Ficrea, una historia sin fin bien planeada

El fraude perfecto

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En noviembre de 2014, el país se cimbró con la noticia más desastrosa en materia de finanzas populares y es que una de las principales SOFIPOS (Sociedad Financiera Popular) una de las más ‘fortalecidas’, era intervenida por la CNBV por malos manejos, aunque no fue (desvió de fondos) lo que de inicio reconoció la Bancaria, dejaba de operar así nada más de la nada y ante la incredulidad de sus mismos socios, no se daba crédito a ello.

El fraude fue perfectamente maquinado entre el socio mayoritario Rafael Antonio Olvera Amezcua y el Estado desde el 27 de junio de 2008, en que se concedió la autorización para que Ficrea operara, se disfrazó el fraude, de quiebra.

Se hablaba de más de 8 mil millones de pesos en pérdidas, nadie conocía la cifra exacta o mejor dicho, solo quienes anticipadamente (meses atrás) supieron del suceso, conocían el monto real defraudado, los nombres exactos de quienes ahorraban e invertían en esa empresa y pudieron con todo tiempo repartirse el botín, y por ahí siguen sin temor alguno, otros huyeron con los bolsillos bien llenos, se acomodaron en sus mansiones y viven sin contratiempo.

Hasta ahora, la verdad se sabe a medias y así será por siempre, porque es el Sistema Político el responsable absoluto de este magno ilícito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la misma CONDUSEF, fueron rebasadas por completo en su mandato constitucional de vigilancia, corresponde al ejecutivo la rectoría financiera y ante su inútil actuación revisora tuvieron que reconocer públicamente su nula participación preventiva, digan lo que digan.

Comenzaron entonces a surgir líderes entre los mismos socios, abogados astutos y hasta legisladores que se hicieron pasar por peritos en la materia basando su ilustre conocimiento, en el único caso similar hasta ese momento, Mexicana de Aviación.

Diputados, Senadores y políticos diversos de todos los partidos políticos le entraron a la defensa (gestión legislativa) de los ahorradores populares, vociferaron que la responsabilidad absoluta era Gobierno Federal, gritaron en los medios y en tribuna que pagara de inmediato al cien por ciento; nunca antes en la historia de tranzas financieras del País un legislador había defendido tanto la economía de los pobres, se trataba pues, a la luz inmediata del legislador en turno, del fraude más escandaloso en la economía solidaria, poco se conocía de que se trataba de los pobres más adinerados de México ubicados en las principales megalópolis Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Con el paso del tiempo, los mismos legisladores fueron enterándose de quienes estaban detrás del tema, artistas de televisión, políticos, magistrados, presidentes municipales, legisladores y principalmente funcionarios públicos de todas partes, formaban parte de la relación de socios pobres en esta SOFIPO por lo que recibieron instrucciones de arriba, para hacerse a un lado unos y otros que suscribieran un documento que hicieron llamar #LeyFicrea.

El desconocimiento e ignorancia del congresista en materia economía social, por ser tema fresco, los llevó a presentar un reforma al estilo priista para modificar la totalidad de “las” legislaciones relativas al Ahorro y Crédito Popular y sus supletorias.

La idea del Ejecutivo Federal era terminar muy anticipadamente con la operación de todas aquellas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como las comunitarias y las populares que no eran del agrado de Gobierno Federal y que ya traían historia cuestionable, según la Secretaría de Hacienda, borrar del mapa a las pequeñas y minis y establecer un solo monopolio comandado con 2 o 3 empresas fortalecidas y únicas. Hacer más poderoso al poderoso.

Se hizo creer entonces que la responsabilidad de los fraudes estaba en los malos administradores de las sociedades, se negaron a reconocer que la CNBV no podía o no quería atender la problemática que todavía existe por falta de infraestructura y personal calificado, también por falta de ganas de querer hacer las cosas.

Se intentó en esa denominada Ley Ficrea meter en un solo costal a todas las sociedades y financieras no reguladas o en proceso de regulación para que no cometieran el mismo pecado de Ficrea, cuando desde hace más de 12 años los fraudes en cajas de ahorro han llevado a una perdida patrimonial de más de 25 mil millones de pesos a más de 250 mil familias en México, pero de esto ningún legislador se pronunció en su momento. Son gentes más pobres que las pobres de Ficrea.

Representantes y líderes de más de 9 millones de ahorradores activos sumaron maravillosamente esfuerzos y se logró detener en el Senado esa intentona de dilapidar el patrimonio de los más débiles, aún y cuando se sabía que se perjudicaba la aprobación del mecanismo de pago para defraudados Ficrea.

La medalla que Enrique Peña Nieto quería colgarse se fue a la congeladora en mayo de 2015 y ahí en los archivos del Senado sigue, con sus repercusiones desfavorables para la Reforma Financiera porque ya quedó renga en este apartado, y donde nuevamente era ventilada la exclusión social y financiera de los grupos vulnerables que no cuentan con una Institución bancaria en su comunidad ni tienen posibilidades ni de ahorrar ni de invertir.

Con esa maquiavélica jugada en el congreso (Ley Ficrea) Luis Videgaray pretendía, poner fin a las acciones ilícitas cometidas por todas las cajas de ahorro, las sofipos, las sofincos y hasta las mismas sofomes y sofoles, pero sin someter a debate, consulta, ni opinión a los principales personajes a quienes les paraba perjuicio esa modificación legislativa, eso indignó a cooperativistas diversos.

El sector popular se solidarizó y se unió para tumbar esa iniciativa de reforma, ante los ojos de los afectados por el fraude Ficrea, quienes no daban entendieron jamás del porqué “las cajas de ahorro” estaban en su contra.

Se echó para atrás el prospecto de Nueva Ley de Ahorro Popular por medio de la cual se aplicaría un mecanismo de pago hasta por un millón de pesos por persona de manera inmediata y con fondos de una subcuenta del Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, pero también matando miles de pequeñas empresas que ninguna culpa tenían del aberrante descuido de la Bancaria.

Falsa promesa de inversión.

… Y es que cuando se supone que daría a ganar miles de pesos así sin hacer nada (réditos – intereses), jamás se dieron cuenta (no leyeron) que en la operación artera intervenían diversas empresas para transferir fondos de una a otra, (se supone que esas sociedades eran también inherentes a Ficrea), la responsabilidad es de la Autoridad.

Así el modus operandi del defraudador o defraudadores, en la trasferencia de dineros entre una empresa y otra, por tanto responsables también o son las unidades de fiscalización tanto de Hacienda como de la PGR, ¿cómo es posible que en tanto tiempo (años) jamás se percataron del desvío de fondos o “lavado de dinero” que se operaba al interior de la empresa?.

Se supone que se trataba de una empresa auditada, vigilada, supervisada y verificada por la CNBV y su Federación, pues entonces esas operaciones y documentación “se supone” estaban autorizadas por el Gobierno Federal, y no existía riesgo alguno, ¿qué fue lo que pasó?.

Al estar autorizadas por el Gobierno, en obvio de razones no tendría porque haber sospecha de que se trataba de un acto ilícito. La culpa se traslada una vez más a la SHCP y a la CNBV.

Si la obligatoriedad de supervisión está en la CNBV, es quien tiene que responder por el acto fraudulento, de esta manera al día siguiente de declaratoria de intervención la PGR debió proceder penalmente en contra de los titulares de la SHCP, de la CNBV y de la propia CONDUSEF sus directores y mandos medios, por atentar todos, contra los intereses de la población y haber permitido la consumación de un acto delictivo, pero no, nadie fue a la cárcel y nadie hizo nada al respecto, así siguen cometiéndose además del de Ficrea, fraude tras fraude.

Pues bien, ¿a 19 meses del trágico episodio, que ha pasado?

La incertidumbre, avaricia, desconcierto e ignorancia entre la masa ahorradora pululaba, nadie sabía por donde pero no se dejaban ayudar. Se prefirió contratar los servicios de las firmas de abogados más prestigiados de México, ninguno resolvió el problema.

Abogados y líderes sagaces se jalonearon a los más posibles incautos socios, inventando cualquier pretexto legal para saberse la mejor opción en la “recuperación” del adeudo.

Líderes poderosos (eso decían), hicieron creer una amistad antaña con legisladores y que por ello les darían la solución, falso.

Legisladores hicieron lo que todo político hace, pavonearse de ser el representante legislativo conocedor y experto en el tema, le gritaban al Gobierno Federal que les pagara a los de Ficrea, nada lograron con ello.

Lo que si se reconoce, son las ganas de los afectados por recuperar el dinero y hasta famosos se hicieron en programas de televisión y radio, aduciendo acciones que, en su calidad de únicos representantes (a según), tomarían en los próximos días, acciones que lejos de ayudar a sus iguales, los hundieron más de lo que ya estaban.

Grupos y grupos de defraudados surgieron en las principales y más poderosas ciudades del País, todos con su respectivo abogado o líder, separados, desunidos y desconfiados unos de otros, nunca hubo unión.

Tiempo valioso se perdió, más de un año de manifestaciones absurdas, marchas sin sentido alguno y sin una petición formal, eso si, respetuosos y pacíficos, pero errando el camino; asoleándose de un lugar a otro y, descuidando lo que desde noviembre 2014 las autoridades y el interventor nombrado conocían perfectamente: LOS ACTIVOS de la empresa.

De erogaron miles de pesos en litigantes para dar inicio a las acciones legales, ninguna de ellas prosperó, una sola de ellas no se logró, pero se gastó lo que se tuvo.

El afectado Ficrea se preocupaba más por los líderes quienes los representarían, o por quienes estaban atrás del problema, culpando más a todo mundo de su problemática, que por vigilar lo que les daría la devolución de lo perdido, pedían la urgente detención del primer, [vuelvo a escribir] primer, responsable Rafael Olvera Amezcua, ya se dijo que, solidariamente también lo es la CNBV y la SHCP; les preocupaba más qué ése decía o qué se sabía por tuit, por face o por las redes sociales, quitar al que estorbaba o en que periódico aparecían, que iniciar la vía idónea. Muy mal.

Como si por el número de veces que parecían en radio y televisión les diera poder para que les devolvieran su dinero, o si por el hecho de enemistarse con un periodista o familiar de Olvera, les diera más facultades para cobrar primero, o la mejor, como si lograr la aprehensión del autor material del fraude les fuera a agilizar la devolución de su dinero.

Al desviarse por completo a de esta última tarea, oficiosa de la PGR, descuidaron lo más importante, los activos.

Hoy Rafael se debe estar regocijando de que todo le haya salido a pedir de boca.

La intención inmediata de la mayoría de los afectados era que el Gobierno Federal pagara de inmediato lo que les robo […], pero con pleno desconocimiento de lo que la ley vigente establece para poder lograrlo.

El procedimiento de ley pasó a ser la última vía opcional para el defraudado que quería ver su dinero completo al momento de la quiebra, sin entender que fue precisamente el procedimiento de ley, el que les resolvió prácticamente el problema al través del Concurso Mercantil, basado en las disposiciones para ahorro y crédito popular y para Sociedades Financieras. Lamentable pero así resultó.

Por tratarse de una Sociedad Financiera Popular su regulación es “especial”, es decir, que se rige por una normatividad única, justamente creada para esa Sociedad y sus actividades, esto tampoco quisieron aceptarlo los afectados.

Por tratarse de un ordenamiento especial y vigente, la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), entonces sobre esta norma recae todo el procedimiento de pago en caso de fraude, pago de seguro de deposito y mecanismo de pago y nada más; al ser cantidades mayores, se aplica de manera supletoria la ley procesal acorde al tema, pero nunca una ley diversa.

La gente creyó que el Estado tenía una bolsa de dinero guardada y solo estaba esperando que se conociera la desgracia de Ficrea para pagar lo robado, no, eso jamás, todo lleva un procedimiento a seguir y en aquel tiempo, este escritorio (único) recomendó dar inicio al Concurso Mercantil que sería el punto de partida para que una autoridad jurisdiccional tomara cartas en el asunto y se ordenara el aseguramiento de los activos. Nadie acató la recomendación.

Lo del Concurso mercantil, se planteó cuando se sabía la existencia de por lo menos unos 7 u 8 mil millones de pesos probables para pagar a acreedores, alcanzaba perfectamente, entre bienes muebles, inmuebles, carteras, cuentas por cobrar, factoraje, entre otros. Se esfumó esa posibilidad.

Luego de la última subasta realizada por el Juez concursal, da coraje que por el tiempo perdido se estima que se haya disipado más del 50% de activos que existía.

Este escritorio propuso también la creación de un ‘mecanismo de pago’, tal y como lo establece la Ley para los casos en que supere las cantidades que por seguro de deposito se paguen, mecanismo de pago que se iba logrando poco a poco con la ayuda e intervención de muy buenos y leales Senadores y Diputados, funcionarios de la bancaria y de hacienda, todos arrastrando lápiz.

La tarea legislativa se hizo y de ese mecanismo de pago colgaríamos más de 25 mil millones de pesos para, se calcula, más de 250 mil defraudados por cajas de ahorro que también tienen el mismo derecho de cobrar que los afectados por Ficrea, por los fraudes de que fueron objeto, exactamente en las mismas condiciones, montos y tiempos, ya que no puede haber mexicanos de primera ni de segunda. Si el responsable es el Estado que pague pero conforme a derecho a todos por igual, todo.

Poco más de 4 mil socios cobraron el denominado seguro de depósito al cual tienen derecho todos los ahorradores de la Financiera y que permitía la indemnización de hasta 25,000 UDIS  ($131,500.00 pesos aproximadamente) contra los saldos de cada ahorrador.

Sin embargo, continuaba la ignorancia entre los grupos de poder en los defraudados de la sociedad, algunos advertían que, el seguro de deposito era una “trampa” para conceder el perdón pronto a los responsables, otros argumentaban que ese dinero (seguro de deposito) serviría para callar bocas, otro más gritaban en los medios de comunicación que los “abogados” recomendaban que nos se cobrara el seguro porque quedarían automáticamente sometidos al Gobierno y ya no habría posibilidades de recuperar el remanente. Falso todo ello.

Lo cierto, es que ese seguro de deposito, se encuentra establecido en la ley como una primera opción de pago, como se supone que es una sociedad de ahorro popular, el legislador, tiempo atrás, estimó que el ahorrador no podía invertir más de 25 mil UDIS, pero tampoco lo prohibió, es por eso que el topo de la protección o garantía de pago establecida por el Gobierno es esta cantidad.

El seguro de deposito, es obligatorio para la mayoría de las Sociedades Financieras y las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, es requisito indispensable para poder operar.

Si se cobra luego de que ha ocurrido un fraude o perdida de dinero, por la causa que haya sido, se paga de manera inmediata, pero no se renuncia a la recuperación posterior de ninguna otra cantidad remanente, ni tampoco se pierden derechos, simple y llanamente se trata de un seguro al que tienen derecho los ahorradores.

Propuso este escritorio que al momento de que cada uno de los socios activos fuera cobrando su seguro de deposito, se colocara una comisión de vigilancia para saber quienes eran los acreedores reales de la sociedad y se buscara desde entonces su anulación total como socio, tal es el caso de los Tribunales de Coahuila y la Ciudad de México, quienes tenían entre ambos más de 150 millones de pesos invertidos. Nada se hizo y estos Tribunales también cobrarán por igual que el resto de socios.

En tratándose de una Sociedad ‘Popular’, no es posible que las instituciones de carácter público encargadas de impartir justicia, intenten obtener lucro a partir de las aportaciones que por pago de derechos hacemos el público en general, eso no es concebible, aunque no existe impedimento para ello, si pudiera encontrarse una justificación legal para pedir su quita de la lista de prelación, lo cual tampoco se hizo.

También se propuso colocar una comisión de vigilancia en la poco confiable investigación y aseguramiento de bienes lograda por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que es sabido que fácilmente en el inter de investigación, mágicamente pueden desaparecer los bienes incautados. Tampoco se vigiló y en efecto, perdieron mágicamente la mayor parte de bienes lujosos, no se sabe donde quedaron.

Pocos, muy pocos fueron los que creyeron que el Concurso Mercantil sería la mejor opción, y ese reducido número de socios se aventuró y corrió el riesgo, el resultado fue un éxito total el trámite concursal, única vía por virtud de la cual se logró frenar la desaparición de activos, tener el número real de acreedores y el monto total deudor.

Ninguna otra vía lo pudo haber logrado, en la inteligencia de que el Concurso Mercantil no tiene costo alguno, es completamente gratuito porque para ello existe el IFECOM, aquí se puede consultar www.ifecom.cjf.gob.mx.

No obstante de que el trámite es completamente gratis y se tiene el apoyo de expertos en el tema independientes a la CNBV y a la SHCP, hubo quien contrató abogados como gestores del trámite, lo cual es respetable, otros más siguieron cegados a letrados oportunistas que se apoderaron de ellos con falsas propuestas de arreglo con tal de ganar millonarias sumas de dinero.

Hoy todos esos despachos de abogados, hacen creer que por ellos se tramitó el Concurso Mercantil, se cuelgan de lo que un pequeño grupo bien realizó, y ahora al trasladar el monto obtenido por el remate de vienes, los oportunistas letrados pasan sus facturas para cobrar los porcentajes contratados. No se vale.

Surgió así un despacho vival que recomendó proceder en contra del Estado […], al través de una ‘demanda’ (así vendió la idea), fincándole Responsabilidad Patrimonial y de esta manera hacerlo pagar el 100% del dinero perdido, más intereses ordinarios, moratorios y hasta el pago de los honorarios de los litigantes.

Entre el 4 y el 8 por ciento según se deje cada uno de los lastimados y se hayan obligado por contrato cobrarán los abogados por cada pago que se le haga al afectado.

Previo a la interposición de queja por parte del despacho, el despacho se embolsó una millonaria cantidad al cobrar por concepto de gastos judiciales (amarre del negocio) 5 mil pesos por persona al momento de la firma de la queja, hagan cuentas si según dicen que se tienen 1,400 contratos firmados.

Hacen creer que se ganará su queja administrativa y que se pagará el 100%, pero como  no se supo como promover ni en donde presentar al inicio, fue rechazada de inmediato por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al no haberse presentado conforme a derecho la queja donde se reclama la Responsabilidad Patrimonial del Estado y siendo negada para su conocimiento por parte de la autoridad hacendaria, el despacho impugnó erróneamente el acto, luego se promovió ante una autoridad superior otra impugnación por la negativa donde se ordena a Hacienda recibir la queja, acto seguido la declaró de improcedente.

A resumidas cuentas, el despacho que prometió recuperar el dinero robado en menos de 3 meses y al 100%, ya lleva casi un año de impugnación en impugnación, siendo negadas todas las instancias promovidas porque como se ha dicho, ninguna de ellas es la adecuada, la única vía procedente es el Concurso Mercantil y nada más.

Siendo respetuosos de las gestiones, porque no es un litigio, promovidas por el despacho defensor del grupo más grande de afectados, cumpliremos con anotar que primero anunciaron con fanfarrias ser patrocinadores de 6 mil defraudados, con el tiempo bajó a 4.4 mil para terminar en 1.4 mil representados y eso en veremos porque se sabe que quienes fueron más inteligentes no firmaron contrato, porque no estaban dispuestos a pagar tan exorbitantes cantidades por no hacer nada.

El despacho tramposo ya se ha adjudicado una victoria no trabajada, y es que ahora inteligentemente se ha metido poco a poco a la resolución del Concurso mercantil, su remate reciente y los pagos que están a punto de concluir en una primera fase, y ha hecho creer el despacho de abogados, que ha promovido el Concurso y que por ellos se ha de recuperar el dinero perdido para cobrar los honorarios.

¿Cual es la intención del despacho?, pues que cada que se vaya pagando a un socio acreedor pasen a la caja de los profesionistas a pagar los honorarios, en caso de que no se pague, el socio deberá cubrir como pena convencional un porcentaje por incumplimiento y todavía peor si no se paga es acreedor a un interés moratorio; nadie sabe para quien trabaja.

Quienes firmaron contrato con el despacho, seguramente no han comprendido o entendido que la recuperación de su dinero robado no será por virtud de ninguna queja por Reclamo de Daño Patrimonial, ni por ninguna otra acción que no sea el Concurso Mercantil.

El Concurso Mercantil es gratuito, existe un Instituto Federal que lo ventila, sin costo alguno, porque hace las veces de auditor – interventor para administrar la empresa y pagar a acreedores.

El Concurso Mercantil lo interpuso un reducido pero muy estratégico grupo de defraudados comandados por abogados que supieron como lograr que se admitiera la demanda, supieron por donde y han logrado hasta ahora, encaminar un muy buen proceso, lamentablemente si volvemos los ojos atrás con todo lo arriba anotado, se promovió demasiado tarde.

A pesar de que ha sido un reducido grupo el que lo promovió, terminarán todos, por ley, cobrando en la misma intensidad, condiciones y porcentajes proporcionales, todos por igual, ni uno menos, ni uno más.

Hoy las cosas han cambiado en perjuicio patrimonial de los defraudados y se han cumplido por desgracia todos los vaticinios dados, pero no está del todo perdida la inversión, si de manera estratégica saben interpretar los hechos, los guerreros ahorradores, se darán cuenta que probablemente con otro poco de paciencia, más todavía, tendrán de vuelta, sumando acciones, gran parte de su dinero perdido.

¿Que sigue?

Olvidarse del tema de Responsabilidad Patrimonial del Estado, eso les está restando tiempo dinero y capacidad de actuación en lo que realmente vale la pena en adelante, que es concentrase en acelerar los procesos de adjudicación de activos, todos.

Se tienen más de 600 millones pesos derivados de la venta de activos propiedad de cada uno de los socios y solo tendrán derecho a su reparto quienes se encuentren en la lista definitiva del Concurso Mercantil, y que hayan cumplido cabalmente con los requisitos de ley.

Luego, algo que se han olvidado los acreedores es la cartera de créditos colocados por la SOFIPO y que tiene en su poder Nacional Financiera; en un inicio se advirtió de esta cartera porque representaba la mayor parte del dinero de los afectados, se hablaba de más de 4 mil millones de pesos colocados, entre capital e intereses que cada deudor debía pagar.

Con el paso del tiempo y por no haber puesto atención a este rubro, se sabe que hoy se ha dilapidado más del 50% de esta cantidad, dado que al no haberse gestionado a tiempo las acciones legales se permitió que quienes recibieron créditos por parte de Ficrea en su momento, hoy en día se hayan desaparecido y no se tenga donde localizarlos.

El listado total y definitivo de socios a pagar ya no puede tener modificación alguna, la misma gente que cobró en una primera fase, deberá ser quien cobre hasta el final, ni más ni menos.

La cartera en poder de Nacional Financiera debe obrar también como parte integral del Concurso Mercantil por tanto el Juez Concursal puede ordenar las medidas necesarias para obligar a entregar todo tipo de información desde que Nafin se hizo cargo de la misma; casi puedo asegurar que de este rubro pueden, inclusive, recuperar hasta un 60 o 70% al final los defraudados, si bien se hacen y promueven las cosas.

Con el 10.16 por ciento recibido con motivo de la primera subasta realizada en el Concurso mercantil y que representa apenas la décima parte de lo perdido, más el seguro de deposito, quien lo haya cobrado, ya tendrán por lo menos el capital necesario para hacer frente a sus necesidades en los próximos días, ya no habrá entonces daño porque ya recibieron una parte del dinero en resarcimiento.

Si un acreedor ya recibió su resarcimiento, entonces ya se ha cubierto parte del daño causado por el fraude, y si esto ocurrió entonces los responsables quedarán librados de todo mal.

El Concurso Mercantil pues, terminará resolviendo un problema que se creía imposible, en el porcentaje que sea por las cantidades que resulten.

Se les ha hecho creer a los afectados que el despacho de abogados con o sin queja promovida deberá pagar, porque como lo anunciamos en su momento, se firmó una cláusula mediante la cual se establecía que si por cualquier vía o forma el Gobierno devolvía el dinero, el defraudado debía cubrir entre el 4 y el 8% de honorarios.

El pago derivado del Concurso Mercantil entra en esta hipótesis, por lo que a pesar de que el grupo de abogados no haya intervenido y no haya hecho nada y que solo haya sido un grupo minoritario de socios el que se atrevió a promoverlo, deberán cubrir los honorarios del despacho, porque si no es por una es por otra, pero el despacho siempre ganará millones de pesos por no hacer nada.

Por último, están las propiedades aseguradas o disque aseguradas por la Procuraduría General de la República (PGR), sabemos como se las gasta esta dependencia por lo que no será de extrañarse que se invente un sin fin de justificaciones por las cuales no su pudo asegurar o edificios o mansiones o yates o cuentas bancarias, ya que en el ínter del trámite, cambiaron 2 o 3 veces de dueño o simplemente ya pasaron a manos de terceras personas.

No obstante ello, es considerable tener en cuenta lo incautado por esa Institución y mucho cuidado deberán tener las víctimas del fraude en exigir a la Procuradora que entregue un informe pormenorizado de todo lo que se sepa perteneciente a Ficrea.

El Juez lo puede todo y de las partes dependerá la viabilidad del éxito que se tenga en este apartado.

Mención aparte y sin ser menos importante, es la que merece Rafael Olvera Amezcua, quien a partir de la promoción del Concurso Mercantil y una vez que se liquide a la totalidad de los afectados no tendrá responsabilidad, ni culpabilidad alguna, así como lo conocieron, así caminará campantemente por las calles sin que pueda ser procesado porque el Estado ha cubierto el pago a los dañados por conducto del Concurso Mercantil. Pregunten a sus abogados y verán que esto es cierto.

El Estado tampoco tendrá responsabilidad alguna una vez cubierto el último de los pagos posibles dentro del Concurso Mercantil, porque se habrá resarcido del daño a los defraudados, si se decretó la quiebra no hay responsables, solo fue un mal momento financiero en la empresa; lo cual nadie, absolutamente nadie ha procesado, si se recibe un dinero en pago, ya no habrá culpables, con esto se desvanece por completo la historia novelesca del reclamo por la supuesta Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Este escritorio subraya y siempre señalará, una culpabilidad absoluta del Gobierno Federal por conducto de la SHCP, la CNBV y la misma Condusef, si la hay, si son responsables no solamente financieramente, sino política, social y penalmente por poner en riesgo el patrimonio de la ciudadanía ahorradora, máxime que se trata de la más vulnerable por ello se encuentra en el sector “social”, pero si por popular se entienden ahorros por arriba de los 10 millones de pesos o de los 100 millones por parte de Instituciones Públicas, entonces todo está mal.

Ni es la vía y forma para reclamar la Responsabilidad del Estado la promovida indebida, inútil y falsamente por los abogados, ni por virtud de ésta recuperarán su dinero.

O…, será que tendrán que esperar varios años más, hasta que alguna autoridad se apiade del despacho de abogados y por lo menos le dé entrada a su reclamo, más claro no puede estar, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le hado un palo más a los abogados a quienes se les han acabado las excusas o pretextos para responsabilizar a los órganos (SCJN) que dudo mucho atraiga un caso que le corresponde conocer a la autoridad bancaria, porque no es de su competencia.

No será que también se ha perdido un tiempo valioso porque hasta ahora ningún abogado en el País, uno solo, no ha obtenido la devolución de ahorros en un afectado por la vía judicial, nadie lo ha logrado, tal vez se hayan obtenido sentencias favorables, pero todas encaminadas a exigir a las autoridades bancarias que cumplan con su obligación de pago, es decir, que a pesar de que todo el trámite procesal se haya bien ventilado ante un Tribunal sea del fuero común o del federal, el resultado siempre será la canalización inmediata a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y así por siempre.

Eso si, entre que se le hace creer al defraudado que se intentará una nueva acción ante una autoridad superior y entre que el defraudado no entiende nada del procedimiento, los inteligentes abogados, sin hacer nada se embolsan cada que se les pega la gana, sumas millonarias a costa del pobre bolsillo de los socios defraudados.

Me gustaría estar equivocado, y ser el principal errado en todo, y que salgan victoriosos todos los defraudados que han comprado un abogado para demandar al Estado, me gustaría que cobren no solo el 100 por ciento sino todo lo que se pueda, me gustaría en verdad, porque de esa manera se sentaría un muy buen precedente para casos análogos, pero lamentablemente tantos años de defensa a defraudados populares me dan la razón cuando de abogados, líderes o representantes abusivos de estas víctimas se trata, siempre.

Habrá más todavía por cobrar en el defraudado mucho más, por tratarse de una SOFIPO, no se renuncia jamás a ningún derecho de cobranza del dinero invertido y robado hasta no recibir o el total del dinero, o bien, hasta demostrarse que ya no existe activo alguno que asegurar y rematar.

Pueden darse tantos remates se quieran con los activos que se encuentren, a diferencia de una caja de ahorro que solo tiene una sola oportunidad hasta por 240 mil pesos aproximadamente por parte del fipago.

Los socios Ficrea deberán decidir si su intención es ver en la cárcel a los responsables cualquiera que sea, o recibir el resarcimiento de daño, la moraleja que nos queda a todos es, saber escuchar, entender y comprender la Ley antes de firmar cualquier documento por medio del cual se comprometa nuestra patrimonio.

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Refrenda Gobierno de Oaxaca apoyo a defraudados por cajas de ahorros

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• Se formaliza Convenio de Coordinación entre el Gobierno del Estado y el FIPAGO que buscará incorporar a Oaxaca en el procedimiento para resarcir el daño patrimonial a 5,800 oaxaqueños que resultaron afectados por la insolvencia o quiebra de empresas crediticias. 
• Con ello, la actual administración reafirma su voluntad y compromiso de actuar siempre en favor de la justicia, sin más arma que la legalidad y de ejercitar un mandato con profunda vocación humanista, afirmó la titular de la SEDESOH. 

Por instrucciones del Gobernador Gabino Cué Monteagudo, la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, Aída Fabiola Valencia Ramírez,  atendió y dio respuesta puntual a las peticiones del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca (FUADO), quienes sostuvieron una mesa de trabajo con servidores públicos del Gobierno del Estado de Oaxaca en la capital oaxaqueña.

Durante una reunión efectuada la tarde de este lunes con el representante de esta organización, Mario Herrera, así como con los directamente afectados, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH), refrendó el apoyo de la administración de Gabino Cué, para continuar con los trámites ante el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO).

Mediante la firma de este Convenio de Coordinación, donde el Gobierno del Estado de Oaxaca solicitará a este organismo, la incorporación de la entidad en el procedimiento para obtener estos beneficios, Valencia Ramírez hizo patente el respaldo de la Federación y el Gobierno de Oaxaca al garantizar la continuación de dichos trámites ante el Fideicomiso de Pago.

De esta manera –dijo- se continuará apoyando a cerca de 5,800 ahorradores de las ocho regiones de Oaxaca que resultaron afectados por la quiebra de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo de la entidad.

Asimismo, Valencia Ramírez dio a conocer que otra de las demandas de los inconformes que fue atendida y garantizada, es la continuación de las auditorías especiales que actualmente se practican  a 22 Cajas de Ahorro que se encuentran en el proceso de ingreso a FIPAGO, previendo la culminación de estos trabajos durante el próximo mes de agosto.

En ese contexto, la titular de SESESOH afirmó que el compromiso del Gobierno de Gabino Cué Monteagudo es con el bienestar de las familias oaxaqueñas; por ello, durante los últimos cinco años, y con el apoyo invaluable del FIPAGO, la administración estatal ha destinado más de 500 millones de pesos en beneficio de 18 mil 942 personas defraudadas, a fin de resarcir el daño a su patrimonio.

Sostuvo además que con ello, el Gobierno de Gabino Cué reafirma su voluntad y compromiso de actuar siempre en favor de la justicia, sin más arma que la legalidad y de ejercitar un mandato con profunda vocación humanista, que traduzca en acción de gobierno los anhelos y esperanza de progreso de nuestra población.

Por su parte, el representante del FUADO, Mario Herrera, reconoció el cumplimiento del Gobierno de Oaxaca, a través de la SEDESOH, al formalizar el convenio que permitirá a los defraudados continuar  con los trámites ante el FIPAGO.

En ese tenor, reiteró el apoyo de la administración que encabeza Gabino Cué Monteagudo al priorizar este tema en la agenda de trabajo, y respaldar -con la firma de este convenio- la demanda y anhelo de las y los ciudadanos que vieron vulnerado su patrimonio.

Asimismo, comentó que el FUADO entregará este martes el documento firmado a FIPAGO, a fin de que este organismo incluya a Oaxaca en la próxima sesión del Comité Técnico y así se puedan proporcionar a la brevedad los pagos.

“Con esto se garantiza el pago oportuno, en este mismo año y durante la administración del Gobernador Gabino Cué, del monto necesario para resarcir el daño patrimonial a 5,800 defraudados de las 8 regiones de Oaxaca que contempla el paquete 4”, afirmó Herrera.

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Estefan Garfias engaña a defraudados por cajas de ahorro

 

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Hizo creer que había gestionado 120 millones de pesos para pago a 5,844 defraudados y todo resultó una farsa.

Cuando candidato a Diputado Federal, José Antonio Estefan Gárfias y el Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca (FUADO) firmaron un compromiso de pago para resarcir del daño a quienes si entraban a FIPAGO, así como para dar seguimiento a quienes no se beneficiaban por este Fideicomiso y en ambas falló, no cumplió.

En sus oficinas particulares siempre negaron al congresista, en el Congreso jamás tuvo el tiempo, en sus celulares no responde a llamados de defraudados, para que entonces dan un número privado y se tiene tanta gente al rededor de un político si ni habrán de contestar ni atender una necesidad del pueblo.

Recordemos que por instrucciones del Gobernador Gabino Cué Monteagudo, Estefan Garfias debió realizar las gestiones necesarias para conseguir $115´224,813.67 millones de pesos para pagar a 5 cajas de ahorro que son CAJA DEL SUR, CAJA SOLIDARIA DE ARTESANOS, COOPERATIVA DEL SURESTE, CAJA POPULAR DEL SURESTE Y KAXA TAON, sin embargo, del falló el legislador al Gober, solo fueron promesas al aire y hoy Pepe Toño ha defraudado a 5,844 afectados.

Los defraudados por cajas de ahorro de Oaxaca han sido pacientes y muy tolerantes de cada una de las exigencias del gobierno local y federal, se han agotado todas las acciones tendientes a lograr el pago, pero tal parece que lo que se intenta ahora es alargar lo más posible la dolencia de miles de victimas de fraudes para dejarle el trabajo al próximo gobernador, ya sea haciendo un favor o dejando un problema mayor. Todo tiene un límite.

Gabino Cué se comprometió con ahorradores defraudados el pasado 11 de noviembre de 2015, se suponía que a cargo de Estefan Gárfias, para conseguir los fondos necesarios, pero eso nunca ocurrió, el legislador solo hizo creer que una partida de 60 millones saldría en diciembre del año pasado y otra de otros 60 millones habrían en salir en enero de este año, para comenzar los trámites en finanzas del estado para cubrir el pago adeudado por ahí del mes de marzo, pero eso fue falso, y las familias dolidas ahora están más que desesperadas porque cada día que pasa ven más imposible la recuperación de su dinero.

Decepcionados por completo están los defraudados por cajas de ahorro, y han advertido un voto de castigo para el elegido por el PRD ya que si así fue su comportamiento como legislador, que se podrá esperar como Gobernador.

Es grave el asunto.

El problema de fraudes para estas 5 cajas, representa perdidas patrimoniales por al rededor de 2 mil millones de pesos, pero por la discriminatoria Ley de FIPAGO, solo se cubre el 70% de hasta 240 mil pesos por ahorrador, es por ello que solo se cubren $268´857,898.56, y ni así se interesó el ahora candidato.

Con Gabino Cue se trabajó de manera coordinada y perfecta día a día para lograr cumplir con los requisitos de Ley por espacio de 6 años, ahora que solo falta el dinero para cubrir el daño, José Antonio Estefan Garfias ha fallado a su palabra con la sociedad ahorradora oaxaqueña, no da la cara y ni siquiera se atreve a mencionar el tema en ningún acto de campaña.

Ni atención en el Congreso, ni mecanismos de pagos, ni recursos, ni mesas de trabajo se dignó el candidato por el PRD al Gobierno de Oaxaca, nada se recibió de él, de los 120 millones de pesos prometidos, nada se sabe y la historia se repite cuando en aquel 2010, el mismo Luis Videgaray del PRI entonces presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados prometió 5 mil millones de pesos por conducto de la otrora diputada federal del PRI Sofía Castro, al final, pura mentira por parte de esos legisladores priistas, la misma historia 6 años después ahora con los del PRD.

Gabino Cué tiene un compromiso serio con defraudados y lo tiene que cumplir, confianza hay en ello, pero si el Gobernador se rodea de falsos personajes que dicen haber gestionado dinero a favor de defraudados, cuando eso es completamente falso, definitivamente no resultará un gran mentira para ganar, ahora comprendemos, votos.

Se estiman en Oaxaca cerca de 40,000 familias pendientes de pago por parte de FIPAGO, lo que equivales a aproximadamente 120 mil votantes en el estado, no es un tema que se pueda despreciar por ningún político como lo ha hecho Estefan Garfías quien creído de que su primo hermano ocuparía la presidencia presupuestal en el congreso y le ayudaría a sacar el tema, no le resultó ni una ni otra, todo le ha salido mal.

Defraudados buscan en el próximo gobernador la sensibilidad que ha tenido Gabino Cue y más todavía, se busca la voluntad política y social, en Pepe Toño y su gente alrededor no lo hay y eso lo sabe perfectamente el defraudados y su familia.

Pepe Toño abandona de esta manera un problema que la misma sociedad civil organizada en un movimiento llamado FUADO ya tiene arreglado, que ya ha hecho la tarea que los legisladores no pudieron para miles de socios de 5 sociedades cooperativas, solo tenía que conseguir los fondos pero no pudo o no quiso lograrlo a pesar de que el petitorio venía del propio Gobernador.

FUADO hará presencia en la próxima audiencia pública a celebrarse el Tuxtepec, el objetivo es un acercamiento con el Gobernador y obligarlo a que cumpla su palabra de pagar a quienes ya reúnen el requisito FIPAGO, antes de que el Ejecutivo deje el puesto.

 

 

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Fauzi Hamdan no da una con defraudados por Ficrea

Por Mario Herrera.

 

Y siguen los palos procesales para el prestigiado abogado  Fauzi Hamdan dentro de su intentona por reclamar el Daño Patrimonial causado por el Estado a los afectados de la Sociedad Financiera Popular FICREA.

No vamos a tocar el punto respecto de si es procedente o no el Daño Patrimonial, ya lo hemos hecho hasta el cansancio en diversas publicaciones, hoy analizaremos donde exactamente está errando el litigante panista.

ya hemos dicho que no se puede hablar de un daño patrimonial del Estado en su ‘conjunto’, tal vez, pero muy tal vez lo exista, pero en cada uno de los que resultaron víctimas del delito de fraude y lo que resulte al haberse esfumado de un día para otro sus ahorros e inversiones, es decir, cada uno de los defraudados por el Estado deberá realizar su petición por separado y a titulo individual. Nunca de manera colectiva.

Jamás colectiva, la Ley es clara en ese estricto sentido, entonces, ¿que fue lo que motivo al despacho Hamdan a promover colectivamente el supuesto daño?, muy sencillo.

Si un abogado, promueve en un solo escrito (demanda o reclamación) mil peticiones de mil personas distintas, entonces solo tendrá que checar (revisar) un solo expediente, acudirá al Tribunal a checar un solo acuerdo, con una máximo dos personas (pasantes o abogados), en tanto que, si lo hubiese hecho como la Ley en la materia lo ordena, de manera individual uno a uno, entonces tendría llenos los archivos de la SHCP y de los Tribunales de miles de expedientes, con miles de acuerdos en los que utilizaría cerca de 20 o 30 pasantes, que le cuestan una fortuna, por hora o por día. Sin contar las fechas de audiencia en las que debe estar presente el abogado, etc.

Si fuera de manera personal, es decir, por propio derecho como debió promoverlo, entonces tendría que desahogar vistas, requerimientos o términos para miles de expedientes, de locos, verdaderos locos ese litigio.

Si Hamdan utilizó la trampa de la colectividad fue porque de a mil pesos por persona (gastos) suponiendo que fueran únicamente los 1,428 promoventes ante el ahora Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, entonces el abogado y sus colegas se hicieron de la nada despreciable suma de $1`428,000.00, pero ni fueron mil pesos, fue mucho más la cantidad que pidió por gastos, ni son 1,428 porque ahora le ha dado por defender defraudados por cajas de ahorro en la misma metodología.

Cobrar gastos no es malo, por el contrario, es una necesaria economía para poder representar a un cliente y llevar al cabo actividades propias del litigio, es válido y honorable el cobro; no hay objeción en ello, porque más culpa la tiene el cliente que se ha dejado timar sin haber consentido esto.

Por de ese casi millón y medio de pesos que cobró ya casi hace un año, se habrá gastado no más de unos 50 mil pesos en la tramitología que ha realizado hasta ahora y ¿el rest0?, ¡que importa donde haya parado el resto!, es cosa entre abogado y cliente y se debe respetar, no es mi incumbencia, más lo que si he de tundir es ¿que carajos ha hecho el abogado para cumplir como lo prometió a los dolentes afectados? ¿que?.

Primero dijo que en 3, 4 meses lo resolvía, vamos para el año, luego dijo que demandaría a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, falso solo presentó un “reclamación de daño” término correcto de su proceso, no hay pruebas, no hay proceso, solo una reclamación y es todo; luego prometio recuperar los ahorros antes de cualquier otra instancia…, ok, sin comentarios.

La reclamación ante la SHCP obviamente no procedió porque no se interpuso por propio derecho, ya que es muy distinto hablar de un daño moral colectivo o un daño moral individual individual, no todos los defraudados han sido dañados, ni todos los daños, que se acepta se han originado, corresponden a una colectividad.

Al no haberse acreditado de manera fehaciente el daño a cada persona, se le dio un primer palo al abogado en Hacienda y nervioso, creyó haber hecho el negocio de su vida, comenzó a promover amparos, impugnaciones, revisiones, y cuanto más está a su alcance para refutar su necedad colectiva. Jamás la habrá de manera general, jamás. Nada le ha salido, y todo absolutamente todo lo ha perdido.

Bajo una gran labia, ha hecho creer a los ahorradores defraudados que él tiene la razón y los que están mal son las autoridades, y que tarde o temprano se habrá de resolver a su favor y todos cobrarán miles de millones de pesos incluidos intereses y sus honorarios, que mal están todos.

No se niega, y se acusa una negligencia de la autoridad en la supervisión, vigilancia y en su caso, corrección, llámese Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaria de Hacienda y hasta la misma Presidencia de la República a quién corresponde la Rectoría del Estado y la garantía jurídica de sus ciudadanos en términos de la propia constitución política, esto es más que obvio.

Tampoco se niega que le asista el derecho a cada defraudado de reclamar e intentar por cualquier medio o forma legal la recuperación de su dinero, es un derecho y tiene que ejercerlo.

Pero de eso a que se engañe a un grupo de gente haciéndoles creer que mediante un solo escrito (demanda colectiva) habrán de recuperar TODOS su dinero, eso es falso, completamente falso y las autoridades que han conocido de cada una de las impugnaciones mal hechas por el abogado me dan la razón párrafo por párrafo en cada una de sus resoluciones.

Los afectados por FICREA que promovieron en tiempo y forma el Concurso Mercantil y los que se sumaron en tiempo al listado de prelación serán siempre los privilegiados, serán los que vean concluido su esfuerzo y paciencia en la recuperación de sus dineros, los que resulten en su momento.

No descarten de ninguna manera la modificación a la Ley de Ahorro, la Ley de FIPAGO y las legislaciones que en algún momento propusieron un mecanismo de pago elaborado a conciencia por especialistas varios, me incluyo.

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1,500 empresas diversas operan como cajas de ahorro en México

Por Mario Herrera

Abogado y activista social en Oaxaca.

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Se estima que que en México, aproximadamente unas 1,500 empresas constituidas la mayoría en Sociedad Anónima han operado y siguen operando exactamente igual como lo hace una caja de ahorro, es decir, captan recursos del público al que llaman cliente o socio, para supuestamente destinar el dinero a favor de ellos mismos, cuando están impedidas para ello.

Una Sociedad Anónima es aquella que existe bajo la denominación S.A. y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones, según el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, más nunca para captar recursos como Cooperativa de Ahorro y Préstamo, motivo por el cual están impedidas para operar como SOCAP, según la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y su reglamento.

Entre las empresas que operan similares a una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SOCAP), están Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL) e inclusive comercios dedicados a la venta de productos diversos y hasta Inmobiliarias.

Estas empresas están impedidas para captar recursos del público ahorrador como si lo fueran cajas de ahorro, así como también están impedidas para dar préstamos y créditos de cualquier especie, haciéndolo, estarían violando lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y sus afines, pero ninguna autoridad ha tenido los tamaños para pararles un alto.

A pesar de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, están obligadas a actuar con todo el rigor de la ley cuando de estas prácticas delictivas se trata, jamás lo han hecho y por el contrario siguen permitiendo que se multiplique el negocio causando gravísimos daños en las familias de escasos recursos.

La Comisión debió haber actuado en consecuencia muy a tiempo y haber evitado esta catástrofe financiera en las familias pobres, debió implementado los operativos necesarios para impedir este tipo de prácticas ilícitas, obligación que tiene según le ordena el artículo 4, fracciones I, XVI y XVII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que establece:

Artículo 4.- Corresponde a la Comisión:

  1. Realizar la supervisión de las entidades financieras; del fondo de protección a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; de las Federaciones y del fondo de protección a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las Leyes relativas al sistema financiero.

XVI.- Investigar aquellos actos de personas físicas así como de personas morales que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables;

XVII. Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevea en las leyes, la negociación, empresa o establecimientos de personas físicas o a las personas morales que, sin la autorización correspondiente, realicen actividades que la requieran en términos de las disposiciones que regulan a las entidades del sector financiero, o bien proceder a la clausura de sus oficinas.

La autoridad reguladora, en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligación de supervisar, investigar y ordenar la suspensión de operaciones de aquellas personas diferentes a una Entidad Financiera o Cooperativa y que realicen actos exclusivos de de estas sociedades, al no cerrar las puestas de estas empresas, entonces conlleva una responsabilidad de carácter penal en la Autoridad Reguladora por la magnitud de la problemática generada en perjuicio de miles y miles de ahorradores populares.

Al no llevarse al cabo esa supervisión, se está entonces, atentando contra la seguridad jurídica de las personas lo que se traduce violatorio de las garantías individuales consagradas en el artículo 25 constitucional.

Ante toda esta responsabilidad del Estado y resultando inútil su actuación de regulación, supervisión y verificación, se debe trabajar en una inmediata modificación de la norma exclusiva de fraudes cometidos por de las Sociedad Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la Ley FIPAGO, y ampliar esta consideración para aquellas empresas diversas de las cajas de Ahorro, con independencia de las acciones que ejerzan las víctimas de este delito.

La actual Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, establece que:

ARTÍCULO 7º.- Las Sociedades Objeto de esta Ley, se dividirán en:

  1. Sociedades de tipo “I”: a) Sociedades de Ahorro y Préstamo que se hayan constituido conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; b) Sociedades Cooperativas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo que se hayan organizado conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; c) Asociaciones y Sociedades Civiles que hayan realizado operaciones de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; d) Sociedades de Solidaridad Social a que hace referencia la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones ni activas ni pasivas y, e) Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que hubiesen sido clasificadas en categoría D, por el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección previsto en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Primero o la fracción II del Artículo Tercero Transitorios de esta última que estén o no realizando operaciones activas y pasivas.

La modificación urgente y necesaria sería el ampliar el abanico de sociedades consideradas para el resarcimiento de daño e incluir a todas aquellas figuras jurídicas que, hasta hoy hayan operado similares a una Cooperativa de Ahorro y Préstamo.

Si es Estado es responsable de la perdida del dinero de los socios ahorradores al no haber realizado su tarea de supervisión para advertir a tiempo o actuar en consecuencia, entonces es el Estado en que debe responder de las pérdidas patrimoniales de ese garrafal error.

La manera más pronta y apegada a las necesidades de la población defraudada es hacer de la Ley de FIPAGO una legislación incluyente y que no discrimine a ningún ahorrador cuya empresa a la cual hayan confiado sus ahorros haya operado como caja de ahorro.

Un total de 20,000 ahorradores del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C., solicitarán al Gobierno Federal por conducto de los candidatos al Gobierno de Oaxaca que los incluya en la actual legislación y se comprometan sin excusa alguna a lograr la reforma a la Ley de FIPAGO para ayudar a estas familias desamparadas.

Sin esta modificación a la legislación actual, estas familias defraudadas no podrán recibir los beneficios que el resto de ahorradores que si entran a FIPAGO, de ser necesario unirán esfuerzos las víctimas de este delito con las de otros afectados en igualdad de circunstancias de otras entidades del País para obligar al Gobierno Federal a que responda y pague el daño que causó por su falta en la supervisión y vigilancia en estos ilícitos.

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Cajas de ahorro en Oaxaca, 6 años después.

 

Por Mario Herrera

Abogado, activista social.

 

El tema de cajas de ahorro en Oaxaca sigue siendo banquete de negocios políticos para grupos de antaño, ¿pues cómo no? si hoy se trata de uno de los más grandes movimientos sociales del estado, apolítico y una fina organización interna.

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Ha sido el propio afectado quien, sin intervención política, se ha organizado y ha cumplido cabalmente con los requisitos exigidos por la ley, solos los defraudados lo han logrado.

La paciencia y perseverancia del defraudado por un lado y la voluntad política y sensibilidad del Gobierno de Oaxaca actual por el otro, se han conjugado para darle salida a una de las peores tragedias financieras de la historia, los fraudes cometidos por cajas de ahorro.

Un sólido trabajo y la unidad de los defraudados vuelven a ser atracción electoral para los priistas quienes a base de los ya acostumbrados engaños, tratan de convencer al electorado defraudado por cajas de ahorro que Alejandro Murat ha resuelto el problema.

Hace exactamente 6 años, cuando Eviel Pérez andaba en campaña, el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luis Videgaray prometió pagar 5 mil millones de pesos a la totalidad de defraudados por cajas de ahorro en Oaxaca, nunca cumplió y embarró su mediocre fantasía al recién ganador Gabino Cué, culpándolo de que él se había agenciado ese dinero ya etiquetado por el PRI para defraudados.

La oferta de Videgaray, hoy sabemos, era ridícula y absurda, hoy se comprende que de alguna manera habría que blindar las elecciones ya que se sabía que el entonces inútil Gobernador Ulises Ruiz jamás entendió que era FIPAGO y su procedimiento y que por esta ignorancia jurídica abandonó la desgracia de más de 50,000 familias que representaban más de 150,000 votos probables para el PRI.

Ningún diputado tricolor de aquella legislatura logró reforzar el burlesco ofrecimiento a defraudados por parte de Videgaray, doy fe de ello porque este pretor formó parte de aquella mesa de negociación justamente en la Cámara de Diputados.

No se quiere otro engaño más por parte de los candidatos del PRI, aproximadamente 180,000 personas votantes involucradas en el tema de fraudes, papá, mamá, abuelos, tíos, primos, ya saben que con ese partido no se cuenta, saben que de llegar el Junior al poder, se vendrá abajo lo ya logrado; saben que no pueden colgarse estrellas quienes fueron indolentes con ellos, lo saben.

6 años después he comprendido que no era tan sencilla la cosa para etiquetar un recurso público, entendí que ni nada más disponer una partida presupuestal sin una base que la justificara; 6 años después he entendido que se perdió un valioso tiempo tocando la puesta equivocada en aquel entonces.

Luego de estudiar el procedimiento exacto para el resarcimiento de daños, logré saber que previo a la etiquetación de fondos, se requiere de auditorias para empatar personas, cantidades, expedientes y sobre todo demostrar el daño causado.

Ulises Ruiz tenía un fantoche equipo de trabajo, para atender a defraudados, desconocía el trámite, su equipo corría la misma suerte.

Seis años después, los fraudes en la entidad ya no son un problema social, en números redondos de los 60,000 defraudados totales 20,000 están pendientes de pago, a 20,000 ya se les pagó y 20,000 defraudados engañados por crueles administradores de empresas diversas de cooperativas tendrán que esperar una reforma a la ley, se dará.

Juntas todas esas cajas de ahorro y empresas, se embolsaron más de 6 mil millones de pesos, perdida patrimonial que jamás volverán a ver los incautos ahorradores.

La intervención del actual Gobierno de Oaxaca y de gente especialista en el sector popular, lograron entender en los últimos 6 años la desesperación de la gente, han sido sensibles, se han puesto a estudiar, ya solo es cosa de esperar.

Gabino Cué lo ha logrado y poco a poco se va componiendo la afectación y se va pagando.

Antes de que se vaya Cué Monteagudo, habrá enmendado el daño a más de 24,884 victimas de fraude cubriendo la cantidad de 770.8 millones de pesos, que en pérdidas patrimoniales representan 3 mil millones de pesos.

Todo Oaxaca sabe y conoce que el estratega maestro ha sido el amigo de todos Othón Cuevas Córdova, sería injusto e irresponsable no reconocer su intervención para lograr los pagos realizados y los que faltan por hacerse, y todas las tareas que conlleva el trámite.

Pero mientras la actual legislación de Ahorro y Préstamo sea inicua, las pérdidas patrimoniales robadas serán mayores que las pagaras por el Estado al afectado.

La víctima por fraudes de cooperativas deshonestas, no recuperará la totalidad de dinero ahorrado; la ley es discriminatoria al limitar el pago en resarcimiento de daño a 190 mil pesos, menos el 30%.

Las cajas de ahorro que han cerrado por obligación, sabemos, han delinquido con el permiso y autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acción que es secundada por la propia Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Resulta que la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, solo contempla, de manera discriminatoria en sus BASES GENERALES SEGUNDA Y TERCERA, la restitución del daño hasta un promedio de 133 mil pesos:

SEGUNDA.- Todo ahorrador que tenga un Saldo Neto de Ahorro igual o menor a diecinueve veces el monto básico de pago ajustado a que se refiere la Base PRIMERA, recibirá el 70% de dicho saldo.

 En caso de que el Saldo Neto de Ahorro sea mayor que cero y el Ahorrador haya otorgado garantías a favor de la sociedad de que se trate, ésta deberá liberarlas de conformidad con las reglas que para tal efecto emita el Comité, las cuales deberán observar en todo momento los lineamientos básicos de la compensación a que se refiere el Libro Cuarto, Título Quinto, Capítulo I del Código Civil Federal.

TERCERA.- El Ahorrador cuyo Saldo Neto de Ahorro rebase la cantidad equivalente a diecinueve veces el monto básico de pago ajustado conforme a lo señalado en la Base PRIMERA anterior, podrá recibir el 70% de dicha cantidad. Si se ejerciere esta opción, el Ahorrador cederá para su correspondiente afectación al Fideicomiso el 100% de sus derechos de crédito en los términos de la Base QUINTA de este artículo. En caso, de que no se ejerciere dicha opción, quedarán a salvo sus derechos para ejercer las acciones legales que correspondan.

Por tanto, si una persona ahorró la cantidad de un millón de pesos provenientes de remesas extranjeras de sus familiares, el Estado solo habrá de devolverle 133 mil pesos, el resto lo pierde por completo.

Por esta limitación de la ley, se calcula que desaparecerán sin rastro alguno más de 5 mil millones de pesos, ya nunca más se sabrá a donde fueron a parar, no se tendrá esperanza alguna en que se recuperen, la ley así lo contempla.

Véase la cantidad de dinero que se ahorra el Gobierno Federal, por la limitante de Ley, impuesta precisamente para que el Estado no desembolse grandes sumas de dinero lo que constitucionalmente es inhumano.

Por desgracia, como ya se dijo, 20,000 ahorradores no entran a Fideicomiso PAGO, las empresas captadoras no eran propiamente Sociedades Cooperativas (SOCAPS), sino Sociedades Anónimas (S.A.) y mientras no se modifique la fracción I del artículo 8 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, (LEY FIPAGO) ninguna de estas familias podrá recibir su dinero.

En 6 años de esfuerzos por recuperar su dinero, se calcula que el 30% de ahorradores ya ha fallecido o ha quedado inválido o padece ataques al miocardio o derrames cerebrales por la impresión tan desagradable de perder tanto dinero de la noche a la mañana sin que se aprehenda de manera inmediata a los responsables.

Otro número importante de afectados son los que ahorraron menos de 10 mil pesos, luego de tanto tiempo burocrático de espera ya no les interesa formarse para registrarse una y otra vez para pedir la devolución de su dinero, sin contar a los pobres que se han visto doblemente defraudados por líderes y abogados sin escrúpulos que no obstante tener poco dinero ahorrado y perdido, les han cobrado inclusive el doble del dinero ahorrado; por ello el número de victimas de este delito a disminuido considerablemente.

La gente ya se la sabe, y ya ha aprendido, ya sabe quien o quienes participaron en la recuperación de su dinero, quienes han estado al tanto de sus exigencias; el ahorrador ya sabe quien le ha dado la mano convertida en apoyo.

Ya sabe el afectado, quienes se han tomado la molesta de ir hasta su incomunicada ranchería o localidad. Por tanto, aunque se aparezca un candidato priista para decir que por su intervención ya van a cobrar, no le van a creer; ya han picado piedra y en la boleta electoral se habrá de agradecer el apoyo a quienes les han atendido.

En Oaxaca, los ahorradores defraudados contrario a intimidar al Gobierno de Gabino Cué y violentar aún más la capital, decidieron organizarse y hacer propuestas viables al ejecutivo estatal para conseguir la restitución del daño lo más pronto posible, fue así como luego de alianzas y una estrategia política y legislativa, el Gobernador Gabino Cué Monteagudo instruyó un grupo de trabajo para dar seguimiento y encaminar las tareas para restituir de pago a defraudados por cajas de ahorro.

En lugar de perder el tiempo cerrando calles y molestando a la ciudadanía, han sido los propios ahorradores defraudados quienes con sus propios recursos han acudido a las oficinas del FIPAGO, de la SHCP, del CONGRESO DE LA UNIÓN y se han reunido en privado con el propio Gobernador para buscar la mejor salida que pueda beneficiar a los afectados, siempre con respeto y con apego a derecho.

En los próximos días se estará pagando a 5,884 afectados por 5 cajas de ahorro más Caja del Sur S.C. de R.L., Caja Solidaria de los Artesanos Tradicionales de los Valles de Oaxaca S.C., Cooperativa del Sureste S.C de R.L., Caja Popular del Sureste S.C de R.L de C.V. y Kaxa Taon S.C de A.P. de R.L de C.V., por un monto total de 268.8 millones de pesos; y están en la lista de espera de auditoria otros 12,000 defraudados de 22 cajas de ahorro más.

El compromiso de Gabino Cué se ha cumplido y se reconoce, lo ha hecho bien, dentro de lo ofertado tanto en campaña como titular del Ejecutivo Estatal.

Ahora, el paquete financiero y social interesante para cualquier candidato a ocupar la silla de Cué será el cómo lograr el mecanismo de pago para esas 20,000 familias que ahorraron en empresas que no son cajas de ahorro, esas que operaron exactamente igual que una cooperativa de ahorro y préstamo, porque tan oaxaqueños son unos como otros, porque tan ciudadanos ahorradores son unos como otros.

Si cobra un ahorrador deberán cobrar todos, absolutamente todos, sin excepción y el próximo gobernador deberá tener los tamaños para no prometer sino encaminar una modalidad de ley que logre el pago a toda esta pobre gente que ninguna culpa tiene que el Gobierno Federal no le haya advertido donde ahorrar o donde no.

 

 

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Desconfianza total en abogados: Defraudados COFISUR

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En días pasados al impartir una charla en el Foro que, con la intención de recuperar sus ahorros perdidos, organizaron defraudados por la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo COFISUR en Coatzacoalcos, Veracruz se me acercó un grupo de afectados para pedirme opinión acerca del planteamiento que les hiciera el despacho del abogado Fauzi Hamdan Amad, mostrándome algunos documentos a los cuales ellos llamaban “la demanda”.

Resulta que luego de revisar cada documento y contrato firmado con el litigante otrora legislador, solo para emitir una opinión muy personal al respecto me encontré con lo siguiente:

  1. Obviamente no se trata de una demanda en contra del Estado tal y como reza el contrato de prestación de servicios que se firmó con el abogado Hamdan, sino de un Amparo erróneamente promovido por uno solo de los defraudados de COFISUR, derivado de una reclamación también genérica ante la SHCP.
  2. El Juicio de garantías promovido por Hamadan, es supuestamente en representación de la totalidad de los afectados ante el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, lo cual es prácticamente imposible porque no se trata de una persona moral sino de familias afectadas independientes una de otra.
  3. El Amparo se promueve de manera “genérica” y no, como siempre lo ha indicado este escritorio, caso por caso, es decir, cada uno de los afectados en cualesquiera de sus modalidades debe promover por su cuenta, por separado y no de manera grupal, motivo por el cual el Juez del conocimiento obliga a Hamdan y compañía a desahogar una corrección que le manda dar para que explique cada caso en particular y sobre todo para que cada quejoso ratifique la demanda (es obvio de esta manera cuando de violación de derechos (…) se trata).
  4. El despacho Hamdan y compañía, de manera ignorante en el proceso de Amparo, desahoga la vista tan solo por el primer quejoso, por su propio derecho (hasta aquí correcto), pero luego advierte que ese mismo quejoso actúa en representación de la totalidad de promoventes (donde se ha visto eso), motivo por el cual el Juzgador Federal tuvo a bien mandar sobreseer el Juicio de Garantías, o sea, lo desechó por completo por el resto de quejosos, dado que no se desahogó en forma la vista del Juez.

Haciendo un antecedente de lo aquí expuesto, recordarán que este pretor siempre ha advertido a los afectados que este problema no es un asunto de litigios, ni de abogados, porque el único proceso que contempla una salida idónea para los robados es el Concurso Mercantil y ese es gratuito, salvo la garantía que la Ley contempla para pagar los honorarios del síndico e interventor, honorarios que se pueden excusar si es la Procuraduría General de la República la promovente.

Pues bien, ante la desesperación de los defraudados tuvieron que confiar en un abogado que prometió, entre otras cuestiones, la ‘gestoría’ es decir, la tramitología (papeleo) necesario para interponer una reclamación (jamás una demanda) ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hasta aquí, es todo.

Reclamación admitida (nunca aprobada) por la Dependencia Fiscal, pero resuelta de improcedente.

Esa reclamación es la que les ha hecho creer, o por lo menos es lo que el defraudado de COFISUR entendió, como DEMANDA en contra del Estado, y que como resultado de ello habrían de cobrar el 100% de sus ahorros perdidos y… un poco más, con intereses e inclusive los gastos erogados, eso es complemente FALSO.

Hasta hoy, no se tiene un antecedente del despacho promotor de que se haya ganado un solo caso ‘administrativo’ por perdidas de ahorros de tipo popular, no lo hay, no existe, no hay credibilidad mínima de que así suceda en adelante cuando todo lo que ha promovido hasta ahora el Ex-Senador por el PAN.

¿Porqué se promueve el Amparo ante una autoridad del tipo administrativo?, porque en definitiva no se trata de un juicio procesal, no hay pruebas o más bien, no supo el despacho, como promoverlas o no quiso hacerlo, no hay una sola probanza en su escrito de reclamación presentado ante Hacienda para demostrar una probable IRREGULARIDAD de la Autoridad para con el socio, no ha pedido una sola prueba a ningún defraudado para acreditar la responsabilidad del Estado.

El grupo mismo de personas que se me acercó, se extrañó de que al entrevistarse con Fauzi el litigante les hizo el fuchi a las cajas y cajas de documentos que le había preparado para la ‘demanda’, Fauzi dijo que no, que el daño ya estaba acreditado […] y solo cobró sus $5,000.00 en promedio por cada caso (según el monto) y les hizo firmar una sola queja (reclamo), un solo Amparo para todos los defraudados.

El trámite es personalísimo, y no puede advertirse una generalidad en los procedimientos legales tan es así que, en el Amparo 1919/2015 promovido ante el Juzgado 12o de Distrito en Materia Administrativa, se puede constatar que Fauzi perjudicó los derechos de cientos de personas que confiaron en él, porque no supo como desahogar una prevención.

Se han perjudicados esas familias porque ya han quedado desprotegidos cada uno de los confiaron en el abogado, eso si, pagaron por algo que todavía no comprenden que fue.

Me han pedido intervención para denunciar penalmente al despacho Hamdan, pero no se trata de combatir, lo que advertí de inicio, el mal proceder líderes, representantes y abogados, eso no, porque quedó a la libre voluntad de cada persona dejarse timar o no probando otra oportunidad jurídica, que no va a llegar jamás, mientras no se sepa como promoverla.

He advertido con toda anticipación este relato, hoy ya es demasiado tarde, considerando que los trámites llevados por abogados ante Tribunales han sido inútiles, desgastantes y sobre todo que se ha visto el afectado obligado a perder tiempo valioso que uno a uno pudo haber promovido, sin invertir grandes sumas de inversión, sin efectos mediáticos y sin fantochadas de abogados redentores que prometieron la recuperación de ahorros en menos de 2 meses…, sin cumplir, quedándose eso si, con grandes sumas de dinero, y permitiendo al Estado seguir dilapidando los ya escasos activos que le quedan en este caso a COFISUR.

Anticipé el Concurso Mercantil, nadie lo creyó, hoy es la mejor opción de pago.

Si especialistas en Derecho Administrativo revisan la documentación presentada por el prestigiado abogado, sus impugnaciones luego cada palo que le han dado, sin lograr hasta ahora nada, absolutamente nada par los afectados, coincidirán que definitivamente se ha errado en la petición, además de ser vía idónea para recuperar los ahorros de la gente; tal vez lo sea para demostrar que el Estado es responsable de OMISIÓN, de NEGLIGENCIA, de IRREGULAR, más nunca será esa, la vía correcta para devolver a cada defraudado lo que ha perdido.

Recordemos que el sector que regula a una caja de ahorro (Sociedad Cooperativa), una sofipo o una sofinco, es el popular, el de los pobres, y se cuenta con Legislación Especial para ello, en esa basa el pago el Concurso Mercantil.

Antes nadie conocía una SOCAP una SOFIPO, hoy se han dado cuenta propios y extraños que el tema no es de litigio sino de modificar la Ley, la maldita Ley que permite a la Autoridad no intervenir, y al empresario cooperativista deshonesto robar.

El defraudado ya no confía en abogados, los de COFISUR han sido doblemente defraudados ahora por un grupo de abogados que no se ha atrevido a informar que han perdido el procedimiento administrativo ante la Secretaria de Hacienda, que han perdido el Amparo, eso no se ha informado y ahora que saben (los de la firma) que FIPAGO intervendrá y que solicitaremos su intervención, les han hecho creer (a los defraudados) que si cobran por esa vía, habrán de pagarle al despacho que no ha hecho absolutamente nada en su defensa.

Mientras no se ejerciten acciones contundentes en contra de cada uno de los titulares de cada dependencia responsable por su responsabilidad civil, social y penal, definitivamente no habrá justicia para defraudados.

Mal, muy mal.

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