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1,500 empresas diversas operan como cajas de ahorro en México

Por Mario Herrera

Abogado y activista social en Oaxaca.

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Se estima que que en México, aproximadamente unas 1,500 empresas constituidas la mayoría en Sociedad Anónima han operado y siguen operando exactamente igual como lo hace una caja de ahorro, es decir, captan recursos del público al que llaman cliente o socio, para supuestamente destinar el dinero a favor de ellos mismos, cuando están impedidas para ello.

Una Sociedad Anónima es aquella que existe bajo la denominación S.A. y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones, según el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, más nunca para captar recursos como Cooperativa de Ahorro y Préstamo, motivo por el cual están impedidas para operar como SOCAP, según la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y su reglamento.

Entre las empresas que operan similares a una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SOCAP), están Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL) e inclusive comercios dedicados a la venta de productos diversos y hasta Inmobiliarias.

Estas empresas están impedidas para captar recursos del público ahorrador como si lo fueran cajas de ahorro, así como también están impedidas para dar préstamos y créditos de cualquier especie, haciéndolo, estarían violando lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y sus afines, pero ninguna autoridad ha tenido los tamaños para pararles un alto.

A pesar de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, están obligadas a actuar con todo el rigor de la ley cuando de estas prácticas delictivas se trata, jamás lo han hecho y por el contrario siguen permitiendo que se multiplique el negocio causando gravísimos daños en las familias de escasos recursos.

La Comisión debió haber actuado en consecuencia muy a tiempo y haber evitado esta catástrofe financiera en las familias pobres, debió implementado los operativos necesarios para impedir este tipo de prácticas ilícitas, obligación que tiene según le ordena el artículo 4, fracciones I, XVI y XVII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que establece:

Artículo 4.- Corresponde a la Comisión:

  1. Realizar la supervisión de las entidades financieras; del fondo de protección a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; de las Federaciones y del fondo de protección a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las Leyes relativas al sistema financiero.

XVI.- Investigar aquellos actos de personas físicas así como de personas morales que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables;

XVII. Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevea en las leyes, la negociación, empresa o establecimientos de personas físicas o a las personas morales que, sin la autorización correspondiente, realicen actividades que la requieran en términos de las disposiciones que regulan a las entidades del sector financiero, o bien proceder a la clausura de sus oficinas.

La autoridad reguladora, en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligación de supervisar, investigar y ordenar la suspensión de operaciones de aquellas personas diferentes a una Entidad Financiera o Cooperativa y que realicen actos exclusivos de de estas sociedades, al no cerrar las puestas de estas empresas, entonces conlleva una responsabilidad de carácter penal en la Autoridad Reguladora por la magnitud de la problemática generada en perjuicio de miles y miles de ahorradores populares.

Al no llevarse al cabo esa supervisión, se está entonces, atentando contra la seguridad jurídica de las personas lo que se traduce violatorio de las garantías individuales consagradas en el artículo 25 constitucional.

Ante toda esta responsabilidad del Estado y resultando inútil su actuación de regulación, supervisión y verificación, se debe trabajar en una inmediata modificación de la norma exclusiva de fraudes cometidos por de las Sociedad Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la Ley FIPAGO, y ampliar esta consideración para aquellas empresas diversas de las cajas de Ahorro, con independencia de las acciones que ejerzan las víctimas de este delito.

La actual Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, establece que:

ARTÍCULO 7º.- Las Sociedades Objeto de esta Ley, se dividirán en:

  1. Sociedades de tipo “I”: a) Sociedades de Ahorro y Préstamo que se hayan constituido conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; b) Sociedades Cooperativas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo que se hayan organizado conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; c) Asociaciones y Sociedades Civiles que hayan realizado operaciones de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; d) Sociedades de Solidaridad Social a que hace referencia la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones ni activas ni pasivas y, e) Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que hubiesen sido clasificadas en categoría D, por el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección previsto en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Primero o la fracción II del Artículo Tercero Transitorios de esta última que estén o no realizando operaciones activas y pasivas.

La modificación urgente y necesaria sería el ampliar el abanico de sociedades consideradas para el resarcimiento de daño e incluir a todas aquellas figuras jurídicas que, hasta hoy hayan operado similares a una Cooperativa de Ahorro y Préstamo.

Si es Estado es responsable de la perdida del dinero de los socios ahorradores al no haber realizado su tarea de supervisión para advertir a tiempo o actuar en consecuencia, entonces es el Estado en que debe responder de las pérdidas patrimoniales de ese garrafal error.

La manera más pronta y apegada a las necesidades de la población defraudada es hacer de la Ley de FIPAGO una legislación incluyente y que no discrimine a ningún ahorrador cuya empresa a la cual hayan confiado sus ahorros haya operado como caja de ahorro.

Un total de 20,000 ahorradores del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C., solicitarán al Gobierno Federal por conducto de los candidatos al Gobierno de Oaxaca que los incluya en la actual legislación y se comprometan sin excusa alguna a lograr la reforma a la Ley de FIPAGO para ayudar a estas familias desamparadas.

Sin esta modificación a la legislación actual, estas familias defraudadas no podrán recibir los beneficios que el resto de ahorradores que si entran a FIPAGO, de ser necesario unirán esfuerzos las víctimas de este delito con las de otros afectados en igualdad de circunstancias de otras entidades del País para obligar al Gobierno Federal a que responda y pague el daño que causó por su falta en la supervisión y vigilancia en estos ilícitos.

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CONDUSEF DA A CONOCER NUEVO MICROSITIO CON INFORMACIÓN DE 707 CAJAS DE AHORRO Y 48 SOFIPOS

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), dio a conocer su nuevo Micrositio del Sector de Ahorro y Crédito Popular, a fin de que el público en general conozca las entidades que conforman este importante sector, sus características, marco jurídico, similitudes y diferencias con el sector bancario, así como temas de educación financiera.

El nuevo Micrositio, al cual se puede acceder desde la página web de CONDUSEF, brinda información de las entidades autorizadas, las que están impedidas de captar y las que se encuentran en proceso de consolidación, además de consejos, preguntas frecuentes, marco legal, entre otra información de interés.

El Sector de Ahorro y Crédito Popular, de acuerdo a la última información disponible, atiende a 9.5 millones de clientes o socios, cuenta con una red de 2 mil 924 sucursales y tiene activos valorados en 129 mil 746 millones de pesos.

Las cajas de ahorro forman parte del Sistema Financiero Mexicano, por lo que para su operación requieren autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) –excepto las de nivel básico-. Al mes de mayo de 2015, existen 144 autorizadas, las cuales cuentan con un Seguro de depósito de 25 mil UDIS, es decir, aproximadamente 132 mil pesos por persona.

De acuerdo con el Registro que administra el Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP), al mes de mayo pasado, el Registro Nacional Único de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (RENSOCAP) cuenta con 707 entidades inscritas, que tienen poco más de 6.6 millones de socios cooperativistas y cuentan con activos por casi 105 mil 600 millones de pesos.

En el micrositio del sector de ahorro y crédito popular, también se puede conocer la ubicación, operaciones y número de socios de las Cajas que se encuentran en proceso de consolidación (36), esto es, que deberán vender sus activos o fusionarse con otras entidades financieras, así como aquellas que están impedidas de captar ahorro del público (69) y que deben buscar el apoyo del FIPAGO, para encontrar  un mejor proceso de salida en protección de sus ahorradores. Estas entidades por no estar autorizadas no cuentan con el beneficio del Seguro de Depósito.

Además de las 144 autorizadas, existen 47 Cajas de Ahorro que presentaron su solicitud de autorización y se encuentran en procesos de revisión (con 481 mil socios). Sin embargo, hay que señalar que en tanto no sean autorizadas, los socios de estas cajas, tampoco cuentan con el Seguro de Depósito.

El Micrositio también contiene información relevante de las SOFIPOS, que son sociedades con fines de lucro y su objetivo es promover la captación de recursos, así como colocarlos mediante préstamos o créditos al público en general. Se integra por 48 entidades, de las cuales cuatro todavía no inician operaciones.

En su conjunto, las SOFIPOS cuentan con 2.9 millones de clientes de acuerdo con información oficial de 2014, tienen una red de sucursales de 1,014 y cuentan con activos de casi 24 mil 200 millones de pesos.

Finalmente,  CONDUSEF invita al público que desee ahorrar o ya que sea socio de una Caja, a tomar en consideración las siguientes recomendaciones y así evitarse riesgos con su patrimonio:

  • Consulta el Micrositio del Sector de Ahorro y Crédito Popular, el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF, o bien el FOCOOP en www.focoop.com.mx  para cerciorarse de que la caja en la cual se desea ahorrar, esté registrada; en caso contrario evita depositar dinero en ella ya que está realizando una captación irregular, y por lo tanto, deberá ser denunciada ante el Ministerio Público o bien notificarlo ante la CNBV (mediante un escrito dirigido a la Dirección General de Visitas de Investigación, ubicada en Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, México D.F.).
  • Realiza preferentemente operaciones con alguna de las 144 Cooperativas o 48 SOFIPOS que están autorizadas y supervisadas por la CNBV, y que cuentan con un Seguro de Depósito a los ahorros por hasta 25 mil UDIS, es decir, aproximadamente 132 mil pesos por persona.
  • Las Cajas que se encuentran en proceso de autorización, no pueden garantizar que serán autorizadas y por lo tanto representan un riesgo, pues mientras no sean autorizadas no cuentan con un Seguro de Depósito.
  • Si eres socio de una Caja, ejerce tus derechos. La Caja deberá entregar el certificado que los acredita como socios, los cuales deberán ser invitados y participar  en las asambleas generales con voz y voto, en la toma de decisiones de la sociedad.
  • También deben participar en la elección de consejeros de la sociedad, ya que éstos serán sus representantes para aprobar las políticas con las que se manejará la Caja.

CONDUSEF continuará informando al público en general y a los socios actuales y futuros de las cajas de ahorro, a fin de que conozcan mejor las acciones y cuidados que deben tomar en cuenta, durante el proceso de salida ordenado de las entidades que no están o no podrán ser autorizadas y que por lo tanto deberán dejar de realizar actividades de captación.

Para cualquier duda o consulta adicional favor de comunicarse a CONDUSEF al teléfono 01 800 999 80 80 o bien, visitar nuestra página de internet www.condusef.gob.mx, también nos pueden seguir en Twitter: @CondusefMX y Facebook: CondusefOficial.

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Foros de consulta sensibilizan problemática en cajas de ahorro apócrifas, autoridades ya actúan

Por Mario Herrera.

Fundación FIDE México.

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  • 44,000 defraudados por cajas de ahorro pendientes de pago, 5 mil millones de pesos fueron defraudados.

Luego del inicio y desarrollo de varios foros de consulta entre instituciones financieras, legisladores y defraudados por cajas de ahorro, autoridades hacendarias, parece que ahora si ya se ha comprendido la importancia y temeridad social en el desequilibrio entre las reglas de operación propuestas para pagar a afectados de la Sociedad Financiera Popular Ficrea contra las reglas ya existentes para resarcir del daño a defraudados por cajas de ahorro.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha girado instrucciones y se ha coordinado con funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la CONDUSEF a efecto de arrancar una férrea lucha contra empresas dedicadas al ahorro y préstamo popular conocidas como cajas de ahorro para que en caso de no cumplir con la reglamentación actual, sean clausuradas de inmediato, esto a partir de la exigencia que hicieran los defraudados al Senador Benjamín Robles.

Esta labor sabemos, se debió emprender a partir de que se aprobó la Ley regulatoria para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) en 2009, inclusive antes, más los defraudados consideran que a pesar de la tardanza en ello, de llevarse al cabo en esta rigurosa tarea, será un gran avance para ir enmendando poco a poco las irregularidades en el sector.

Es importante que se garantice la seguridad jurídica del dinero del ahorrador y así se pidió el pasado 25 de mayo, dentro del foro “Hacia un marco legislativo que garantice la restitución de daño y la seguridad del ahorro e inversión popular”, promovido y encabezado por el Senador por Oaxaca Benjamin Robles Montoya, hasta el momento el legislador más comprometido en la corrección de errores generados por el Grupo Bicameral que intentó resolver el problema de Ficrea, sin éxito y que solo lesionó todavía más la desgracia de esa pobre gente ahorradora de la tercera edad.

El foro tuvo verificativo en el Senado de la República y de manera aleatoria se estará llevado a interior de la República, con la intención de seguir sensibilizando a las autoridades en el problema que aqueja a cajas de ahorro, separándolo del tema Ficrea, y así lo estamos logrando.

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Hoy, el afectado por fraudes cometidos por Cajas ya es tomado en cuenta, hoy ya se sabe de ese dolor, de su existencia, los foros han servido para proponer de manera conjunta y unida para resolver el problema entre autoridades y sociedad afectada.

Ahorradores Defraudados de Oaxaca en su lucha ya añeja de más de más de 6 años, pidieron dentro del foro “Hacia un marco legislativo que garantice la recuperación y se seguridad de nuestro ahorro” organizado en Oaxaca, 3 puntos claves de ataque:

  1. Separación de mecanismos de pago y consideraciones legales entre SOFIPOS y SOCAPS, en el decreto que se encuentra en estudio en el Senado.
  2. Regularización y en su caso cierre de cajas apócrifas y sin registro que existan en México.
  3. Homologación de reglas de operación para todo el sector de ahorro y crédito popular.

Sobre estas 3 vertientes y bajo el esquema de mesas de trabajo plurales, defraudados de todo el País trabajarán con la Secretaría de Hacienda con el compromiso de atender de manera inmediata cada uno de los acuerdos que se vayan tomando, inclusive la modificación de las leyes en la materia.

Ya se ha agotado y atendido el segundo de los puntos citados que es la desaparición inmediata de cajas de ahorro apócrifas, que son aquellas que no cuentan con registro, y que además, dañan al público ahorrador en su patrimonio, el convenio firmado entre la CNBV y CONDUSEF permitirá el cierre inmediato de todas esas empresas populares que tanto daño hacen a la sociedad.

Dentro de las peticiones de los afectados está también, el prohibir la apertura de cajas de ahorro que no reúnan las condiciones propicias de seguridad para el cliente o socio, esto como prevención del delito, así como la flexibilidad aquellas cooperativas que habiendo solicitado su registro a tiempo, se busque su fortalecimiento y no su desaparición como lo exige el decreto pendiente de revisión.

En los próximos días se llevando al cabo reuniones y mesas de seguimiento con funcionarios de la SHCP, con la intervención directa del Senador Benjamin Robles para dar continuidad y agilización en la restitución de daño a defraudados, etiquetando de manera especial los recursos que habrán de cubrir por lo menos, en Oaxaca, más de 5 mil millones de pesos para 44 mil afectados que faltan de pago.

Los más de 300 mil defraudados por cajas de ahorro en todo México, deben ser resarcidos de los más de 25 mil millones de pesos que les fueron robados con tolerancia del Gobierno Federal que no actúo en consecuencia en ningún caso.

Avanzamos y con gran éxito.

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Grave riesgo de un “estallido social” en México: Mario Herrera 

Entrevista concedida a “Revista Real Politik”.

María de los ÁNGELES NIVÓN

Publicado en marzo 11, 2015.

Opinión

Portada

http://realpolitik.com.mx/opinion/grave-riesgo-de-un-estallido-social-en-mexico-mario-herrera/

Hay en el país hay más de 250 mil defraudados por cajas de ahorro, las cuales no son confiables para invertir.

Personas allegadas al dos veces senador por el PAN, Fauci Hamdam comandan un despacho de abogados que cobra entre 2 y 8 por ciento del monto ahorrado a los afectados.

México, D.F.- Al advertir que en México existe el grave riesgo de un “estallido social y muy fuerte”,  el presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo A. C., Mario Herrera Carrasco confirmó que hay en el país más de 250 mil ahorradores defraudados por cajas de ahorro, las cuales hoy no son confiables para invertir.

El especialista, quien amablemente concedió la entrevista para Real Politik, desde la mesa de un restaurante en San Lázaro, explicó que la inconformidad social que existe, no es únicamente por el caso de Ficrea, viene otro problema más grande como es el de Caja Libertad, que es mayúsculo y la Conducef está a tiempo de poner un alto a esas malas administraciones de estas Sofipos.

A pregunta expresa sobre quiénes son los personajes políticos que mueven a estas empresas fraudulentas, Herrera Carrasco señaló que efectivamente “hay políticos metidos, hay gente de la mafia, gente de muchos intereses partidistas, no sólo en Ficrea, también en Caja Popular Mexicana”.

Sobre este tema, reveló que hay un grupo panista comandado, inclusive, por un mismo ahorrador de nombre Javier Paz, muy allegado al dos veces senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Fauci Hamdam, los cuales dirigen un grupo muy lucrativo, cuyo objetivo es hacerse del mayor número de defraudados posibles bajo la figura de “daño patrimonial”.

Sin embargo, afirmó que esta figura es falsa, porque no existe el daño patrimonial a partir de que hay un fondo de protección creado por la Ley de Ahorro y Crédito Popular, pero este grupo panista hace creer que bajo esta modalidad, los defraudados terminarán recuperando su dinero y eso es mentira.

Aseguró que el obligado a pagar a los defraudados es el Gobierno y los afectados no tienen que pagar absolutamente nada, empero, el grupo panista al que hace referencia les hacen firmar un contrato “leonino”, haciendo creer a la gente que ellos gestionaron el pago y les cobran entre el 2 y 8 por ciento de honorarios del monto ahorrado.

Este, dijo, es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, de los líderes que están atrás de ellos y si le rascamos un poco más,“no sabes de lo que te vas a encontrar”.

Sólo habría que preguntarse, cuestionó, cómo se le permite a algunas Sofipos tener publicidad carísima en los estadios de Fútbol, como Caja Popular Mexicana que cuenta con programas enteros de televisión, cómo pagan comerciales en Televisa y Tv Azteca, de dónde salen esos fondos.

Lucran con el dinero del pobre

Se lucra, recriminó, con el dinero del pobre, del ahorrador que de buena fe está confiando su dinero a una caja de ahorro, “no es posible que hoy existan 250 mil defraudados en el país, de los cuales, 15 mil son de Sofipos y 10 mil de uniones de crédito”, confirmó el especialista.

Son números muy graves, apuntó, tenemos los documentos con los que podemos acreditarlos y que no son reconocidas por las autoridades, hay 2 mil cajas de ahorro en todo el país que no son confiables, ni siquiera llegan a ser una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo.

Mario Herrera, quien lleva seis años recorriendo las entrañas de los fraudes de cajas de ahorro, y en particular en Oaxaca ha visitado 3 mil 330 comunidades, donde han detectado el mayor número de irregularidades, sostuvo que los requisitos principales para que una empresa de este tipo sea regular, es que cuente con la inscripción ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, caso contrario, es irregular.

Sobre la temática social del país, y luego de las reformas establecidas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el entrevistado se sinceró, y admitió que esperaban una verdadera inclusión financiera, social, popular,donde pedían más atención a grupos vulnerables, marginados y abandonados, pero tal parece que nuevamente se olvidaron de ese sector.

En el tema de las reformas financieras del Presidente Peña, Herrera Carrasco consideró que no han terminado de cuajar al día de hoy, aunque a decir verdad, ni falta hacen, porque estamos igual que hace 10 o 40 años, la gente pobre cada día es más pobre, quienes carecen de las oportunidades de vida que el gobierno no les pone a su alcance.

Catástrofe financiera de grandes dimensiones

Las reformas financieras, despejó, carecen de una verdadera inclusión social, porque siguen quedando fuera y desprotegidos el ahorrador popular y prueba de ello son los fraudes que se siguen cometiendo, puesto que las leyes no contienen los candados debidos y necesarios para amarrar las manos a quienes administran las sociedades.

Al carecer de estas garantías, externó, el ahorrador se siente defraudado y al no poder colocar su dinero en una empresa popular segura, origina que poco a poco vayan sacando sus ahorros de esas cajas y regresen a costumbres de antaño, como es guardarlo bajo el colchón porque lo creen más seguro ahí.

Además al sacar el dinero de las cajas de ahorro o Sofipos, se da el efecto dominó y van cerrando cada una de estas empresas populares, porque se van quedando sin flujo para hacer frente a sus gastos diarios y fijos, señaló.

Apuntó que el hartazgo de la gente es lo que traería como consecuencia un “estallido social”, porque finalmente los ahorradores sacarán su dinero de las cajas y éstas terminarán por quebrar y reventar a las sociedades populares, lo que generaría una catástrofe financiera difícil de enmendar.

Y si la autoridad no ha podido hacer frente a un Ficrea, añadió, qué pasará cuando 6 millones de ahorradores populares en México, pierdan su dinero a manos de administradores irresponsables que son tolerados y apoyados por las propias autoridades financieras.

Hoy es Ficrea, dijo, en la clase pudiente y letrada, ayer fueron decenas de cajas de ahorros de los pobres y mañana si no se modifican para bien las leyes de ahorro popular, el Gobierno habrá devastado por completo al sector más representativo de la economía solidaria, lo que culminaría en una verdadera catástrofe financiera de grandes dimensiones.

Autoridades incumplen con su responsabilidad

Hace 10 años, recordó, se creó el sector popular para el ahorro, al carecer de instituciones financieras como bancos, en los pueblos  no lo hay, por ello la gente tiene que buscar por sus propios medios dónde invertir y ahorrar, lamentablemente la única opción que se tiene actualmente son las famosas cajas de ahorro.

La gente confía en esas empresas populares porque no hay ninguna autoridad que les informe si la caja es regular o irregular, no hay información ni orientación al ahorrador y menos en las comunidades de la montaña, explicó.

Lamentó que muchos ahorradores hoy no conozcan la Ley de Ahorro y Crédito Popular y esta ignorancia es la que los llevó a desconocer qué pasaba cuándo se perdiera su dinero, se lo robaran, se cometiera un fraude o se tratara de un lavado de dinero, son términos que la gente apenas comienza a empaparse.

El dinero que los ahorradores invierten en este tipo de cajas, tampoco crece, es revolvente entre los propios socios, el dinero se invierte en terceras personas, pero si no existen las garantías para asegurar los créditos, la gente a quien se le otorgó sabe que puede incumplir en los tiempos pactados y máxime si es familiar del administrador, le condonan la documentación alusiva a ese préstamo, detalló.

Estas son algunas de las irregularidades que la Comisión Nacional Bancaria no supervisa a tiempo, cuando cada seis meses debería estar vigilando las operaciones de esas empresas populares, porque es su obligación, pero no lo hace, terminan siendo cómplices negligentes de ese fraude y por tanto son copartícipes del delito que están cometiendo las cajas de ahorro o las Sofipo como Ficrea, concluyó.

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EL CASO FICREA: ¿INGENUIDAD O COMPLICIDAD DEL ESTADO?

Entrevista concedida a portal sinembargo.com Por Daniela Barragán febrero 5, 2015 sinembargo.com Sección Economía http://www.sinembargo.mx/05-02-2015/1239598

¿Ingenuidad o complicidad del Estado? Es el cuestionamiento que se hace tras la estafa a cientos de personas que tenían sus ahorros en Ficrea. Cuatro son las instancias federales a las que abogados, ahorradores y legisladores han señalado como responsables y a las que también acusan por complicidad: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Por este caso hay un antes y un después en el sistema financiero mexicano, que creó la figura de la Sociedad Popular Financiera (Sofipo) –a través del Sector de Ahorro y Crédito Popular– para dar atención de ahorro y crédito a un sector de la población que está marginado de los servicios financieros. En su origen parten de iniciativas dentro de comunidades con ingresos bajos y medios.

Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), las Sociedades Financieras Comunitarias (Sofico) y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP) saltaron al ruedo supuestamente supervisadas y autorizadas por la CNBV. Actualmente, en México existen 143 SCAP autorizadas y 50 en proceso de autorización, 49 Sofipos y una Sofico.

Ficrea reflejó la falta de supervisión y la urgencia de reformar el sistema de ahorro popular en general, tanto para evitar que fraudes de esta magnitud se repitan como para que, en caso de ser necesario, las instancias correspondientes emitan alertas a tiempo a los ahorradores.

Dentro del grupo de ahorradores afectados por el fraude de Ficrea, la mayoría es gente de la tercera edad. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– Desde que salió a a la luz el desfalco de Ficrea, un caso más en la lista de ahorradores defraudados por entidades de ahorro popular, las autoridades concentraron la atención en la figura de Antonio Rafael Olvera Amezcua, el socio mayoritario de esa Sociedad Financiera Popular (Sofipo), y quien fue señalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como el culpable de la desviación de 2 mil 700 millones de pesos, en una maniobra de triangulación de varias de sus empresas, entre éstas Baus & Jackman Leasing, Monka Comercial y Leadman Trade. La CNBV argumentó que dicho monto fue utilizado para transferencias internacionales, para la nómina de 781 empleados de diferentes empresas y para comprar dos inmuebles –uno de ellos un edificio en Londres, Inglaterra–, 52 propiedades más, 104 automóviles (de marcas como BMW, General Motors y Porsche) y gastos en eventos de box, teatro y de la Serie Nascar de automovilismo. Desde 2006, Olvera Amezcua tenía ya un largo historial de acciones poco lícitas con gobiernos como el del priista Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca, y el del también priista Andrés Granier Melo, en Tabasco. La jugada de Olvera exhibió el lento actuar de las instituciones y en las declaraciones de las autoridades que las encabezan se han denotado contradicciones, por lo que en los más de 6 mil ahorradores organizaron un grupo que se maneja bajo una sola consigna: quieren de vuelta el 100 por ciento de sus ahorros y así lo confirmaron a SinEmbargo tanto los ahorradores afectados como los abogados y expertos en el tema. De acuerdo con el abogado Mario Herrera Carrasco, presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo (Fide), que se especiliza en la defensa a personas defraudadas por cajas populares, este caso refleja la urgencia de regularizar a las Sofipos si no “van a seguir cometiéndose fraude todos los días”. Para Herrera Carrasco, este caso aumentará el escepticismo de ahorrar en una figura alternativa que no sea un banco: “El fraude de Ficrea es el mayor del que se tenga conocimiento en materia de Sofipos. Se deja una incertidumbre, un gran hueco en las empresas iguales a Ficrea, que en el efecto dominó podrían comenzar a cerrar en el futuro”. BAJO LA AUTORIZACIÓN DE LA CNBV

Ante el cuestionamiento de ¿qué fue lo que falló?, tanto ahorradores, el abogado Herrera y la Senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna Luna, coinciden nuevamente en que, en primera instancia, la CNBV y la Condusef, a través de sus titulares Jaime González Aguadé y Mario Di Constanzo Armenta, realizaron una mala supervisión de la Sofipo.

De acuerdo con declaraciones de González Aguadé, desde marzo de 2014 comenzaron las investigaciones a Ficrea, ya que se detectó que ocultaba información y otra era falsa. Sin embargo, la CNBV le otorgó prórrogas hasta que la Sofipo dejó de dar información y vino entonces la intervención. En ese periodo, no se informó de nada a los ahorradores y además se permitió que más personas realizaran sus depósitos. “No hay vuelta de hoja. La CNBV es la principal, directa y más abiertamente responsable, no hay otra. Dentro de sus facultades está que tiene que velar y supervisar. Mientras le dio prórroga [a Ficrea] de que se regularizara, permitió que se siguiera cometiendo el delito, es decir hay complicidad […] Se otorgaron cuatro prórrogas, según lo dijo Jaime González Aguadé, y ahí está implícita la responsabilidad del titular, eso es responsabilidad penal”, explicó Herrera Carrasco. Por su parte, la legisladora Dolores Padierna agregó que es desde la creación de la Sofipo se permitieron irregularidades. “Ficrea como Sofipo, comenzó a operar con una fórmula piramidal que está prohibida en la ley y que quedó evidenciada después de la crisis de 2008, que es sumamente delicada. Le permitieron trabajar así y atraer cuantiosos volúmenes de recursos de participantes con la oferta de pagar altas tasas de interés superiores a las que soporta la propia institución […] Se permitió trabajar con este sistema de defraudación  y aún cuando la CNBV ya había detectado que Ficrea obligaba a los ahorradores a firmar un doble contrato, uno con ellos y otro con Leadman Trade, desde ese momento debió haber suspendido a Olvera Amezcua y tomar cartas en el asunto para evitar el fraude. “Todavía más grave fue el 7 de noviembre, cuando la CNBV anunció la intervención de las operaciones de Ficrea y hasta el 19 de diciembre que de forma tardía le revoca la autorización de operar […] Esto se hizo de la mano de la CNBV. Queda claro que es una connivencia, una colusión, fue omisa o no revisó. Deliberadamente que se permitió a Ficrea elevar el número de personas que finalmente fueron defraudadas”, expuso Padierna Luna. Hasta octubre de 2014, Ficrea SA de CV contaba con 6 mil 633 clientes ahorradores y 6 mil 724 clientes acreditados, lo que significaba un crédito total de 6 mil 284 millones de pesos; además, se calcula, las transferencias a empresas llegaron a los 5 mil 900 millones de pesos. Según la información de la CNBV, Ficrea hacía firmar a sus clientes dos adeudos: uno con esa empresa y otro en Leadman Trade, pero los clientes sólo recibían el monto suscrito una vez. El primer contrato era firmado en la Sofipo, el cual se documentaba como un crédito, y el segundo en Leadman, donde se documentaba como una arrendamiento puro. Incluso se daba a los clientes una carta donde se mencionaba que la firma del crédito en Ficrea sólo servía como un trámite administrativo ante las autoridades financieras. Esto permitió construir una base de créditos en la Sofipo que no tenía sustento económico, pero que funcionaba para respaldar información contable y para que la transferencia de recursos a otra empresa no fuera supervisada. El 98 por ciento de la cartera de crédito originada por Ficrea se canalizaba a través de Leadman, y ya no se presentaba información de soporte. LAS LETRAS CHIQUITAS QUE NI LA CONDUSEF VIO “Se tiene que trabajar en saber en qué se falló Ficrea. Según la CNBV y la Condusef, dicen que se vieron engañados y ahí hay responsabilidad absoluta penal, civil y social, ya que reconocieron el engaño, cuando desde marzo de 2014, Ficrea ya no entregaba informes, ya no rendía cuentas, no se sabía a dónde iba a parar el dinero, ya estaba maquillando los informes”, afirmó Mario Herrera. De acuerdo con su portal de Internet, la Condusef promueve y difunde la educación y transparencia financiera para que los usuarios tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en el sistema financiero mexicano. Mario Di Constanzo ha señalado en reiteradas ocasiones que este caso deberá reforzar las acciones de la Comisión, y ahora cataloga sus actuación como de conciliadora entre ahorradores y gobierno. “La Condusef debió haber actuado desde antes de que sucediera el problema: dando información a los ahorradores, rindiendo informes, presentar denuncias correspondientes, impugnaciones o reclamos y no sólo dedicarse a interpretar las letras chiquitas. Es una comisión nacional y fue creada y facultada para ayudar al ahorrador a procurar el bien en su ahorro y evitar riesgos”, dijo el abogado entrevistado por SinEmbargo. A lo largo de casi tres meses de marchas, mítines y reuniones, algunos ahorradores han comentado que antes de invertir en Ficrea recurrieron a la Condusef y no recibieron ninguna información negativa. Martha Hernández, una de las ahorradoras que está presente en todos los actos de protesta, acusa que tanto González Aguadé como a Mario DiConstanzo, director de la Condusef: “Nos han mentido todo el tiempo. Nadie más que ellos tienen la culpa […] La gente dice que en México no tenemos cultura financiera, pero si no la tuviera jamás habría ahorrado ese dinero, si no la tuviera mis hijos no estuvieran estudiando en escuelas privadas. Toda la vida he trabajado para que ellos tengan una vida mejor, por eso tengo tanta rabia”, afirma. Al igual que Hernández, el señor José Alvarado, que depositó todo el dinero de su jubilación en Ficrea, comentó que se asesoró con la Condusef y la CNBV, y aseguró que le notificaron que no había ninguna situación de riesgo. “Ellos ya tenían sospechas de que algo andaba mal, pero no nos dijeron nada. ¡Eso también es negligencia! Somos ahorradores defraudados por Ficrea pero también por la benevolencia de la Condusef”, acusa. LA OPACA ACTUACIÓN DE LA SHCP y LA PGR El pasado 16 de enero, durante una mesa de trabajo en la que comparecieron los titulares de la CNBV, de la Condusef y Alberto Bazbaz de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se explicó que durante la intervención gerencial que se realizó el 7 de noviembre la PGR aseguró ministerialmente a Leadman Trade, Baus & Jakcman Leasing, sus cuentas bancarias y las de Rafael Olvera Amezcua. Según la información de Bazbaz, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP bloqueó las cuentas a nombre de Ficrea, con lo que se puso un alto al saqueo de los recursos de los ahorradores y fue posible identificar el monto de desvío de recursos que fue de aproximadamente 5 mil 900 millones de pesos. Leadman Trade otorgó arrendamientos por 3 mil 200 millones de pesos a valor contable; ambas cantidades fueron utilizadas para la compra de bienes, carros, gastos de las empresas y transferencias al extranjero. Antes, el 6 de enero, los ahorradores entregaron una demanda dirigida a Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), contra la CNBV órgano que, destacaron, fue cómplice en el robo de sus ahorros, y solicitaron que se les informara sobre el caso de la arrendadora  Leadman Trade, que radica en la Procuraduría. Ese día Julio Rodríguez, uno de los ahorradores afectados, abandonó la mesa de diálogo y al salir de las instalaciones de la PGR comentó que quien los atendió, Rodrigo Archundia Barrientos, Subprocurador Regional de Procedimientos Penales, admitió ante ellos que se había enterado un día antes del asunto por un artículo periodístico, y les solicitó tiempo para informarse. “Le pregunté por qué nos atendía él y no quien llevaba el caso, queríamos que nos explicaran por qué hasta el día de hoy no hay nadie en la cárcel y nosotros ya estamos con un quebranto patrimonial. Él respondió que fue indicación del Procurador que nos atendiera (…) nos están haciendo perder el tiempo. No queremos que sólo nos reciban, nos interesa que nos resuelvan, que actúen y nos den explicaciones, pero no lo hacen (… ) nosotros no vamos a aceptar menos del 100 por ciento  de nuestros ahorros, ¡jamás!. Las autoridades nos están dando largas, se están burlando de nosotros”, expuso Rodríguez. Al respecto, el abogado Herrera pregunta: “¿Qué la PGR no tiene la capacidad para trabajar de manera conjunta con la CNBV para saber a dónde fue a parar hasta el último centavo desde que se abrió la sociedad popular a la fecha? ¿No tiene la capacidad para saber el movimiento del dinero? ¿Complicidad o ingenuidad? Se trata de complicidad que viene de la mano de la ignorancia extrema de cómo debe aplicarse la ley”, asegura. Poco tiempo después de la intervención, la PGR informó que Ficrea desvió al menos 470 millones de pesos entre el 3 y 6 de noviembre pasados, a pesar de que ya estaba siendo investigada por las autoridades. También, el coordinador general de la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, Eduardo Cruz Gómez, aclaró que la investigación a Ficrea arrancó desde el 17 de octubre y que, a pesar de esta vigilancia, la Sofipo realizó la transferencia de 470 millones de pesos por concepto de pago de gastos a su arrendadora Leadman Trade. UN MARCO REGULATORIO INSUFICIENTE Adrián González, ahorrador de Ficrea, comenta que haciendo una lectura al interior de la legislación y del gobierno, se evidencia que existe un marco regulatorio insuficiente y por otro lado, desde el punto de vista del conjunto de ahorradores, lo que ahora debe hacerse es una supervisión más puntual del dinero para que no ocurran estas situaciones que aprovechan los vacíos que la ley deja. “Nosotros consideramos que el trabajo de supervisión de la CNBV fue no preciso, ni correcto y no se hizo en tiempos ni en forma. Como se ha dicho, hay datos que presumían que podría haber irregularidades; las leyes de ahorro y el reglamento  daban elementos precisos para hacer un conjunto de acciones  preventivas, pero como sabemos no fue así”, dijo. El doctor Raymundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Tec de Monterrey, campus Santa Fe, considera que el marco legal da la libertad a las empresas para que actúen “personas sin escrúpulos que se convierten en bichos”. “Las autoridades fueron ingenuas, no tienen brazos ni presupuesto suficiente para auditar todos los días a todas las instituciones a las cuales les fue concedida la autorización para ofrecer un servicio público de banca de crédito”, comentó. Ante el cuestionamiento, sobre una posible crisis en el sistema de ahorro popular, señala que éstas viven en crisis desde hace varios años, “en varios estados se realizaban fraudes de este tipo a mucha gente, y para parar esos actos, se convirtieron en organismos regulados y se supone que entraban así en un marco de vigilancia y supervisión. “Se afecta a aquellos ahorradores que tienen la ilusión  de obtener una mayor tasa de ganancia por su ahorro contra las miserables tasas de los bancos, que no ganan ni siquiera la inflación de estos ni el cete directo, buscan estos organismos. “La burra no era arisca, la hicieron”, asegura. LA POSIBLE REFORMA AL SISTEMA FINANCIERO Mario Delgado Carrillo, Senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), lanzó una iniciativa de reforma a los artículos 101 y 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular que busca aumentar el monto de seguro de recuperación, que actualmente se encuentra en 25 mil Udis (131 mil 500 pesos), a 300 mil Udis (1.5 millones de pesos). De acuerdo con el documento emitido por el Senador, del total de usuarios, sólo el 37. 9 por ciento podría salir beneficiado del pago de 25 mil Udis, pero el 62.1 por ciento restante tenía montos muy superiores a esa cantidad y se verían seriamante afectados, incluso en diferentes eventos y manifestaciones, calificaron la cantidad como inadmisible. En la propuesta también se solicita incorporar las causas imprevistas como mecanismo de activación del seguro. “Es necesario modificar la ley para que el seguro de protección solo aplique, cuando se trate efectivamente de casos imprevistos, aquellos que están más allá de cualquier posibilidad humana. “Pero cuando se trata de casos que la autoridad debió advertir, como fue el caso de Ficrea, el seguro debe cubrir en su totalidad los ahorros de las personas físicas”, se lee en el documento.

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