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Listo mecanismo de pago para defraudados Ficrea.

Por Mario Herera

* Solo cubrirá ahorradores que tengan hasta de un millón de pesos o menos

* Quedará resarcido el daño en el 80% de víctimas.

Por fin y luego de semanas y semanas de incertidumbre entre afectados en caso Ficrea se ha puesto en la mesa del Congreso de la Unión, la iniciativa de reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), sus accesorias y aplicables que traerá el mecanismo de pago para las vÍctimas.

La reforma se someterá a la consideración de Diputados y Senadores para su aprobación, de pasar estas modificaciones, entonces la operación de Sociedades Financieras Populares cambiará por completo en prevención de casos análogos a Ficrea.

En la secrecía en integrantes de la Comisión Bicameral para la modificación de la LACP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de valores, dieron puntual seguimiento al primer acuerdo concretado este lunes.

Los coordinadores del PRI, PAN y PRD de ambas cámaras plancharon y acordaron dar entrada a las modificaciones a las Leyes para colocar los candados necesarios a fin de evitar que se vuelva a cometer un delito de las dimensiones de Ficrea.

Asimismo, acordaron la línea impuesta por la SHCP para inyectar por medio de la banca de desarrollo 1,000 millones de pesos a pagar el 100% a por lo menos, se dice, el 80% de los afectos que tengan un monto menor al millón de pesos.

No se trata de recursos públicos, ni de un rescate porque la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así lo contempla; resulta que muy pocos conocen el procedimiento que impera en casos como el de Ficrea, cuando desaparece la totalidad de recursos de los clientes ahorradores.El artículo 105 (LACP) establece que toda Sociedad Financiera Popular está obligada a garantizar la devolución de ahorros o inversión a sus clientes, pero resulta que la misma Ley es omisa en determinar un tope máximo de dinero perteneciente a cada ahorrador, motivo por el cual de manera irresponsable tanto por parte de la SOFIPO, como de la autoridad regulatoria y del propio ahorrador se han permitido en todas y cada una de las SOFIPOS, depósitos por arriba del millón de pesos, se tienen inversiones al tenor de la banca comercial, por inclusive, 110 millones de pesos el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Todas estas cantidades rebasan por mucho el propio seguro de protección, que solo procura cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador a que se refiere el inciso a) de la fracción I del Artículo 36 de la LACP, en los términos establecidos por el artículo 112 de la misma, pero hasta por una cantidad equivalente a veinticinco mil UDIS, algo así como 131 mil pesos en la actualidad. La LACP carece de candados de protección a los ahorros e inversiones del ahorrador, lo cual no es culpa del cliente sino del legislador que creó la Ley.

Como las cantidades que cada ahorrador aportó en Ficrea, sobrepasan el monto protegido por el seguro, entonces aplicar lo dispuesto en el 106 de ésta Ley exclusiva de las Sociedades Financieras Populares, para poder utilizar apoyos o preventivos de liquidez o financieros a las Sociedades Financieras Populares excepcionalmente, es decir, que el Comité de Protección al Ahorro podrá autorizar apoyos financieros en los supuestos o en casos especiales como resultó en Ficrea, incluso cuando el costo sea mayor que el pago de los depósitos de dinero de los ahorradores de una Sociedad Financiera Popular.

El Gobierno utilizó esta herramienta legal, que ninguna otra ley contempla para salir del apuro financiero ya que de no hacerlo se generarían efectos negativos serios en otra u otras Sociedades Financieras Populares o instituciones financieras, peligrando no solo el patrimonio de clientes Ficrea sino de 6 millones de ahorradores populares más, peligraba su estabilidad o solvencia en el sector más vulnerado del País.

Es así como, las autoridades financieras lograron en tiempo (artículo 91) aterrizar el mecanismo de pago consignado en la LACP; ahora ya es responsabilidad de cada uno de los afectados acogerse al mismo o no al mismo, debiendo renunciar por completo a los derechos derivados del cobro de las cantidades depositadas en resarcimiento, cediéndolos al Gobierno.

El Comité de Protección al Ahorro dispone de un término de 180 días naturales contados a partir del cierre de operaciones de Ficrea para cubrir por completo a los afectados del fraude y determinar el mecanismo de pago.

A pesar del pago por parte de la Autoridad al afectado, no se desvanece la responsabilidad ni civil, ni social, ni administrativa, ni menos penal en la CNBV y la propia SHCP, pues la LACP considera (art. 76) que el resarcimiento de daños es sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a lo dispuesto en el Título Sexto de esa Ley.

Si del informe que presente el Comité de Protección, se desprendió alguna operación que se considere irregular, que haya afectado la estabilidad o de manera significativa, la solvencia, de la Sociedad Financiera Popular y haya puesto en riesgo los intereses de los ahorradores, entonces se trata de un fraude perfectamente estructurado.

Cámara de Diputados será la de origen de esta iniciativa enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que se analice, discuta y dictamine y sea llevada al pleno, en los próximos días. De igual manera habrá de someterse a estudio el proyecto de reforma, para adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como del Código Federal de Procedimientos Penales, y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Al través de la banca de desarrollo, en este caso NAFIN, se estarán destinando poco más de 1,000 millones de pesos provenientes de Organismos Financieros Internacionales, así funciona este Agente Financiero del Gobierno Federal más 600 millones para cubrir el seguro de Garantía.

NAFIN, será pues quién administre de manera eficiente la totalidad de los fondos a pagar a ahorradores, lo que NO significa administrar la cartera que le corresponde al SAE, del mismo Gobierno Federal.

Es importante que se conozca que todas las aportaciones de la banca de desarrollo son sin costo financiero, y son otorgados a México por Organismos Financieros Internacionales (OFI), como El Banco Mundial (BIRF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con objeto de financiar proyectos prioritarios del Gobierno Federal.

Ficrea es un proyecto a resolver por tratarse de Sociedad Financiera Popular que se supone auxiliar de la banca comercial, de los pobres, de los que menos tienen y los que no cuentan con posibilidades de invertir en una Institución Bancaria, pero en Ficrea cada quien hizo lo que le vino en gana.

Cuando el cliente ganó y muy bien, réditos por arriba de los permitidos por el mismo Banco de México, nadie dijo nada, nadie se quejó y nadie sospechó de que algo andaba ya mal, nadie solicitó el apoyo de las Autoridades y nadie contrató abogados para saber que estaba pasando, porque tengo cada día más y más dinero; eso también es fraude en Ficrea, pero la responsabilidad absoluta es de la Autoridad por tolerarlo.

¿Como recupera NAFIN, el préstamo?

No hay manera de hacerlo, no puede recuperarse el dinero aportado por tratarse de donativos de OFI´s, la banca de desarrollo opera programas financiados con los recursos otorgados a nuestro país.

Por tanto, no se trata de recursos públicos, ni etiquetados del presupuesto anual, se trata de fondos provenientes de diversos organismos internacionales, a los cuales deberá rendir cuentas Nacional Financiera.

Por tratarse de un Agente Financiero, actuando en representación del Gobierno Federal ante los OFI, otros donantes y las Dependencias y Entidades Ejecutoras de proyectos, debe garantizar la colocación de fondos en terceros, en este caso ahorradores Ficrea, quienes tendrán que renunciar al 100% de sus intenciones de reclamar cualquier otra cantidad que tenga como remanente, y ceder en su caso los derechos litigiosos de las cantidad recibida, que será del 100% hasta un millón de pesos.

Las bases del mecanismo, es decir, las reglas de operación serán determinadas una vez aprobado el proyecto de reforma por ambas Cámaras, hasta entonces será publicado en el Diario Oficial de la Federación el proceso de entrega de recursos.

¿Y si no estoy de acuerdo en el mecanismo de pago?

Si algún afectado considera que el mecanismo de pago implementado por el Gobierno Federal, no le satisface, puede no acogerse al beneficio y dar inicio por su cuenta a las instancias legales que el Derecho le permita, deberá contratar al especialista idóneo que conozca de Concurso Mercantil para poder proceder a la elaboración del listado de bienes susceptibles de subasta por parte del SAE, tan inmediato lo hagan, podrán tener mejor derecho en la prelación que se haga, en el entendido que por principio de Derecho, primero cobran los ex trabajadores y empleados de la empresa, luego los clientes acreedores y al último proveedores de servicios.

Por lo que hace a los ahorradores, no existe un orden jerárquico en ellos, y todos cobran por igual en el reparto que se haga según bienes asegurados y valor subastado, en partes iguales y en los topes que el Interventor oficial así disponga.

El Concurso Mercantil, es la mejor y más pronta opción para montos por arriba de un millón de pesos, ya hemos hablado de ello en escritorios anteriores, ya que por virtud de este trámite la Autoridad Federal podrá emitir acuerdos y acciones más contundentes y prontas que un Juzgado de lo Civil del fuero común,Como se observa, ningún ahorrador queda fuera de pago, y en la medida en que contraten a los profesionistas dedicados a Concursos Mercantiles con especialidad en Sofipos, mejor será el trámite y más pronto; se evitará la fuga de capitales en los deudores de Ficrea, y el saqueo de bienes ya de por si sabido y a la Luz de la propia Procuraduría General de la República.

¿Tiene algún costo el trámite para el mecanismo de pago que recibo?

Ninguno, para los ahorradores que tengan montos por debajo del millón de pesos, no tiene ningún costo el trámite ante la Autoridad encargada de pagar, es completamente gratuito y no se requiere de la intervención de ningún abogado para hacerlo.

¿Entonces, tengo que cobrar mi Seguro de Garantía o no?.

Nuevamente se hace referencia a que el cobro del seguro de garantía ninguna relación guarda con el resarcimiento de daños por parte del Estado, al través del mecanismo por implementarse.

El Seguro de garantía ya se debió cobrar porque el derecho que se tienen para hacerlo vence el próximo 18 de junio de 2015, según los 180 días que la LACP dispone para ello, luego de esta fecha ningún ahorrador podrá cobrarlo. El registro para el cobro del seguro de deposito es referencia única para el pago por medio del mecanismo implementado por el Gobierno, esto es que, si no están registrados para cobrar su Seguro de Garantía no podrán tener acceso a los beneficios del mecanismo de pago, a menos que en las reglas de operación así se determine.

No podrán acceder a los beneficios del mecanismo de pago, sino se han registrado, ya lo he dicho, por tanto primero y de manera inmediata deberán pasar a registrarse los que no lo hayan hecho y cobrar de manera inmediata el Seguro de Deposito.

¿Si ya recibí el dinero del Seguro de Garantía, ya no tengo derecho al resarcimiento por parte del mecanismo?.

Si, se pueden y deben cobrar ambos conceptos siempre y cuando la cantidad de ahorro o inversión lo permitan.

¿Porqué únicamente hasta un millón de pesos?.

Se trata de un sector para pobres, para los que no tienen acceso a la banca comercial, es por ello que la condicionante de la banca de desarrollo fue que solo se cubriera hasta la cantidad que se considera acorde a una economía solidaria y no a una economía comercial, con lo cual se evita el pago personas principalmente morales y comerciales que no debieron utilizar como trampolín financiero a la SOFIPO, como el Gobierno de Coahuila o el propio TSJDF.

Sabemos que por ejemplo en las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, no existe ni seguro de garantía, solo un fideicomiso compuesto por recursos del erario público (40%) del Gobierno Federal y (30%) de Gobiernos Estatales y el ahorrador pierde el 30% de sus ahorros en caso de que le roben su dinero.

Pero lo más lamentable en las cajas de ahorro es que solo cobran hasta aproximadamente 240 mil pesos, menos el 30% que le corresponde al defraudado, solo cobra 167 mil 133 pesos, el resto que tenía invertido lo pierde por completo. Renuncia el ahorrador a reclamar el remanente si tuviera por ejemplo, un millón de pesos.

Cajas de Ahorro y Sociedades Financieras dependen de un sector de la economía de México llamada solidaria y es utilizada para efectos populares y no comerciales.

Cada uno de los contratos de inversión o de ahorro firmados por los ahorradores, contempla las condiciones financieras sobre las que habrá de versar el dinero invertido, la forma de garantizarlo, de custodiarlo, de generar los réditos y, la Ley sobre la cual descansará cualquier conflicto entre las partes, más a nadie interesan esas letras.

Los contratos que se firman en las SOFIPOS, todos, remiten su conocimiento a la LACP, todos sin excepción pero esa legislación es o más bien era desconocida por los propios inversionistas, bueno es más, se desconocida inclusive que fuera una Sociedad Financiera Popular.

Tengo más de un millón de pesos, ¿qué hago?.

La primera opción es cobrar seguro de garantía y de aprobarse el mecanismo de pago, cobrarlo renunciando a la cantidad remanente que se adeude, ceder los derechos litigiosos al Gobierno Federal.

Segunda opción, promover por cuenta propia y de manera inmediata, Concurso Mercantil para intentar recuperar el 100% de ahorros (arriba del millón) sacando a pública subasta los bienes que se tengan asegurados propiedad de la SOFIPO; así como de la documentación relativa a los contratos que se tengan con tercero, todo suma y todo cuenta.

Informes y detalles.

marioeherrera@hotmail.com

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Buscan protección 80 cajas de ahorro

Entrevista concedida a “Periódico Reforma”

Jessika Becerra
Distrito Federal, México (24 febrero 2015).-   Alrededor de 80 cajas de ahorro se defienden en tribunales vía amparos y juicios de nulidad para seguir operando, pese a que no cumplen con los requisitos de la Ley, informó la Fundación de Inclusión y el Desarrollo.

En este universo hay aproximadamente 2 millones de usuarios, según estimaciones de esta Fundación.

El organismo detalló que 20 cooperativas están amparadas y funcionando, pese a que no pudieron cumplir con la ley; otras 60 han iniciado juicios administrativos ante el Tribunal de lo contencioso y procesos de nulidad.

La nota completa: http://www.nnc.mx/notas/1424801677.php
Leer más: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=472773&v=4&po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=472773&v=4&po=4#ixzz3VYgupb9W

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Grave riesgo de un “estallido social” en México: Mario Herrera 

Entrevista concedida a “Revista Real Politik”.

María de los ÁNGELES NIVÓN

Publicado en marzo 11, 2015.

Opinión

Portada

http://realpolitik.com.mx/opinion/grave-riesgo-de-un-estallido-social-en-mexico-mario-herrera/

Hay en el país hay más de 250 mil defraudados por cajas de ahorro, las cuales no son confiables para invertir.

Personas allegadas al dos veces senador por el PAN, Fauci Hamdam comandan un despacho de abogados que cobra entre 2 y 8 por ciento del monto ahorrado a los afectados.

México, D.F.- Al advertir que en México existe el grave riesgo de un “estallido social y muy fuerte”,  el presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo A. C., Mario Herrera Carrasco confirmó que hay en el país más de 250 mil ahorradores defraudados por cajas de ahorro, las cuales hoy no son confiables para invertir.

El especialista, quien amablemente concedió la entrevista para Real Politik, desde la mesa de un restaurante en San Lázaro, explicó que la inconformidad social que existe, no es únicamente por el caso de Ficrea, viene otro problema más grande como es el de Caja Libertad, que es mayúsculo y la Conducef está a tiempo de poner un alto a esas malas administraciones de estas Sofipos.

A pregunta expresa sobre quiénes son los personajes políticos que mueven a estas empresas fraudulentas, Herrera Carrasco señaló que efectivamente “hay políticos metidos, hay gente de la mafia, gente de muchos intereses partidistas, no sólo en Ficrea, también en Caja Popular Mexicana”.

Sobre este tema, reveló que hay un grupo panista comandado, inclusive, por un mismo ahorrador de nombre Javier Paz, muy allegado al dos veces senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Fauci Hamdam, los cuales dirigen un grupo muy lucrativo, cuyo objetivo es hacerse del mayor número de defraudados posibles bajo la figura de “daño patrimonial”.

Sin embargo, afirmó que esta figura es falsa, porque no existe el daño patrimonial a partir de que hay un fondo de protección creado por la Ley de Ahorro y Crédito Popular, pero este grupo panista hace creer que bajo esta modalidad, los defraudados terminarán recuperando su dinero y eso es mentira.

Aseguró que el obligado a pagar a los defraudados es el Gobierno y los afectados no tienen que pagar absolutamente nada, empero, el grupo panista al que hace referencia les hacen firmar un contrato “leonino”, haciendo creer a la gente que ellos gestionaron el pago y les cobran entre el 2 y 8 por ciento de honorarios del monto ahorrado.

Este, dijo, es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, de los líderes que están atrás de ellos y si le rascamos un poco más,“no sabes de lo que te vas a encontrar”.

Sólo habría que preguntarse, cuestionó, cómo se le permite a algunas Sofipos tener publicidad carísima en los estadios de Fútbol, como Caja Popular Mexicana que cuenta con programas enteros de televisión, cómo pagan comerciales en Televisa y Tv Azteca, de dónde salen esos fondos.

Lucran con el dinero del pobre

Se lucra, recriminó, con el dinero del pobre, del ahorrador que de buena fe está confiando su dinero a una caja de ahorro, “no es posible que hoy existan 250 mil defraudados en el país, de los cuales, 15 mil son de Sofipos y 10 mil de uniones de crédito”, confirmó el especialista.

Son números muy graves, apuntó, tenemos los documentos con los que podemos acreditarlos y que no son reconocidas por las autoridades, hay 2 mil cajas de ahorro en todo el país que no son confiables, ni siquiera llegan a ser una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo.

Mario Herrera, quien lleva seis años recorriendo las entrañas de los fraudes de cajas de ahorro, y en particular en Oaxaca ha visitado 3 mil 330 comunidades, donde han detectado el mayor número de irregularidades, sostuvo que los requisitos principales para que una empresa de este tipo sea regular, es que cuente con la inscripción ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, caso contrario, es irregular.

Sobre la temática social del país, y luego de las reformas establecidas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el entrevistado se sinceró, y admitió que esperaban una verdadera inclusión financiera, social, popular,donde pedían más atención a grupos vulnerables, marginados y abandonados, pero tal parece que nuevamente se olvidaron de ese sector.

En el tema de las reformas financieras del Presidente Peña, Herrera Carrasco consideró que no han terminado de cuajar al día de hoy, aunque a decir verdad, ni falta hacen, porque estamos igual que hace 10 o 40 años, la gente pobre cada día es más pobre, quienes carecen de las oportunidades de vida que el gobierno no les pone a su alcance.

Catástrofe financiera de grandes dimensiones

Las reformas financieras, despejó, carecen de una verdadera inclusión social, porque siguen quedando fuera y desprotegidos el ahorrador popular y prueba de ello son los fraudes que se siguen cometiendo, puesto que las leyes no contienen los candados debidos y necesarios para amarrar las manos a quienes administran las sociedades.

Al carecer de estas garantías, externó, el ahorrador se siente defraudado y al no poder colocar su dinero en una empresa popular segura, origina que poco a poco vayan sacando sus ahorros de esas cajas y regresen a costumbres de antaño, como es guardarlo bajo el colchón porque lo creen más seguro ahí.

Además al sacar el dinero de las cajas de ahorro o Sofipos, se da el efecto dominó y van cerrando cada una de estas empresas populares, porque se van quedando sin flujo para hacer frente a sus gastos diarios y fijos, señaló.

Apuntó que el hartazgo de la gente es lo que traería como consecuencia un “estallido social”, porque finalmente los ahorradores sacarán su dinero de las cajas y éstas terminarán por quebrar y reventar a las sociedades populares, lo que generaría una catástrofe financiera difícil de enmendar.

Y si la autoridad no ha podido hacer frente a un Ficrea, añadió, qué pasará cuando 6 millones de ahorradores populares en México, pierdan su dinero a manos de administradores irresponsables que son tolerados y apoyados por las propias autoridades financieras.

Hoy es Ficrea, dijo, en la clase pudiente y letrada, ayer fueron decenas de cajas de ahorros de los pobres y mañana si no se modifican para bien las leyes de ahorro popular, el Gobierno habrá devastado por completo al sector más representativo de la economía solidaria, lo que culminaría en una verdadera catástrofe financiera de grandes dimensiones.

Autoridades incumplen con su responsabilidad

Hace 10 años, recordó, se creó el sector popular para el ahorro, al carecer de instituciones financieras como bancos, en los pueblos  no lo hay, por ello la gente tiene que buscar por sus propios medios dónde invertir y ahorrar, lamentablemente la única opción que se tiene actualmente son las famosas cajas de ahorro.

La gente confía en esas empresas populares porque no hay ninguna autoridad que les informe si la caja es regular o irregular, no hay información ni orientación al ahorrador y menos en las comunidades de la montaña, explicó.

Lamentó que muchos ahorradores hoy no conozcan la Ley de Ahorro y Crédito Popular y esta ignorancia es la que los llevó a desconocer qué pasaba cuándo se perdiera su dinero, se lo robaran, se cometiera un fraude o se tratara de un lavado de dinero, son términos que la gente apenas comienza a empaparse.

El dinero que los ahorradores invierten en este tipo de cajas, tampoco crece, es revolvente entre los propios socios, el dinero se invierte en terceras personas, pero si no existen las garantías para asegurar los créditos, la gente a quien se le otorgó sabe que puede incumplir en los tiempos pactados y máxime si es familiar del administrador, le condonan la documentación alusiva a ese préstamo, detalló.

Estas son algunas de las irregularidades que la Comisión Nacional Bancaria no supervisa a tiempo, cuando cada seis meses debería estar vigilando las operaciones de esas empresas populares, porque es su obligación, pero no lo hace, terminan siendo cómplices negligentes de ese fraude y por tanto son copartícipes del delito que están cometiendo las cajas de ahorro o las Sofipo como Ficrea, concluyó.

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EL CASO FICREA: ¿INGENUIDAD O COMPLICIDAD DEL ESTADO?

Entrevista concedida a portal sinembargo.com Por Daniela Barragán febrero 5, 2015 sinembargo.com Sección Economía http://www.sinembargo.mx/05-02-2015/1239598

¿Ingenuidad o complicidad del Estado? Es el cuestionamiento que se hace tras la estafa a cientos de personas que tenían sus ahorros en Ficrea. Cuatro son las instancias federales a las que abogados, ahorradores y legisladores han señalado como responsables y a las que también acusan por complicidad: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Por este caso hay un antes y un después en el sistema financiero mexicano, que creó la figura de la Sociedad Popular Financiera (Sofipo) –a través del Sector de Ahorro y Crédito Popular– para dar atención de ahorro y crédito a un sector de la población que está marginado de los servicios financieros. En su origen parten de iniciativas dentro de comunidades con ingresos bajos y medios.

Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), las Sociedades Financieras Comunitarias (Sofico) y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP) saltaron al ruedo supuestamente supervisadas y autorizadas por la CNBV. Actualmente, en México existen 143 SCAP autorizadas y 50 en proceso de autorización, 49 Sofipos y una Sofico.

Ficrea reflejó la falta de supervisión y la urgencia de reformar el sistema de ahorro popular en general, tanto para evitar que fraudes de esta magnitud se repitan como para que, en caso de ser necesario, las instancias correspondientes emitan alertas a tiempo a los ahorradores.

Dentro del grupo de ahorradores afectados por el fraude de Ficrea, la mayoría es gente de la tercera edad. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– Desde que salió a a la luz el desfalco de Ficrea, un caso más en la lista de ahorradores defraudados por entidades de ahorro popular, las autoridades concentraron la atención en la figura de Antonio Rafael Olvera Amezcua, el socio mayoritario de esa Sociedad Financiera Popular (Sofipo), y quien fue señalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como el culpable de la desviación de 2 mil 700 millones de pesos, en una maniobra de triangulación de varias de sus empresas, entre éstas Baus & Jackman Leasing, Monka Comercial y Leadman Trade. La CNBV argumentó que dicho monto fue utilizado para transferencias internacionales, para la nómina de 781 empleados de diferentes empresas y para comprar dos inmuebles –uno de ellos un edificio en Londres, Inglaterra–, 52 propiedades más, 104 automóviles (de marcas como BMW, General Motors y Porsche) y gastos en eventos de box, teatro y de la Serie Nascar de automovilismo. Desde 2006, Olvera Amezcua tenía ya un largo historial de acciones poco lícitas con gobiernos como el del priista Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca, y el del también priista Andrés Granier Melo, en Tabasco. La jugada de Olvera exhibió el lento actuar de las instituciones y en las declaraciones de las autoridades que las encabezan se han denotado contradicciones, por lo que en los más de 6 mil ahorradores organizaron un grupo que se maneja bajo una sola consigna: quieren de vuelta el 100 por ciento de sus ahorros y así lo confirmaron a SinEmbargo tanto los ahorradores afectados como los abogados y expertos en el tema. De acuerdo con el abogado Mario Herrera Carrasco, presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo (Fide), que se especiliza en la defensa a personas defraudadas por cajas populares, este caso refleja la urgencia de regularizar a las Sofipos si no “van a seguir cometiéndose fraude todos los días”. Para Herrera Carrasco, este caso aumentará el escepticismo de ahorrar en una figura alternativa que no sea un banco: “El fraude de Ficrea es el mayor del que se tenga conocimiento en materia de Sofipos. Se deja una incertidumbre, un gran hueco en las empresas iguales a Ficrea, que en el efecto dominó podrían comenzar a cerrar en el futuro”. BAJO LA AUTORIZACIÓN DE LA CNBV

Ante el cuestionamiento de ¿qué fue lo que falló?, tanto ahorradores, el abogado Herrera y la Senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna Luna, coinciden nuevamente en que, en primera instancia, la CNBV y la Condusef, a través de sus titulares Jaime González Aguadé y Mario Di Constanzo Armenta, realizaron una mala supervisión de la Sofipo.

De acuerdo con declaraciones de González Aguadé, desde marzo de 2014 comenzaron las investigaciones a Ficrea, ya que se detectó que ocultaba información y otra era falsa. Sin embargo, la CNBV le otorgó prórrogas hasta que la Sofipo dejó de dar información y vino entonces la intervención. En ese periodo, no se informó de nada a los ahorradores y además se permitió que más personas realizaran sus depósitos. “No hay vuelta de hoja. La CNBV es la principal, directa y más abiertamente responsable, no hay otra. Dentro de sus facultades está que tiene que velar y supervisar. Mientras le dio prórroga [a Ficrea] de que se regularizara, permitió que se siguiera cometiendo el delito, es decir hay complicidad […] Se otorgaron cuatro prórrogas, según lo dijo Jaime González Aguadé, y ahí está implícita la responsabilidad del titular, eso es responsabilidad penal”, explicó Herrera Carrasco. Por su parte, la legisladora Dolores Padierna agregó que es desde la creación de la Sofipo se permitieron irregularidades. “Ficrea como Sofipo, comenzó a operar con una fórmula piramidal que está prohibida en la ley y que quedó evidenciada después de la crisis de 2008, que es sumamente delicada. Le permitieron trabajar así y atraer cuantiosos volúmenes de recursos de participantes con la oferta de pagar altas tasas de interés superiores a las que soporta la propia institución […] Se permitió trabajar con este sistema de defraudación  y aún cuando la CNBV ya había detectado que Ficrea obligaba a los ahorradores a firmar un doble contrato, uno con ellos y otro con Leadman Trade, desde ese momento debió haber suspendido a Olvera Amezcua y tomar cartas en el asunto para evitar el fraude. “Todavía más grave fue el 7 de noviembre, cuando la CNBV anunció la intervención de las operaciones de Ficrea y hasta el 19 de diciembre que de forma tardía le revoca la autorización de operar […] Esto se hizo de la mano de la CNBV. Queda claro que es una connivencia, una colusión, fue omisa o no revisó. Deliberadamente que se permitió a Ficrea elevar el número de personas que finalmente fueron defraudadas”, expuso Padierna Luna. Hasta octubre de 2014, Ficrea SA de CV contaba con 6 mil 633 clientes ahorradores y 6 mil 724 clientes acreditados, lo que significaba un crédito total de 6 mil 284 millones de pesos; además, se calcula, las transferencias a empresas llegaron a los 5 mil 900 millones de pesos. Según la información de la CNBV, Ficrea hacía firmar a sus clientes dos adeudos: uno con esa empresa y otro en Leadman Trade, pero los clientes sólo recibían el monto suscrito una vez. El primer contrato era firmado en la Sofipo, el cual se documentaba como un crédito, y el segundo en Leadman, donde se documentaba como una arrendamiento puro. Incluso se daba a los clientes una carta donde se mencionaba que la firma del crédito en Ficrea sólo servía como un trámite administrativo ante las autoridades financieras. Esto permitió construir una base de créditos en la Sofipo que no tenía sustento económico, pero que funcionaba para respaldar información contable y para que la transferencia de recursos a otra empresa no fuera supervisada. El 98 por ciento de la cartera de crédito originada por Ficrea se canalizaba a través de Leadman, y ya no se presentaba información de soporte. LAS LETRAS CHIQUITAS QUE NI LA CONDUSEF VIO “Se tiene que trabajar en saber en qué se falló Ficrea. Según la CNBV y la Condusef, dicen que se vieron engañados y ahí hay responsabilidad absoluta penal, civil y social, ya que reconocieron el engaño, cuando desde marzo de 2014, Ficrea ya no entregaba informes, ya no rendía cuentas, no se sabía a dónde iba a parar el dinero, ya estaba maquillando los informes”, afirmó Mario Herrera. De acuerdo con su portal de Internet, la Condusef promueve y difunde la educación y transparencia financiera para que los usuarios tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en el sistema financiero mexicano. Mario Di Constanzo ha señalado en reiteradas ocasiones que este caso deberá reforzar las acciones de la Comisión, y ahora cataloga sus actuación como de conciliadora entre ahorradores y gobierno. “La Condusef debió haber actuado desde antes de que sucediera el problema: dando información a los ahorradores, rindiendo informes, presentar denuncias correspondientes, impugnaciones o reclamos y no sólo dedicarse a interpretar las letras chiquitas. Es una comisión nacional y fue creada y facultada para ayudar al ahorrador a procurar el bien en su ahorro y evitar riesgos”, dijo el abogado entrevistado por SinEmbargo. A lo largo de casi tres meses de marchas, mítines y reuniones, algunos ahorradores han comentado que antes de invertir en Ficrea recurrieron a la Condusef y no recibieron ninguna información negativa. Martha Hernández, una de las ahorradoras que está presente en todos los actos de protesta, acusa que tanto González Aguadé como a Mario DiConstanzo, director de la Condusef: “Nos han mentido todo el tiempo. Nadie más que ellos tienen la culpa […] La gente dice que en México no tenemos cultura financiera, pero si no la tuviera jamás habría ahorrado ese dinero, si no la tuviera mis hijos no estuvieran estudiando en escuelas privadas. Toda la vida he trabajado para que ellos tengan una vida mejor, por eso tengo tanta rabia”, afirma. Al igual que Hernández, el señor José Alvarado, que depositó todo el dinero de su jubilación en Ficrea, comentó que se asesoró con la Condusef y la CNBV, y aseguró que le notificaron que no había ninguna situación de riesgo. “Ellos ya tenían sospechas de que algo andaba mal, pero no nos dijeron nada. ¡Eso también es negligencia! Somos ahorradores defraudados por Ficrea pero también por la benevolencia de la Condusef”, acusa. LA OPACA ACTUACIÓN DE LA SHCP y LA PGR El pasado 16 de enero, durante una mesa de trabajo en la que comparecieron los titulares de la CNBV, de la Condusef y Alberto Bazbaz de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se explicó que durante la intervención gerencial que se realizó el 7 de noviembre la PGR aseguró ministerialmente a Leadman Trade, Baus & Jakcman Leasing, sus cuentas bancarias y las de Rafael Olvera Amezcua. Según la información de Bazbaz, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP bloqueó las cuentas a nombre de Ficrea, con lo que se puso un alto al saqueo de los recursos de los ahorradores y fue posible identificar el monto de desvío de recursos que fue de aproximadamente 5 mil 900 millones de pesos. Leadman Trade otorgó arrendamientos por 3 mil 200 millones de pesos a valor contable; ambas cantidades fueron utilizadas para la compra de bienes, carros, gastos de las empresas y transferencias al extranjero. Antes, el 6 de enero, los ahorradores entregaron una demanda dirigida a Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), contra la CNBV órgano que, destacaron, fue cómplice en el robo de sus ahorros, y solicitaron que se les informara sobre el caso de la arrendadora  Leadman Trade, que radica en la Procuraduría. Ese día Julio Rodríguez, uno de los ahorradores afectados, abandonó la mesa de diálogo y al salir de las instalaciones de la PGR comentó que quien los atendió, Rodrigo Archundia Barrientos, Subprocurador Regional de Procedimientos Penales, admitió ante ellos que se había enterado un día antes del asunto por un artículo periodístico, y les solicitó tiempo para informarse. “Le pregunté por qué nos atendía él y no quien llevaba el caso, queríamos que nos explicaran por qué hasta el día de hoy no hay nadie en la cárcel y nosotros ya estamos con un quebranto patrimonial. Él respondió que fue indicación del Procurador que nos atendiera (…) nos están haciendo perder el tiempo. No queremos que sólo nos reciban, nos interesa que nos resuelvan, que actúen y nos den explicaciones, pero no lo hacen (… ) nosotros no vamos a aceptar menos del 100 por ciento  de nuestros ahorros, ¡jamás!. Las autoridades nos están dando largas, se están burlando de nosotros”, expuso Rodríguez. Al respecto, el abogado Herrera pregunta: “¿Qué la PGR no tiene la capacidad para trabajar de manera conjunta con la CNBV para saber a dónde fue a parar hasta el último centavo desde que se abrió la sociedad popular a la fecha? ¿No tiene la capacidad para saber el movimiento del dinero? ¿Complicidad o ingenuidad? Se trata de complicidad que viene de la mano de la ignorancia extrema de cómo debe aplicarse la ley”, asegura. Poco tiempo después de la intervención, la PGR informó que Ficrea desvió al menos 470 millones de pesos entre el 3 y 6 de noviembre pasados, a pesar de que ya estaba siendo investigada por las autoridades. También, el coordinador general de la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, Eduardo Cruz Gómez, aclaró que la investigación a Ficrea arrancó desde el 17 de octubre y que, a pesar de esta vigilancia, la Sofipo realizó la transferencia de 470 millones de pesos por concepto de pago de gastos a su arrendadora Leadman Trade. UN MARCO REGULATORIO INSUFICIENTE Adrián González, ahorrador de Ficrea, comenta que haciendo una lectura al interior de la legislación y del gobierno, se evidencia que existe un marco regulatorio insuficiente y por otro lado, desde el punto de vista del conjunto de ahorradores, lo que ahora debe hacerse es una supervisión más puntual del dinero para que no ocurran estas situaciones que aprovechan los vacíos que la ley deja. “Nosotros consideramos que el trabajo de supervisión de la CNBV fue no preciso, ni correcto y no se hizo en tiempos ni en forma. Como se ha dicho, hay datos que presumían que podría haber irregularidades; las leyes de ahorro y el reglamento  daban elementos precisos para hacer un conjunto de acciones  preventivas, pero como sabemos no fue así”, dijo. El doctor Raymundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Tec de Monterrey, campus Santa Fe, considera que el marco legal da la libertad a las empresas para que actúen “personas sin escrúpulos que se convierten en bichos”. “Las autoridades fueron ingenuas, no tienen brazos ni presupuesto suficiente para auditar todos los días a todas las instituciones a las cuales les fue concedida la autorización para ofrecer un servicio público de banca de crédito”, comentó. Ante el cuestionamiento, sobre una posible crisis en el sistema de ahorro popular, señala que éstas viven en crisis desde hace varios años, “en varios estados se realizaban fraudes de este tipo a mucha gente, y para parar esos actos, se convirtieron en organismos regulados y se supone que entraban así en un marco de vigilancia y supervisión. “Se afecta a aquellos ahorradores que tienen la ilusión  de obtener una mayor tasa de ganancia por su ahorro contra las miserables tasas de los bancos, que no ganan ni siquiera la inflación de estos ni el cete directo, buscan estos organismos. “La burra no era arisca, la hicieron”, asegura. LA POSIBLE REFORMA AL SISTEMA FINANCIERO Mario Delgado Carrillo, Senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), lanzó una iniciativa de reforma a los artículos 101 y 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular que busca aumentar el monto de seguro de recuperación, que actualmente se encuentra en 25 mil Udis (131 mil 500 pesos), a 300 mil Udis (1.5 millones de pesos). De acuerdo con el documento emitido por el Senador, del total de usuarios, sólo el 37. 9 por ciento podría salir beneficiado del pago de 25 mil Udis, pero el 62.1 por ciento restante tenía montos muy superiores a esa cantidad y se verían seriamante afectados, incluso en diferentes eventos y manifestaciones, calificaron la cantidad como inadmisible. En la propuesta también se solicita incorporar las causas imprevistas como mecanismo de activación del seguro. “Es necesario modificar la ley para que el seguro de protección solo aplique, cuando se trate efectivamente de casos imprevistos, aquellos que están más allá de cualquier posibilidad humana. “Pero cuando se trata de casos que la autoridad debió advertir, como fue el caso de Ficrea, el seguro debe cubrir en su totalidad los ahorros de las personas físicas”, se lee en el documento.

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Las (dolorosas) alternativas para los ahorradores de Ficrea

Entrevista concedida a la revista Forbes México, caso Ficrea

  • Viridiana Mendoza Escamilla
  • Economía y Finanzas
  • hace 2 meses

http://www.forbes.com.mx/las-dolorosas-alternativas-para-los-ahorradores-de-ficrea/

Parte 2.

Tras el cobro del seguro de depósitos, los ahorradores que tenían más de 131,000 pesos invertidos en la Sofipo se enfrentan a una serie de alternativas para recuperar sus recursos. Ninguna es fácil o rápida, ninguna promete regresar los montos al 100%.

Catalina tenía un capital modesto, modesto para una ex trabajadora del sector financiero que soñaba con retirarse en los próximos años. Hace un tiempo se quedó sin trabajo, pero los intereses que Ficrea le ofrecía por sus ahorros le permitían pensar que, aun sin poder encontrar un nuevo empleo, podría costear la universidad de su hijo. Pero las cosas no pasaron como lo planeó. El anuncio de la intervención y liquidación de esa Sociedad Financiera Popular desvanecieron su proyecto de vida.

“El 12 de diciembre, la gente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Condusef nos dijeron que iban a procurar que los ahorradores no se vieran afectados, que tendríamos la devolución de los recursos. Teníamos una cita con la Comisión y la Condusef el 19 de diciembre. Ese día, a la hora acordada para la reunión, Aguadé –presidente de la CNBV– anunciaba la liquidación de Ficrea. Desde entonces, toda la información que recibimos es imprecisa”, se queja Catalina.

La CNBV informó a los clientes que, derivado del estado de liquidación, los depósitos estaban cubiertos por el seguro de depósito del sector por 25,000 UDI, aproximadamente 131,000 pesos.

“Aquellos ahorradores que tengan depósitos mayores recibirán el monto proporcional que les corresponda de la liquidación de Ficrea”, señala el comunicado de la CNBV.

Como Catalina, hay más de 6,000 clientes afectados, que no saben con certeza si recuperarán o no sus ahorros. ¿Cuáles son las posibilidades reales de recuperar por completo su patrimonio?

¿Cuánto será el monto proporcional?

En una de las reuniones de ahorradores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó a los clientes que la liquidación podría implicar recuperar sólo un porcentaje de su ahorro.

Un empleado de Ficrea, quien prefiere no ser identificado, proporcionó a Forbes México la tabla que se difundió, presuntamente por parte de la Condusef, en la cual se expone que los ahorradores con más de un millón de pesos podrían recuperar sólo 32% de sus ahorros.

Cuadro proporcionado a Forbes por un empleado de Ficrea.

En entrevista, Édgar Bonilla, director jurídico de la CNBV, expone que los diferentes mecanismos que se prevén para la liquidación podrían dar una proporción por arriba de 50%.

¿Cuánto va a repartirse?

Ficrea desvió recursos de manera ilegal a otras empresas del mismo dueño: 98% de la cartera de crédito se había generado con una tercera empresa, Leadman Trade, una acción prohibida por la ley.

La CNBV explica que hay una cartera de arrendamientos con garantías por alrededor de 3,000 millones de pesos de Leadman Trade, pero ésta no resulta cobrable al 100%. Por ello, Nacional Financiera (Nafin) tratará de capitalizarla para lograr una recuperación de 50 centavos por cada peso, algo así como 1,500 millones de pesos.

Por otro lado, la relación de activos de Ficrea, proporcionada por la Interventoría General, expone que Ficrea tenía otros activos por 460 millones de pesos, de los cuales 177 millones corresponden a dos inmuebles y otras sucursales.

El resto de los activos corresponderían a las propiedades de Olvera, cuya posesión se ha cedido por los apoderados legales. Éstos se integrarán para generar un mecanismo de liquidación para repartir esos recursos entre los ahorradores.

¿Qué deben hacer los ahorradores?

Los reguladores y expertos consultados afirman que todos los clientes deben hacer efectivo el cobro del seguro de depósito. Para acreditarlo, Ficrea solicita copia de identificación, copia del contrato de inversión, pagaré o estado de cuenta. El trámite puede realizarse en las sucursales que se mantienen abiertas. Cobrar este seguro no implica, en ningún caso, una renuncia al resto de sus recursos.

Sin embargo, para aquellos clientes con más de 131,000 pesos depositados, las alternativas de recuperación resultan difíciles.

Tras la comparecencia de los reguladores y supervisores del sistema financiero, el Congreso aceptó crear una comisión que apoye a los ahorradores defraudados por la Sociedad Financiera Popular, aunque esto podría no ser tan positivo.

“Lejos de ayudar a la población ahorradora, los ha confundido todavía más, pues se les ha hecho creer que el pago de lo robado se logrará como consecuencia de esta firma, lo cual es falso. El acuerdo estipula que los legisladores revisarán los mecanismos al alcance, que discutirán; ésa ya es la tarea de los legisladores. No están proponiendo hacer nada fuera del trabajo que, por ley, deben hacer”, explica Mario Herrera, fundador y presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, AC, un organismo que surgió después de un fraude con 57 cajas populares que afectó a más de 170,000 personas, principalmente en Oaxaca, en 2009.

El abogado afirma que los ahorradores deben conformar una comisión que trabaje con el regulador para lograr una liquidación eficiente y pronta, pues no son meros clientes de una institución, sino socios, pues así funcionan las Sociedades Populares. Incluso prevé que el panorama para los ahorradores minoritarios puede ser más favorable de lo que se cree.

“Idealmente tendría que haber una orden de intervención para que el gobierno pueda disponer de todos los bienes que se adquirieron con recursos de Ficrea dentro y fuera del país. Estas propiedades deberán integrarse a un fideicomiso operado por la banca de desarrollo, y, en función a su valor, generar un mecanismo de pago para los ahorradores a través de Nacional Financiera”, explica.

De darse este escenario, es probable que los ahorradores que tienen entre uno y 5 millones de pesos puedan recuperar 70% o un poco más de sus recursos, pues un informe de la Condusef arrojó que 15% de los nombres en el padrón de ahorradores son clientes fantasma, e incluso podrían estar relacionados con actividades delictivas.

“Hablamos de clientes que no se van a presentar… También se debería de negociar que los gobiernos estatales y órganos jurídicos queden fuera de este proceso de pago, pues estas dependencias deben tener claro que no pueden considerar una Sociedad Financiera Popular como un ente de inversión”, añade Mario Herrera.

Con respecto a la posibilidad de incrementar el monto de seguro de depósito, el abogado considera que esta medida podría convertirse en un incentivo perverso.

“Si ampliamos el seguro para crecer el monto a pagar para los ahorradores podemos cambiar la orientación de las Sofipos, hacerlas que busquen a clientes con más recursos, estas entidades fueron diseñadas para atender las necesidades de ahorro y financiamiento en las comunidades rurales, no para ser un mecanismo de inversión patrimonial de montos altos.”

 

¿Es buena opción un concurso mercantil ordinario?

El caso de Ficrea no es una empresa que por dificultades financieras se vea obligada a cerrar; se trata de un fraude que implica responsabilidades penales.

Édgar Bonilla explica que sí puede darse el caso en que se proceda a un concurso mercantil. El propio Mario Herrera expone que un concurso mercantil sería una forma ordenada de terminar con el capítulo, pero se trata de una alternativa que puede durar años.

“Lo ideal sería un concurso mercantil. Sin embargo, es un mecanismo muy tardado que implica una negociación sofisticada. Lo ideal es que, en efecto, se genere el mecanismo de pago para que los ahorradores puedan recuperar en la mayor proporción posible”, subraya.

El mayor inconveniente es el factor incertidumbre. En la oficina de Édgar Bonilla, la entrevista con Forbes México termina y las grabadoras se apagan. Una última pregunta surge: ¿Cuánto va a tardar poder pagar a los ahorradores ese 50% que quizá recuperarán? La respuesta no es (para nada) alentadora:

“Es una cuestión complicada… No son mecanismos que se hagan de manera convencional, no hay manual de reglas de operación en estos casos. Los ahorradores deberán esperar a que se defina ese mecanismo con sus reglas y requerimientos… Pero podría tardar mucho.”

¿Qué pasó en Ficrea? Consulta nuestro reportaje especial sobre cómo se realizó el fraude. 

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