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Por Mario Herrera.

En Oaxaca se estiman más de 74 mil familias afectadas por fraudes cometidos por Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo conocidas como SOCAP, causando un detrimento patrimonial de más de 7.5 mil millones de pesos, lo que se traduce en problema de seguridad estatal difícil de resolver.

Desde finales de 2008 empresarios cooperativistas apoyados por un marco legal a su medida, defraudaron a miles de familias campesinas, jornaleros y migrantes que confiaban su dinero en sus empresas bajo la modalidad de ahorro, préstamo e inversión, sin la más mínima garantía de que habría de devolverse sus dineros al ahorrador.

Ya anterior al 2008 se sabía de casos aislados sin mayor relevancia porque el Gobierno federal ocultaba información financiera de los ilícitos dado que atrás de cada fraude se encontraban políticos, funcionarios, partidos políticos y empresarios de renombre, así como sucedía un fraude el FIPAGO pagaba inmediatamente y nadie se detenía a indagar donde quedaba la totalidad del dinero perdido.

El FIPAGO, Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, solo cubre una pequeña parte de quienes perdieron sus ahorros, por tratarse de un sector popular, por cada peso perdido el Gobierno Federal solo cubre 70 centavos, el otro 30% lo canaliza en responsabilidad al ahorrador y se lo descuenta.

Además la Ley de FIPAGO es discriminatoria al poner como tope máximo de cobro la cantidad de 169,000, es decir que si tienes un millón de pesos ahorrado en una caja de ahorro, porque ninguna ley lo prohibe, en caso de desaparezca ese millón de pesos, el Fideicomiso solo te cubrirá hasta 169,000, y si tienen 5 millones ahorradores solo te cubre hasta 169,000.

Las cajas de ahorro patito se establecen estratégicamente donde la autoridad financiera no podrá tener acceso por ningún medio, principalmente en las montañas y sierras que no cuentan con caminos para llegar en auto.

Recordemos que el 100% de funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de valores, de la Secretaría de hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y de Fipago, son personas de muy alto nivel educativo y social, su condición elitista no les permite utilizar ni autobús, ni zapatos propios de caminos terrosos, motivo por el cual que si su labor es supervisar en zonas desprotegidas o marginas, simple y sencillamente no van, en consecuencia al no supervisar estas cajas, estas actúan sin restricción legal alguna.

Una comunidad marginada del resto de la sociedad, donde solo se consumen productos de la región, no existe red celular y menos aún Instituciones Bancarias, pero si recibe remesas de familiares trabajando en el extranjero, no tiene otra opción para “ahorrar” lo poco que le sobra, más que en una caja de ahorro.

El ahorrador no sabe distinguir entre una cooperativa legal y una apócrifa, no sabe distinguir entre un 2% de interés mensual o un 22% de interés anual sobre saldos insolutos, el ahorrador pobre que no sabe leer ni escribir, y tampoco sabe hablar español solo quiere saber donde habrá de producir más y mejor su dinerito.

Es así como el avaricioso administrador de la caja de ahorro, apoyado de un ejercito de gente con buena labia y comisiones atractivas por venta, convence al socio de invertir sus ahorros prometiendo el pago de suculentos dividendos.

Esta operación se repetía una y otra vez todos los días de la semana, en lugares donde ni la propia autoridad conocía.

Cuando el sagaz administrador mantenía en sus bolsillos una suma considerable de dinero, habría una sucursal más grande, en la cabecera municipal del pueblo, se compraba una camioneta de lujo y apartaba su guardado para colegiaturas y vacaciones de los hijos, se incluye esposa, y dos familias más.

Hasta aquí, no hay todavía hoy en día, ninguna autoridad que impida este proceder, las fiscalías se hacen de la vista gorda, las autoridades municipales se escudan en que es un problema del estado, el estado se justifica con que es problema federal y el federal no actúa hasta que la fiscalía del estado y la autoridad municipal no les hacen del conocimiento un ilícito, perfectamente integrado.

Un negocio redondo para quienes aperturaron cajas de ahorro durante los años 2002 al 2009.

Con la entrada en vigor de la bizque nueva Ley regulatoria de las cajas de ahorro, LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, conocida como RASCAP, se suponía que se terminarían por fin los delitos cometidos en contra del ahorrador, que se pondría en cintura a los mafiosos cooperativistas y que en definitiva crecería la economía popular donde prevalecían las cajas de ahorro, más no fue así.

Fue justamente con la entrada en vigor de la RASCAP que comenzó la epidemia delictiva en Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y bajo una misma línea que era la de robar todo lo que se pudiera, surgieron defraudados por todos lados, en un efecto dominó, los estados más afectados, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosi, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca.

Tan solo en estos estados se calcula un detrimento patrimonial total de más de 30 mil millones de pesos, en más de 280 mil familias ahorradoras.

Si la idea era crecer las finanzas personales de la gente pobre, hoy en día, luego de que ni el Gobierno de Ulises Ruiz, ni el de Gabino Cué y por lo que se ve el de Alejandro Murat, han perdido toda esperanza de seguir ahorrando, ya no hay confianza en Cooperativas de Ahorro y Préstamo, han comenzado a sacar su dinero de ellas para volverlo a colocar debajo del colchón que es el lugar más seguro para ellos.

Si las autoridades en sus 3 niveles de Gobierno siguen parcas y omisas en el tema de fraudes por cajas de ahorro, el campesino que sale a vender sus verduras o el artesano que sale a ofrecer sus creaciones y el migrante que manda su dinero al pueblo, no tendrán donde ahorrar, no podrán tener acceso a la banca social y por consiguiente, no prosperará las finanzas de su localidad, no hay crecimiento económico.

El dinero en la bolsa o en el colchón no produce, y con el tiempo pierde su valor.

Se ha perdido toda credibilidad en los gobiernos que no actúan contra los delincuentes que han robado su dinero, que se pasean por las calles o que comen en la misma mesa que el político que ofreció ayuda para la recuperación de ahorros.

El defraudado ha perdido toda la confianza en los legisladores, todos, quienes en los meses de campaña juran y juran que serán la voz del defraudado y que por ellos se les habrá del devolver el 100%, sin tener conocimiento del tema; cuando llegan a la curul, el débil defraudado tiene que hacer antesala por lo menos de unas 3 horas para que el achichincle del secretario técnico, del privado, del personal del Diputado o Senador salga a decirles que no será posible que se le atienda porque el legislador “está muy ocupado con otras personas”.

Comunidades enteras en regiones de Oaxaca viven de los ahorros de la caja, las fiestas patronales salían de ahí, las construcciones de Iglesias eran apadrinadas por los caciques dueños de cajas, los mejores grupos musicales de talla nacional tocaban en las casas de quienes administraban una caja de ahorro, algunos suelen llamar propietarios, pero no lo son.

Al no intervenir la Autoridad, surgieron gestiones, políticos, líderes y abogados que no obstante la pérdida patrimonial de estas familias, cobran por la gestión de recuperar el dinero entre el 20% y 30% de lo perdido, con un adelante de entre 5,000 y 10,000 pesos para la demanda que no habrá de prosperar, porque el trámite ante FIPAGO es completamente gratis y no se requiere de la intervención de abogados o gestores.

Todas estas atrocidades  son por las que ha atravesado el defraudado, sin tomar en consideración que la gran mayoría de ellos, invirtió el 100% del dinero que reunión de la venta de terrenos, de ganado, de parcelas, invirtió el 100% de liquidaciones laborales o jubilaciones, ahorraron la totalidad que de dinero en remesas enviaron sus familiares del extranjero por espacio de hasta 15 años de trabajo, los despelucaron por completo, los dejaron en la calle, sin casas, sin trabajos, sin tener para comer.

A pesar de que el ahorrador ha cumplido con todas las exigencias de ley por más de 7 años de papeleo, y de que el mismo FIPAGO ha advertido que cuenta con más de mil millones de pesos para pagar de manera inmediata, el Gobierno de Oaxaca se niega a dar cumpliendo al convenio de pago propuesto por FIPAGO.

Si el Gobierno de Oaxaca no resarce el daño en estas familias defraudadas en los próximos meses, el número de muertes y enfermedades crónicas se disparará y se convertirá entonces en un problema de seguridad nacional, aumentarán las deudas contraídas por defraudados para mantenerse y los tribunales seguirán recibiendo demandas para embargar los pocos bienes que les quedan.

Estamos hablando las familias que mantenían una economía solidaria cómoda y que eran las que movían las finanzas de su localidad dentro de lo que su pobreza les permitía, pero esas familias ya no existen, se robaron sus ahorros y ahora esas comunidades han decaído por completo en sus actividades económicamente activas, los fraudes cometidos por Cooperativas de Ahorro y Préstamo impiden el crecimiento económico.

Hasta que no se comiencen a matar entre familias por haber decidido invertir en una caja de ahorro sin el permiso o autorización del dueño de los recurso, y hasta que los defraudados comiencen a hacer justicia por propia mano en contra de los responsables o quien se considere responsable por la nula intervención de la autoridad, será cuando el Gobierno decida pagar, ojalá y no sea para entonces, ya demasiado tarde.

Texto íntegro de: http://www.capitalmexico.com.mx/politica/desampara-la-justicia-a-defraudados-por-ficrea/

• Capital México
• Miércoles enero 11, 2017

Los fallos de la Corte son desfavorables para 4 mil 900 personas

El Poder Judicial Federal ha dado fallos que, si bien cumplen con la ley, dejaron desprotegidas a las 4 mil 900 personas que perdieron sus ahorros debido a un fraude en la sociedad financiera popular (Sofipo) Ficrea.

A fines del año pasado, dos veredictos –que pasaron inadvertidos a la opinión pública pese a la trascendencia del caso– afectaron a los inversionistas que perdieron su dinero en Ficrea.

El primero, la determinación del Sexto Tribunal Colegiado ratificó el amparo a favor de Rafael Olvera Amezcua contra la orden de aprehensión por el delito fraude superior a los dos mil millones de pesos del que se le acusa.

El otro, la negativa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de amparar a las víctimas para que se les reparara el daño y pudieran recuperar su inversión al cien por ciento al no recurrir al concurso mercantil.

A fines de diciembre pasado se dio a conocer el veredicto del Sexto Tribunal Colegiado, quien ratificó la sentencia del Juzgado Decimocuarto de Amparo Penal a través del expediente 70/2015.

La Corte consideró insuficientes e infundadas todas las pruebas que entregó el Ministerio Público Federal para tratar de echar atrás el amparo promovido a favor de Olvera Amezcua y ratificó la sentencia con una votación unánime de los tres magistrados.

Aunque ratificó la sentencia inicial por la que se ordenó desechar la orden de aprehensión contra el principal acusado del fraude, también decretó que el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, deberá valorar todas las pruebas aportadas en su conjunto para dictar otra resolución conforme a derecho, y verificar si hay los elementos suficientes para girar nuevamente la orden de aprehensión.

Sobre mojado

En la primera quincena de noviembre pasado, la Segunda Sala discutió el amparo en revisión 266/2016 en el cual decretó negar la protección de la justicia a los quejosos, quienes alegaban responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Los afectados presentaron un juicio de amparo para que se deslindara al Gobierno Federal del asunto y que no se revisara bajo el esquema de un concurso mercantil ya que con ello no se garantiza que recuperen el total de su inversión, pues el Fondo de Protección sólo cubrirá a sus ahorradores con 50 por ciento del monto.

Las víctimas pretendían que la Corte estableciera si hubo negligencia por parte de la CNBV en el fraude y, en su caso, se determine que el Gobierno Federal devuelva la totalidad de los ahorros a los casi mil afectados que se adhirieron al amparo en revisión bajo el expediente de la SCJN 266/2016.

El amparo en cuestión iba a ser discutido en agosto, pero de último momento el proyecto de Margarita Luna Ramos por el caso Ficrea fue retirado de la agenda para su discusión en la Segunda Sala, ya que la ministra reconoció ante sus pares que tanto ella como su esposo eran ahorradores de la financiera y también fueron defraudados, lo cual ocasiona conflicto de intereses en el proceso.

Por Mario Herrera*

Deja Gabino Cué Monteagudo a defraudados por cajas de ahorro en la orfandad, miles se lo reprochan.

Último día de administración y Gabino Cué no pudo con el paquete de defraudados por cajas de ahorro en Oaxaca, le faltaron tamaños para cumplir su promesa de pago,

Aguardamos pacientes, ingenios fuimos, conclusión no llegó el pago final.

120 millones de pesos le correspondían para 5,844 defraudados, paquete 4 aprobado por FIPAGO desde enero de 2015, hace más de dos años, no pudo.

Lo anunciamos muy a tiempo, Oaxaca podría convertirse en lo que es hoy una catástrofe social y económica, ya anunciada por el entrante Alejandro Murat, al Gobernador del valió madre todo tipo de convenios firmados con la gente afectada, abandonó por completo el tema.

Iba bien Gabino Cué Monteagudo, muy bien hasta que llegó el momento de pagar, de repente dejó huérfanos a sus amigos, quienes le ayudaron a llegar al poder.

En audiencias se negaba a recibirnos, mandaba a achichincles a darnos cuenta de la supuesta gestión que hacía con el Presidente de la República, el Secretario de Hacienda, Diputados y Senadores, mentiras, puras mentiras y si así fue, su labor de convencimiento fue muy paupérrima, insuficiente.

55,000 personas defraudadas por cajas de ahorro en total confiaron ciegamente en él, y hasta éste pretor también confió en él, era nuestro amigo, pero a un amigo no se le miente, no se le abandona, no se le engaña.

Un día Gabino Cué dijo, “no están solos…”, pues solos nos dejó, se burló del movimiento que confiábamos, nos hizo creer que antes de que terminara su cargo estatal habría de liquidar el 100% de deuda a defraudados y no fue así.

Tres reuniones en Palacio de Gobierno, una en Juxtlahuaca, otra en Santa Fe, Valle Nacional y una más, la última en Tuxtepec, fueron el escenario perfecto para el engaño del titular del Ejecutivo Estatal al defraudado, prometió una y otra vez que habría de pagar, claro está, la intención era evitar el conflicto social y el confrontamiento con los afectados.

¿Qué nos llevó a creer celosamente en que Gabino habría de pagar?

Con anteriores funcionaros como Gerardo Albino y Othón Cuevas se lograron establecer vínculos con funcionarios federales para lograr que el Gobierno Federal fuera quien cubriera el dinero de los primero 3 paquetes de pago, jamás puso un peso el estatal.

La forma en que se venía trabajando con la Secretaria de Desarrollo Social y Humano también fue clave para creer en el Gobierno de Gabino, la SEDESOH cumplió cabalmente el trámite administrativo, se reconoce, no falló en nada, pero se llevó los 6 años en integrar los expedientes de 18 cajas de ahorro, le faltaron 130 las figuras rateras más que  defraudado a los afectados, más del 80% del problema no se atendió, por más proyectos que se le pusieron en la mesa, el abandono a esta gente puede acarrear una responsabilidad penal.

La última reunión que el FUADO se logró con Gabino Cué fue en la audiencia de Tuxtepec, donde luego de tomar las instalaciones a Gabino no le quedó más remedio que recibir a la dirigencia y diversos líderes del FUADO para volverle a engañarnos advirtiendo que sí pagaría en los próximos días, pero nunca sucedió, nunca llegó el pago.

Cada sexenio queremos endilgarle la responsabilidad al que sale, para presionar al que llega, esta no es la excepción, solo que la diferencia estriba en que la sociedad civil ya resolvió el tema, solo resta el pago, por ello no pueden salir con que ya no hay dinero, es sistema cualquiera que sea debe pagar.

Si Gabino Cué prometió pagar, debió cumplir.

Si se le han encontrado cuentas por más de 7.4 mil millones de pesos a Gabino en el extranjero, no comprendemos por qué nunca hubo dinero para ahorradores populares.

¿Porque a unas horas de que termine la actual administración, nos hemos dado cuenta que Cué Monteagudo falló?.

Porqué somos un movimiento no político, noble y de convicciones pacíficas y creímos siempre en la palabra de Gabino, si, aceptamos que erramos en ello, y ahora comprendemos que hubiese sido mejor secuestrar a más de un funcionario o incendiar edificios gubernamentales o agarrarnos a pedradas pueblo y gobierno o a balazos, a lo mejor con 2 o 3 muertos que hubiesen resultado, el pago saldría de inmediato.

Nunca tomamos carreteras por días completos, nunca quemamos puertas de edificios, nunca causamos violencia a terceros.

Estas acciones violentas comprendemos ahora, eran necesarias para logra el pago inmediato a defraudados, la presión social es la respuesta a todas las exigencias del pueblo, tal vez debimos colocar a Gabino Cué en algún lugar estratégico y a sus empleados también, y no soltarlos hasta que pagaran, tal vez debimos provocar un Ayotzinapa, que se matara a la mitad de defraudados y enfrentarnos unos con otros todos los días del año, atrincherarnos en nuestras comunidades y disparar a cada uno de los funcionarios del Gobierno hasta que fueran cayendo uno a uno, también los defraudados, sus líderes hasta que desaparecieran y así el movimiento terminara vuelto víctima del sistema.

A lo mejor se necesitaba sangre y violencia para lograr que el Gobierno de “Paz y Bienestar” fuera contundente en el pago.

Ahora sabemos que debió ser necesario confrontarnos con elementos de seguridad municipal, estatal y hasta la Policía Federal, molestar a terceros día y noche y provocar que no llegaran a sus destinos empleados, alumnos, maestros y profesionistas, amas de casa, tal vez erramos en no hacer efectiva la toma de edificios, de oficinas y de instalaciones de cajas de ahorro, de impedir el progreso de Oaxaca y sus visitantes. O hacer justicia por propia mano, deteniendo a cada administrador de cajas.

Tal vez…

Siendo un grupo pacífico siempre creímos en la ´palabra´ del Gobernador por el bienestar de todos.

El pasado 10 de noviembre fue aprobado el Presupuesto de Ingresos de la Federación (PIF) donde estaba incluido Oaxaca, Aida Valencia titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, nos hizo creer que el Congreso resolvería un bolsa de 120 millones de pesos para defraudados y que inclusive el mismo Gobernador ya los había gestionado y que ya solo restaba la manera de cómo se habrían de hacer llegar a Finanzas del Estado, visitamos varios diputados pero ninguno logró lo que el responsable, Gabino Cué, debió gestionar desde hace mucho tiempo.

Otra mentira más, ni acuerdo con diputados, ni gestión, ni nada y si lo hubo, en este momento ya es otra administración la responsable.

Una vez aprobado el presupuesto federal de donde debiera emanar la cantidad a pagar a defraudados comprendimos que todo había sido otra tomada de pelo, porque no había cantidad alguna etiquetada en el PIF, nunca la habido lo sabemos, pero supuestamente Gabino y su Gabinete lucharía por conseguirlo.

Es lamentable que cuando la Sociedad Organizada le hace el trabajo al Gobierno, éste ignore el compromiso y no lo cumpla.

No hemos sido los únicos a los que Gabino dejó de pagar, hay maestros, proveedores, empresarios, trabajadores del Monte de Piedad, contratistas, y varios más.

Ante esta situación, nos hemos aliado con un grupo de ciudadanos a los cuales también les incumplió Gabino para formar, por primera vez en la historia de Oaxaca un frente que exija y logre el encarcelamiento de responsables, que combata la corrupción y la impunidad, ciudadanos que habremos de exigir en los próximos días que se cumpla lo que se dejó de pagar en todos los rubros incluido el de defraudados.

El trabajo administrativo y de papeleo ya lo hizo el Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C., (FUADO) la integración de expedientes ya lo hicimos, la auditoria, a base de movilizaciones diversas, logramos que se pagara y que se lograra, se presentaron más de 12,000 expedientes al FIPAGO para cubrir un total de 557 millones de pesos y Gabino no cumplió su palabra de pago.

Lo único que restaba era firmar cheques y pagarlos y eso era todo.

Gabino Cué en audiencia privada del 11 de noviembre de 2015, lograda por otra movilización, se volvió a comprometer ante líderes de todas las cajas de ahorro que pagaría 120 millones del paquete 4 e hizo creer tres escenarios para cumplir:

1. Mediante la gestión legislativa encomendada a José Antonio Estefan Garfias, quien por su conducto y como futuro Presidente de la Comisión de Presupuesto no habría problema en que se lograra el petitorio. En la misma reunión Gabino Cué se puso en contacto con el entonces Candidato a Gobernador por Oaxaca Pepe Toño para que encargar la tarea y este último asintió la encomienda, pero sin éxito.
2. Luego, en caso de que el legislador no pudiera lograrlo, entonces se comprometió a gestionar el recurso ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al través de su titular Luis Videgaray, sabíamos que esto no podía ser posible porque hacía 6 años atrás Videgaray cuando Presidente de la Comisión de Hacienda en la cámara baja, promedió la entrega de 5 mil millones de pesos a los defraudados, pero jamás llegaron a los afectados, por tanto, se trató de otra burla.
3. Por último, y para el caso de que no se pudiera lograr ni la primera ni la segunda opción, el Gobernador ofreció “quitar aquí y allá” para reunir la cantidad, porque argumentó que NO HABÍA DINERO.

Pues ni el legislador, ni Videgaray que por cierto ya no está en Hacienda ni de los poquitos de los diversos ramos de los gobiernos se pudo pagar.

No se vale lucrar políticamente con el dolor del pobre, no se vale engañar a la gente, eso no es de humanos.

La gente afectada gastó mucho dinero en trasladarse de un lugar a otro para movilizaciones, que dicho se a de paso, como todo funcionario se nos decía que no era necesaria tanta movilización, ni desgaste de la gente porque las puertas del Gobierno estaban abiertas para todos.

Si el FUADO no se hubiese movilizado desde el 2008, no hubiésemos llamado la atención de Ulises Ruiz, como tampoco hubiésemos sido atendidos por Gabino Cue; si no nos hubiésemos movilizado como afectados no se hubiese logrado el pago a las primeras cajas de ahorro ya con trámites finiquitados desde antes de la presente administración; si no nos hubiesemos movilizado, más de 22 mil familias defraudadas no hubiesen entrado a FIPAGO, con la intervención de Othón Cuevas en la Cámara de Diputados y de Benjamín Robles en el Senado, se reformó la Ley para ampliar el plazo de la LEY FIPAGO.

Si no hubiera movilización, no habría pago a Contador que realizó auditorias, como tampoco habría atención en la SEDESOH, ni firma de acuerdos para solicitar la venia del FIPAGO.

Cuánta razón tenía el gobierno de Cué ¿para qué cansar a la gente?, ¿para qué movilizarse?, mejor esperamos a que se sigan muriendo las personas defraudadas, que se desesperen y que abandonen poco a poco la causa, tal vez así el Gobierno en lugar de pagar los 7 mil millones de pesos del daño patrimonial, pagaría tan solo unos 20 mil pesos, a la docena que de defraudados que aguante la presión gubernamental, ¿para qué movilizarse?, decían…

El funcionario siempre velará por sus intereses y no por los de la sociedad que gobierna, de esta manera Gabino gestionó diversos otros compromisos como los de la Sección XXII donde entregó el problema al Gobierno Federal a cambio de protección, de la presidencia en la CONAGO, y otros favores personales, en CONAGO se suponía que con esa “amplia” investidura llamaría la atención y pondría en la mesa de todas las entidades del País a los defraudados, y se hubiese vestido de gloria si tuviera los tamaños para obligar a todos los gobernadores a hacer frente al tema, pero no, tampoco pudo.

Y así se fueron acumulando todas estas acciones no concluidas y logradas hasta que reventamos y luego de saber que en el PIF no estaba incluido el problema de cajas de ahorro, la totalidad de afectados estalló en contra de Gabino Cué y piden su cabeza, por indolente, mentiroso, traidor con el movimiento y además tranza, porque nos hemos enterado que el Fideicomiso PAGO cubre un 15% del total que pide el estatal en resarcimiento de dalo a afectados y esa demasía se la queda Finanzas, por tanto de encontrar alguna situación de desvió de fondos procederá el Juicio Político que ya iniciamos con Benjamín Robles.

Si el Gobernador ha presumido en sus últimos 3 informes de Gobierno que ha cubierto 534 millones de pesos a defraudados por cajas de ahorro, entonces el 15% de esta cantidad entró de más a Finanzas, es decir, 80.1 millones de pesos se clavó Finanzas y nadie supo de ese dinero.

80.1 millones de pesos bien pudieron alcanzar para pagar a unos 3,000 defraudados, pero las cosas se hicieron de manera ilícita y esos recursos se desviaron de su propósito inicial, por tanto, Gabino Cué se transó este dinero y debe pagar por ello, así como el titular de Finanzas y quien resulte responsable.

*Presidente de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C.

*Vicepresidente del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C.

*Miembro del Consejo Ciudadano para el combate a la corrupción e impunidad de Oaxaca.

· En lo que va del Gobierno de Gabino Cué, se han atendido a más de 18 mil defraudados, cubriendo pagos que oscilan en más de 500 millones de pesos.

Con la finalidad de reiterar el apoyo del Gobierno de Gabino Cué Monteagudo y dar continuidad a la orientación de personas defraudadas por las cajas de ahorro en la entidad, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH) Aida Fabiola Valencia, atendió a un comité de personas que enfrentan esta problemática que durante años han visto truncar sus finanzas.

Foto Comunicación Social Gobierno de Oaxaca

Dentro de la comitiva que dialogó con la encargada de la política social en el Estado, se encontraron representantes de diversas cajas de ahorro, a fin de lograr acuerdos en beneficio de este sector.

Mario Herrera Carrasco, uno de los representantes de dicho comité, señaló que respetar los acuerdos que se han presentado por la titular de la SEDESOH, son fundamentales, dado que respalda el compromiso del Gobierno de Gabino Cué con los más de 20 mil defraudados que aún existen en la entidad.

“Daremos nuestro voto de confianza a las autoridades estatales para que puedan gestionar en la medida de lo posible todo lo que esté a su alcance, y que quede claro que lo haremos sin actos de violencia”, sostuvo Herrera Carrasco.

A su vez, Valencia Ramírez señaló que desde la Secretaría que representa, se ha dado prioridad al diálogo, convenio que se ve reflejado en los acuerdos que este día se tomaron, no sólo para darle seguimiento a esta problemática, sino para darle solución lo más pronto posible.

En este sentido, la funcionaria estatal reiteró que los compromisos que hoy se convergen, se resumen en reuniones semanales con la participación no sólo de funcionarios y diputados que se encuentren involucrados en este tema, sino también formarán parte de las mesas de trabajo con representantes de defraudados por cajas de ahorro.

Finalmente, la funcionaria estatal mencionó que a la fecha se han atendido a más de 18 mil defraudados, cubriendo pagos que oscilan en más de 500 millones de pesos. “La prioridad de la actual administración, es y será ejercer una política social en favor de las y los oaxaqueños”, concluyó.

Para reiterar el apoyo del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, y con el fin de dar continuidad a la orientación a personas defraudadas por las cajas de ahorro en la entidad, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) Aida Fabiola Valencia, atendió a un comité de personas que padecen esta problemática que durante años han visto truncar sus finanzas.

Foto Comunicación Social Sedesoh Oaxaca

Dentro de la comitiva que dialogó con la encargada de la política social en el Estado, se encontraron representantes de diversas cajas de ahorro, con la finalidad de lograr acuerdos en beneficio de este sector.

Para Mario Herrera Carrasco uno de los representantes de dicho comité, señaló “que el respetar los acuerdos que se han presentado por la titular de la Sedesoh, son fundamentales dado que lo anterior respalda el compromiso del gobierno de Cué con los más de 20 mil defraudados que aún existen, daremos el voto de confianza a Gabino Cué y a Aida Valencia para que pueda gestionar en la medida de lo posible todo lo que esté a su alcance y que quede claro que lo haremos sin actos de violencia”.

Por su parte Valencia Ramírez señaló que desde la Secretaría que ella representa, “he dado prioridad al diálogo, sin duda se ven reflejados en los acuerdos que hoy se toman no sólo para darle seguimiento a esta problemática, sino para darle solución lo más pronto posible”.

En este mismo sentido, reiteró que los acuerdos que hoy se convergen se resumen en reuniones semanales con la participación no sólo de funcionarios y diputados que se encuentren involucrados este tema, sino también formarán parte de estas mesas de trabajo representantes de defraudados por cajas de ahorro.

Finalmente, la funcionaria estatal mencionó que a la fecha se han atendido a más de 18 mil defraudados, cubriendo pagos que oscilan en más de 500 millones de pesos. Reiterando que la prioridad de la actual administración ha sido ejercer una política social en favor de las y los oaxaqueños.

• Implicados además, funcionarios del Fideicomiso Pago, del Gobierno panista de Guanajuato y despacho auditor.

• Sería el segundo fraude cometido en contra de ahorradores de la mayor sociedad cooperativa de ahorro en Dolores Hidalgo.

Por Mario Herrera

No obstante la eterna lucha de miles de defraudados por la que fuera la mayor caja de ahorros en Dolores Hidalgo, caja Progresa, por recuperar sus ahorros, ahora se ha presentado un segundo fraude perfectamente orquestado y preparado por el propio Gobernador del Estado Miguel Márquez Márquez, su actual Secretario de Gobierno y la administradora de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Lidia Arvizu, en agravio de por lo menos 4,500 socios.

Más de 4,500 familias que pusieron sus ahorros e inversión en manos de “CAJA PROGRESA S.C. DE R.L. DE C.V”, en Dolores Hidalgo, detectaron que el despacho de contadores encargado de realizar las tareas de auditoria, jamás tomó en consideración los documentos fehacientes en poder de los afectados.

La auditoria pagada por el Estatal, se llevó al cabo en privado entre el Secretario de Gobierno de Guanajuato Antonio Salvador García López, en representación y actuando a nombre del Gobernador Márquez Máquez, funcionarios del Fideicomiso Pago dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la propia ladrona de ahorros Lidia Arvizu García.

Una vez terminada la auditoria, el Gobierno del Estado anunciaba con bombo y platillo su voluntad para firmar la carta compromiso de pago que habría de resarcir del daño, pues como no si se había ahorrado más de 570 millones de pesos, ya que se sabe que solo cubriría mágicamente 30 millones de pesos, cantidad que no representa ni siquiera el 1% del dinero perdido por las víctimas.

Resulta que los defraudados llevaron al cabo sus propias investigaciones y descubrieron una perfecta manipulación de documentos, cifras y movimientos internos en el sistema contable y financiero de la caja, tendiente a evitar que Lidia Arvizu pagara la totalidad de lo que ella misma había propiciado en malos manejos.

La también procesada por delincuencia organizada en 2010 terminó desviar los fondos los fondos que de buena fe le confiaron los socios ahorradores, quienes de manera masiva desde finales de 2008 ya comenzaban a exigir la devolución de sus ahorros.

Ante la imposibilidad de poderlo hacer, porque la Caja ya no tenía dinero para pagar a ningún socio, Lidia Arvizu fue reteniendo las cantidades de dinero en perjuicio de sus miles de socios ahorradores causándoles gravísimos problemas patrimoniales, de salud e incluso de paz social en Dolores la cuna de la Independencia.

Según la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores uno de los requisitos para que proceda el pago a defraudados de una Caja de Ahorros es que la Sociedad haya cerrado sus puestas y se lleve al cabo una Asamblea de Disolución por parte de los socios para proceder así a la Liquidación de dicha caja.

En esa Asamblea disolutiva los socios deben hacer del conocimiento que la administración de la sociedad presenta problemas financieros y se debe dar parte a las autoridades penales correspondiente en contra de los responsables, así lo hicieron pero el Gobernador Márquez dio la instrucción para que esa acta de disolución no se tomara en cuenta sino una la preparada y corregida por Lidia Arvizu.

En Caja Progresa la principal responsable se llama Lidia Arvizu que de manera inteligente supo hacerse la victima y ella misma proponer al despacho contable y amarrar un nuevo negocio ahora con el Gobierno del Estado, consistente en maquillar los estados financieros y contables de cuenta de la caja en cuanto a captación de dinero se refería y todo el capital depositado por los ahorradores lo traslado a deuda del socio, haciendo creer que el único dinero invertido había sido la parte social que es como la inscripción a la firma de cada contrato inicial.

La única persona que sabía de eso era obviamente Lidia Arvizu y su cuerpo de contadores, quienes siguen libres de toda culpa.

Si las denuncias penales debían presentarse en contra de los responsables por malos manejos, eso significa que quien cometió el delito de administración fraudulenta y lo que resulte, debe ser procesado por el Juez de la Causa a petición de la Representación de la Sociedad, lo que hasta ahora no ha sucedido a pesar de que pesan sobre la administradora más de 1,500 denuncias penales.

El Gobernador del Estado sabedor de la culpabilidad de Lidia Arvizu y de su responsabilidad penal como ampona en el robo de ahorros de sus socios, en lugar de procesarla penalmente y hacerla que pague el 100% de los ahorros que se le confiaron, la ha premiado y la ha invitado a participar activamente en el proceso de auditoria de la caja.

El despacho contable encargado de llevar al cabo la auditoria debe ser uno debida y legalmente certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, pero la empresa Agencia Kreston Internacional elegida de manera arbitraria por la propia Lidia Arvizu y pagado por el Gobierno del Estado, en tiempo record, resolvió que el único dinero a pagar a los ahorradores en resarcimiento de daño es la parte social de 600 pesos por persona y ninguna otra cantidad más.

El daño patrimonial de Progresa cometido en contra de más de 4,500 ahorradores defraudados asciende a más de 600 millones de pesos, por lo que resulta absurdo y ridículo que el despacho auditor solo haya estimado 30 millones a pagar del Fideicomiso pago.

El auditor nunca mandó llamar a ninguno de los afectados para realizar la compulsa entre documentos, afectados y denuncias penales, uno a uno, sino que solo tomó en cuenta la propia contabilidad que la misma Lidia Arvizu le presentó, aún y cuando ya estaba denunciada penalmente por el delito de retención indebida, administración fraudulenta y lo que resulte.

La ilícita auditoria aprobada en su momento por el propio comisionado de Fipago, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobernador del Estado Miguel Márquez, ha perjudicado una vez más el patrimonio de miles de socios ahorradores, motivo por el cual buscarán anular ese dictamen contable y obligar al Estado a hacer uno nuevo basado en documentos reales de los propios interesados a la par de pedir que se procese penalmente a la responsable.

No es posible que un delincuente que carga con más 1,500 denuncias penales en su contra por desaparecer más de 600 millones de pesos, sea quien elabore a su modo la cantidad a pagar a sus propias víctimas, jamás en la historia de cajas de ahorro se había visto algo similar.

Hasta ahora el titular del ejecutivo guanajuatense, el panista Miguel Márquez, no se ha atrevido a dar la cara a los defraudados, solo lo hace al través de su personal a cargo cuando siendo un problema social y que ha repercutido en las finanzas inclusive del Municipio de Dolores Hidalgo, debería atender de manera personal y considerarlo como principal problema en su agenda.

Los afectados por este doble delito han buscado la intervención de legisladores en el Congreso de la Unión, pero nadie le había querido entrar al tema, porque primero no es fácil entender la trampa fabricada a partir de documentos con firmas hechizas de los socios y la participación del Gobierno del Estado en la misma.

El Senador de la República por el Estado de Oaxaca, raíz de la mayoría de fraudes cometidos en México, Benjamín Robles Montoya, tomará el asunto y en caso de ser necesario pedirá la intervención de manera inmediata de la Procuraduría General de la República para proceder en contra del Gobernador Miguel Márquez, funcionarios que intervinieron en este doble fraude, en contra del despacho auditor del propio Fipago y además pedirá a la Procuradora atraiga el caso de Caja Progresa porque hasta ahora la responsable del delito cometido en agravio de miles de personas, sigue paseándose por las calles que la vieron nacer.

Es por ello que en los próximos días el legislador federal dará una conferencia de prensa en Dolores Guanajuato y explicará ante los medios los detalles por los cuales habrá de pedir la cabeza del Ejecutivo de Guanajuato y de todos los involucrados de haber manipulado y maquillado los números para evitar pagar a miles de afectados por Caja Progresa.