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La responsabilidad penal en la CNBV por caso Ficrea y otros

¿Leyes falacias o a modo?

Por Mario Herrera

Presidente y Fundador de Fundación para la Infusión y el Desarrollo, A.C.

El revuelo social y mediático que a costa del fraude cometido por Rafael Olvera Amezcua administrador de Ficrea, S.A. de C.V. Sociedad Financiera Popular, en perjuicio de la totalidad de sus clientes y socios inversionistas y ahorradores, ha provocado sin lugar a dudas, una forzada Educación Financiera en la sociedad en general.

Veamos.

La carencia del ejercicio digno de un órgano regulatorio para prevenir este tipo de ilícitos, ya es por todos reconocida, ya aprendimos que existe un responsable que no reguló, o peor aún, jamás ha regulado el sector popular, el más golpeado y menor protegido.

Hoy sabemos que no solo por el caso actual de Ficrea sino por muchos otros más, en especial, los derivados de las cajas de ahorro apócrifas, las no autorizadas, las no sancionadas, de las Uniones de Crédito fraude tras fraude y de tantas otras entidades financieras de carácter popular de las que se permite sin restricción alguna la comisión de delitos a su interior, y que se han embolsado el dinero del ahorrador, la CNVB es la culpable.

La incertidumbre y la desconfianza imperan en la mente de cualquier ciudadano que tenga la posibilidad de ahorrar o de invertir, aprendimos ahora, a leer detenidamente antes de invertir o de ahorrar, hoy cualquiera se pone a temblar ante la peligro de perder su patrimonio, sabemos que si se ofrece una tasa mayor a la bancaria representa ya de por si, una irregularidad, ya aprendimos.

Temas relacionados con la economía solidaria, a ninguna autoridad, a ningún legislador interesan, a los financieros públicos y privados del país menos, se trata de los ahorradores más débiles monetariamente hablando, se trata de la clase más golpeada en sus finanzas, hoy pisoteada a más no poder, a nadie le interesaba el sector popular, ni a la misma reforma financiera que fue excluyente del tema, de otra manera, no habría fraude. Hoy sabemos que existe un pequeño grupo de 7.5 millones de ahorradores conocidos como populares.

Han quedado al descubierto las carencias regulatorias de una Comisión parca, débil y cada día más frágil; hoy, han surgido, abogados especialistas en economía popular por doquier, ya todos somos expertos en la materia; hoy los medios han volteado sus libretas y cámaras a este tan olvidado sector principalmente de la gente pobre, con algunas excepciones ambiciosas. Lo vulnerable que ha sido siempre el sector.

Pues si, se necesitaba de una afectación masiva en la misma capital del país, se necesitaba que el daño fuera de muchos miles de millones de pesos, era necesario que entre los afectados hubiera peso pesado, para que se encendieran, por fin y a nivel nacional, los focos rojos se han encendido en las finanzas de los de abajo, hoy comenzamos a educarnos financieramente a partir de las anomalías que por años han existido en el sector popular.

Salen a la luz pública, las entrañas más perversas de las instituciones encargadas de regular y supervisar el manejo de los recursos que se captan de manera pública en este sector excluido del sistema financiero mexicano, comenzamos a conocer de Inclusión Financiera, que no es consecuencia de un Ficrea de hoy o de una Caja Libertad mañana o de 250 cajas de ahorro patito ayer, es el resultado de la carencia permanente, de un marco normativo acorde a las condiciones sociales y populares actuales. Ya aprendimos, ya están aprendiendo los legisladores.

El sector del bien común ha carecido continuamente, de una atención especial, no se cuenta con una Comisión Nacional como en la banca, no existe una Asociación representativa del ahorrador como en la banca, las legislaciones están creadas primero para proteger al administrador de las entidades y sociedades cooperativas y luego cuando ya se ha embolsado el dinero de los clientes, limitan la recuperación, hasta por la cantidad que al Estado le conviene.

¿Entonces porque permitir movimientos financieros entre entidades y sociedades financieras por arriba de los topes máximos establecidos por ley?, ¿por qué no actuar en consecuencia desde el primer instante en que un cliente obtiene ganancias estratosféricas?, ¿por qué esperarse hasta que reviente la empresa por si misma?, ¿porqué permitir la comisión de fraudes?.

Donde queda la aplicación regulatoria, y donde la sancionadora, ya no digamos de la supervisora, ¿dónde quedó la protección popular?, ¿leyes falacias o a modo?

Y es que sin duda alguna, jamás ha existido una ley que ‘prohíba’ robarse el dinero, no la hay, jamás ha existido una reglamentación que obligue a la Bancaria a cumplir su misión regulatoria, hasta hoy, nadie se ha atrevido a sancionar al Ejecutivo Federal por ser omiso solidario en su actuación endosada a la CNBV.

El artículo primero del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (RSCNVB), en su Título Primero, relativo a las Disposiciones Generales, Capítulo Único, establece claramente que:

“El presente Reglamento tiene por objeto regular el ejercicio de la función de supervisión que compete a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las entidades y entidades financieras a que se refiere el artículo 3, fracción IV de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, federaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, fondos de protección a que aluden la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y la Ley de Ahorro y Crédito Popular, oficinas de representación de entidades financieras del exterior, así como personas físicas o morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero”.

Si, han leído bien, es obligación directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, regular las actividades de todas las Sociedades Financieras Populares (sofipos), de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (socaps) y de las personas físicas o morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

La función de supervisión de la CNBV comprende el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y corrección que la Ley le confiere, facultad basada en la medición de riesgos. Tampoco los hubo.

Me pregunto, cuantas disposiciones, comunicados, reglas de operación o manifiestos existieron, por lo menos en el caso Ficrea, cuantos para prevenir la salida masiva de recursos, cuantos avisos hubieron desde el primer momento que se ubicaron movimientos extraños, ¿que sanciones no solo se impusieron sino se cumplimentaron en el responsable?, ¿que medidas extremas se tomaron para evitar la continuidad del delito?, y más aún, a sabiendas de que, inclusive, se emitía una doble documentación que supuestamente garantizaba la inversión del cliente, una concedida por Ficrea y otra por Leadman Trade, que efectos correctivos estableció la CNBV, cuantos más la CONDUSEF, ¿cuantas sanciones se impusieron?.

El artículo 4, del RSCNBV, exige a la Comisión que para efectos de su inspección se deberán realizar visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las Entidades Supervisadas o Personas, con el objeto de comprobar el estado en que se encuentran estas últimas, incluyendo la situación sobre su liquidez, solvencia y estabilidad, así como el adecuado cumplimiento de las disposiciones aplicables.

¿En verdad, la CNBV y/o la Federación Atlántico Pacífico, organismo encargado de ejercer la supervisión de manera auxiliar, realizaron visitas físicas en las instalaciones de Ficrea?, ¿cuántas?, a partir de cual, se dieron cuenta de los movimientos raros, que medidas implementaron, o…, ¿habiendo sabido de esos movimientos…, se hicieron de la vista gorda?, peor tantito.

La Federación Atlántico Pacífico, de René Fausto Morales (http://www.fap.org.mx/contacto.html) es un organismo de integración encargado de ejercer la supervisión auxiliar de entidades como Ficrea y Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, bien se puede tratar de otro cómplice solidario, de un responsable indirecto (auxiliar) en la omisión de supervisión, aunado a que también forma parte del listado de ahorradores defraudados de la Financiera, en consecuencia no nada más un tal Rafael Olvera resultará responsable, mucha gente involucrada y mucha más que hasta ahora la Procuraduría General de la República no ha querido mencionar, gran tarea sancionadora en el Congreso Legislativo.

Hablando de sanciones, previo a la resolución de clausura de operaciones y liquidación de la empresa Ficrea, la CNBV debió establecer un pequeño procedimiento, minucioso, dentro del cual probablemente la PGR por conducto de su Unidad de Inteligencia Financiera pudieron haber procedido en contra del responsable, y tratándose de labores de inteligencia, bien pudieron establecer una estrategia a partir de las facultades concedidas a la Bancaria por el artículo 62 del RSCNBV.

Del poderío que por obligación tiene la CNBV está el de intervenir cuando de la información y documentación que haya obtenido en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, se desprendan hechos, actos u omisiones que, a su juicio, puedan implicar una infracción y que, en términos de las mismas, amerite la imposición de una sanción. Entonces, ¿no hubo juicio propio?. Otra negligencia más.

La CNBV debió emplazar a Ficrea, para que en 10 días su administrador manifestara por escrito lo que a su derecho convenga, ofreciera pruebas de los ilícitos ubicados y formulara sus alegatos, ¿dónde está este procedimiento, y no me refiero al previo inmediato a la liquidación, hago referencia al momento en que, justamente la Comisión y Condusef se dieron cuenta de las primeras atrocidades financieras ilícitas de Ficrea y sus secuaces. Otra desidia de la Comisión.

Si a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de Mario Di Costanzo, le correspondía leer las letras pequeñitas de los contratos de crédito, de ahorro o de inversión existentes entre Ficrea y sus clientes ahorradores y… terceras personas, sean físicas o morales, entre ellas Leadman Trade y otros (estos últimos considerados como personas físicas o morales diversas, quienes realizaban actividades previstas en la leyes relativas al sistema financiero, hasta donde la información del interventor se sabe), como fue que se toleró, se permitió y hasta se protegió cada uno de los movimientos bancarios por varios miles de millones de pesos en tan corto tiempo, ¿cómo?, o más bien ¿porqué, se protegió esta actividad ilícita?. Anoten una omisión más.

¡¡¡Bingo!!!, entonces ¿culpable también lo es el Ejecutivo Federal, cierto?, de este Poder depende la CNBV, la Condusef y hasta la propia Federación en una distribución del organigrama de la Administración Pública Federal, es partícipe solidario el titular del ejecutivo federal, del delito de cada uno de los funcionarios que no hicieron su labor de  s u p e r v i s i ó n de conformidad con el RSCNBV, o nada más los titulares de estas apáticas instituciones; todos son responsables solidarios por omisión por igual o algunos más y otro menos. Claro que todos, por igual, son responsables.

Corresponderá al grupo de trabajo plural del Congreso de la Unión, el lograr establecer los procedimientos de investigación suficientes y necesarios, para que se logren los elementos que habrán de fincar estas responsabilidades.

Tomen esta entrega como soporte de lo que el grupo de trabajo legislativo tiene por hacer y obliguen al legislador a que puntualice su intervención basado en este fundamento y el que surja y el que de manera conjunta logren obtener, más no debe quedar nadie sin merecer sanción por mínima que sea.

Esta ilustración y fundamento debe estar en la mesa del grupo de trabajo plural del Congreso de la Unión, debe formar parte esencial de los trabajos para fincar responsabilidades inmediatas, la víctima debe exigirlo.

Solo los abogados especialistas en materia penal, sabrán y coincidirán que estos elementos serán básicos para fincar responsabilidad penal inclusive, hasta en el ejecutivo federal, por permitir la existencia de funcionarios tan neófitos en materia de regulación, supervisión y prevención del delito en agravio de millones de ahorradores, no nada más de los de Ficrea.

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Como trabajar en favor de víctimas de la Financiera Ficrea

Por Mario Herrera

Presidente y Fundador de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C.

Grupo de Trabajo Legislativo

Se ha conformado el ‘grupo de trabajo’ en la Cámara de Diputados, que habrá de intervenir en la investigación, estudio y en su caso, probable salida de resarcimiento de daños derivado del fraude cometido por el administrador de la Financiera Popular Ficrea, así sucederá también, en los próximos días en el Senado, restaría entonces saber cual de ellas fungirá como cámara de origen y arrancan trabajos, seguro estoy que, el trabajo conjunto interpartidista logrará una modificación general a las legislaciones integrantes del sector de ahorro y crédito popular.

Mal harían en proponer modificaciones al vapor o seguir generando falsas expectativas en el defraudado, se trata pues de por fin, dedicarse de lleno como representantes populares, a trabajar a fondo y conciencia en todas las carencias que no solamente presenta la actual Ley de Crédito Popular sino que, habrá de aprovecharse el momento financiero histórico para amarrarle las manos a todos esos administradores de sociedades populares y evitar desastres monetarios en adelante.

Este esfuerzo legislativo traerá, la respuesta a todas y cada una de las interrogantes y dudas de los ahorradores que han resultaron afectados, será la oportunidad del ahorrador para hacer valer su posición de víctima en las mesas, las modificaciones y adecuaciones legislativas deberán contener en especial, los candados suficientes y necesarios para lograr de una vez por todas, aterrizar la operación de las sociedades financieras al ámbito ‘popular’.

Quitarle el negocio compartido y las riquezas exorbitantes a las SOFIPOS, deberá estar en mente de cada uno de los integrantes de la mesa.

Todos los patrones de conductas anteriores deberán formar parte del amplio y delicado estudio y análisis a atender en el considerado más grande fraude en la historia de las Sociedades Financieras Populares del País, Ficrea es el parte aguas y el pretexto idóneo para actualizar Leyes en el sector.

Sin embargo, el grupo de trabajo legislativo, también tiene otra gran encomienda, la principal considero, buscar, gestionar y lograr la mejor salida de resarcimiento de daños para los afectados, una labor difícil más no imposible, si se sabe trabajar en verdadero equipo político, la solución está al alcance inmediato del legislador y tiene que hacerlo en el corto, muy corto plazo para impedir un efecto dominó en el resto de las financieras populares y en consecuencia y desastre económico que ya se comienza a gestar.

El grupo de trabajo, deberá esclarecer, quien o quienes resultaron los responsables directos e indirectos de la comisión del delito y sus sanciones ejemplares, deberá determinar en que falló la Ley y sus enmiendas históricas y retroactivas, deberá dejar en claro si Instituciones como el Tribunal Superior de Justicia el Distrito Federal o Gobiernos Estatales o Municipales, Políticos y personajes famosos pueden y deben ser candidatos populares para invertir en estas sociedades; los topes máximos otro paquete, de vital importancia para impedir inversiones por arriba del seguro de garantía en beneficio del propio ahorrador y de la sociedad.

Proceso para el resarcimiento de daños.

Urgente es la atención de esos miles de afectados con ahorro modesto y dentro de las esferas del sector de Crédito Popular, inteligencia es lo que deberá predominar en el grupo compuesto con legisladores de todas las bancadas de los partidos políticos y ya saber que la gran mayoría de los afectados tiene en promedio 1.5 millones de pesos, sobre esta base se debe conducir si se quiere una salida pronta del problema.

Segmentación los montos.

Conformar 3 grupos de personas, será la mejor y más rápida salida para resarcir de daños a los afectados, aquellos que cobran por seguro de garantía actual (montos menores a 25 mil UDIS), los que tienen por debajo del millón y medio de pesos invertidos y uno último de montos mayores a 1.5 millones de pesos.

Utilizar el proceso de pago actual (hasta 25,000 UDIS), fideicomiso aperturado con fondos de las mismas SOFIPOS y para los montos mayores a este tope, se deberá cubrir con el producto obtenido de la venta de activos, con lo cual se evitaría el rescate por parte del Estado con fondos del erario y se cubriría al 100% a la totalidad de afectados.

Montos hasta 25,000 UDIS.

El legislador tiene una gran tarea para urgir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ordenar, vigilar y supervisar se entregue de manera inmediata los cheques de todas aquellas personas que han solicitado el seguro de garantía, la tarea de la CNBV no ha terminado sino hasta que se cubra el último peso a los afectados.

En la medida en que se cubra la totalidad de los seguros de garantía, se logrará certeza jurídica en el proceso y confianza en la sociedad ahorradora, deberá ser el primer punto en la agenda del grupo de trabajo, el proceso ya existe, ya está establecido, y la mecánica de pago ya se conoce, luego entonces solo es lentitud y burocracia en la emisión de cheques la que se debe agilizar.

De pagarse estos montos que no le cuestan al Gobierno, se estaría dando un gran paso y muy solido en la componenda del conflicto, poner módulos de atención adicionales, ventillas de trabajo o cualquier soporte mecánico que pueda aclerar la entrega de este dinero al cual tienen derecho por Ley cada uno de los ahorradores.

Existen personas de la tercera edad, madres solteras, gente sin trabajo, discapacitados, y otras más con un sin fin de necesidades, y que estos aproximados 131 mil pesos podrían enderezar su situación económica de manera temporal, necesario entonces, implementar medidas más prácticas y estrictas para no tardar tanto el pago de este dinero, no debe ser superior a 30 días más la conclusión de este proceso de pago de seguro.

De 25,000 UDIS a 300,000 UDIS.

Ya sabemos y ha quedado claro que con el cobro del seguro de garantía no se han de perder los derechos para reclamar el dinero remanente, la Ley así lo contempla y nada ni nadie habrá de impedir que puedan reclamar con posterioridad los montos que se tengan por arriba de los 25,000 UDIS, sin importar el monto ahorrado o invertido que se cobre inmediato y que se establezca el método por el cual habrá de descontarse el mismo de cualquiera de los procesos que se implementen para el resarcimiento del resto invertido.

Se propone entonces que, se aperture un segundo grupo de afectados que con independencia de que ya hayan cobrado el seguro de garantía a que tienen derecho, tengan hasta un millón y medio de pesos en promedio ahorrados o invertidos, cantidad que bien cabe en el rubro popular.

Una modificación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular en su artículo 105, párrafo segundo, ayudaría a este grupo de personas, la actual ley establece:

“El Fondo de Protección tendrá como fin primordial, procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador a que se refiere el inciso a) de la fracción I del Artículo 36 de la presente Ley, en los términos establecidos por el Artículo 112 de la misma, hasta por una cantidad equivalente a veinticinco mil UDIS, por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Sociedad Financiera Popular, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil”.

 

Para quedar, de la siguiente manera:

 

“El Fondo de Protección tendrá como fin primordial, procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador a que se refiere el inciso a) de la fracción I del Artículo 36 de la presente Ley, en los términos establecidos por el Artículo 112 de la misma, hasta por una cantidad equivalente a trescientas mil UDIS, por persona física o moral, siempre y cuando las operaciones a su favor y se encuentren ajustadas al objeto social y de operación y a cargo de la misma Sociedad Financiera Popular, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil”.

Con esta modalidad y a sabiendas que los recursos habrán de salir de las Sociedad Financieras Populares y no del erario público conforme a lo establecido por el artículo 105 de la LACP, facultado al Comité Técnico del Fondo de Protección para agilizar de igual manera el proceso de pago en su momento.

Se calcula que así, se podrá resarcir del daño causado por el fraude, a más del 80% de afectados y no se causaría agravio alguno a la sociedad en general con ningún rescate, no se violentaría de ninguna manera al resto de ahorradores y se recuperaría la confianza en el resto de los clientes de las SOFIPOS que se encuentren en igualdad de circunstancias de inversión.

No se criminaliza tampoco a los ahorradores e inversionistas de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP´S) por ejemplo, ya que se trata de cuestiones completamente distintas una de otra, mientras en cajas de ahorro sabemos que el fideicomiso se apertura con recursos al 40% del Gobierno Federal, 30% del Gobierno Estatal y otro 30% que le corresponde al ahorrador en igualdad de riesgos; en SOFIPOS el recurso proviene de las mismas Financieras, lo cual es muy justo.

Montos mayores a 300 mil UDIS.

 

Se podría decir que es aquí donde se darán los conflictos por las cantidades que se tienen invertidas y que algunas de ellas pudieran inclusive estar en la mira de las autoridades por los orígenes, pero siendo los menos, se podrá tener un mejor control de investigaciones respectivas y el establecimiento de una mecánica para el resarcimiento de daños a partir de lo asegurado en activos y también pasivos de Ficrea.

Si, se acepta que este proceso puede resultar el más lento y el más tedioso, pero se propone tener cuidado en las políticas públicas y metodología con sanciones que se pongan en la mesa, para obligar a los involucrados a lograr a la brevedad posible la conjunción de tareas a fin de aseguramiento total de bienes y luego la venta de los mismos, para conformar el fideicomiso necesario que habrá de resarcir el daño.

Confianza en la mesa de trabajo legislativa.

No será un trabajo fácil, ni inmediato, pero si pondrá solución al problema, confianza en este grupo legislativo se recomienda, inteligencia y sobre todo participación activa de los interesados.

Deberá salir de este grupo de trabajo no en una sino en varias iniciativa de reformas no solamente a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, sino a las leyes relacionadas y con referencia a la economías solidaria, debe prevalecer el concepto propulsor de este tipo de sociedades, y que si se han cometido errores, se enmienden, se cubra lo correspondiente a la gente de buena fe y se proteja a futuros ahorradores de no repetir la historia.

El diputado federal Héctor Gutiérrez de la Garza por Nuevo León del Partido revolucionario Institucional, ha expuesto una de las más atinadas y congruentes intervenciones del tema ha indicado que “desde la propia comisión permanente se tuvo la intención y se precisó que se integrara un grupo de trabajo, por un representante de cada grupo parlamentario como de diputados como de senadores; es decir, están representadas todas las fuerzas políticas para trabajar en dos vías”.

Establezca de inmediato un procedimiento para tener una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular es su propuesta, e indica que la actual “es laxa y no tiene absolutamente nada de crédito popular”, por primera vez una opinión conocedora, y pone a temblar a quienes tienen ahorros por más de 100 millones de pesos, indicando que “de ninguna manera es la naturaleza de un crédito popular”.

La intención de este legislador es trabajar en dos vías una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, que “modifique además que el fondo que se establece de protección; es decir, ese seguro que tanto se ha manejado de 25 mil UDIS, que es aproximadamente 130 mil pesos y que en este momento no se ha estado pagando con la celeridad debida, dado que este fondo no tiene toda la infraestructura para realizarlo de inmediato”.

Es poder aplicar la reforma en beneficio de los ahorradores de Ficrea, principalmente, “… aquellos ahorradores de montos menores, hablando de alrededor de medio millón de pesos y poder aplicar la ley, retroactivamente, en este caso en beneficio de diversas personas”.

Gutiérrez de la Garza, integrante del grupo de trabajo Ficrea ha sido, hasta donde se recuerda, el único que ha tenido la valentía de asegurar que “los ahorradores de menor cuantía, son los más importantes, los demás esperarían el proceso de liquidación de los activos de Ficrea que se vayan adquiriendo, localizando; pero por lo pronto que el mayor grueso de esos ahorradores tengan una respuesta lo más pronto posible y eso lo podemos hacer con voluntad en el mismo mes de febrero”.

Firmar contratos con abogados, ¿necesario?.

Definitivamente no. No es necesario firmar contratos tendenciosos y onerosos con ningún abogado dado que el grupo de trabajo ya integrado en la Cámara de Diputados tendrá la tarea entre otras, de analizar las mecánicas probables para modificar la legislación y en consecuencia se beneficien la mayoría de los ahorradores afectados, por tanto, no se requiere de la representación de ningún abogado a menos que se pretenda ejercitar acciones por cuenta propia para montos mayores.

Si las bases para el resarcimiento de daños, y las modificaciones a la ley las establecerá el Congreso y el trámite de entrega de cheques lo establece el Ejecutivo, no veo el momento en que firmas de abogados habrán de intervenir para generar un honorario o comisión de lo recuperado, tengan cuidado.

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