así se pidió el pasado 25 de mayo, dentro del foro “Hacia un marco legislativo que garantice la restitución de daño y la seguridad del ahorro e inversión popular”, promovido y encabezado por el Senador por Oaxaca Benjamin Robles Montoya, hasta el momento el legislador más comprometido en la corrección de errores generados por el Grupo Bicameral que intentó resolver el problema de Ficrea, sin éxito y que solo lesionó todavía más la desgracia de esa pobre gente ahorradora de la tercera edad.

El foro tuvo verificativo en el Senado de la República y de manera aleatoria se estará llevado a interior de la República, con la intención de seguir sensibilizando a las autoridades en el problema que aqueja a cajas de ahorro, separándolo del tema Ficrea, y así lo estamos logrando.

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Hoy, el afectado por fraudes cometidos por Cajas ya es tomado en cuenta, hoy ya se sabe de ese dolor, de su existencia, los foros han servido para proponer de manera conjunta y unida para resolver el problema entre autoridades y sociedad afectada.

Ahorradores Defraudados de Oaxaca en su lucha ya añeja de más de más de 6 años, pidieron dentro del foro “Hacia un marco legislativo que garantice la recuperación y se seguridad de nuestro ahorro” organizado en Oaxaca, 3 puntos claves de ataque:

  1. Separación de mecanismos de pago y consideraciones legales entre SOFIPOS y SOCAPS, en el decreto que se encuentra en estudio en el Senado.
  2. Regularización y en su caso cierre de cajas apócrifas y sin registro que existan en México.
  3. Homologación de reglas de operación para todo el sector de ahorro y crédito popular.

Sobre estas 3 vertientes y bajo el esquema de mesas de trabajo plurales, defraudados de todo el País trabajarán con la Secretaría de Hacienda con el compromiso de atender de manera inmediata cada uno de los acuerdos que se vayan tomando, inclusive la modificación de las leyes en la materia.

Ya se ha agotado y atendido el segundo de los puntos citados que es la desaparición inmediata de cajas de ahorro apócrifas, que son aquellas que no cuentan con registro, y que además, dañan al público ahorrador en su patrimonio, el convenio firmado entre la CNBV y CONDUSEF permitirá el cierre inmediato de todas esas empresas populares que tanto daño hacen a la sociedad.

Dentro de las peticiones de los afectados está también, el prohibir la apertura de cajas de ahorro que no reúnan las condiciones propicias de seguridad para el cliente o socio, esto como prevención del delito, así como la flexibilidad aquellas cooperativas que habiendo solicitado su registro a tiempo, se busque su fortalecimiento y no su desaparición como lo exige el decreto pendiente de revisión.

En los próximos días se llevando al cabo reuniones y mesas de seguimiento con funcionarios de la SHCP, con la intervención directa del Senador Benjamin Robles para dar continuidad y agilización en la restitución de daño a defraudados, etiquetando de manera especial los recursos que habrán de cubrir por lo menos, en Oaxaca, más de 5 mil millones de pesos para 44 mil afectados que faltan de pago.

Los más de 300 mil defraudados por cajas de ahorro en todo México, deben ser resarcidos de los más de 25 mil millones de pesos que les fueron robados con tolerancia del Gobierno Federal que no actúo en consecuencia en ningún caso.

Avanzamos y con gran éxito.

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