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Panistas gestionarán ante SHCP negocio millonario en perjuicio de defraudados Ficrea

Por Mario Herrera.

No obstante, la desgracia sufrida por miles de ahorradores menores, por parte de la financiera FICREA S.A de C.V. S.F.P., ahora enfrentan el gran reto de decidir por la mejor opción jurídica, para recuperar su dinero robado.

Corresponde a cada afectado, la determinación del despacho, el abogado, el gestor o quien así habrá de encaminarlo en el resarcimiento de daños, habrá de todo, quienes se hagan pasar por conocedores y los extorsionen con pagos chiquitos semanales, hasta el cobro de un porcentaje por recuperación de ahorros que van del 2% al 20% según la firma, el prestigio o el supuesto conocimiento en temas de economía solidaria.

La mayoría de los litigantes cobra por la recuperación total de montos, pero en el inter de cualquier trámite o proceso se erogan gastos, mínimos pero a final de cuentas representan erogaciones patrimoniales.

La verdad de las cosas en que a menos de que se trate de una denuncia penal tendiente a la indagación del ilícito, ninguna instancia habrá de prosperar y por virtud de ninguna de ellas se habrá de devolver un peso al ahorrador.

El Gobierno tiene la obligación de velar por la seguridad financiera de todo ahorrador popular, no olvidemos que la financiera es, precisamente, una sociedad popular más no comercial y desde este principio se debe partir en el resarcimiento de daños, es más, el grupo plural bicameral creado para resolver el problema Ficrea, en los próximos días habrá de aprobar un mecanismo de pago para aquellas personas con inversiones menores, no más de 1.5 millones, así habrá de ser por salud misma del sector.

Existe una ley especial que contempla los casos en que el administrador de la sociedad desvíe los ahorros e inversiones de los clientes y estos desaparezcan, desde antes de que el ahorrador firmara contrato con la SOFIPO, la ley ya existía y ya se contemplaba el procedimiento especial, motivo por el cual no se puede modificar el espíritu del legislador.

Lo que si habrá de modificarse, es el mecanismo de pago, el apoyo financiero, o la forma en que habrán de atenderse a aquellos ahorradores que se encuentren en el promedio financiero popular, esa es una realidad que nadie se ha atrevido a informar a las víctimas.

Ya hemos referido la viabilidad de los mecanismos de pago, ya hemos advertido que el Estado está obligado a resarcir de manera pronta y gratuita, ninguna persona debe pagar por la recuperación de su dinero, si ya de por sí han sido defraudados, porque habría de ser doblemente hurtados.

Existen en México excelentes abogados de talla inclusive, internacional, que habrán de hacer un estupendo trabajo por la vía penal, cualquier otra instancia resultará un segundo fraude; dudo mucho que por la vía ordinaria civil o ejecutiva o mercantil o administrativa que se interponga, se logre la recuperación del dinero defraudado. Sentaría un precedente para que otros 6 millones de ahorradores populares, ejercieran acciones contra el Gobierno.

Por tratarse de un asunto de índole social, por la magnitud de personas afectadas, el tipo de empresa de que se trata y sobre todo por la falta de un marco regulatorio cuya debilidad se ha ventilado en todos los medios.

Difícil que pueda prosperar la acción de Hamdan, tendiente a la recuperación de montos desaparecidos, la legislación que en especial se ha creado para casos como el deFicrea, es la Ley de Ahorro y Crédito Popular, ésta es la que determina el procedimiento a seguir.

Bajo este esquema regulatorio, es el Estado el responsable inmediato de enmendar su error, gratuitamente, por tanto, corresponde a los poderes de la Unión establecer la mecánica acorde para resarcir el daño causado a la sociedad ahorradora, sin costo alguno.

Si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, erró en su función regulatoria, las Federaciones Auxiliares de esta tarea, fallaron en su trabajo de supervisión y la condusef no supo cómo guiar la prevención del delito, serán pues motivos suficiente para fincar responsabilidades en cada una de ellas y en sus titulares, responsabilidades penales; sin embargo, la restitución del daño a los afectados debe trabajarse por separado.

La firma de abogados Hamdan Manzanero y Asociados S.C. representada por el abogado Fauzi Hamdan Amat y Francisco Javier Manzanero Escutia, han ofertado a unos cuantos incautos ahorradores, lo que hasta ahora se ha considerado lo más atractivo en el universo de acciones judiciales, bajo el engañoso esquema de reparación del daño patrimonial del Estado por la actuación administrativa irresponsable en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, más ésta acción no ofrece, ni garantiza la recuperación del monto adeudado, que no los engañen, pregunten, infórmense, comparen opiniones.

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Se trata únicamente de diversas gestiones y trámites que Hadman llevará al cabo con autoridades financieras, es todo.

Si dentro de esas gestiones, el Gobierno terminara las reglas de operación para pagar a los menores ahorradores, Hamdan y asociados, habrán hecho creer que por su gestión se recuperó ese dinero, y terminará cobrando el honorario a pesar de que las reglas de operación son públicas y no por convenio entre particulares, son gratuitas.

Según el contrato de prestación de servicios profesionales que llega a este escritorio, la firma Hamdan, propone al cliente (ahorrador), una serie de actuaciones por las cuales la firma de abogados ofrecen para reclamar la responsabilidad patrimonial del estado, pero carece de establecer los tiempos de recuperación, y sobre todo que tipo de demanda ejercerá, eso es una trampa contractual.

Si cualquier despacho particular, por medio de gestiones y trámites realizados ante SHCP intenta presionar a las autoridades financieras para que reparen lo que el despacho hace consistir, en un daño patrimonial, resultar normal; cualquier firma de abogados, contadores o financieros puede llevar a cabo esa actividad (gestión o tramitación), hasta aquí no habría problema.

Por tratarse de un sector popular de la economía solidaria, me obligado a atender las dudas de quienes se han acercado a este escritorio.

Es importante que el afectado por Ficrea sepa que la demanda propuesta por el respetable abogado Hamdan, solo habla de gestiones para emprender el reclamo de la responsabilidad del Estado, no así del resarcimiento del daño, por tanto, la gestión solo es para ver que paga el Gobierno por el daño que de manera individual pueda acreditar cada afectado, más no se trata de un trámite tendiente a recuperar el ahorro, lo que resulta engañoso para la víctima.

El grupo plural Bicameral, habrá de lograr el resarcimiento del daño, estoy seguro de ello, pero lo hará para montos menores, puedo adelantar sin temor a equivocarme que todo aquel defraudado que se encuentre en el parámetro por debajo del millón de pesos habrá de recuperar su dinero muy pronto, debe prevalecer la confianza en ello.

La implementación de cualquier mecanismo de los que hemos ofertado, deberá contener este procedimiento, con independencia de cobrar el seguro de garantía proveniente del fondo de protección que tiene derecho el cliente ahorrador.

Si por virtud del trabajo realizado en el grupo legislativo habrán de dictarse las reglas de operación para pagar a los afectados por lo menos menores al millón de pesos, no le encuentro el porqué se intente obligar al afectado a que firme una demanda colectiva, cada uno de los integrantes del grupo plural bicameral me dará la razón y pueden consultarle ésta opinión, háganlo para que ustedes mismos sepan a tiempo las ganancias millonarias que se enjuagan con su dolor.

Para los montos menores se recomienda prestar especial atención al clausulado que puedan firmar en la llamada demanda colectiva porque una vez firmado el convenio con la firma de abogados a partir de entonces por cualquier vía y forma que llegaran a obtener el dinero que les han quitado habrán de pagar por lo menos entre el 2% y el 4.5% del dinero que por no hacer nada aún y cuando el Gobierno establezca las reglas de operación, para montos mayores cobrará el 8% de honorarios; ningún abogado privado interviene en las reglas de operación o mecanismo de pago.

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Mayor atención deberá poner, en exactamente, en qué momento se cubrirá el honorario a los abogados, suponiendo que por el mecanismo de pago gratuito implementado por el Gobierno, el afectado cobre su dinero, éste debará pagarle los honorarios al despacho por algo que no gestionó, ni tramitó, ni trabajó. Si no paga Hamdan cobrará un interés legal por cada día de impago, hasta que cubre por completo la deuda, está en el contrato.

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El convenio con Hamdan solo habla de honorarios por gestión ante la SHCP o autoridades financiera, ¿será entonces que, Hamdan ya tiene apalabrado un negocio con Videgaray y por ese trámite tanto Hacienda como el despacho cobren un porcentaje a cada afectado?, sinceramente, no lo creo.

No puede existir una arreglo conciliatorio entre ninguna dependencia de Gobierno y un abogado que represente un problema social, de ser así, entonces, se fincaría un precedente para que los abogados hagan creer que gestionando convenios con el Gobierno, se reparará el daño, por todos los fraudes financieros que han existido a lo largo de la historia financiera en México.

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Se calcula alrededor de 150 mil afectados por Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, cuyo daño patrimonial asciende a más de 10 mil millones de pesos en pérdidas, de tener éxito Hamdan y de prosperar el negocio que intenta con la SHCP, entonces no solamente se deberán cubrir los 6 mil millones de pérdidas en Ficrea, sino también los miles de millones de pesos que por negligencia de la CNBV se han perdido en fraudes, así de fácil.

Si se trata del mismo modus operandi el fraude que se cometió en Ficrea, como en la cajas de ahorro, entonces habrá de imperar la igualdad de derechos, incluyentes para unos y otros.

No se duda de ninguna manera, en la capacidad jurídica, ni profesional del abogado panista Hamdan ni del nombrado Coordinador General Jurídico de la totalidad de los ahorradores Javier Paz, también panista; por el contrario se desea el mayor de los éxitos y se hacen votos por que se obtenga por fin, un escarmiento a los responsables, pero de eso a que como resultado de esa gestión se pago el monto defraudado, eso si es una vacilada para la víctima.

Biografía de Javier Paz

Sería grandioso para todos nosotros dedicados a la defensa y gestión de causas sociales el que Hamdan lograra satisfacer el reclamo de los que han acudido confiando en su profesionalismo, más no soy el único que duda de que prospere la vía y forma, afortunadamente.

El contrato que pretende la gestión colectiva de ahorradores menciona el nombramiento de un coordinador jurídico, que recae en Javier Paz también ahorrador, recordemos que este también abogado fungió como diputado federal en el tiempo de Calderón Hinojosa, todos panistas.

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Saquen cuentas y hagan números a tiempo, cuanto dinero entrará en el bolsillo de Hamdan por una gestión que no hará, pero que si cobrará a partir del resarcimiento de daños que haga el Gobierno en su momento, ¡que tal!.

Del daño patrimonial del Estado, hablaremos en otra ocasión, por ahora lo más importante es que el afectado cobre su dinero.

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La CNVB y su omisión reguladora, las consecuencias

¿Reclamo de daño patrimonial, significa recuperación de lo defraudado?.

En que consiste el mecanismo de pago que establece la LACP.

Cobrar o no el seguro de garantía (Fondo de Protección).

Por Mario Herrera

Presidente de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C. 

Ausencia de Inclusión Financiera.

En este mismo escritorio se han publicado diversas consideraciones a juicio personal, respecto del caso FICREA y que conforme a la experiencia en fenómenos sociales similares en los que hemos participado, compartimos con víctimas del mismo dolor derivado de la pésima administración en entidades financieras a partir de la negligencia y omisión de las autoridades federales.

El fraude de Ficrea por desgracia, no es el único, ni los más de 6 mil afectados son los primeros en su tipo; inclusive desde la misma creación de leyes alusivas a la Economía Solidaria y al Crédito y Ahorro Popular, las cosas se han ido dado sin la regulación eficaz y contundente capaz de prevenir delitos como los que han padecido ya 150 mil ahorradores por fraudes en cajas de ahorro con registro previo, más otros 100 mil provenientes de Sociedades Cooperativas apócrifas (no registradas), 50 mil asociados en Uniones de crédito y ahora, 6,000 por Sociedades Financieras Populares. Las leyes no cambian, los fraudes siguen y siguen.

Advertimos con toda anticipación, escenarios probables con motivo de fraudes masivos sociales, tales como: presentar denuncia penal inmediata, fincar responsabilidades en las autoridades financieras, en todas sin excepción, hablamos también de la estrategia para la recuperación de fondos basados siempre en la legislación del sector (popular); por último, indicamos la voracidad de abogados charlatanes, líderes de grupo, abanderamientos políticos y hasta hemos orientado la forma, probable, de proceder para agilizar la restitución del daño.

La ignorancia de la ley en la materia y sus correlacionadas, la carencia de una cultura del ahorro y la ausencia de Educación Financiera, consintieron desdeñar todas las anticipaciones en esta mesa, nada de lo anterior se atendió, no había la obligación para ello, claro está, es parte de un aprendizaje del ahorrador cuya creencia es, que jamás habrá de desaparecer la inversión que se hace de buena fe en una empresa diversa de la banca.

Si se supone que, la autoridad reguladora ha supervisado y verificado la sana actuación de cada una de las sociedades de inversión y entidades financieras, les concede un registro y las somete a un cumplimiento de la ley, al no atenderlo, deberían imponerse sanciones preventivas, ¿entonces porque la comisión de delitos?.

Si la propia autoridad no previene, ni anuncia, ni informa operaciones fraudulentas cometidas en las sociedades populares, y las oculta el ahorrador tiene entonces, la plena confianza en que esa empresa opera dentro del marco jurídico aprobado por el Gobierno.

Pero, ¿qué pasa cuando el Estado defrauda la confianza del ciudadano ahorrador?.

No abordaremos el tema de la tolerancia del legislador para permitir la existencia de ‘cuentas populares’ con más de 10 millones de pesos, o el consentimiento para que Gobiernos Estatales y Municipales invirtieran sus dineros en sociedades financieras populares, los intereses particulares de cada uno ya serán motivo de una nueva entrega; pero lo que si diremos es que, si la Ley actual no prohíbe este tipo de operaciones, definitivamente se trata de una grave, muy grave omisión legal en tarea reguladora en la autoridad.

Según el artículo 25 de nuestra carta magna, el Estado es el obligado para planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, es quien lleva al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución, por tanto el Estado está obligado a garantizar seguridad jurídica al ahorrador popular, al pobre, al que menos tiene, para ello se crean Sociedades populares como las cooperativas o las financieras, pero con origen popular. Pero, ni planeación, ni conducción, ni coordinación ni menos orientación hubo del Estado, es responsable directo.

Si es Estado ha defraudado la confianza del ahorrador popular, se debe proceder en su contra como responsable, en consecuencia, procede entonces fincar responsabilidad inclusive penal.

Si la naturaleza de las entidades financieras populares y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, se ha desviado, y de sus operaciones se desprende que el objeto social de la empresa ya no corresponde al de su creación, entonces algo está mal, y se debe actuar a tiempo, el Estado debe prevenir y cuando no lo hace, es partícipe de las consecuencias que genere esa permisión de delitos.

Reclamación por Responsabilidad Penal del Estado.

El Estado debe responder por esa negligencia, omisión y falta de atención preventiva en el ahorrador popular defraudado, hablo por los miles de millones que han padecido esa desgracia en todo el País, el Estado debe pagar por ello, y debe por fin, fincarse responsabilidad civil, social, administrativa y principalmente penal.

Cada ahorrador por su cuenta y de manera individualizada puede promover, si es su deseo, el reclamo del daño que así considere se le ha causado, ante la autoridad que así considere como responsable, son escritos simples que no requieren ninguna formalidad, el artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidad patrimonial del Estado, exige la reclamación se presente ante la dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y es todo.

No se trata de una demanda, ni de un procedimiento judicial, es un escrito sin formalidad alguna y es todo, debiendo señalar el o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se considere irregular y es todo.

No se requiere de ningún abogado, ni experto en la materia, no se requiere de gestor alguno, ni tampoco pagar honorarios ni comisiones por el resultado obtenido, todo ciudadano tiene expedito el derecho de hacerlo, pero se trata tan solo de un reclamo por un daño que el afectado tiene que acreditar de manera individual y no colectiva.

De iniciarse el procedimiento de Responsabilidad Patrimonial del Estado, si el afectado ya interpuso un procedimiento para impugnar la liquidación de la Sociedad que causó el daño, o sea, ya promovido, por ejemplo, un amparo, un incidente o una queja, el trámite de Responsabilidad Patrimonial del Estado se suspenderá hasta en tanto en los otros procedimientos, la autoridad competente no haya dictado una resolución que cause estado.

No es necesaria la presentación de la reclamación de manera colectiva, no se puede obligar a la totalidad de afectados a presentar algo que no es de su interés o que no quiera hacer, es a la libre voluntad de cada víctima, si así lo considera y quiere cobrar además de su dinero defraudado, el pago por parte del Estado por el daño causado, puede hacerlo sin problema, el trámite no tiene costo alguno.

Los trámites para el reclamo (escritos), deben ser individuales, la tramitación colectiva procede cuanto la totalidad de afectados se sume a un solo escrito, pero en tratándose de un mismo conflicto, con uno que no firme la reclamación, se interrumpe el efecto ‘colectivo’ y no procede como tal.

Se aclara, la reclamación de responsabilidad es un derecho que tiene el ciudadano, de eso no hay duda, pero la acción colectiva no puede ni debe imponerse en ese grupo de ahorradores, porque por experiencia cada uno de los afectados tendrá en mente una vía y forma distinta para pedir la devolución de su dinero.

Indemnización por reclamo de responsabilidad patrimonial.

No se piense que de la reclamación por el Daño Patrimonial del Estado, se habrá de obtener la restitución del dinero defraudado, no es así.

Se trata de situaciones completamente distintas una de otra, por la reclamación de la responsabilidad patrimonial solo se puede obtener, lo que Juzgador en términos Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así considere como daño en cada persona, por ejemplo, que haya fallecido como consecuencia del impacto causado por ese daño, que se haya generado una enfermedad incurable como consecuencia de la mala actuación del responsable o que haya perdido su trabajo, su escuela o familia, como resultado de la irregularidad de la autoridad.

El artículo 11, de la LFRPE, indica claramente la indemnización que por Responsabilidad Patrimonial del Estado derivada de la actividad administrativa irregular, deberá pagarse al reclamante, pero advierte que el pago será conforme a las modalidades de la Ley, como son:

  1. Deberá pagarse en moneda nacional;

  2. Podrá convenirse su pago en especie;

  3. La cuantificación de la indemnización se calculará de acuerdo a la fecha en que la lesión efectivamente se produjo o la fecha en que haya cesado cuando sea de carácter continuo;

  4. d) En todo caso deberá actualizarse la cantidad a indemnizar al tiempo en que haya de efectuarse el cumplimiento de la resolución por la que se resuelve y ordena el pago de la indemnización;

  5. e) En caso de retraso en el cumplimiento del pago de la indemnización procederá la actualización de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, y

 

En ninguna parte de este artículo se contempla la posibilidad de que el afectado reciba en pago justamente lo que haya perdido como consecuencia de la actividad irregular del estado.

Entiéndase que la indemnización deberá ser calculada de acuerdo a la fecha de la lesión, es decir, a partir de cuando el afectado acredite el daño causado, en su persona o patrimonio, no se consigna en ninguna parte, que el pago sea exactamente lo que dejó de obtener por consecuencia de la actividad irregular.

Ahora bien, el Estado no está obligado a pagar ni el año fiscal corriente, ni la totalidad de la cantidad o especie que el Juez considere como daño en cada afectado, inclusive se habla de pagos en parcialidades.

f) Los entes públicos federales podrán cubrir el monto de la indemnización mediante parcialidades en ejercicios fiscales subsecuentes, realizando una proyección de los pagos de acuerdo a lo siguiente:

 

  1. Los diversos compromisos programados de ejercicios fiscales anteriores y los que previsiblemente se presentarán en el ejercicio de que se trate;

  2. El monto de los recursos presupuestados o asignados en los cinco ejercicios fiscales previos al inicio del pago en parcialidades, para cubrir la Responsabilidad Patrimonial del Estado por la actividad administrativa irregular impuestas por autoridad competente, y

  3. Los recursos que previsiblemente serán aprobados y asignados en el rubro correspondiente a este tipo de obligaciones en los ejercicios fiscales subsecuentes con base en los antecedentes referidos en el numeral anterior y el comportamiento del ingreso-gasto.

Resarcimiento de daños.

Se considera que el reclamo principal de los afectados siempre lo será, la devolución de sus ahorros o inversión, de manera pronta y sin mediar condicionante alguna.

Por tanto, atendiendo este reclamo general, con independencia de que cada ahorrador promueva por si mismo, de manera individual y sin la necesidad de abogado de por medio, las acciones de la responsabilidad patrimonial del Estado, no deberá dejar de velar por la recuperación integra de su dinero, en resarcimiento de daño.

El resarcimiento de daño, ya lo hemos platicado en publicaciones anteriores, es precisamente lo que les permitirá recuperar al 100% lo defraudado.

Para ello, el Estado tienen la obligación de implementar mecanismos diversos de pago, es responsabilidad del Estado y este debe ofrecer las alternativas, se manejan hasta ahora las siguientes:

  1. Modificar la LACP para aumentar el Seguro de Garantía a 400 UDIS asimilada a la banca.
  2. Modificar la LACP para aumentar el Seguro de Garantía a 300 UDIS, con la intención de que cobren montos menores a 1.5 millones de pesos.
  3. Establecer un Fondo Único para pagar a montos menores de 1 millón de pesos.

Estas son las propuestas más fuertes que existen con motivo del mecanismo de pago que el Estado tiene que implementar en términos del artículo 105, que habla del Fondo de Protección al ahorrador de las Sofipos.

Esta Ley es la especialmente creada para determinar el procedimiento a seguir en caso de pérdida de los ahorros o inversión en Sociedades Financieras Populares y no hay ninguna otra que lo contemple, no existe otra legislación que permita al afectado cobrar algo que esté consignado en la LACP.

Fondo de Protección.

Este apartado ha sido el más dudoso desde que se determinó el cierre de la Financiera Ficrea, los afectados han sido muy mal conducidos y asesorados para hacerles creer que si se cobra este seguro de protección, se renuncia al resto del dinero, así como que ciertas personas habrán de lograr el aumento del monto actual, y que con ello habrá de cobrarse el 100%, esto es imposible, dado que por tratarse de Sociedades de naturaleza popular, no puede aumentar el Fondo de Protección por arriba del bancario, son sectores completamente distintos, por algo se obtenían mejores ganancias que la banca no les daba.

El Fondo de protección ninguna relación guarda con el remanente del dinero que se adeude a cada afectado, por tanto se debe cobrar de inmediato.

Con el mecanismo de pago que establezca el Gobierno, se habrá de descontar en las reglas de operación lo correspondiente a este seguro, de quedar alguna cantidad pendiente de pago, también mediante las reglas de operación que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores establezca para pagar a la totalidad de los ahorradores

Mecanismo de pago.

El resarcimiento de daño causado, o sea el pago que el afectado está esperando habrá de emitirse de los trabajos realizados por el grupo plural de trabajo bicameral recientemente instaurado en el Congreso de la Unión, el ahorrador debe tener confianza en que el procedimiento de pago de aquí saldrá, y dependiendo el proceso de pago que se apruebe a la brevedad, siempre y en todo momento deberá prevalecer la protección constitucional a los ahorradores menores, bajo el siguiente esquema de pago:

  1. Pago de seguro de garantía (Fondo de Protección), más
  2. Mecanismo de pago (ver arriba, montos menores), más
  3. Venta de activos y pasivos de la empresa liquidada (montos mayores).

De esta manera y dependiendo el monto que se tenga invertido, habrá de ir cobrando cada defraudado, obviamente los montos mayores quedarán al final, ya en mínimo número y con los abogados más aguerridos y conocedores en liquidaciones.

La probabilidad del doble cobro.

Los afectados deben meditar lo que en realidad habrán de querer promover, dado que al cobrar la cantidad que les ha sido defraudada, por cualquiera de los métodos que el Gobierno tiene la obligación de implementar, entonces ¿tendrá la capacidad o la voluntad de continuar el proceso de reclamación patrimonial?.

Habrá que verificar muy bien, con sus abogados, si de cobrar la inversión defraudada por la vía del mecanismo de pago establecido por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y no por la vía de Reclamación Patrimonial, también deberán pagar algún honorario.

La víctima debe tener cuidado en la presentación del reclamo patrimonial, dado que el artículo 10 de la LFRPE establece que los entes públicos tendrán la obligación de denunciar ante el Ministerio Público a toda persona que directa o indirectamente participe, coadyuve, asista o simule la producción de daños con el propósito de acreditar indebidamente la Responsabilidad Patrimonial del Estado o de obtener alguna de las indemnizaciones a que se refiere esta Ley.

Lo anterior, en virtud de que, si el Congreso en los próximos días establece la mecánica de pago para montos menores, y cobrando el dinero en su totalidad cada uno de los afectados menores, ¿todavía existirá daño patrimonial?, o ya se deberá interpretar como resarcimiento de daño.

Si se interpreta como resarcimiento de daño, entonces, habrá sido por motivo de la reclamación que costará un honorario al afectado, o por conducto de la emisión de reglas de operación establecidas de manera gratuita por el Gobierno.

Responsabilidad civil, social, administrativa y penal.

Fincar responsabilidad penal en los responsables es algo que no deben perder de vista los afectados y si bien es cierto que fincar responsabilidad cualquiera que sea en la CNBV, la CONDUSEF, la SHCP y/o la Procuraduría General de la República, guarda estrecha relación con cada uno de las vías que se han tratado arriba, es más cierto que se trata de acciones legales completamente distintas.

Fincar responsabilidad en una autoridad, significa imponer sanciones monetarias e inclusive, destitución en sus funciones y limitación de trabajos administrativos por cierto tiempo, aquí es donde el ciudadano afectado debe concentrar su atención para evitar que vuelva a suceder este tipo de errores en la administración publica federal.

La mejor manera de fincar responsabilidades es presentando quejas ante la Secretaria de la Función Pública, al través del órgano interno de cada dependencia, ante la contraloría de la federación y ante la Procuraduría General de la República, se trata pues, de multas que se imponen a la autoridad responsable y no coartan para nada, el derecho de seguir reclamando la devolución del dinero, como si sucede en la reclamación patrimonial.

La denuncia penal sea por fuero común o federal, son la mejor arma para poder fincar responsabilidades, es mediante una denuncia presentada por un conocedor en la materia y en contra de quien o quienes resulten responsables de los delitos derivados por la pérdida de inversión o ahorro.

En resumen:

El reclamo por Daño Patrimonial, arrojará, de acreditarse, la indemnización por daño causado, no necesariamente es el monto invertido. No tiene costo, es individual, y no guarda formalidad alguna para presentarlo. Es de carácter administrativo, personal y completamente gratuito, la colectividad se interrumpe cuando uno solo de los afectados de un mismo daño, no participa en el trámite conjunto, por tanto, deberá promoverse de manera individual.

El mecanismo de pago, lo implementa el Gobierno Federal mediante reglas de operación, es gratuito y establece la forma y términos en que la mayoría de los afectados obtendrá su dinero defraudado. Es público.

Responsabilidad civil, social, administrativa y penal, arroja la imposición de multas, sanciones y destituciones en el funcionario público responsable, se promueve por separado, y ninguna relación guarda con el pago por daño patrimonial.

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La responsabilidad penal en la CNBV por caso Ficrea y otros

¿Leyes falacias o a modo?

Por Mario Herrera

Presidente y Fundador de Fundación para la Infusión y el Desarrollo, A.C.

El revuelo social y mediático que a costa del fraude cometido por Rafael Olvera Amezcua administrador de Ficrea, S.A. de C.V. Sociedad Financiera Popular, en perjuicio de la totalidad de sus clientes y socios inversionistas y ahorradores, ha provocado sin lugar a dudas, una forzada Educación Financiera en la sociedad en general.

Veamos.

La carencia del ejercicio digno de un órgano regulatorio para prevenir este tipo de ilícitos, ya es por todos reconocida, ya aprendimos que existe un responsable que no reguló, o peor aún, jamás ha regulado el sector popular, el más golpeado y menor protegido.

Hoy sabemos que no solo por el caso actual de Ficrea sino por muchos otros más, en especial, los derivados de las cajas de ahorro apócrifas, las no autorizadas, las no sancionadas, de las Uniones de Crédito fraude tras fraude y de tantas otras entidades financieras de carácter popular de las que se permite sin restricción alguna la comisión de delitos a su interior, y que se han embolsado el dinero del ahorrador, la CNVB es la culpable.

La incertidumbre y la desconfianza imperan en la mente de cualquier ciudadano que tenga la posibilidad de ahorrar o de invertir, aprendimos ahora, a leer detenidamente antes de invertir o de ahorrar, hoy cualquiera se pone a temblar ante la peligro de perder su patrimonio, sabemos que si se ofrece una tasa mayor a la bancaria representa ya de por si, una irregularidad, ya aprendimos.

Temas relacionados con la economía solidaria, a ninguna autoridad, a ningún legislador interesan, a los financieros públicos y privados del país menos, se trata de los ahorradores más débiles monetariamente hablando, se trata de la clase más golpeada en sus finanzas, hoy pisoteada a más no poder, a nadie le interesaba el sector popular, ni a la misma reforma financiera que fue excluyente del tema, de otra manera, no habría fraude. Hoy sabemos que existe un pequeño grupo de 7.5 millones de ahorradores conocidos como populares.

Han quedado al descubierto las carencias regulatorias de una Comisión parca, débil y cada día más frágil; hoy, han surgido, abogados especialistas en economía popular por doquier, ya todos somos expertos en la materia; hoy los medios han volteado sus libretas y cámaras a este tan olvidado sector principalmente de la gente pobre, con algunas excepciones ambiciosas. Lo vulnerable que ha sido siempre el sector.

Pues si, se necesitaba de una afectación masiva en la misma capital del país, se necesitaba que el daño fuera de muchos miles de millones de pesos, era necesario que entre los afectados hubiera peso pesado, para que se encendieran, por fin y a nivel nacional, los focos rojos se han encendido en las finanzas de los de abajo, hoy comenzamos a educarnos financieramente a partir de las anomalías que por años han existido en el sector popular.

Salen a la luz pública, las entrañas más perversas de las instituciones encargadas de regular y supervisar el manejo de los recursos que se captan de manera pública en este sector excluido del sistema financiero mexicano, comenzamos a conocer de Inclusión Financiera, que no es consecuencia de un Ficrea de hoy o de una Caja Libertad mañana o de 250 cajas de ahorro patito ayer, es el resultado de la carencia permanente, de un marco normativo acorde a las condiciones sociales y populares actuales. Ya aprendimos, ya están aprendiendo los legisladores.

El sector del bien común ha carecido continuamente, de una atención especial, no se cuenta con una Comisión Nacional como en la banca, no existe una Asociación representativa del ahorrador como en la banca, las legislaciones están creadas primero para proteger al administrador de las entidades y sociedades cooperativas y luego cuando ya se ha embolsado el dinero de los clientes, limitan la recuperación, hasta por la cantidad que al Estado le conviene.

¿Entonces porque permitir movimientos financieros entre entidades y sociedades financieras por arriba de los topes máximos establecidos por ley?, ¿por qué no actuar en consecuencia desde el primer instante en que un cliente obtiene ganancias estratosféricas?, ¿por qué esperarse hasta que reviente la empresa por si misma?, ¿porqué permitir la comisión de fraudes?.

Donde queda la aplicación regulatoria, y donde la sancionadora, ya no digamos de la supervisora, ¿dónde quedó la protección popular?, ¿leyes falacias o a modo?

Y es que sin duda alguna, jamás ha existido una ley que ‘prohíba’ robarse el dinero, no la hay, jamás ha existido una reglamentación que obligue a la Bancaria a cumplir su misión regulatoria, hasta hoy, nadie se ha atrevido a sancionar al Ejecutivo Federal por ser omiso solidario en su actuación endosada a la CNBV.

El artículo primero del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (RSCNVB), en su Título Primero, relativo a las Disposiciones Generales, Capítulo Único, establece claramente que:

“El presente Reglamento tiene por objeto regular el ejercicio de la función de supervisión que compete a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las entidades y entidades financieras a que se refiere el artículo 3, fracción IV de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, federaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, fondos de protección a que aluden la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y la Ley de Ahorro y Crédito Popular, oficinas de representación de entidades financieras del exterior, así como personas físicas o morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero”.

Si, han leído bien, es obligación directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, regular las actividades de todas las Sociedades Financieras Populares (sofipos), de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (socaps) y de las personas físicas o morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

La función de supervisión de la CNBV comprende el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y corrección que la Ley le confiere, facultad basada en la medición de riesgos. Tampoco los hubo.

Me pregunto, cuantas disposiciones, comunicados, reglas de operación o manifiestos existieron, por lo menos en el caso Ficrea, cuantos para prevenir la salida masiva de recursos, cuantos avisos hubieron desde el primer momento que se ubicaron movimientos extraños, ¿que sanciones no solo se impusieron sino se cumplimentaron en el responsable?, ¿que medidas extremas se tomaron para evitar la continuidad del delito?, y más aún, a sabiendas de que, inclusive, se emitía una doble documentación que supuestamente garantizaba la inversión del cliente, una concedida por Ficrea y otra por Leadman Trade, que efectos correctivos estableció la CNBV, cuantos más la CONDUSEF, ¿cuantas sanciones se impusieron?.

El artículo 4, del RSCNBV, exige a la Comisión que para efectos de su inspección se deberán realizar visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las Entidades Supervisadas o Personas, con el objeto de comprobar el estado en que se encuentran estas últimas, incluyendo la situación sobre su liquidez, solvencia y estabilidad, así como el adecuado cumplimiento de las disposiciones aplicables.

¿En verdad, la CNBV y/o la Federación Atlántico Pacífico, organismo encargado de ejercer la supervisión de manera auxiliar, realizaron visitas físicas en las instalaciones de Ficrea?, ¿cuántas?, a partir de cual, se dieron cuenta de los movimientos raros, que medidas implementaron, o…, ¿habiendo sabido de esos movimientos…, se hicieron de la vista gorda?, peor tantito.

La Federación Atlántico Pacífico, de René Fausto Morales (http://www.fap.org.mx/contacto.html) es un organismo de integración encargado de ejercer la supervisión auxiliar de entidades como Ficrea y Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, bien se puede tratar de otro cómplice solidario, de un responsable indirecto (auxiliar) en la omisión de supervisión, aunado a que también forma parte del listado de ahorradores defraudados de la Financiera, en consecuencia no nada más un tal Rafael Olvera resultará responsable, mucha gente involucrada y mucha más que hasta ahora la Procuraduría General de la República no ha querido mencionar, gran tarea sancionadora en el Congreso Legislativo.

Hablando de sanciones, previo a la resolución de clausura de operaciones y liquidación de la empresa Ficrea, la CNBV debió establecer un pequeño procedimiento, minucioso, dentro del cual probablemente la PGR por conducto de su Unidad de Inteligencia Financiera pudieron haber procedido en contra del responsable, y tratándose de labores de inteligencia, bien pudieron establecer una estrategia a partir de las facultades concedidas a la Bancaria por el artículo 62 del RSCNBV.

Del poderío que por obligación tiene la CNBV está el de intervenir cuando de la información y documentación que haya obtenido en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, se desprendan hechos, actos u omisiones que, a su juicio, puedan implicar una infracción y que, en términos de las mismas, amerite la imposición de una sanción. Entonces, ¿no hubo juicio propio?. Otra negligencia más.

La CNBV debió emplazar a Ficrea, para que en 10 días su administrador manifestara por escrito lo que a su derecho convenga, ofreciera pruebas de los ilícitos ubicados y formulara sus alegatos, ¿dónde está este procedimiento, y no me refiero al previo inmediato a la liquidación, hago referencia al momento en que, justamente la Comisión y Condusef se dieron cuenta de las primeras atrocidades financieras ilícitas de Ficrea y sus secuaces. Otra desidia de la Comisión.

Si a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de Mario Di Costanzo, le correspondía leer las letras pequeñitas de los contratos de crédito, de ahorro o de inversión existentes entre Ficrea y sus clientes ahorradores y… terceras personas, sean físicas o morales, entre ellas Leadman Trade y otros (estos últimos considerados como personas físicas o morales diversas, quienes realizaban actividades previstas en la leyes relativas al sistema financiero, hasta donde la información del interventor se sabe), como fue que se toleró, se permitió y hasta se protegió cada uno de los movimientos bancarios por varios miles de millones de pesos en tan corto tiempo, ¿cómo?, o más bien ¿porqué, se protegió esta actividad ilícita?. Anoten una omisión más.

¡¡¡Bingo!!!, entonces ¿culpable también lo es el Ejecutivo Federal, cierto?, de este Poder depende la CNBV, la Condusef y hasta la propia Federación en una distribución del organigrama de la Administración Pública Federal, es partícipe solidario el titular del ejecutivo federal, del delito de cada uno de los funcionarios que no hicieron su labor de  s u p e r v i s i ó n de conformidad con el RSCNBV, o nada más los titulares de estas apáticas instituciones; todos son responsables solidarios por omisión por igual o algunos más y otro menos. Claro que todos, por igual, son responsables.

Corresponderá al grupo de trabajo plural del Congreso de la Unión, el lograr establecer los procedimientos de investigación suficientes y necesarios, para que se logren los elementos que habrán de fincar estas responsabilidades.

Tomen esta entrega como soporte de lo que el grupo de trabajo legislativo tiene por hacer y obliguen al legislador a que puntualice su intervención basado en este fundamento y el que surja y el que de manera conjunta logren obtener, más no debe quedar nadie sin merecer sanción por mínima que sea.

Esta ilustración y fundamento debe estar en la mesa del grupo de trabajo plural del Congreso de la Unión, debe formar parte esencial de los trabajos para fincar responsabilidades inmediatas, la víctima debe exigirlo.

Solo los abogados especialistas en materia penal, sabrán y coincidirán que estos elementos serán básicos para fincar responsabilidad penal inclusive, hasta en el ejecutivo federal, por permitir la existencia de funcionarios tan neófitos en materia de regulación, supervisión y prevención del delito en agravio de millones de ahorradores, no nada más de los de Ficrea.

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Como trabajar en favor de víctimas de la Financiera Ficrea

Por Mario Herrera

Presidente y Fundador de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C.

Grupo de Trabajo Legislativo

Se ha conformado el ‘grupo de trabajo’ en la Cámara de Diputados, que habrá de intervenir en la investigación, estudio y en su caso, probable salida de resarcimiento de daños derivado del fraude cometido por el administrador de la Financiera Popular Ficrea, así sucederá también, en los próximos días en el Senado, restaría entonces saber cual de ellas fungirá como cámara de origen y arrancan trabajos, seguro estoy que, el trabajo conjunto interpartidista logrará una modificación general a las legislaciones integrantes del sector de ahorro y crédito popular.

Mal harían en proponer modificaciones al vapor o seguir generando falsas expectativas en el defraudado, se trata pues de por fin, dedicarse de lleno como representantes populares, a trabajar a fondo y conciencia en todas las carencias que no solamente presenta la actual Ley de Crédito Popular sino que, habrá de aprovecharse el momento financiero histórico para amarrarle las manos a todos esos administradores de sociedades populares y evitar desastres monetarios en adelante.

Este esfuerzo legislativo traerá, la respuesta a todas y cada una de las interrogantes y dudas de los ahorradores que han resultaron afectados, será la oportunidad del ahorrador para hacer valer su posición de víctima en las mesas, las modificaciones y adecuaciones legislativas deberán contener en especial, los candados suficientes y necesarios para lograr de una vez por todas, aterrizar la operación de las sociedades financieras al ámbito ‘popular’.

Quitarle el negocio compartido y las riquezas exorbitantes a las SOFIPOS, deberá estar en mente de cada uno de los integrantes de la mesa.

Todos los patrones de conductas anteriores deberán formar parte del amplio y delicado estudio y análisis a atender en el considerado más grande fraude en la historia de las Sociedades Financieras Populares del País, Ficrea es el parte aguas y el pretexto idóneo para actualizar Leyes en el sector.

Sin embargo, el grupo de trabajo legislativo, también tiene otra gran encomienda, la principal considero, buscar, gestionar y lograr la mejor salida de resarcimiento de daños para los afectados, una labor difícil más no imposible, si se sabe trabajar en verdadero equipo político, la solución está al alcance inmediato del legislador y tiene que hacerlo en el corto, muy corto plazo para impedir un efecto dominó en el resto de las financieras populares y en consecuencia y desastre económico que ya se comienza a gestar.

El grupo de trabajo, deberá esclarecer, quien o quienes resultaron los responsables directos e indirectos de la comisión del delito y sus sanciones ejemplares, deberá determinar en que falló la Ley y sus enmiendas históricas y retroactivas, deberá dejar en claro si Instituciones como el Tribunal Superior de Justicia el Distrito Federal o Gobiernos Estatales o Municipales, Políticos y personajes famosos pueden y deben ser candidatos populares para invertir en estas sociedades; los topes máximos otro paquete, de vital importancia para impedir inversiones por arriba del seguro de garantía en beneficio del propio ahorrador y de la sociedad.

Proceso para el resarcimiento de daños.

Urgente es la atención de esos miles de afectados con ahorro modesto y dentro de las esferas del sector de Crédito Popular, inteligencia es lo que deberá predominar en el grupo compuesto con legisladores de todas las bancadas de los partidos políticos y ya saber que la gran mayoría de los afectados tiene en promedio 1.5 millones de pesos, sobre esta base se debe conducir si se quiere una salida pronta del problema.

Segmentación los montos.

Conformar 3 grupos de personas, será la mejor y más rápida salida para resarcir de daños a los afectados, aquellos que cobran por seguro de garantía actual (montos menores a 25 mil UDIS), los que tienen por debajo del millón y medio de pesos invertidos y uno último de montos mayores a 1.5 millones de pesos.

Utilizar el proceso de pago actual (hasta 25,000 UDIS), fideicomiso aperturado con fondos de las mismas SOFIPOS y para los montos mayores a este tope, se deberá cubrir con el producto obtenido de la venta de activos, con lo cual se evitaría el rescate por parte del Estado con fondos del erario y se cubriría al 100% a la totalidad de afectados.

Montos hasta 25,000 UDIS.

El legislador tiene una gran tarea para urgir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ordenar, vigilar y supervisar se entregue de manera inmediata los cheques de todas aquellas personas que han solicitado el seguro de garantía, la tarea de la CNBV no ha terminado sino hasta que se cubra el último peso a los afectados.

En la medida en que se cubra la totalidad de los seguros de garantía, se logrará certeza jurídica en el proceso y confianza en la sociedad ahorradora, deberá ser el primer punto en la agenda del grupo de trabajo, el proceso ya existe, ya está establecido, y la mecánica de pago ya se conoce, luego entonces solo es lentitud y burocracia en la emisión de cheques la que se debe agilizar.

De pagarse estos montos que no le cuestan al Gobierno, se estaría dando un gran paso y muy solido en la componenda del conflicto, poner módulos de atención adicionales, ventillas de trabajo o cualquier soporte mecánico que pueda aclerar la entrega de este dinero al cual tienen derecho por Ley cada uno de los ahorradores.

Existen personas de la tercera edad, madres solteras, gente sin trabajo, discapacitados, y otras más con un sin fin de necesidades, y que estos aproximados 131 mil pesos podrían enderezar su situación económica de manera temporal, necesario entonces, implementar medidas más prácticas y estrictas para no tardar tanto el pago de este dinero, no debe ser superior a 30 días más la conclusión de este proceso de pago de seguro.

De 25,000 UDIS a 300,000 UDIS.

Ya sabemos y ha quedado claro que con el cobro del seguro de garantía no se han de perder los derechos para reclamar el dinero remanente, la Ley así lo contempla y nada ni nadie habrá de impedir que puedan reclamar con posterioridad los montos que se tengan por arriba de los 25,000 UDIS, sin importar el monto ahorrado o invertido que se cobre inmediato y que se establezca el método por el cual habrá de descontarse el mismo de cualquiera de los procesos que se implementen para el resarcimiento del resto invertido.

Se propone entonces que, se aperture un segundo grupo de afectados que con independencia de que ya hayan cobrado el seguro de garantía a que tienen derecho, tengan hasta un millón y medio de pesos en promedio ahorrados o invertidos, cantidad que bien cabe en el rubro popular.

Una modificación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular en su artículo 105, párrafo segundo, ayudaría a este grupo de personas, la actual ley establece:

“El Fondo de Protección tendrá como fin primordial, procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador a que se refiere el inciso a) de la fracción I del Artículo 36 de la presente Ley, en los términos establecidos por el Artículo 112 de la misma, hasta por una cantidad equivalente a veinticinco mil UDIS, por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Sociedad Financiera Popular, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil”.

 

Para quedar, de la siguiente manera:

 

“El Fondo de Protección tendrá como fin primordial, procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador a que se refiere el inciso a) de la fracción I del Artículo 36 de la presente Ley, en los términos establecidos por el Artículo 112 de la misma, hasta por una cantidad equivalente a trescientas mil UDIS, por persona física o moral, siempre y cuando las operaciones a su favor y se encuentren ajustadas al objeto social y de operación y a cargo de la misma Sociedad Financiera Popular, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil”.

Con esta modalidad y a sabiendas que los recursos habrán de salir de las Sociedad Financieras Populares y no del erario público conforme a lo establecido por el artículo 105 de la LACP, facultado al Comité Técnico del Fondo de Protección para agilizar de igual manera el proceso de pago en su momento.

Se calcula que así, se podrá resarcir del daño causado por el fraude, a más del 80% de afectados y no se causaría agravio alguno a la sociedad en general con ningún rescate, no se violentaría de ninguna manera al resto de ahorradores y se recuperaría la confianza en el resto de los clientes de las SOFIPOS que se encuentren en igualdad de circunstancias de inversión.

No se criminaliza tampoco a los ahorradores e inversionistas de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP´S) por ejemplo, ya que se trata de cuestiones completamente distintas una de otra, mientras en cajas de ahorro sabemos que el fideicomiso se apertura con recursos al 40% del Gobierno Federal, 30% del Gobierno Estatal y otro 30% que le corresponde al ahorrador en igualdad de riesgos; en SOFIPOS el recurso proviene de las mismas Financieras, lo cual es muy justo.

Montos mayores a 300 mil UDIS.

 

Se podría decir que es aquí donde se darán los conflictos por las cantidades que se tienen invertidas y que algunas de ellas pudieran inclusive estar en la mira de las autoridades por los orígenes, pero siendo los menos, se podrá tener un mejor control de investigaciones respectivas y el establecimiento de una mecánica para el resarcimiento de daños a partir de lo asegurado en activos y también pasivos de Ficrea.

Si, se acepta que este proceso puede resultar el más lento y el más tedioso, pero se propone tener cuidado en las políticas públicas y metodología con sanciones que se pongan en la mesa, para obligar a los involucrados a lograr a la brevedad posible la conjunción de tareas a fin de aseguramiento total de bienes y luego la venta de los mismos, para conformar el fideicomiso necesario que habrá de resarcir el daño.

Confianza en la mesa de trabajo legislativa.

No será un trabajo fácil, ni inmediato, pero si pondrá solución al problema, confianza en este grupo legislativo se recomienda, inteligencia y sobre todo participación activa de los interesados.

Deberá salir de este grupo de trabajo no en una sino en varias iniciativa de reformas no solamente a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, sino a las leyes relacionadas y con referencia a la economías solidaria, debe prevalecer el concepto propulsor de este tipo de sociedades, y que si se han cometido errores, se enmienden, se cubra lo correspondiente a la gente de buena fe y se proteja a futuros ahorradores de no repetir la historia.

El diputado federal Héctor Gutiérrez de la Garza por Nuevo León del Partido revolucionario Institucional, ha expuesto una de las más atinadas y congruentes intervenciones del tema ha indicado que “desde la propia comisión permanente se tuvo la intención y se precisó que se integrara un grupo de trabajo, por un representante de cada grupo parlamentario como de diputados como de senadores; es decir, están representadas todas las fuerzas políticas para trabajar en dos vías”.

Establezca de inmediato un procedimiento para tener una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular es su propuesta, e indica que la actual “es laxa y no tiene absolutamente nada de crédito popular”, por primera vez una opinión conocedora, y pone a temblar a quienes tienen ahorros por más de 100 millones de pesos, indicando que “de ninguna manera es la naturaleza de un crédito popular”.

La intención de este legislador es trabajar en dos vías una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, que “modifique además que el fondo que se establece de protección; es decir, ese seguro que tanto se ha manejado de 25 mil UDIS, que es aproximadamente 130 mil pesos y que en este momento no se ha estado pagando con la celeridad debida, dado que este fondo no tiene toda la infraestructura para realizarlo de inmediato”.

Es poder aplicar la reforma en beneficio de los ahorradores de Ficrea, principalmente, “… aquellos ahorradores de montos menores, hablando de alrededor de medio millón de pesos y poder aplicar la ley, retroactivamente, en este caso en beneficio de diversas personas”.

Gutiérrez de la Garza, integrante del grupo de trabajo Ficrea ha sido, hasta donde se recuerda, el único que ha tenido la valentía de asegurar que “los ahorradores de menor cuantía, son los más importantes, los demás esperarían el proceso de liquidación de los activos de Ficrea que se vayan adquiriendo, localizando; pero por lo pronto que el mayor grueso de esos ahorradores tengan una respuesta lo más pronto posible y eso lo podemos hacer con voluntad en el mismo mes de febrero”.

Firmar contratos con abogados, ¿necesario?.

Definitivamente no. No es necesario firmar contratos tendenciosos y onerosos con ningún abogado dado que el grupo de trabajo ya integrado en la Cámara de Diputados tendrá la tarea entre otras, de analizar las mecánicas probables para modificar la legislación y en consecuencia se beneficien la mayoría de los ahorradores afectados, por tanto, no se requiere de la representación de ningún abogado a menos que se pretenda ejercitar acciones por cuenta propia para montos mayores.

Si las bases para el resarcimiento de daños, y las modificaciones a la ley las establecerá el Congreso y el trámite de entrega de cheques lo establece el Ejecutivo, no veo el momento en que firmas de abogados habrán de intervenir para generar un honorario o comisión de lo recuperado, tengan cuidado.

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Daño Patrimonial, condicionantes para el derecho a indemnización

Por Mario Herrera

Presidente y Fundador de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C.

Luego del fraude cometido por la Sociedad Financiera Popular Ficrea, S.A. de C.V. de S.F.P, los afectados han buscado la acción legal más eficaz, contundente y rápida por medio de la cual puedan recuperar sus ahorros o su inversión, diversos asesores legales ya trabajan en ofrecer la mejor alternativa jurídica.

Algunos ahorradores han optado por denuncias individuales, recorriendo un arduo camino entre la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dependencias que se sortean a quién atender y a quién no, a saber, dependiendo el tipo del ilícito que se denuncie y las personas que se señalen como responsables estará el fuero conocedor.

Otros más han preferido promover de manera colectiva, quejas ante el órgano de control interno dependiente de la Secretaría de la Función Pública con oficina en la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Condusef, procedimiento quejoso que habrá de fincar responsabilidades en los responsables en caso de resultar culpables de la omisión administrativa en sus funciones.

Opiniones Jurídicas aseguraban experiencia en materia de amparo, y brindaron juicios de garantías para impugnar la resolución de liquidación del 19 de diciembre pasado, de esa manera, aseguraban que se podía recuperar la sociedad financiera para que siguiera operando y buscar así una alternativa viable de recuperar los ahorros.

La oferta más sonada y la que ha convencido a la gran mayoría de los afectados es la propuesta por un grupo político de abogados panista, profesionales y conocedores de asuntos económicos y hacendarios, hasta ahora parece la más viable, pero lamentablemente la más costosa.

La LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004 por VICENTE FOX QUESADA, signada por el entonces Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos en su calidad de Presidente y cuya última reforma del 12 de junio de 2009, se llevó al cabo estando como Senador Gustavo E. Madero Muñoz, contempla en su Artículo 18 que se podrán interponer reclamación ante la dependencia o entidad ‘presuntamente’ responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El promovente deberá señalar, en su caso, el o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se considere irregular.

Hasta aquí no habría problema alguno en que el afectado pueda intentar, por derecho constitucional (art. 8), esta alternativa para solicitar una indemnización que se le han causado, sin embargo, la misma legislación en el tercer párrafo del mismo articulo establece claramente una condicionante para poder interponerlo.

Obsérvese que esta ley no contempla el resarcimiento de daños, ni propicia el mecanismo de pago que se consigna en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, solo aplica la ‘posible’ reparación del daño causado por la actividad administrativa irregular y nada más.

La LFRPE instaura que, si iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, se encontrare pendiente alguno de los procedimientos por los que el particular haya impugnado el acto de autoridad que se reputa como dañoso, el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado se suspenderá hasta en tanto en los otros procedimientos, la autoridad competente no haya dictado una resolución que cause estado.

Es importante que los interesados conozcan esta limitante para que no se vean perturbados en trámites que puedan inquietar todavía más su situación ya de por si desastrosa en este momento.

Significa entonces, que todas aquellas personas que hayan iniciado algún trámite de queja, denuncia, demanda por la civil, mercantil o administrativa ante cualquier autoridad por medio de la cual se haya impugnado el acto de la autoridad, es decir, la omisión de la CNBV o de la CONDUSEF, o de la PGR, deberán esperar a que se resuelvan los mismos para poder proceder al reclamo de la indemnización por parte del Estado.

Se recomienda ampliamente consultar esta situación a efecto de no duplicar o triplicar acciones judiciales cuyos procedimientos se sobre pongan unos de otros y se entorpezca su continuación; se deberán desistir de las mismas y así les es conveniente, o bien anuncien con anticipación esta problemática a sus asesores.

Recordemos que las disposiciones de la LFRPE son de orden público e interés general y tienen por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes (afectados), sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.

De ninguna manera lo anterior, significa resarcimiento del daño por perdida de ahorros o inversiones.

Significa que, primero deberá acreditarse con prueba fehaciente que el Estado ha llevado al cabo una actividad administrativa irregular, y luego, lo más importante es que el afectado (ciudadano), acredite perfectamente el daño que se le ha causado mediante prueba idónea.

Ejemplo: Si derivado de la actividad administrativa irregular del Estado perdió la totalidad de su dinero, y como consecuencia, no tiene para comer, o su salud se afectó, o dejó de hacer tal o cual acción en su patrimonio, deberá acreditarlo mediante informes o dictámenes expedidos por profesionales, en donde se establezca el daño causado, así opera.

Al exigir la indemnización por daño patrimonial, al Estado corresponderá probar, como responsable del daño, en su caso, la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios irrogados al mismo, es aquí donde los abogados habrán de tener especial cuidado porque, bien puede el Estado advertir que se trata de un modelo financiero del sector popular, que se firmó un contrato a sabiendas que el seguro de deposito que garantizaba la inversión solo cubría hasta 25,000 UDIS, podrá el Estado ofrecer como prueba que el afectado acredite el origen del dinero que se haya invertido en la Financiera. (art. 22 LFRPE).

Por último, el Estado podrá defenderse en que los daños no son consecuencia de la actividad administrativa irregular que, si la tiene por supuesto; que los daños derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento, o bien, la existencia de la fuerza mayor que lo exonera de responsabilidad patrimonial.

Todas estas ilustraciones se dan a conocer no con la intención de restar credibilidad a profesionales del Derecho que participan en la asesoría de defraudados, sino que se expone, para que el ciudadano afectado tenga en cuenta todas estas condicionantes jurídicas que se podrán presentar inclusive antes de la acción jurídica, o durante la misma.

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