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1,500 empresas diversas operan como cajas de ahorro en México

Por Mario Herrera

Abogado y activista social en Oaxaca.

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Se estima que que en México, aproximadamente unas 1,500 empresas constituidas la mayoría en Sociedad Anónima han operado y siguen operando exactamente igual como lo hace una caja de ahorro, es decir, captan recursos del público al que llaman cliente o socio, para supuestamente destinar el dinero a favor de ellos mismos, cuando están impedidas para ello.

Una Sociedad Anónima es aquella que existe bajo la denominación S.A. y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones, según el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, más nunca para captar recursos como Cooperativa de Ahorro y Préstamo, motivo por el cual están impedidas para operar como SOCAP, según la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y su reglamento.

Entre las empresas que operan similares a una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SOCAP), están Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL) e inclusive comercios dedicados a la venta de productos diversos y hasta Inmobiliarias.

Estas empresas están impedidas para captar recursos del público ahorrador como si lo fueran cajas de ahorro, así como también están impedidas para dar préstamos y créditos de cualquier especie, haciéndolo, estarían violando lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y sus afines, pero ninguna autoridad ha tenido los tamaños para pararles un alto.

A pesar de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, están obligadas a actuar con todo el rigor de la ley cuando de estas prácticas delictivas se trata, jamás lo han hecho y por el contrario siguen permitiendo que se multiplique el negocio causando gravísimos daños en las familias de escasos recursos.

La Comisión debió haber actuado en consecuencia muy a tiempo y haber evitado esta catástrofe financiera en las familias pobres, debió implementado los operativos necesarios para impedir este tipo de prácticas ilícitas, obligación que tiene según le ordena el artículo 4, fracciones I, XVI y XVII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que establece:

Artículo 4.- Corresponde a la Comisión:

  1. Realizar la supervisión de las entidades financieras; del fondo de protección a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; de las Federaciones y del fondo de protección a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las Leyes relativas al sistema financiero.

XVI.- Investigar aquellos actos de personas físicas así como de personas morales que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables;

XVII. Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevea en las leyes, la negociación, empresa o establecimientos de personas físicas o a las personas morales que, sin la autorización correspondiente, realicen actividades que la requieran en términos de las disposiciones que regulan a las entidades del sector financiero, o bien proceder a la clausura de sus oficinas.

La autoridad reguladora, en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligación de supervisar, investigar y ordenar la suspensión de operaciones de aquellas personas diferentes a una Entidad Financiera o Cooperativa y que realicen actos exclusivos de de estas sociedades, al no cerrar las puestas de estas empresas, entonces conlleva una responsabilidad de carácter penal en la Autoridad Reguladora por la magnitud de la problemática generada en perjuicio de miles y miles de ahorradores populares.

Al no llevarse al cabo esa supervisión, se está entonces, atentando contra la seguridad jurídica de las personas lo que se traduce violatorio de las garantías individuales consagradas en el artículo 25 constitucional.

Ante toda esta responsabilidad del Estado y resultando inútil su actuación de regulación, supervisión y verificación, se debe trabajar en una inmediata modificación de la norma exclusiva de fraudes cometidos por de las Sociedad Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la Ley FIPAGO, y ampliar esta consideración para aquellas empresas diversas de las cajas de Ahorro, con independencia de las acciones que ejerzan las víctimas de este delito.

La actual Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, establece que:

ARTÍCULO 7º.- Las Sociedades Objeto de esta Ley, se dividirán en:

  1. Sociedades de tipo “I”: a) Sociedades de Ahorro y Préstamo que se hayan constituido conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; b) Sociedades Cooperativas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo que se hayan organizado conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; c) Asociaciones y Sociedades Civiles que hayan realizado operaciones de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; d) Sociedades de Solidaridad Social a que hace referencia la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones ni activas ni pasivas y, e) Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que hubiesen sido clasificadas en categoría D, por el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección previsto en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Primero o la fracción II del Artículo Tercero Transitorios de esta última que estén o no realizando operaciones activas y pasivas.

La modificación urgente y necesaria sería el ampliar el abanico de sociedades consideradas para el resarcimiento de daño e incluir a todas aquellas figuras jurídicas que, hasta hoy hayan operado similares a una Cooperativa de Ahorro y Préstamo.

Si es Estado es responsable de la perdida del dinero de los socios ahorradores al no haber realizado su tarea de supervisión para advertir a tiempo o actuar en consecuencia, entonces es el Estado en que debe responder de las pérdidas patrimoniales de ese garrafal error.

La manera más pronta y apegada a las necesidades de la población defraudada es hacer de la Ley de FIPAGO una legislación incluyente y que no discrimine a ningún ahorrador cuya empresa a la cual hayan confiado sus ahorros haya operado como caja de ahorro.

Un total de 20,000 ahorradores del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C., solicitarán al Gobierno Federal por conducto de los candidatos al Gobierno de Oaxaca que los incluya en la actual legislación y se comprometan sin excusa alguna a lograr la reforma a la Ley de FIPAGO para ayudar a estas familias desamparadas.

Sin esta modificación a la legislación actual, estas familias defraudadas no podrán recibir los beneficios que el resto de ahorradores que si entran a FIPAGO, de ser necesario unirán esfuerzos las víctimas de este delito con las de otros afectados en igualdad de circunstancias de otras entidades del País para obligar al Gobierno Federal a que responda y pague el daño que causó por su falta en la supervisión y vigilancia en estos ilícitos.

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CONDUSEF DA A CONOCER NUEVO MICROSITIO CON INFORMACIÓN DE 707 CAJAS DE AHORRO Y 48 SOFIPOS

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), dio a conocer su nuevo Micrositio del Sector de Ahorro y Crédito Popular, a fin de que el público en general conozca las entidades que conforman este importante sector, sus características, marco jurídico, similitudes y diferencias con el sector bancario, así como temas de educación financiera.

El nuevo Micrositio, al cual se puede acceder desde la página web de CONDUSEF, brinda información de las entidades autorizadas, las que están impedidas de captar y las que se encuentran en proceso de consolidación, además de consejos, preguntas frecuentes, marco legal, entre otra información de interés.

El Sector de Ahorro y Crédito Popular, de acuerdo a la última información disponible, atiende a 9.5 millones de clientes o socios, cuenta con una red de 2 mil 924 sucursales y tiene activos valorados en 129 mil 746 millones de pesos.

Las cajas de ahorro forman parte del Sistema Financiero Mexicano, por lo que para su operación requieren autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) –excepto las de nivel básico-. Al mes de mayo de 2015, existen 144 autorizadas, las cuales cuentan con un Seguro de depósito de 25 mil UDIS, es decir, aproximadamente 132 mil pesos por persona.

De acuerdo con el Registro que administra el Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP), al mes de mayo pasado, el Registro Nacional Único de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (RENSOCAP) cuenta con 707 entidades inscritas, que tienen poco más de 6.6 millones de socios cooperativistas y cuentan con activos por casi 105 mil 600 millones de pesos.

En el micrositio del sector de ahorro y crédito popular, también se puede conocer la ubicación, operaciones y número de socios de las Cajas que se encuentran en proceso de consolidación (36), esto es, que deberán vender sus activos o fusionarse con otras entidades financieras, así como aquellas que están impedidas de captar ahorro del público (69) y que deben buscar el apoyo del FIPAGO, para encontrar  un mejor proceso de salida en protección de sus ahorradores. Estas entidades por no estar autorizadas no cuentan con el beneficio del Seguro de Depósito.

Además de las 144 autorizadas, existen 47 Cajas de Ahorro que presentaron su solicitud de autorización y se encuentran en procesos de revisión (con 481 mil socios). Sin embargo, hay que señalar que en tanto no sean autorizadas, los socios de estas cajas, tampoco cuentan con el Seguro de Depósito.

El Micrositio también contiene información relevante de las SOFIPOS, que son sociedades con fines de lucro y su objetivo es promover la captación de recursos, así como colocarlos mediante préstamos o créditos al público en general. Se integra por 48 entidades, de las cuales cuatro todavía no inician operaciones.

En su conjunto, las SOFIPOS cuentan con 2.9 millones de clientes de acuerdo con información oficial de 2014, tienen una red de sucursales de 1,014 y cuentan con activos de casi 24 mil 200 millones de pesos.

Finalmente,  CONDUSEF invita al público que desee ahorrar o ya que sea socio de una Caja, a tomar en consideración las siguientes recomendaciones y así evitarse riesgos con su patrimonio:

  • Consulta el Micrositio del Sector de Ahorro y Crédito Popular, el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF, o bien el FOCOOP en www.focoop.com.mx  para cerciorarse de que la caja en la cual se desea ahorrar, esté registrada; en caso contrario evita depositar dinero en ella ya que está realizando una captación irregular, y por lo tanto, deberá ser denunciada ante el Ministerio Público o bien notificarlo ante la CNBV (mediante un escrito dirigido a la Dirección General de Visitas de Investigación, ubicada en Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, México D.F.).
  • Realiza preferentemente operaciones con alguna de las 144 Cooperativas o 48 SOFIPOS que están autorizadas y supervisadas por la CNBV, y que cuentan con un Seguro de Depósito a los ahorros por hasta 25 mil UDIS, es decir, aproximadamente 132 mil pesos por persona.
  • Las Cajas que se encuentran en proceso de autorización, no pueden garantizar que serán autorizadas y por lo tanto representan un riesgo, pues mientras no sean autorizadas no cuentan con un Seguro de Depósito.
  • Si eres socio de una Caja, ejerce tus derechos. La Caja deberá entregar el certificado que los acredita como socios, los cuales deberán ser invitados y participar  en las asambleas generales con voz y voto, en la toma de decisiones de la sociedad.
  • También deben participar en la elección de consejeros de la sociedad, ya que éstos serán sus representantes para aprobar las políticas con las que se manejará la Caja.

CONDUSEF continuará informando al público en general y a los socios actuales y futuros de las cajas de ahorro, a fin de que conozcan mejor las acciones y cuidados que deben tomar en cuenta, durante el proceso de salida ordenado de las entidades que no están o no podrán ser autorizadas y que por lo tanto deberán dejar de realizar actividades de captación.

Para cualquier duda o consulta adicional favor de comunicarse a CONDUSEF al teléfono 01 800 999 80 80 o bien, visitar nuestra página de internet www.condusef.gob.mx, también nos pueden seguir en Twitter: @CondusefMX y Facebook: CondusefOficial.

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Foros de consulta sensibilizan problemática en cajas de ahorro apócrifas, autoridades ya actúan

Por Mario Herrera.

Fundación FIDE México.

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  • 44,000 defraudados por cajas de ahorro pendientes de pago, 5 mil millones de pesos fueron defraudados.

Luego del inicio y desarrollo de varios foros de consulta entre instituciones financieras, legisladores y defraudados por cajas de ahorro, autoridades hacendarias, parece que ahora si ya se ha comprendido la importancia y temeridad social en el desequilibrio entre las reglas de operación propuestas para pagar a afectados de la Sociedad Financiera Popular Ficrea contra las reglas ya existentes para resarcir del daño a defraudados por cajas de ahorro.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha girado instrucciones y se ha coordinado con funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la CONDUSEF a efecto de arrancar una férrea lucha contra empresas dedicadas al ahorro y préstamo popular conocidas como cajas de ahorro para que en caso de no cumplir con la reglamentación actual, sean clausuradas de inmediato, esto a partir de la exigencia que hicieran los defraudados al Senador Benjamín Robles.

Esta labor sabemos, se debió emprender a partir de que se aprobó la Ley regulatoria para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) en 2009, inclusive antes, más los defraudados consideran que a pesar de la tardanza en ello, de llevarse al cabo en esta rigurosa tarea, será un gran avance para ir enmendando poco a poco las irregularidades en el sector.

Es importante que se garantice la seguridad jurídica del dinero del ahorrador y así se pidió el pasado 25 de mayo, dentro del foro “Hacia un marco legislativo que garantice la restitución de daño y la seguridad del ahorro e inversión popular”, promovido y encabezado por el Senador por Oaxaca Benjamin Robles Montoya, hasta el momento el legislador más comprometido en la corrección de errores generados por el Grupo Bicameral que intentó resolver el problema de Ficrea, sin éxito y que solo lesionó todavía más la desgracia de esa pobre gente ahorradora de la tercera edad.

El foro tuvo verificativo en el Senado de la República y de manera aleatoria se estará llevado a interior de la República, con la intención de seguir sensibilizando a las autoridades en el problema que aqueja a cajas de ahorro, separándolo del tema Ficrea, y así lo estamos logrando.

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Hoy, el afectado por fraudes cometidos por Cajas ya es tomado en cuenta, hoy ya se sabe de ese dolor, de su existencia, los foros han servido para proponer de manera conjunta y unida para resolver el problema entre autoridades y sociedad afectada.

Ahorradores Defraudados de Oaxaca en su lucha ya añeja de más de más de 6 años, pidieron dentro del foro “Hacia un marco legislativo que garantice la recuperación y se seguridad de nuestro ahorro” organizado en Oaxaca, 3 puntos claves de ataque:

  1. Separación de mecanismos de pago y consideraciones legales entre SOFIPOS y SOCAPS, en el decreto que se encuentra en estudio en el Senado.
  2. Regularización y en su caso cierre de cajas apócrifas y sin registro que existan en México.
  3. Homologación de reglas de operación para todo el sector de ahorro y crédito popular.

Sobre estas 3 vertientes y bajo el esquema de mesas de trabajo plurales, defraudados de todo el País trabajarán con la Secretaría de Hacienda con el compromiso de atender de manera inmediata cada uno de los acuerdos que se vayan tomando, inclusive la modificación de las leyes en la materia.

Ya se ha agotado y atendido el segundo de los puntos citados que es la desaparición inmediata de cajas de ahorro apócrifas, que son aquellas que no cuentan con registro, y que además, dañan al público ahorrador en su patrimonio, el convenio firmado entre la CNBV y CONDUSEF permitirá el cierre inmediato de todas esas empresas populares que tanto daño hacen a la sociedad.

Dentro de las peticiones de los afectados está también, el prohibir la apertura de cajas de ahorro que no reúnan las condiciones propicias de seguridad para el cliente o socio, esto como prevención del delito, así como la flexibilidad aquellas cooperativas que habiendo solicitado su registro a tiempo, se busque su fortalecimiento y no su desaparición como lo exige el decreto pendiente de revisión.

En los próximos días se llevando al cabo reuniones y mesas de seguimiento con funcionarios de la SHCP, con la intervención directa del Senador Benjamin Robles para dar continuidad y agilización en la restitución de daño a defraudados, etiquetando de manera especial los recursos que habrán de cubrir por lo menos, en Oaxaca, más de 5 mil millones de pesos para 44 mil afectados que faltan de pago.

Los más de 300 mil defraudados por cajas de ahorro en todo México, deben ser resarcidos de los más de 25 mil millones de pesos que les fueron robados con tolerancia del Gobierno Federal que no actúo en consecuencia en ningún caso.

Avanzamos y con gran éxito.

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Grave riesgo de un “estallido social” en México: Mario Herrera 

Entrevista concedida a “Revista Real Politik”.

María de los ÁNGELES NIVÓN

Publicado en marzo 11, 2015.

Opinión

Portada

http://realpolitik.com.mx/opinion/grave-riesgo-de-un-estallido-social-en-mexico-mario-herrera/

Hay en el país hay más de 250 mil defraudados por cajas de ahorro, las cuales no son confiables para invertir.

Personas allegadas al dos veces senador por el PAN, Fauci Hamdam comandan un despacho de abogados que cobra entre 2 y 8 por ciento del monto ahorrado a los afectados.

México, D.F.- Al advertir que en México existe el grave riesgo de un “estallido social y muy fuerte”,  el presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo A. C., Mario Herrera Carrasco confirmó que hay en el país más de 250 mil ahorradores defraudados por cajas de ahorro, las cuales hoy no son confiables para invertir.

El especialista, quien amablemente concedió la entrevista para Real Politik, desde la mesa de un restaurante en San Lázaro, explicó que la inconformidad social que existe, no es únicamente por el caso de Ficrea, viene otro problema más grande como es el de Caja Libertad, que es mayúsculo y la Conducef está a tiempo de poner un alto a esas malas administraciones de estas Sofipos.

A pregunta expresa sobre quiénes son los personajes políticos que mueven a estas empresas fraudulentas, Herrera Carrasco señaló que efectivamente “hay políticos metidos, hay gente de la mafia, gente de muchos intereses partidistas, no sólo en Ficrea, también en Caja Popular Mexicana”.

Sobre este tema, reveló que hay un grupo panista comandado, inclusive, por un mismo ahorrador de nombre Javier Paz, muy allegado al dos veces senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Fauci Hamdam, los cuales dirigen un grupo muy lucrativo, cuyo objetivo es hacerse del mayor número de defraudados posibles bajo la figura de “daño patrimonial”.

Sin embargo, afirmó que esta figura es falsa, porque no existe el daño patrimonial a partir de que hay un fondo de protección creado por la Ley de Ahorro y Crédito Popular, pero este grupo panista hace creer que bajo esta modalidad, los defraudados terminarán recuperando su dinero y eso es mentira.

Aseguró que el obligado a pagar a los defraudados es el Gobierno y los afectados no tienen que pagar absolutamente nada, empero, el grupo panista al que hace referencia les hacen firmar un contrato “leonino”, haciendo creer a la gente que ellos gestionaron el pago y les cobran entre el 2 y 8 por ciento de honorarios del monto ahorrado.

Este, dijo, es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, de los líderes que están atrás de ellos y si le rascamos un poco más,“no sabes de lo que te vas a encontrar”.

Sólo habría que preguntarse, cuestionó, cómo se le permite a algunas Sofipos tener publicidad carísima en los estadios de Fútbol, como Caja Popular Mexicana que cuenta con programas enteros de televisión, cómo pagan comerciales en Televisa y Tv Azteca, de dónde salen esos fondos.

Lucran con el dinero del pobre

Se lucra, recriminó, con el dinero del pobre, del ahorrador que de buena fe está confiando su dinero a una caja de ahorro, “no es posible que hoy existan 250 mil defraudados en el país, de los cuales, 15 mil son de Sofipos y 10 mil de uniones de crédito”, confirmó el especialista.

Son números muy graves, apuntó, tenemos los documentos con los que podemos acreditarlos y que no son reconocidas por las autoridades, hay 2 mil cajas de ahorro en todo el país que no son confiables, ni siquiera llegan a ser una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo.

Mario Herrera, quien lleva seis años recorriendo las entrañas de los fraudes de cajas de ahorro, y en particular en Oaxaca ha visitado 3 mil 330 comunidades, donde han detectado el mayor número de irregularidades, sostuvo que los requisitos principales para que una empresa de este tipo sea regular, es que cuente con la inscripción ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, caso contrario, es irregular.

Sobre la temática social del país, y luego de las reformas establecidas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el entrevistado se sinceró, y admitió que esperaban una verdadera inclusión financiera, social, popular,donde pedían más atención a grupos vulnerables, marginados y abandonados, pero tal parece que nuevamente se olvidaron de ese sector.

En el tema de las reformas financieras del Presidente Peña, Herrera Carrasco consideró que no han terminado de cuajar al día de hoy, aunque a decir verdad, ni falta hacen, porque estamos igual que hace 10 o 40 años, la gente pobre cada día es más pobre, quienes carecen de las oportunidades de vida que el gobierno no les pone a su alcance.

Catástrofe financiera de grandes dimensiones

Las reformas financieras, despejó, carecen de una verdadera inclusión social, porque siguen quedando fuera y desprotegidos el ahorrador popular y prueba de ello son los fraudes que se siguen cometiendo, puesto que las leyes no contienen los candados debidos y necesarios para amarrar las manos a quienes administran las sociedades.

Al carecer de estas garantías, externó, el ahorrador se siente defraudado y al no poder colocar su dinero en una empresa popular segura, origina que poco a poco vayan sacando sus ahorros de esas cajas y regresen a costumbres de antaño, como es guardarlo bajo el colchón porque lo creen más seguro ahí.

Además al sacar el dinero de las cajas de ahorro o Sofipos, se da el efecto dominó y van cerrando cada una de estas empresas populares, porque se van quedando sin flujo para hacer frente a sus gastos diarios y fijos, señaló.

Apuntó que el hartazgo de la gente es lo que traería como consecuencia un “estallido social”, porque finalmente los ahorradores sacarán su dinero de las cajas y éstas terminarán por quebrar y reventar a las sociedades populares, lo que generaría una catástrofe financiera difícil de enmendar.

Y si la autoridad no ha podido hacer frente a un Ficrea, añadió, qué pasará cuando 6 millones de ahorradores populares en México, pierdan su dinero a manos de administradores irresponsables que son tolerados y apoyados por las propias autoridades financieras.

Hoy es Ficrea, dijo, en la clase pudiente y letrada, ayer fueron decenas de cajas de ahorros de los pobres y mañana si no se modifican para bien las leyes de ahorro popular, el Gobierno habrá devastado por completo al sector más representativo de la economía solidaria, lo que culminaría en una verdadera catástrofe financiera de grandes dimensiones.

Autoridades incumplen con su responsabilidad

Hace 10 años, recordó, se creó el sector popular para el ahorro, al carecer de instituciones financieras como bancos, en los pueblos  no lo hay, por ello la gente tiene que buscar por sus propios medios dónde invertir y ahorrar, lamentablemente la única opción que se tiene actualmente son las famosas cajas de ahorro.

La gente confía en esas empresas populares porque no hay ninguna autoridad que les informe si la caja es regular o irregular, no hay información ni orientación al ahorrador y menos en las comunidades de la montaña, explicó.

Lamentó que muchos ahorradores hoy no conozcan la Ley de Ahorro y Crédito Popular y esta ignorancia es la que los llevó a desconocer qué pasaba cuándo se perdiera su dinero, se lo robaran, se cometiera un fraude o se tratara de un lavado de dinero, son términos que la gente apenas comienza a empaparse.

El dinero que los ahorradores invierten en este tipo de cajas, tampoco crece, es revolvente entre los propios socios, el dinero se invierte en terceras personas, pero si no existen las garantías para asegurar los créditos, la gente a quien se le otorgó sabe que puede incumplir en los tiempos pactados y máxime si es familiar del administrador, le condonan la documentación alusiva a ese préstamo, detalló.

Estas son algunas de las irregularidades que la Comisión Nacional Bancaria no supervisa a tiempo, cuando cada seis meses debería estar vigilando las operaciones de esas empresas populares, porque es su obligación, pero no lo hace, terminan siendo cómplices negligentes de ese fraude y por tanto son copartícipes del delito que están cometiendo las cajas de ahorro o las Sofipo como Ficrea, concluyó.

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EL CASO FICREA: ¿INGENUIDAD O COMPLICIDAD DEL ESTADO?

Entrevista concedida a portal sinembargo.com Por Daniela Barragán febrero 5, 2015 sinembargo.com Sección Economía http://www.sinembargo.mx/05-02-2015/1239598

¿Ingenuidad o complicidad del Estado? Es el cuestionamiento que se hace tras la estafa a cientos de personas que tenían sus ahorros en Ficrea. Cuatro son las instancias federales a las que abogados, ahorradores y legisladores han señalado como responsables y a las que también acusan por complicidad: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Por este caso hay un antes y un después en el sistema financiero mexicano, que creó la figura de la Sociedad Popular Financiera (Sofipo) –a través del Sector de Ahorro y Crédito Popular– para dar atención de ahorro y crédito a un sector de la población que está marginado de los servicios financieros. En su origen parten de iniciativas dentro de comunidades con ingresos bajos y medios.

Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), las Sociedades Financieras Comunitarias (Sofico) y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP) saltaron al ruedo supuestamente supervisadas y autorizadas por la CNBV. Actualmente, en México existen 143 SCAP autorizadas y 50 en proceso de autorización, 49 Sofipos y una Sofico.

Ficrea reflejó la falta de supervisión y la urgencia de reformar el sistema de ahorro popular en general, tanto para evitar que fraudes de esta magnitud se repitan como para que, en caso de ser necesario, las instancias correspondientes emitan alertas a tiempo a los ahorradores.

Dentro del grupo de ahorradores afectados por el fraude de Ficrea, la mayoría es gente de la tercera edad. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– Desde que salió a a la luz el desfalco de Ficrea, un caso más en la lista de ahorradores defraudados por entidades de ahorro popular, las autoridades concentraron la atención en la figura de Antonio Rafael Olvera Amezcua, el socio mayoritario de esa Sociedad Financiera Popular (Sofipo), y quien fue señalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como el culpable de la desviación de 2 mil 700 millones de pesos, en una maniobra de triangulación de varias de sus empresas, entre éstas Baus & Jackman Leasing, Monka Comercial y Leadman Trade. La CNBV argumentó que dicho monto fue utilizado para transferencias internacionales, para la nómina de 781 empleados de diferentes empresas y para comprar dos inmuebles –uno de ellos un edificio en Londres, Inglaterra–, 52 propiedades más, 104 automóviles (de marcas como BMW, General Motors y Porsche) y gastos en eventos de box, teatro y de la Serie Nascar de automovilismo. Desde 2006, Olvera Amezcua tenía ya un largo historial de acciones poco lícitas con gobiernos como el del priista Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca, y el del también priista Andrés Granier Melo, en Tabasco. La jugada de Olvera exhibió el lento actuar de las instituciones y en las declaraciones de las autoridades que las encabezan se han denotado contradicciones, por lo que en los más de 6 mil ahorradores organizaron un grupo que se maneja bajo una sola consigna: quieren de vuelta el 100 por ciento de sus ahorros y así lo confirmaron a SinEmbargo tanto los ahorradores afectados como los abogados y expertos en el tema. De acuerdo con el abogado Mario Herrera Carrasco, presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo (Fide), que se especiliza en la defensa a personas defraudadas por cajas populares, este caso refleja la urgencia de regularizar a las Sofipos si no “van a seguir cometiéndose fraude todos los días”. Para Herrera Carrasco, este caso aumentará el escepticismo de ahorrar en una figura alternativa que no sea un banco: “El fraude de Ficrea es el mayor del que se tenga conocimiento en materia de Sofipos. Se deja una incertidumbre, un gran hueco en las empresas iguales a Ficrea, que en el efecto dominó podrían comenzar a cerrar en el futuro”. BAJO LA AUTORIZACIÓN DE LA CNBV

Ante el cuestionamiento de ¿qué fue lo que falló?, tanto ahorradores, el abogado Herrera y la Senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna Luna, coinciden nuevamente en que, en primera instancia, la CNBV y la Condusef, a través de sus titulares Jaime González Aguadé y Mario Di Constanzo Armenta, realizaron una mala supervisión de la Sofipo.

De acuerdo con declaraciones de González Aguadé, desde marzo de 2014 comenzaron las investigaciones a Ficrea, ya que se detectó que ocultaba información y otra era falsa. Sin embargo, la CNBV le otorgó prórrogas hasta que la Sofipo dejó de dar información y vino entonces la intervención. En ese periodo, no se informó de nada a los ahorradores y además se permitió que más personas realizaran sus depósitos. “No hay vuelta de hoja. La CNBV es la principal, directa y más abiertamente responsable, no hay otra. Dentro de sus facultades está que tiene que velar y supervisar. Mientras le dio prórroga [a Ficrea] de que se regularizara, permitió que se siguiera cometiendo el delito, es decir hay complicidad […] Se otorgaron cuatro prórrogas, según lo dijo Jaime González Aguadé, y ahí está implícita la responsabilidad del titular, eso es responsabilidad penal”, explicó Herrera Carrasco. Por su parte, la legisladora Dolores Padierna agregó que es desde la creación de la Sofipo se permitieron irregularidades. “Ficrea como Sofipo, comenzó a operar con una fórmula piramidal que está prohibida en la ley y que quedó evidenciada después de la crisis de 2008, que es sumamente delicada. Le permitieron trabajar así y atraer cuantiosos volúmenes de recursos de participantes con la oferta de pagar altas tasas de interés superiores a las que soporta la propia institución […] Se permitió trabajar con este sistema de defraudación  y aún cuando la CNBV ya había detectado que Ficrea obligaba a los ahorradores a firmar un doble contrato, uno con ellos y otro con Leadman Trade, desde ese momento debió haber suspendido a Olvera Amezcua y tomar cartas en el asunto para evitar el fraude. “Todavía más grave fue el 7 de noviembre, cuando la CNBV anunció la intervención de las operaciones de Ficrea y hasta el 19 de diciembre que de forma tardía le revoca la autorización de operar […] Esto se hizo de la mano de la CNBV. Queda claro que es una connivencia, una colusión, fue omisa o no revisó. Deliberadamente que se permitió a Ficrea elevar el número de personas que finalmente fueron defraudadas”, expuso Padierna Luna. Hasta octubre de 2014, Ficrea SA de CV contaba con 6 mil 633 clientes ahorradores y 6 mil 724 clientes acreditados, lo que significaba un crédito total de 6 mil 284 millones de pesos; además, se calcula, las transferencias a empresas llegaron a los 5 mil 900 millones de pesos. Según la información de la CNBV, Ficrea hacía firmar a sus clientes dos adeudos: uno con esa empresa y otro en Leadman Trade, pero los clientes sólo recibían el monto suscrito una vez. El primer contrato era firmado en la Sofipo, el cual se documentaba como un crédito, y el segundo en Leadman, donde se documentaba como una arrendamiento puro. Incluso se daba a los clientes una carta donde se mencionaba que la firma del crédito en Ficrea sólo servía como un trámite administrativo ante las autoridades financieras. Esto permitió construir una base de créditos en la Sofipo que no tenía sustento económico, pero que funcionaba para respaldar información contable y para que la transferencia de recursos a otra empresa no fuera supervisada. El 98 por ciento de la cartera de crédito originada por Ficrea se canalizaba a través de Leadman, y ya no se presentaba información de soporte. LAS LETRAS CHIQUITAS QUE NI LA CONDUSEF VIO “Se tiene que trabajar en saber en qué se falló Ficrea. Según la CNBV y la Condusef, dicen que se vieron engañados y ahí hay responsabilidad absoluta penal, civil y social, ya que reconocieron el engaño, cuando desde marzo de 2014, Ficrea ya no entregaba informes, ya no rendía cuentas, no se sabía a dónde iba a parar el dinero, ya estaba maquillando los informes”, afirmó Mario Herrera. De acuerdo con su portal de Internet, la Condusef promueve y difunde la educación y transparencia financiera para que los usuarios tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en el sistema financiero mexicano. Mario Di Constanzo ha señalado en reiteradas ocasiones que este caso deberá reforzar las acciones de la Comisión, y ahora cataloga sus actuación como de conciliadora entre ahorradores y gobierno. “La Condusef debió haber actuado desde antes de que sucediera el problema: dando información a los ahorradores, rindiendo informes, presentar denuncias correspondientes, impugnaciones o reclamos y no sólo dedicarse a interpretar las letras chiquitas. Es una comisión nacional y fue creada y facultada para ayudar al ahorrador a procurar el bien en su ahorro y evitar riesgos”, dijo el abogado entrevistado por SinEmbargo. A lo largo de casi tres meses de marchas, mítines y reuniones, algunos ahorradores han comentado que antes de invertir en Ficrea recurrieron a la Condusef y no recibieron ninguna información negativa. Martha Hernández, una de las ahorradoras que está presente en todos los actos de protesta, acusa que tanto González Aguadé como a Mario DiConstanzo, director de la Condusef: “Nos han mentido todo el tiempo. Nadie más que ellos tienen la culpa […] La gente dice que en México no tenemos cultura financiera, pero si no la tuviera jamás habría ahorrado ese dinero, si no la tuviera mis hijos no estuvieran estudiando en escuelas privadas. Toda la vida he trabajado para que ellos tengan una vida mejor, por eso tengo tanta rabia”, afirma. Al igual que Hernández, el señor José Alvarado, que depositó todo el dinero de su jubilación en Ficrea, comentó que se asesoró con la Condusef y la CNBV, y aseguró que le notificaron que no había ninguna situación de riesgo. “Ellos ya tenían sospechas de que algo andaba mal, pero no nos dijeron nada. ¡Eso también es negligencia! Somos ahorradores defraudados por Ficrea pero también por la benevolencia de la Condusef”, acusa. LA OPACA ACTUACIÓN DE LA SHCP y LA PGR El pasado 16 de enero, durante una mesa de trabajo en la que comparecieron los titulares de la CNBV, de la Condusef y Alberto Bazbaz de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se explicó que durante la intervención gerencial que se realizó el 7 de noviembre la PGR aseguró ministerialmente a Leadman Trade, Baus & Jakcman Leasing, sus cuentas bancarias y las de Rafael Olvera Amezcua. Según la información de Bazbaz, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP bloqueó las cuentas a nombre de Ficrea, con lo que se puso un alto al saqueo de los recursos de los ahorradores y fue posible identificar el monto de desvío de recursos que fue de aproximadamente 5 mil 900 millones de pesos. Leadman Trade otorgó arrendamientos por 3 mil 200 millones de pesos a valor contable; ambas cantidades fueron utilizadas para la compra de bienes, carros, gastos de las empresas y transferencias al extranjero. Antes, el 6 de enero, los ahorradores entregaron una demanda dirigida a Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), contra la CNBV órgano que, destacaron, fue cómplice en el robo de sus ahorros, y solicitaron que se les informara sobre el caso de la arrendadora  Leadman Trade, que radica en la Procuraduría. Ese día Julio Rodríguez, uno de los ahorradores afectados, abandonó la mesa de diálogo y al salir de las instalaciones de la PGR comentó que quien los atendió, Rodrigo Archundia Barrientos, Subprocurador Regional de Procedimientos Penales, admitió ante ellos que se había enterado un día antes del asunto por un artículo periodístico, y les solicitó tiempo para informarse. “Le pregunté por qué nos atendía él y no quien llevaba el caso, queríamos que nos explicaran por qué hasta el día de hoy no hay nadie en la cárcel y nosotros ya estamos con un quebranto patrimonial. Él respondió que fue indicación del Procurador que nos atendiera (…) nos están haciendo perder el tiempo. No queremos que sólo nos reciban, nos interesa que nos resuelvan, que actúen y nos den explicaciones, pero no lo hacen (… ) nosotros no vamos a aceptar menos del 100 por ciento  de nuestros ahorros, ¡jamás!. Las autoridades nos están dando largas, se están burlando de nosotros”, expuso Rodríguez. Al respecto, el abogado Herrera pregunta: “¿Qué la PGR no tiene la capacidad para trabajar de manera conjunta con la CNBV para saber a dónde fue a parar hasta el último centavo desde que se abrió la sociedad popular a la fecha? ¿No tiene la capacidad para saber el movimiento del dinero? ¿Complicidad o ingenuidad? Se trata de complicidad que viene de la mano de la ignorancia extrema de cómo debe aplicarse la ley”, asegura. Poco tiempo después de la intervención, la PGR informó que Ficrea desvió al menos 470 millones de pesos entre el 3 y 6 de noviembre pasados, a pesar de que ya estaba siendo investigada por las autoridades. También, el coordinador general de la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, Eduardo Cruz Gómez, aclaró que la investigación a Ficrea arrancó desde el 17 de octubre y que, a pesar de esta vigilancia, la Sofipo realizó la transferencia de 470 millones de pesos por concepto de pago de gastos a su arrendadora Leadman Trade. UN MARCO REGULATORIO INSUFICIENTE Adrián González, ahorrador de Ficrea, comenta que haciendo una lectura al interior de la legislación y del gobierno, se evidencia que existe un marco regulatorio insuficiente y por otro lado, desde el punto de vista del conjunto de ahorradores, lo que ahora debe hacerse es una supervisión más puntual del dinero para que no ocurran estas situaciones que aprovechan los vacíos que la ley deja. “Nosotros consideramos que el trabajo de supervisión de la CNBV fue no preciso, ni correcto y no se hizo en tiempos ni en forma. Como se ha dicho, hay datos que presumían que podría haber irregularidades; las leyes de ahorro y el reglamento  daban elementos precisos para hacer un conjunto de acciones  preventivas, pero como sabemos no fue así”, dijo. El doctor Raymundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Tec de Monterrey, campus Santa Fe, considera que el marco legal da la libertad a las empresas para que actúen “personas sin escrúpulos que se convierten en bichos”. “Las autoridades fueron ingenuas, no tienen brazos ni presupuesto suficiente para auditar todos los días a todas las instituciones a las cuales les fue concedida la autorización para ofrecer un servicio público de banca de crédito”, comentó. Ante el cuestionamiento, sobre una posible crisis en el sistema de ahorro popular, señala que éstas viven en crisis desde hace varios años, “en varios estados se realizaban fraudes de este tipo a mucha gente, y para parar esos actos, se convirtieron en organismos regulados y se supone que entraban así en un marco de vigilancia y supervisión. “Se afecta a aquellos ahorradores que tienen la ilusión  de obtener una mayor tasa de ganancia por su ahorro contra las miserables tasas de los bancos, que no ganan ni siquiera la inflación de estos ni el cete directo, buscan estos organismos. “La burra no era arisca, la hicieron”, asegura. LA POSIBLE REFORMA AL SISTEMA FINANCIERO Mario Delgado Carrillo, Senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), lanzó una iniciativa de reforma a los artículos 101 y 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular que busca aumentar el monto de seguro de recuperación, que actualmente se encuentra en 25 mil Udis (131 mil 500 pesos), a 300 mil Udis (1.5 millones de pesos). De acuerdo con el documento emitido por el Senador, del total de usuarios, sólo el 37. 9 por ciento podría salir beneficiado del pago de 25 mil Udis, pero el 62.1 por ciento restante tenía montos muy superiores a esa cantidad y se verían seriamante afectados, incluso en diferentes eventos y manifestaciones, calificaron la cantidad como inadmisible. En la propuesta también se solicita incorporar las causas imprevistas como mecanismo de activación del seguro. “Es necesario modificar la ley para que el seguro de protección solo aplique, cuando se trate efectivamente de casos imprevistos, aquellos que están más allá de cualquier posibilidad humana. “Pero cuando se trata de casos que la autoridad debió advertir, como fue el caso de Ficrea, el seguro debe cubrir en su totalidad los ahorros de las personas físicas”, se lee en el documento.

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Las (dolorosas) alternativas para los ahorradores de Ficrea

Entrevista concedida a la revista Forbes México, caso Ficrea

  • Viridiana Mendoza Escamilla
  • Economía y Finanzas
  • hace 2 meses

http://www.forbes.com.mx/las-dolorosas-alternativas-para-los-ahorradores-de-ficrea/

Parte 2.

Tras el cobro del seguro de depósitos, los ahorradores que tenían más de 131,000 pesos invertidos en la Sofipo se enfrentan a una serie de alternativas para recuperar sus recursos. Ninguna es fácil o rápida, ninguna promete regresar los montos al 100%.

Catalina tenía un capital modesto, modesto para una ex trabajadora del sector financiero que soñaba con retirarse en los próximos años. Hace un tiempo se quedó sin trabajo, pero los intereses que Ficrea le ofrecía por sus ahorros le permitían pensar que, aun sin poder encontrar un nuevo empleo, podría costear la universidad de su hijo. Pero las cosas no pasaron como lo planeó. El anuncio de la intervención y liquidación de esa Sociedad Financiera Popular desvanecieron su proyecto de vida.

“El 12 de diciembre, la gente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Condusef nos dijeron que iban a procurar que los ahorradores no se vieran afectados, que tendríamos la devolución de los recursos. Teníamos una cita con la Comisión y la Condusef el 19 de diciembre. Ese día, a la hora acordada para la reunión, Aguadé –presidente de la CNBV– anunciaba la liquidación de Ficrea. Desde entonces, toda la información que recibimos es imprecisa”, se queja Catalina.

La CNBV informó a los clientes que, derivado del estado de liquidación, los depósitos estaban cubiertos por el seguro de depósito del sector por 25,000 UDI, aproximadamente 131,000 pesos.

“Aquellos ahorradores que tengan depósitos mayores recibirán el monto proporcional que les corresponda de la liquidación de Ficrea”, señala el comunicado de la CNBV.

Como Catalina, hay más de 6,000 clientes afectados, que no saben con certeza si recuperarán o no sus ahorros. ¿Cuáles son las posibilidades reales de recuperar por completo su patrimonio?

¿Cuánto será el monto proporcional?

En una de las reuniones de ahorradores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó a los clientes que la liquidación podría implicar recuperar sólo un porcentaje de su ahorro.

Un empleado de Ficrea, quien prefiere no ser identificado, proporcionó a Forbes México la tabla que se difundió, presuntamente por parte de la Condusef, en la cual se expone que los ahorradores con más de un millón de pesos podrían recuperar sólo 32% de sus ahorros.

Cuadro proporcionado a Forbes por un empleado de Ficrea.

En entrevista, Édgar Bonilla, director jurídico de la CNBV, expone que los diferentes mecanismos que se prevén para la liquidación podrían dar una proporción por arriba de 50%.

¿Cuánto va a repartirse?

Ficrea desvió recursos de manera ilegal a otras empresas del mismo dueño: 98% de la cartera de crédito se había generado con una tercera empresa, Leadman Trade, una acción prohibida por la ley.

La CNBV explica que hay una cartera de arrendamientos con garantías por alrededor de 3,000 millones de pesos de Leadman Trade, pero ésta no resulta cobrable al 100%. Por ello, Nacional Financiera (Nafin) tratará de capitalizarla para lograr una recuperación de 50 centavos por cada peso, algo así como 1,500 millones de pesos.

Por otro lado, la relación de activos de Ficrea, proporcionada por la Interventoría General, expone que Ficrea tenía otros activos por 460 millones de pesos, de los cuales 177 millones corresponden a dos inmuebles y otras sucursales.

El resto de los activos corresponderían a las propiedades de Olvera, cuya posesión se ha cedido por los apoderados legales. Éstos se integrarán para generar un mecanismo de liquidación para repartir esos recursos entre los ahorradores.

¿Qué deben hacer los ahorradores?

Los reguladores y expertos consultados afirman que todos los clientes deben hacer efectivo el cobro del seguro de depósito. Para acreditarlo, Ficrea solicita copia de identificación, copia del contrato de inversión, pagaré o estado de cuenta. El trámite puede realizarse en las sucursales que se mantienen abiertas. Cobrar este seguro no implica, en ningún caso, una renuncia al resto de sus recursos.

Sin embargo, para aquellos clientes con más de 131,000 pesos depositados, las alternativas de recuperación resultan difíciles.

Tras la comparecencia de los reguladores y supervisores del sistema financiero, el Congreso aceptó crear una comisión que apoye a los ahorradores defraudados por la Sociedad Financiera Popular, aunque esto podría no ser tan positivo.

“Lejos de ayudar a la población ahorradora, los ha confundido todavía más, pues se les ha hecho creer que el pago de lo robado se logrará como consecuencia de esta firma, lo cual es falso. El acuerdo estipula que los legisladores revisarán los mecanismos al alcance, que discutirán; ésa ya es la tarea de los legisladores. No están proponiendo hacer nada fuera del trabajo que, por ley, deben hacer”, explica Mario Herrera, fundador y presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, AC, un organismo que surgió después de un fraude con 57 cajas populares que afectó a más de 170,000 personas, principalmente en Oaxaca, en 2009.

El abogado afirma que los ahorradores deben conformar una comisión que trabaje con el regulador para lograr una liquidación eficiente y pronta, pues no son meros clientes de una institución, sino socios, pues así funcionan las Sociedades Populares. Incluso prevé que el panorama para los ahorradores minoritarios puede ser más favorable de lo que se cree.

“Idealmente tendría que haber una orden de intervención para que el gobierno pueda disponer de todos los bienes que se adquirieron con recursos de Ficrea dentro y fuera del país. Estas propiedades deberán integrarse a un fideicomiso operado por la banca de desarrollo, y, en función a su valor, generar un mecanismo de pago para los ahorradores a través de Nacional Financiera”, explica.

De darse este escenario, es probable que los ahorradores que tienen entre uno y 5 millones de pesos puedan recuperar 70% o un poco más de sus recursos, pues un informe de la Condusef arrojó que 15% de los nombres en el padrón de ahorradores son clientes fantasma, e incluso podrían estar relacionados con actividades delictivas.

“Hablamos de clientes que no se van a presentar… También se debería de negociar que los gobiernos estatales y órganos jurídicos queden fuera de este proceso de pago, pues estas dependencias deben tener claro que no pueden considerar una Sociedad Financiera Popular como un ente de inversión”, añade Mario Herrera.

Con respecto a la posibilidad de incrementar el monto de seguro de depósito, el abogado considera que esta medida podría convertirse en un incentivo perverso.

“Si ampliamos el seguro para crecer el monto a pagar para los ahorradores podemos cambiar la orientación de las Sofipos, hacerlas que busquen a clientes con más recursos, estas entidades fueron diseñadas para atender las necesidades de ahorro y financiamiento en las comunidades rurales, no para ser un mecanismo de inversión patrimonial de montos altos.”

 

¿Es buena opción un concurso mercantil ordinario?

El caso de Ficrea no es una empresa que por dificultades financieras se vea obligada a cerrar; se trata de un fraude que implica responsabilidades penales.

Édgar Bonilla explica que sí puede darse el caso en que se proceda a un concurso mercantil. El propio Mario Herrera expone que un concurso mercantil sería una forma ordenada de terminar con el capítulo, pero se trata de una alternativa que puede durar años.

“Lo ideal sería un concurso mercantil. Sin embargo, es un mecanismo muy tardado que implica una negociación sofisticada. Lo ideal es que, en efecto, se genere el mecanismo de pago para que los ahorradores puedan recuperar en la mayor proporción posible”, subraya.

El mayor inconveniente es el factor incertidumbre. En la oficina de Édgar Bonilla, la entrevista con Forbes México termina y las grabadoras se apagan. Una última pregunta surge: ¿Cuánto va a tardar poder pagar a los ahorradores ese 50% que quizá recuperarán? La respuesta no es (para nada) alentadora:

“Es una cuestión complicada… No son mecanismos que se hagan de manera convencional, no hay manual de reglas de operación en estos casos. Los ahorradores deberán esperar a que se defina ese mecanismo con sus reglas y requerimientos… Pero podría tardar mucho.”

¿Qué pasó en Ficrea? Consulta nuestro reportaje especial sobre cómo se realizó el fraude. 

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Ficrea: ¿Quién falló?

Entrevista concedida a la revista Forbes México, caso Ficrea

http://www.forbes.com.mx/ficrea-las-finanzas-prueba-de-fraude-no-existen/
Parte 1.

Las autoridades dicen que sin la intervención de la CNBV, el fraude de Ficrea pudo haber seguido durante 14 meses más y representar pérdidas por 10,000 millones de pesos para los ahorradores. Sin embargo, para quienes perdieron su patrimonio ese argumento no es consuelo. ¿Qué falló en el funcionamiento de esta Sofipo? ¿Puede volver a pasar? La respuesta es sí. El peligro sigue latente.

En la reunión de fin de año de 2013, los trabajadores de Ficrea recibieron la noticia de que 2014 sería el año en que la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) se transformaría en banco. El anuncio se asimiló con naturalidad, pues la meta de captación de sucursales había pasado de 50,000 pesos diarios a 130,000 en menos de tres años.

“Los empleados no teníamos noción del fraude. Para nosotros, Ficrea funcionaba como cualquier banco: captaba dinero y lo prestaba caro, los intereses los dividía en ganancias para los ahorradores y ganancias para el corporativo; ésa es la premisa básica de los grandes bancos. Las tasas estaban por encima del mercado porque era una institución relativamente nueva, y era la forma de ganar mercado”, dice a Forbes México un gerente de sucursal de Ficrea que prefiere no ser identificado.

Según el testimonio de este empleado (que ha trabajado como asesor de inversiones durante 18 años), los esfuerzos de captación se volvieron más agresivos en el último año. Al interior de la Sofipo se les decía que había cada vez más demanda por créditos, por lo que había que colocar más productos de ahorro e inversión. En 2014 se lanzó una campaña masiva con el actor Alfredo Adame como vocero.

También se regalaron viajes, pantallas y alcancías.

“Yo mismo acompañé a un compañero de originación de crédito al asesoramiento de un cliente que necesitaba un préstamo por 20 millones de pesos para comprar una cámara de refrigeración”, cuenta.

Lo cierto es que las expectativas de los trabajadores y los ahorradores se vinieron abajo cuando, el 19 de diciembre pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la liquidación de Ficrea. Tras una intervención del regulador, salió a la luz que la institución había desviado recursos de manera ilegal a otras empresas del mismo dueño: 98% de la cartera de crédito se había generado con una tercera empresa, una acción prohibida por la ley.

Rafael Olvera, socio mayoritario de Ficrea, era buscado por las autoridades internacionales por lavado de dinero. Los ahorradores habían sido defraudados por un monto que, hasta ese momento, se calculaba en cerca de 3,000 millones de pesos.

¿Qué pasó?

Ficrea funcionaba como una Sofipo. Este tipo de instituciones se creó para llegar a zonas rurales en las que es demasiado costoso instalar bancos. Su función básica es captar dinero de ahorradores, prestarlo y cobrar intereses para pagar a los ahorradores y generar ganancias. Es una estructura sencilla, en la cual los ahorradores son socios.

Su regulación es más ligera. A diferencia de los bancos, las Sofipos sólo deben enviar sus estados de resultados, es decir, cuánto prestan, cuánto captan, sus índices de capital y otros indicadores básicos. Las instituciones de este tipo están sujetas a visitas de verificación si algo salta en los documentos entregados.

Sin embargo, las actividades de Ficrea como Sofipo no correspondían a la naturaleza de esta figura. De acuerdo con un estudio interno de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), había cerca de 1,500 clientes en Ficrea con cuentas con saldos mayores a un millón de pesos, cuando datos de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo) arrojan que el saldo promedio de la cuenta de ahorros de un cliente de este tipo de instituciones es de 7,000 pesos.

Desde 2011, Ficrea había estado en la mira del regulador, dice Édgar Bonilla, director jurídico de la CNBV. Ese año, la Comisión encontró que los financiamientos de Ficrea eran canalizados a través de Leadman Trade, una arrendadora propiedad de Rafael Olvera.

“En 2011 nos dimos cuenta que los créditos se otorgaban a través de Leadman Trade. Les dijimos que no podían realizar operaciones con terceros, y fue entonces que empezaron a hacer estrategias para maquillar estados de cuenta… Ante la CNBV se había corregido la observación”, dice Bonilla.

El siguiente paso por parte de Olvera y sus socios fue maquillar los estados de cuenta. Los créditos se seguían convirtiendo en arrendamientos a través de Leadman Trade, pero los clientes de la arrendadora firmaban dos solicitudes de financiamiento, una con Leadman y otra con Ficrea.

Los reportes a la CNBV incluían esas solicitudes de crédito y, por ejemplo, si alguien solicitaba un arrendamiento por 10 millones de pesos, Leadman lo hacía firmar el contrato de arrendamiento a 36 meses y dos solicitudes de crédito de Ficrea a 18 meses (una posfechada) por 5 millones cada una. El cliente de Leadman se convertía “automáticamente” en un cliente de crédito de Ficrea.

“En teoría, el esquema podría funcionar, pero ¿qué pasa cuando un cliente pide y firma por 10 millones de pesos, y Leadman le dice que sólo le arrendará, digamos, autos por 5 millones? El contrato de arrendamiento es por 5 millones, pero el crédito por 10 ya había sido firmado con Ficrea. Hay una diferencia de 5 millones provenientes de Ficrea que Leadman puede transferir a donde quiera”, explica el funcionario.

Justo así fue como Olvera canalizó alrededor de 2,700 millones de pesos a la compra de bienes raíces en el extranjero y a la capitalización de las filiales de Leadman Trade en España y Miami.

De ese dinero sólo queda lo que las autoridades puedan recuperar a través de la liquidación de activos y la cartera con garantías de Leadman en México (la de Ficrea no es cobrable porque no tiene garantías), además de las propiedades que puedan confiscarse a Olvera. Lo que ha logrado recuperarse está ahora en un fideicomiso que pasará a manos de los ahorradores una vez que finalice el proceso de liquidación.

Los ahorradores han señalado al regulador como el principal responsable en el caso: ¿Cómo fue posible que no se dieran cuenta?

“Como empleados teníamos conocimiento de que cada dos meses se realizaban auditorías por parte de la CNBV, o al menos eso era lo que nos decían. Ésa era una de las cartas fuertes al momento de captar ahorros: decirle a los clientes que estábamos completamente regulados”, explica el empleado de la empresa.

Estrategia para violar la ley

¿Qué hace falta para que un fraude financiero se concrete? ¿Una regulación débil? ¿Controles internos poco confiables? La respuesta es más sencilla que eso: sólo hace falta una persona dispuesta a violar la ley.

Mario di Costanzo, presidente de la Condusef, explica el caso de Ficrea con una metáfora:

“El reglamento de tránsito prohíbe manejar en estado de ebriedad. Las autoridades han establecido alcoholímetros para evitar que la gente beba y conduzca; si un conductor en estado de ebriedad es detenido amerita una sanción. No falla la ley, pero hay quienes violan la ley deliberadamente; saben que cometen un delito, de ahí que haya accidentes fatales por personas que manejan alcoholizadas.”

La opinión de Di Costanzo es compartida por Édgar Bonilla de la CNBV, quien afirma que en el caso de Ficrea hubo toda una estrategia para realizar actividades ilícitas; no había del todo un vacío legal, sino que se violaba la ley de manera premeditada.

“En la ley no hay montos límite para créditos y depósitos de las Sofipos; es probable que esto se ajuste después de lo que ocurrió. Sin embargo es importante que los ahorradores y, en general, los usuarios del sistema financiero entiendan que sin importar el tipo de institución siempre habrá un riesgo”, advierte Bonilla.

Lo cierto es que aunque México ha instaurado regulación financiera estricta (fue de los primeros países en adoptar las disposiciones de Basilea III para los bancos), las instituciones financieras siempre están expuestas a delitos.

En México, 41% del lavado de dinero se origina por drogas, 33% por tráfico de personas y 20% por piratería, según cifras del documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados denominado: Lavado de dinero: indicadores y acciones binacionales. Existen rubros que son más propensos que otros para ser utilizados de acuerdo con el giro de la empresa, como aquellos que están basados en capitales disponibles.

“Al ser intensivos en el manejo de dinero, son más propensos. ¿Qué empresa se rehusaría a cerrar una operación cuando el cliente llega ofreciendo pagos adelantados o pagos en efectivo por cantidades sumamente altas? En esos casos pasa a segundo término el saber quién es el cliente y de dónde proviene el dinero; la prioridad en la mente de cualquier comerciante o empresario es la de no dejar escapar esa gran oportunidad”, explica Mónica Ramírez Chimal, en su libro ¡No deje que lo laven, ni que lo sequen!

Clientes: ¿culpables o víctimas?

Una viuda de edad avanzada tenía una cuenta con Ficrea por un monto de 1.4 millones de pesos. Eran los ahorros de toda su vida y los de su esposo. Cada mes recibía y retiraba 3,000 pesos como intereses (apenas 0.21% de su ahorro). Con eso completaba sus ingresos por pensión y lograba sacar adelante sus gastos personales. Ahora debe asimilar que debe tramitar un seguro de depósito por sólo 131,000 pesos, y que en los próximos meses se definirá el porcentaje que recuperará de su ahorro, quizá la mitad. Aún no se sabe.

“Ficrea siempre señaló en su publicidad y sus contratos que los recursos estaban garantizados por hasta 25,000 UDI; eso siempre estuvo claro”, afirma Édgar Bonilla, de la CNBV.

Lo que las autoridades no toman en cuenta son los argumentos de venta: la captación se volvió agresiva no porque los clientes fueran forzados a invertir, sino por las promociones y argumentos.

“A los clientes se les explicaba que había una garantía por 25,000 UDI, pero el argumento era que una vez que Ficrea se convirtiera en banco, la garantía sería por 2 millones de pesos. Mucha gente incrementó su saldo pensando que Ficrea sería un banco a fines del año pasado. Nosotros mismos lo pensábamos; muchos conocidos y familiares eran clientes”, explica el empleado de Ficrea.

Para Catalina, una ex empleada bancaria ahorradora de Ficrea, el juicio contra los ahorradores resulta muy severo.

“Nos han dicho ingenuos, nos han llamado codiciosos, pero yo tenía una tasa de 6% anual por mi ahorro, son sólo 2 puntos arriba de la inflación; no nos estaban prometiendo una tasa descabellada. Investigué: Ficrea cumplía con toda la regulación necesaria y el aval de la CNBV y Condusef. Yo era cliente desde 2012 y nunca tuve problema para retirar dinero; no parecía haber razón para desconfiar”, explica.

Al respecto, Mario di Costanzo expone que este caso implica una revisión fuerte de la ley y un llamado a tejer una mayor conciencia financiera, pues de las 283 quejas que se reportaron ante la Condusef por Ficrea antes de la intervención, ninguna era de los acreditados que firmaban dos contratos.

Por eso, para Di Costanzo la conclusión es que se violó la ley con alevosía y ventaja: “No estaba prohibido, por ley, que una Sofipo tuviera clientes con varios millones; no hay tope en saldos de crédito o depósito. Al no infringirse una ley, hay poco margen para los reguladores. No creo que haya fallado la ley aplicable a las instituciones financieras. Olvera tenía como meta delinquir, claramente buscó la manera de burlar esa regulación.”

¿Quién falló?

La CNBV cumplió con las atribuciones y funciones que la ley le otorga, asegura Édgar Bonilla. Ficrea fue intervenida en marzo de 2014 para determinar por qué había tenido una expansión tan agresiva en la captación y, al mismo tiempo, reportaba una morosidad cero en la cartera de crédito.

“Una Sofipo sana reporta una morosidad de 7% en promedio. Cuando entramos a Ficrea, pensamos que había un problema de falta de transparencia. En su lugar había un fraude piramidal que, de haber seguido, habría podido evolucionar 14 meses más y representar pérdidas por 10,000 millones de pesos para los ahorradores”, dice Bonilla, quien es parte de una autoridad reguladora, que sólo cuenta con 1,500 personas (y no todas realizan labores de supervisión) para vigilar a más de 5,000 instituciones en todo el país.

La intervención de Ficrea, las órdenes de aprehensión contra Rafael Olvera y la eventual liquidación de activos para el pago de los ahorradores son los pasos siguientes lógicos, pero el trabajo que sigue es aún más pesado.

“Se puede establecer una responsabilidad penal contra el regulador (la CNBV), el supervisor (Condusef) y contra la propia Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que es la encargada de supervisar las transacciones de todas las instituciones en el sistema financiero y debió alertar de los flujos de Ficrea a Leadman. Sin embargo, lo que importa ahora no es siquiera tener a un culpable en la cárcel, sino realizar una modificación preventiva a la ley para evitar que vuelva a ocurrir”, opina Mario Herrera, fundador y presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, AC, un organismo que surgió después de un fraude con 57 cajas populares que afectó a más de 170,000 personas, principalmente en Oaxaca, en 2009.

Herrera afirma que mantener la regulación actual para las Sofipos no sólo las deja vulnerables a tener un nuevo fraude, sino que evidencia una falta de conciencia de los supervisores sobre el funcionamiento de estas entidades y su objetivo principal: una mayor inclusión financiera.

“Si las Sofipos surgen para dar servicio al público que no ha atendido la banca, es imposible que el regulador diga que no le hizo ruido que una Sofipo operara en una colonia de lujo sólo porque no estaba en la ley. Es labor del supervisor y del regulador alertar sobre estos vacíos legales para que las Cámaras tomen acciones al respecto y generen una ley acorde al tipo de institución”, dice.

Actualmente en el país operan 43 Sofipos. Ficrea era la segunda más importante después de Caja Libertad. El total de la cartera de Ficrea representaba sólo 15 centavos de cada 100 pesos en el sistema financiera mexicano. Aunque tenía una cartera de ahorro de más de 6,000 millones de pesos, la Sofipo concentraba sólo 0.4% de los clientes. No se habla de una falla sistémica, pero sí de un fraude que ocurrió mientras parecía que todo funcionaba acorde a la ley.

¿Qué sigue para los clientes de Ficrea? la continuación de este trabajo especial explica por qué los ahorradores podrían no recuperar sus recursos al 100%

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