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La responsabilidad penal en la CNBV por caso Ficrea y otros

¿Leyes falacias o a modo?

Por Mario Herrera

Presidente y Fundador de Fundación para la Infusión y el Desarrollo, A.C.

El revuelo social y mediático que a costa del fraude cometido por Rafael Olvera Amezcua administrador de Ficrea, S.A. de C.V. Sociedad Financiera Popular, en perjuicio de la totalidad de sus clientes y socios inversionistas y ahorradores, ha provocado sin lugar a dudas, una forzada Educación Financiera en la sociedad en general.

Veamos.

La carencia del ejercicio digno de un órgano regulatorio para prevenir este tipo de ilícitos, ya es por todos reconocida, ya aprendimos que existe un responsable que no reguló, o peor aún, jamás ha regulado el sector popular, el más golpeado y menor protegido.

Hoy sabemos que no solo por el caso actual de Ficrea sino por muchos otros más, en especial, los derivados de las cajas de ahorro apócrifas, las no autorizadas, las no sancionadas, de las Uniones de Crédito fraude tras fraude y de tantas otras entidades financieras de carácter popular de las que se permite sin restricción alguna la comisión de delitos a su interior, y que se han embolsado el dinero del ahorrador, la CNVB es la culpable.

La incertidumbre y la desconfianza imperan en la mente de cualquier ciudadano que tenga la posibilidad de ahorrar o de invertir, aprendimos ahora, a leer detenidamente antes de invertir o de ahorrar, hoy cualquiera se pone a temblar ante la peligro de perder su patrimonio, sabemos que si se ofrece una tasa mayor a la bancaria representa ya de por si, una irregularidad, ya aprendimos.

Temas relacionados con la economía solidaria, a ninguna autoridad, a ningún legislador interesan, a los financieros públicos y privados del país menos, se trata de los ahorradores más débiles monetariamente hablando, se trata de la clase más golpeada en sus finanzas, hoy pisoteada a más no poder, a nadie le interesaba el sector popular, ni a la misma reforma financiera que fue excluyente del tema, de otra manera, no habría fraude. Hoy sabemos que existe un pequeño grupo de 7.5 millones de ahorradores conocidos como populares.

Han quedado al descubierto las carencias regulatorias de una Comisión parca, débil y cada día más frágil; hoy, han surgido, abogados especialistas en economía popular por doquier, ya todos somos expertos en la materia; hoy los medios han volteado sus libretas y cámaras a este tan olvidado sector principalmente de la gente pobre, con algunas excepciones ambiciosas. Lo vulnerable que ha sido siempre el sector.

Pues si, se necesitaba de una afectación masiva en la misma capital del país, se necesitaba que el daño fuera de muchos miles de millones de pesos, era necesario que entre los afectados hubiera peso pesado, para que se encendieran, por fin y a nivel nacional, los focos rojos se han encendido en las finanzas de los de abajo, hoy comenzamos a educarnos financieramente a partir de las anomalías que por años han existido en el sector popular.

Salen a la luz pública, las entrañas más perversas de las instituciones encargadas de regular y supervisar el manejo de los recursos que se captan de manera pública en este sector excluido del sistema financiero mexicano, comenzamos a conocer de Inclusión Financiera, que no es consecuencia de un Ficrea de hoy o de una Caja Libertad mañana o de 250 cajas de ahorro patito ayer, es el resultado de la carencia permanente, de un marco normativo acorde a las condiciones sociales y populares actuales. Ya aprendimos, ya están aprendiendo los legisladores.

El sector del bien común ha carecido continuamente, de una atención especial, no se cuenta con una Comisión Nacional como en la banca, no existe una Asociación representativa del ahorrador como en la banca, las legislaciones están creadas primero para proteger al administrador de las entidades y sociedades cooperativas y luego cuando ya se ha embolsado el dinero de los clientes, limitan la recuperación, hasta por la cantidad que al Estado le conviene.

¿Entonces porque permitir movimientos financieros entre entidades y sociedades financieras por arriba de los topes máximos establecidos por ley?, ¿por qué no actuar en consecuencia desde el primer instante en que un cliente obtiene ganancias estratosféricas?, ¿por qué esperarse hasta que reviente la empresa por si misma?, ¿porqué permitir la comisión de fraudes?.

Donde queda la aplicación regulatoria, y donde la sancionadora, ya no digamos de la supervisora, ¿dónde quedó la protección popular?, ¿leyes falacias o a modo?

Y es que sin duda alguna, jamás ha existido una ley que ‘prohíba’ robarse el dinero, no la hay, jamás ha existido una reglamentación que obligue a la Bancaria a cumplir su misión regulatoria, hasta hoy, nadie se ha atrevido a sancionar al Ejecutivo Federal por ser omiso solidario en su actuación endosada a la CNBV.

El artículo primero del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (RSCNVB), en su Título Primero, relativo a las Disposiciones Generales, Capítulo Único, establece claramente que:

“El presente Reglamento tiene por objeto regular el ejercicio de la función de supervisión que compete a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las entidades y entidades financieras a que se refiere el artículo 3, fracción IV de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, federaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, fondos de protección a que aluden la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y la Ley de Ahorro y Crédito Popular, oficinas de representación de entidades financieras del exterior, así como personas físicas o morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero”.

Si, han leído bien, es obligación directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, regular las actividades de todas las Sociedades Financieras Populares (sofipos), de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (socaps) y de las personas físicas o morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

La función de supervisión de la CNBV comprende el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y corrección que la Ley le confiere, facultad basada en la medición de riesgos. Tampoco los hubo.

Me pregunto, cuantas disposiciones, comunicados, reglas de operación o manifiestos existieron, por lo menos en el caso Ficrea, cuantos para prevenir la salida masiva de recursos, cuantos avisos hubieron desde el primer momento que se ubicaron movimientos extraños, ¿que sanciones no solo se impusieron sino se cumplimentaron en el responsable?, ¿que medidas extremas se tomaron para evitar la continuidad del delito?, y más aún, a sabiendas de que, inclusive, se emitía una doble documentación que supuestamente garantizaba la inversión del cliente, una concedida por Ficrea y otra por Leadman Trade, que efectos correctivos estableció la CNBV, cuantos más la CONDUSEF, ¿cuantas sanciones se impusieron?.

El artículo 4, del RSCNBV, exige a la Comisión que para efectos de su inspección se deberán realizar visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las Entidades Supervisadas o Personas, con el objeto de comprobar el estado en que se encuentran estas últimas, incluyendo la situación sobre su liquidez, solvencia y estabilidad, así como el adecuado cumplimiento de las disposiciones aplicables.

¿En verdad, la CNBV y/o la Federación Atlántico Pacífico, organismo encargado de ejercer la supervisión de manera auxiliar, realizaron visitas físicas en las instalaciones de Ficrea?, ¿cuántas?, a partir de cual, se dieron cuenta de los movimientos raros, que medidas implementaron, o…, ¿habiendo sabido de esos movimientos…, se hicieron de la vista gorda?, peor tantito.

La Federación Atlántico Pacífico, de René Fausto Morales (http://www.fap.org.mx/contacto.html) es un organismo de integración encargado de ejercer la supervisión auxiliar de entidades como Ficrea y Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, bien se puede tratar de otro cómplice solidario, de un responsable indirecto (auxiliar) en la omisión de supervisión, aunado a que también forma parte del listado de ahorradores defraudados de la Financiera, en consecuencia no nada más un tal Rafael Olvera resultará responsable, mucha gente involucrada y mucha más que hasta ahora la Procuraduría General de la República no ha querido mencionar, gran tarea sancionadora en el Congreso Legislativo.

Hablando de sanciones, previo a la resolución de clausura de operaciones y liquidación de la empresa Ficrea, la CNBV debió establecer un pequeño procedimiento, minucioso, dentro del cual probablemente la PGR por conducto de su Unidad de Inteligencia Financiera pudieron haber procedido en contra del responsable, y tratándose de labores de inteligencia, bien pudieron establecer una estrategia a partir de las facultades concedidas a la Bancaria por el artículo 62 del RSCNBV.

Del poderío que por obligación tiene la CNBV está el de intervenir cuando de la información y documentación que haya obtenido en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, se desprendan hechos, actos u omisiones que, a su juicio, puedan implicar una infracción y que, en términos de las mismas, amerite la imposición de una sanción. Entonces, ¿no hubo juicio propio?. Otra negligencia más.

La CNBV debió emplazar a Ficrea, para que en 10 días su administrador manifestara por escrito lo que a su derecho convenga, ofreciera pruebas de los ilícitos ubicados y formulara sus alegatos, ¿dónde está este procedimiento, y no me refiero al previo inmediato a la liquidación, hago referencia al momento en que, justamente la Comisión y Condusef se dieron cuenta de las primeras atrocidades financieras ilícitas de Ficrea y sus secuaces. Otra desidia de la Comisión.

Si a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de Mario Di Costanzo, le correspondía leer las letras pequeñitas de los contratos de crédito, de ahorro o de inversión existentes entre Ficrea y sus clientes ahorradores y… terceras personas, sean físicas o morales, entre ellas Leadman Trade y otros (estos últimos considerados como personas físicas o morales diversas, quienes realizaban actividades previstas en la leyes relativas al sistema financiero, hasta donde la información del interventor se sabe), como fue que se toleró, se permitió y hasta se protegió cada uno de los movimientos bancarios por varios miles de millones de pesos en tan corto tiempo, ¿cómo?, o más bien ¿porqué, se protegió esta actividad ilícita?. Anoten una omisión más.

¡¡¡Bingo!!!, entonces ¿culpable también lo es el Ejecutivo Federal, cierto?, de este Poder depende la CNBV, la Condusef y hasta la propia Federación en una distribución del organigrama de la Administración Pública Federal, es partícipe solidario el titular del ejecutivo federal, del delito de cada uno de los funcionarios que no hicieron su labor de  s u p e r v i s i ó n de conformidad con el RSCNBV, o nada más los titulares de estas apáticas instituciones; todos son responsables solidarios por omisión por igual o algunos más y otro menos. Claro que todos, por igual, son responsables.

Corresponderá al grupo de trabajo plural del Congreso de la Unión, el lograr establecer los procedimientos de investigación suficientes y necesarios, para que se logren los elementos que habrán de fincar estas responsabilidades.

Tomen esta entrega como soporte de lo que el grupo de trabajo legislativo tiene por hacer y obliguen al legislador a que puntualice su intervención basado en este fundamento y el que surja y el que de manera conjunta logren obtener, más no debe quedar nadie sin merecer sanción por mínima que sea.

Esta ilustración y fundamento debe estar en la mesa del grupo de trabajo plural del Congreso de la Unión, debe formar parte esencial de los trabajos para fincar responsabilidades inmediatas, la víctima debe exigirlo.

Solo los abogados especialistas en materia penal, sabrán y coincidirán que estos elementos serán básicos para fincar responsabilidad penal inclusive, hasta en el ejecutivo federal, por permitir la existencia de funcionarios tan neófitos en materia de regulación, supervisión y prevención del delito en agravio de millones de ahorradores, no nada más de los de Ficrea.

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Como trabajar en favor de víctimas de la Financiera Ficrea

Por Mario Herrera

Presidente y Fundador de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C.

Grupo de Trabajo Legislativo

Se ha conformado el ‘grupo de trabajo’ en la Cámara de Diputados, que habrá de intervenir en la investigación, estudio y en su caso, probable salida de resarcimiento de daños derivado del fraude cometido por el administrador de la Financiera Popular Ficrea, así sucederá también, en los próximos días en el Senado, restaría entonces saber cual de ellas fungirá como cámara de origen y arrancan trabajos, seguro estoy que, el trabajo conjunto interpartidista logrará una modificación general a las legislaciones integrantes del sector de ahorro y crédito popular.

Mal harían en proponer modificaciones al vapor o seguir generando falsas expectativas en el defraudado, se trata pues de por fin, dedicarse de lleno como representantes populares, a trabajar a fondo y conciencia en todas las carencias que no solamente presenta la actual Ley de Crédito Popular sino que, habrá de aprovecharse el momento financiero histórico para amarrarle las manos a todos esos administradores de sociedades populares y evitar desastres monetarios en adelante.

Este esfuerzo legislativo traerá, la respuesta a todas y cada una de las interrogantes y dudas de los ahorradores que han resultaron afectados, será la oportunidad del ahorrador para hacer valer su posición de víctima en las mesas, las modificaciones y adecuaciones legislativas deberán contener en especial, los candados suficientes y necesarios para lograr de una vez por todas, aterrizar la operación de las sociedades financieras al ámbito ‘popular’.

Quitarle el negocio compartido y las riquezas exorbitantes a las SOFIPOS, deberá estar en mente de cada uno de los integrantes de la mesa.

Todos los patrones de conductas anteriores deberán formar parte del amplio y delicado estudio y análisis a atender en el considerado más grande fraude en la historia de las Sociedades Financieras Populares del País, Ficrea es el parte aguas y el pretexto idóneo para actualizar Leyes en el sector.

Sin embargo, el grupo de trabajo legislativo, también tiene otra gran encomienda, la principal considero, buscar, gestionar y lograr la mejor salida de resarcimiento de daños para los afectados, una labor difícil más no imposible, si se sabe trabajar en verdadero equipo político, la solución está al alcance inmediato del legislador y tiene que hacerlo en el corto, muy corto plazo para impedir un efecto dominó en el resto de las financieras populares y en consecuencia y desastre económico que ya se comienza a gestar.

El grupo de trabajo, deberá esclarecer, quien o quienes resultaron los responsables directos e indirectos de la comisión del delito y sus sanciones ejemplares, deberá determinar en que falló la Ley y sus enmiendas históricas y retroactivas, deberá dejar en claro si Instituciones como el Tribunal Superior de Justicia el Distrito Federal o Gobiernos Estatales o Municipales, Políticos y personajes famosos pueden y deben ser candidatos populares para invertir en estas sociedades; los topes máximos otro paquete, de vital importancia para impedir inversiones por arriba del seguro de garantía en beneficio del propio ahorrador y de la sociedad.

Proceso para el resarcimiento de daños.

Urgente es la atención de esos miles de afectados con ahorro modesto y dentro de las esferas del sector de Crédito Popular, inteligencia es lo que deberá predominar en el grupo compuesto con legisladores de todas las bancadas de los partidos políticos y ya saber que la gran mayoría de los afectados tiene en promedio 1.5 millones de pesos, sobre esta base se debe conducir si se quiere una salida pronta del problema.

Segmentación los montos.

Conformar 3 grupos de personas, será la mejor y más rápida salida para resarcir de daños a los afectados, aquellos que cobran por seguro de garantía actual (montos menores a 25 mil UDIS), los que tienen por debajo del millón y medio de pesos invertidos y uno último de montos mayores a 1.5 millones de pesos.

Utilizar el proceso de pago actual (hasta 25,000 UDIS), fideicomiso aperturado con fondos de las mismas SOFIPOS y para los montos mayores a este tope, se deberá cubrir con el producto obtenido de la venta de activos, con lo cual se evitaría el rescate por parte del Estado con fondos del erario y se cubriría al 100% a la totalidad de afectados.

Montos hasta 25,000 UDIS.

El legislador tiene una gran tarea para urgir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ordenar, vigilar y supervisar se entregue de manera inmediata los cheques de todas aquellas personas que han solicitado el seguro de garantía, la tarea de la CNBV no ha terminado sino hasta que se cubra el último peso a los afectados.

En la medida en que se cubra la totalidad de los seguros de garantía, se logrará certeza jurídica en el proceso y confianza en la sociedad ahorradora, deberá ser el primer punto en la agenda del grupo de trabajo, el proceso ya existe, ya está establecido, y la mecánica de pago ya se conoce, luego entonces solo es lentitud y burocracia en la emisión de cheques la que se debe agilizar.

De pagarse estos montos que no le cuestan al Gobierno, se estaría dando un gran paso y muy solido en la componenda del conflicto, poner módulos de atención adicionales, ventillas de trabajo o cualquier soporte mecánico que pueda aclerar la entrega de este dinero al cual tienen derecho por Ley cada uno de los ahorradores.

Existen personas de la tercera edad, madres solteras, gente sin trabajo, discapacitados, y otras más con un sin fin de necesidades, y que estos aproximados 131 mil pesos podrían enderezar su situación económica de manera temporal, necesario entonces, implementar medidas más prácticas y estrictas para no tardar tanto el pago de este dinero, no debe ser superior a 30 días más la conclusión de este proceso de pago de seguro.

De 25,000 UDIS a 300,000 UDIS.

Ya sabemos y ha quedado claro que con el cobro del seguro de garantía no se han de perder los derechos para reclamar el dinero remanente, la Ley así lo contempla y nada ni nadie habrá de impedir que puedan reclamar con posterioridad los montos que se tengan por arriba de los 25,000 UDIS, sin importar el monto ahorrado o invertido que se cobre inmediato y que se establezca el método por el cual habrá de descontarse el mismo de cualquiera de los procesos que se implementen para el resarcimiento del resto invertido.

Se propone entonces que, se aperture un segundo grupo de afectados que con independencia de que ya hayan cobrado el seguro de garantía a que tienen derecho, tengan hasta un millón y medio de pesos en promedio ahorrados o invertidos, cantidad que bien cabe en el rubro popular.

Una modificación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular en su artículo 105, párrafo segundo, ayudaría a este grupo de personas, la actual ley establece:

“El Fondo de Protección tendrá como fin primordial, procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador a que se refiere el inciso a) de la fracción I del Artículo 36 de la presente Ley, en los términos establecidos por el Artículo 112 de la misma, hasta por una cantidad equivalente a veinticinco mil UDIS, por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Sociedad Financiera Popular, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil”.

 

Para quedar, de la siguiente manera:

 

“El Fondo de Protección tendrá como fin primordial, procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador a que se refiere el inciso a) de la fracción I del Artículo 36 de la presente Ley, en los términos establecidos por el Artículo 112 de la misma, hasta por una cantidad equivalente a trescientas mil UDIS, por persona física o moral, siempre y cuando las operaciones a su favor y se encuentren ajustadas al objeto social y de operación y a cargo de la misma Sociedad Financiera Popular, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil”.

Con esta modalidad y a sabiendas que los recursos habrán de salir de las Sociedad Financieras Populares y no del erario público conforme a lo establecido por el artículo 105 de la LACP, facultado al Comité Técnico del Fondo de Protección para agilizar de igual manera el proceso de pago en su momento.

Se calcula que así, se podrá resarcir del daño causado por el fraude, a más del 80% de afectados y no se causaría agravio alguno a la sociedad en general con ningún rescate, no se violentaría de ninguna manera al resto de ahorradores y se recuperaría la confianza en el resto de los clientes de las SOFIPOS que se encuentren en igualdad de circunstancias de inversión.

No se criminaliza tampoco a los ahorradores e inversionistas de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP´S) por ejemplo, ya que se trata de cuestiones completamente distintas una de otra, mientras en cajas de ahorro sabemos que el fideicomiso se apertura con recursos al 40% del Gobierno Federal, 30% del Gobierno Estatal y otro 30% que le corresponde al ahorrador en igualdad de riesgos; en SOFIPOS el recurso proviene de las mismas Financieras, lo cual es muy justo.

Montos mayores a 300 mil UDIS.

 

Se podría decir que es aquí donde se darán los conflictos por las cantidades que se tienen invertidas y que algunas de ellas pudieran inclusive estar en la mira de las autoridades por los orígenes, pero siendo los menos, se podrá tener un mejor control de investigaciones respectivas y el establecimiento de una mecánica para el resarcimiento de daños a partir de lo asegurado en activos y también pasivos de Ficrea.

Si, se acepta que este proceso puede resultar el más lento y el más tedioso, pero se propone tener cuidado en las políticas públicas y metodología con sanciones que se pongan en la mesa, para obligar a los involucrados a lograr a la brevedad posible la conjunción de tareas a fin de aseguramiento total de bienes y luego la venta de los mismos, para conformar el fideicomiso necesario que habrá de resarcir el daño.

Confianza en la mesa de trabajo legislativa.

No será un trabajo fácil, ni inmediato, pero si pondrá solución al problema, confianza en este grupo legislativo se recomienda, inteligencia y sobre todo participación activa de los interesados.

Deberá salir de este grupo de trabajo no en una sino en varias iniciativa de reformas no solamente a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, sino a las leyes relacionadas y con referencia a la economías solidaria, debe prevalecer el concepto propulsor de este tipo de sociedades, y que si se han cometido errores, se enmienden, se cubra lo correspondiente a la gente de buena fe y se proteja a futuros ahorradores de no repetir la historia.

El diputado federal Héctor Gutiérrez de la Garza por Nuevo León del Partido revolucionario Institucional, ha expuesto una de las más atinadas y congruentes intervenciones del tema ha indicado que “desde la propia comisión permanente se tuvo la intención y se precisó que se integrara un grupo de trabajo, por un representante de cada grupo parlamentario como de diputados como de senadores; es decir, están representadas todas las fuerzas políticas para trabajar en dos vías”.

Establezca de inmediato un procedimiento para tener una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular es su propuesta, e indica que la actual “es laxa y no tiene absolutamente nada de crédito popular”, por primera vez una opinión conocedora, y pone a temblar a quienes tienen ahorros por más de 100 millones de pesos, indicando que “de ninguna manera es la naturaleza de un crédito popular”.

La intención de este legislador es trabajar en dos vías una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, que “modifique además que el fondo que se establece de protección; es decir, ese seguro que tanto se ha manejado de 25 mil UDIS, que es aproximadamente 130 mil pesos y que en este momento no se ha estado pagando con la celeridad debida, dado que este fondo no tiene toda la infraestructura para realizarlo de inmediato”.

Es poder aplicar la reforma en beneficio de los ahorradores de Ficrea, principalmente, “… aquellos ahorradores de montos menores, hablando de alrededor de medio millón de pesos y poder aplicar la ley, retroactivamente, en este caso en beneficio de diversas personas”.

Gutiérrez de la Garza, integrante del grupo de trabajo Ficrea ha sido, hasta donde se recuerda, el único que ha tenido la valentía de asegurar que “los ahorradores de menor cuantía, son los más importantes, los demás esperarían el proceso de liquidación de los activos de Ficrea que se vayan adquiriendo, localizando; pero por lo pronto que el mayor grueso de esos ahorradores tengan una respuesta lo más pronto posible y eso lo podemos hacer con voluntad en el mismo mes de febrero”.

Firmar contratos con abogados, ¿necesario?.

Definitivamente no. No es necesario firmar contratos tendenciosos y onerosos con ningún abogado dado que el grupo de trabajo ya integrado en la Cámara de Diputados tendrá la tarea entre otras, de analizar las mecánicas probables para modificar la legislación y en consecuencia se beneficien la mayoría de los ahorradores afectados, por tanto, no se requiere de la representación de ningún abogado a menos que se pretenda ejercitar acciones por cuenta propia para montos mayores.

Si las bases para el resarcimiento de daños, y las modificaciones a la ley las establecerá el Congreso y el trámite de entrega de cheques lo establece el Ejecutivo, no veo el momento en que firmas de abogados habrán de intervenir para generar un honorario o comisión de lo recuperado, tengan cuidado.

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Daño Patrimonial, condicionantes para el derecho a indemnización

Por Mario Herrera

Presidente y Fundador de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C.

Luego del fraude cometido por la Sociedad Financiera Popular Ficrea, S.A. de C.V. de S.F.P, los afectados han buscado la acción legal más eficaz, contundente y rápida por medio de la cual puedan recuperar sus ahorros o su inversión, diversos asesores legales ya trabajan en ofrecer la mejor alternativa jurídica.

Algunos ahorradores han optado por denuncias individuales, recorriendo un arduo camino entre la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dependencias que se sortean a quién atender y a quién no, a saber, dependiendo el tipo del ilícito que se denuncie y las personas que se señalen como responsables estará el fuero conocedor.

Otros más han preferido promover de manera colectiva, quejas ante el órgano de control interno dependiente de la Secretaría de la Función Pública con oficina en la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Condusef, procedimiento quejoso que habrá de fincar responsabilidades en los responsables en caso de resultar culpables de la omisión administrativa en sus funciones.

Opiniones Jurídicas aseguraban experiencia en materia de amparo, y brindaron juicios de garantías para impugnar la resolución de liquidación del 19 de diciembre pasado, de esa manera, aseguraban que se podía recuperar la sociedad financiera para que siguiera operando y buscar así una alternativa viable de recuperar los ahorros.

La oferta más sonada y la que ha convencido a la gran mayoría de los afectados es la propuesta por un grupo político de abogados panista, profesionales y conocedores de asuntos económicos y hacendarios, hasta ahora parece la más viable, pero lamentablemente la más costosa.

La LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004 por VICENTE FOX QUESADA, signada por el entonces Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos en su calidad de Presidente y cuya última reforma del 12 de junio de 2009, se llevó al cabo estando como Senador Gustavo E. Madero Muñoz, contempla en su Artículo 18 que se podrán interponer reclamación ante la dependencia o entidad ‘presuntamente’ responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El promovente deberá señalar, en su caso, el o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se considere irregular.

Hasta aquí no habría problema alguno en que el afectado pueda intentar, por derecho constitucional (art. 8), esta alternativa para solicitar una indemnización que se le han causado, sin embargo, la misma legislación en el tercer párrafo del mismo articulo establece claramente una condicionante para poder interponerlo.

Obsérvese que esta ley no contempla el resarcimiento de daños, ni propicia el mecanismo de pago que se consigna en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, solo aplica la ‘posible’ reparación del daño causado por la actividad administrativa irregular y nada más.

La LFRPE instaura que, si iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, se encontrare pendiente alguno de los procedimientos por los que el particular haya impugnado el acto de autoridad que se reputa como dañoso, el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado se suspenderá hasta en tanto en los otros procedimientos, la autoridad competente no haya dictado una resolución que cause estado.

Es importante que los interesados conozcan esta limitante para que no se vean perturbados en trámites que puedan inquietar todavía más su situación ya de por si desastrosa en este momento.

Significa entonces, que todas aquellas personas que hayan iniciado algún trámite de queja, denuncia, demanda por la civil, mercantil o administrativa ante cualquier autoridad por medio de la cual se haya impugnado el acto de la autoridad, es decir, la omisión de la CNBV o de la CONDUSEF, o de la PGR, deberán esperar a que se resuelvan los mismos para poder proceder al reclamo de la indemnización por parte del Estado.

Se recomienda ampliamente consultar esta situación a efecto de no duplicar o triplicar acciones judiciales cuyos procedimientos se sobre pongan unos de otros y se entorpezca su continuación; se deberán desistir de las mismas y así les es conveniente, o bien anuncien con anticipación esta problemática a sus asesores.

Recordemos que las disposiciones de la LFRPE son de orden público e interés general y tienen por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes (afectados), sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.

De ninguna manera lo anterior, significa resarcimiento del daño por perdida de ahorros o inversiones.

Significa que, primero deberá acreditarse con prueba fehaciente que el Estado ha llevado al cabo una actividad administrativa irregular, y luego, lo más importante es que el afectado (ciudadano), acredite perfectamente el daño que se le ha causado mediante prueba idónea.

Ejemplo: Si derivado de la actividad administrativa irregular del Estado perdió la totalidad de su dinero, y como consecuencia, no tiene para comer, o su salud se afectó, o dejó de hacer tal o cual acción en su patrimonio, deberá acreditarlo mediante informes o dictámenes expedidos por profesionales, en donde se establezca el daño causado, así opera.

Al exigir la indemnización por daño patrimonial, al Estado corresponderá probar, como responsable del daño, en su caso, la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios irrogados al mismo, es aquí donde los abogados habrán de tener especial cuidado porque, bien puede el Estado advertir que se trata de un modelo financiero del sector popular, que se firmó un contrato a sabiendas que el seguro de deposito que garantizaba la inversión solo cubría hasta 25,000 UDIS, podrá el Estado ofrecer como prueba que el afectado acredite el origen del dinero que se haya invertido en la Financiera. (art. 22 LFRPE).

Por último, el Estado podrá defenderse en que los daños no son consecuencia de la actividad administrativa irregular que, si la tiene por supuesto; que los daños derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento, o bien, la existencia de la fuerza mayor que lo exonera de responsabilidad patrimonial.

Todas estas ilustraciones se dan a conocer no con la intención de restar credibilidad a profesionales del Derecho que participan en la asesoría de defraudados, sino que se expone, para que el ciudadano afectado tenga en cuenta todas estas condicionantes jurídicas que se podrán presentar inclusive antes de la acción jurídica, o durante la misma.

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Juicios y ganancias millonarias se avecinan en el caso FICREA

Por Mario Herrera

Dirigente Nacional de Defraudados por Cajas de Ahorro.

Luego de la noticia por todos conocida en la que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha intervenido tardíamente, a la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO), Ficrea, han saltado a las calles del Distrito Federal como es natural, miles de defraudados quienes en la desesperación por recuperar su dinero, han tenido la necesidad de contratar los servicios de abogados, litigantes en su mayoría, creyendo ésta la mejor alternativa.

Unos jalan para un lado, otros para el otro, otros más astutos han unido acciones para pagar los mejores abogados.

Las calles de la Ciudad de la esperanza se ven transitadas por los afectados bajo el mando de líderes surgidos del mismo problema, regularmente son los más pudientes, los de mayor labia y los que tiene mayores inversiones, estos son los que abanderan el grupo.

Si esos pobres defraudados supieran que el problema no es de litigo, y no es para llevarse a los Tribunales ni las instancias afines, llenar los archivos de demandas o peticiones públicas, no cayeran en la trampa contractual de los abogados; es la aplicación exacta de lo que hasta hoy, indebidamente establece, la Ley de Ahorro y Crédito Popular; tan fácil como eso, integrar un ‘Comité de Defraudados Único’, que logre la confianza de la totalidad de quienes resultaron afectados y este que sea el que encamine el proceso de resarcimiento de daños, por virtud de un mecanismo que se busca con apoyo de la banca de desarrollo y es todo, claro está, luego de que se cubra primero les seguro de deposito.

Seguramente nada de esto es del conocimiento de los afectados, ni de los actuales líderes que pretenden encabezar los destinos de los defraudados, no es su culpa, es parte de las responsabilidades compartidas entre las autoridades federales, Ahorradores y principalmente FICREA, es parte del aprendizaje que en este rubro seguimos teniendo los mexicanos.

No se trata pues, de un litigio del orden civil, o de una demanda patrimonial, no se trata de crecer a los despachos jurídicos de cobranza, ni llenar archivos públicos can demandas cansadas y costosas, se trata de aplicar en concreto, lo dispuesto en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, eso solo un especialista en la materia lo puede hacer.

Si claro, de manera paralela habrá de darse inicio, a la brevedad posible, a las acciones contra de la las Instituciones que solaparon y toleraron el robo continuo de ahorros, las acciones penales deben incoarse en contra de los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Condusef, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, fincando responsabilidades, ahí es donde está la garantía de pago y no en preocuparse en encarcelar al administrador de la Sociedad que esa tarea de manera oficiosa es del Estado, quien ya ha dado instrucciones de enlistarlo en la búsqueda de la Interpol.

Un abogado no es la solución, el litigante solo ofrecerá servicios por recuperación millonaria, cobrará sus honorarios pero nada habrá de lograr, el 10% (como mínimo) que se cobre por la recuperación con adelantos de pagos solo generará un doble fraude en los ahorradores. ¿Si son más de 6 mil afectados, cuanto habrá de tocarles a los postulantes por juicios individuales o colectivos?, juicios que no servirán de nada. El procedimiento de pago saldrá con o sin abogados.

Los trámites ante la Comisión Nacional Bancaria y de valores, ante el Congreso de la Unión y ante la cualquier autoridad e instancia son completamente gratuitos, se trata de un problema social y no entre particulares, tengan cuidado defraudados.

No se trata de cerrar calles y de protestar todos los días sin un objetivo en claro, no se trata de cansar a la gente con movilización inútiles o de tomas de edificios, se trata de saber con exactitud que es lo que se pretende, cuanto se habrá de recuperar, quien habrá de pagarlo y como, que se pide de las autoridades, sin descuidar por supuesto que cada día que pase, será una oportunidad más para los responsables de desaparecer los activos de la entidad financiera.

He dicho.

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Factores diversos desvían propósito de ahorradores FICREA

* Cada día ahorradores, más abandonados por desconocimiento de procesos.

* Activos se van perdiendo, sin propuestas concretas.

* Falla Congreso, fallan todos los involucrados.

* Resarcimiento de daño muy lejos de gestarse.

Por Mario Herrera

Presidente y Fundador de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C.

La sorpresiva desaparición de los ahorros depositados en la Sociedad Financiera Popular Ficrea S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular, a partir del fraude auspiciado por la ausencia regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el nulo apoyo social por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ha confirmado la penuria total de en educación financiera en México.

Se deja al descubierto una vez más, la falta de cultura financiera en la población ahorradora, proveniente de la irresponsable labor del Ejecutivo Federal para lograr una auténtica Inclusión Financiera.

Pues bien, todas estas insuficiencias traen como consecuencia la responsabilidad social, civil, administrativa y penal del poder ejecutivo delegado en la CNBV, la CONDUSEF, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República, instancias todas ellas de las que han olvidado por completo los afectados, dedicado sus esfuerzos a la descalificación de determinados personajes políticos, a la agresión pública de los culpables, que no se niega la tengan, pero de ninguna manera las acusaciones o peticiones de cabezas, habrá de agilizar el proceso para lograr la devolución de ahorros o inversión.

El ahorrador ha caído en la trampa del Gobierno al enfocar su atención en una iniciativa de ley, elaborada de escritorio y sacada de la chistera del congreso por medio de la cual han hecho creer a la víctiva, que tan pronto se apruebe, habrán de emitirse los cheques para cada afectado, eso es falso.

En la propuesta de reforma han incluido a personajes pantalonudos como Javier Lozano en el Senado y Fernando Belaunzarán en la Diputados, el primero conocido por su inútil intervención en la liquidación de Mexicana otro caso de gran envergadura empantanado y corrompido a más no poder.

El segundo hombre de lucha y gran labia social que ha vendido la espantosa idea de lograr reformar la ley para aumentar el seguro de deposito para que en lugar de cubrir solo 25 mil UDIS se ‘paguen’ 300 mil UDIS, algo así como 1.5 millones de pesos –ya hemos hablado de este tema en anteriores columnas-, esta oferta sería criminal no solo para el sector popular, sino para la misma banca comercial.

Secundan la perversa propuesta, otros legisladores más, todos ellos con gran ignorancia de las posibles consecuencias sociales y financieras que representaría el aumentar las UDIS a pagar desde el Fondo de Protección, ¿se ha pedido consenso en la totalidad de SOFIPOS para abonar esta cantidad al Fondo de Protección y todavía más para dejar una cantidad remanente para que garantiza el dinero de los millones de ahorradores activos, en la misma dimensión?.

El legislador considera que con aumentar el monto de la UDI se habrá de cubrir al mayor número de afectados, si claro, por supuesto que así será, no hay duda, pero…, ¿que función tendría el tope colocado en la actual legislación para limitar los movimientos populares?

Como si el garantizar la protección del cliente ahorrador por virtud del aumento del seguro de deposito fuera la salida a la corrección de errores generados por varios años atrás, sin que nadie haya previsto la comisión de delitos.

Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C. (FIDE), anticipó muy a tiempo el efecto negativo de esta absurda propuesta del legislador, y buscó reunirse con los iniciadores de la iniciativa para ilustrarlos y hacerles ver el error, sin embargo, omitieron por completo el apoyo ofrecido por la Sociedad Civil Organizada y decidieron cargarse al hombro el problema como si se tratara tan solo de sacar de la cartera ejecutiva 2,800 millones de pesos y pagar de inmediato a defraudados; ahora casi un mes de la propuesta, han guardado, todos, silencio y se han olvidado del tema, so pretexto de la integración de una comisión que como el resto de las aprobadas, no servirá de nada.

Lo advertimos, no es fácil, no es por la vía de iniciativas al vapor, no es mediante engaño públicos como habrá de resolverse un problema social, el legislador no puedo enmendar el daño tan a la ligera, ahora, seguramente utilizará el esquema que de inicio debió aplicarse y trasladará la responsabilidad a Nacional Financiera por no hacer su trabajo (mecanismo) o al Interventor Gerente (inventario) y a la misma Bancaria (irresponsabilidad).

… ¿Y la mesa de trabajo? …, ¿Y el compromiso firmado en convenio?.

Tal parece que, definitivamente, si hubo atole con el dedo, no hay duda de ello.

Por otro lado tenemos a la CNBV y la CONDUSEF, donde cada uno de sus titulares ya han cumplido (¿?) cabalmente sus compromisos, con hacer frente al problema, una exposición cronológica impecable, desde que se supo (internamente) de los desvíos financieros y hasta que de manera unilateral y sin consentimiento de los socios clientes, se determinó una mañana del 19 de diciembre de 2014, la sujeción al proceso de liquidación de la sociedad financiera.

El escenario perfecto, el mismo Congreso, hermético, custodiado y sellado para que nadie, absolutamente nadie extraño a los asistentes comparecientes en la mesa de trabajo pudieran cuestionar a los titulares de estas instancias.

Claro está, que el legislador asistente en esa permanente, por la ignorancia que les caracteriza en el tema, desconocía que las preguntas clave para medir la culpabilidad de cada una de las instituciones, así los escucharon, así se retiraron, ninguno se atrevió a fincar de manera inmediata la responsabilidad penal, inclusive confesada por el mismo Jaime González Aguadé -nos vimos engañados- y Mario Di Constanzo -solo nos corresponde interpretar las letras chiquitas-.

Cualquier abogado asesor de los legisladores que conociera de responsabilidades de servidores públicos pudo haber apreciado desde entonces, esa ya confesada responsabilidad penal, para que de manera similar a como lo hicieron en su momento con Marcelo Ebrard para el tema de la Línea Dorada, se procediera, idéntico en contra de ambos titulares, pero lo omitieron y abandonaron al ahorrador de Ficrea por completo.

Que si la bancaria ya terminó su actuación, que si la Condusef habrá de apoyar al afectado, que si NAFIN espera al débil interventor gerente para terminar el avalúo, que si hacienda no ha sido cuestionada y por tanto debemos correr a Videgaray y de paso a Peña Nieto, que si la PGR ya encontró más bienes pero…, sin intervenirlos, y… que si el gran abogado experto en, suponemos, daño patrimonial, habrá de devolver peso por peso íntegro, a cada uno de los afectados que suscriban con él un oneroso contrato, y que habrá de hacerlo en tan solo 8 meses.

Y así, un sin fin de distractores políticos han permitido desviar los reflectores del tema a situaciones diversas del objetivo principal de los afectados: ‘la recuperación de montos’, de manera pronta y eficaz, eso no puede seguir sucediendo. El defraudado merece respeto y atención inmediata.

Mesa de análisis y estudio FIDE.

En días pasados Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C., llevó al cabo una mesa de análisis y estudio respeto de todas y cada una de las vías posibles para el resarcimiento de daños por parte de las autoridades responsables para con los afectados por la financiera FICREA, apoyados de la experiencia en materia de gestión social y política de esta Organización No Gubernamental, cuya intención es proporcionar educación financiera y legal para una mejor comprensión y seguimiento en sus acciones.

Es de destacarse que la totalidad de afectados asistentes se quejó de la lentitud de los procesos seguidos por sus dirigentes y la comisión que desde un inicio tomó las riendas del caso, pero más todavía, el cuestionamiento en general fue: “¿que tan cierto es que, con la demanda del orden civil por daño patrimonial, el Gobierno nos pagará nuestro dinero?”.

Haciendo a un lado lo conducente a la directiva o dirigentes del llamado “movimiento ficrea”, dado que la idea no es dividir sino sumar acciones conjuntas, comenzamos por establecer que luego de cobrar el seguro de deposito, el dinero remanente no es un pago que debe hacer el Gobierno.

Por pago debe entenderse únicamente lo relativo al seguro de garantía proveniente del Fondo de Protección que conforme al artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ficrea está obligada, eso si a pagar y se debe cobrar de inmediato, harían muy mal los ahorradores no recibir el seguro porque en nada afecta las acciones futuros ni limita derechos para seguir luchando por los remanentes.

Ese Fondo de Protección, se conforma por las cuotas mensuales que las Sociedades Financieras Populares hacen de conformidad a la Ley y en términos de lo que el Comité de Protección al Ahorro establece, por tanto, ninguna relación guarda con el mecanismo de pago que por obligación debe establecer el Gobierno para pagar las diferencias que surjan con el pago de seguro de deposito.

No se trata pues, de un ‘pago’ que haga el Estado respecto del dinero que por arriba de las 25 mil UDIS les corresponda a algunos ahorradores, se trata de sino de un “resarcimiento de daños”, término correcto que el cliente ahorrador de FICREA tiene vigente para cobrar si tiene más de 130 mil pesos ahorrados, por la mejor vía que así considere, pero siempre apegado a la legislación especial creada para tal efecto popular.

El Gobierno Federal, es el principal y directo responsable del delito, por haberlo permitido y tolerado en todo momento, la legislación no establece entonces, un pago propiamente, sino la fabricación de un mecanismo por medio de apoyos financieros que habrán de lograr que cada uno de los afectados cubren el 100% de sus ahorros, luego de cobrar el seguro de deposito.

Ahora si, estas líneas no solo habrán se servir de ilustración a los afectados, sino a los legisladores, abogados y sobre todo a la comisión que dirige los destinos de los afectados. Con estas líneas ya se desvanece la viabilidad exitosa que por la vía civil se pretenda ejercer el reclamo de daño patrimonial al defraudado.

De 1 a 130,000 pesos (aproximados) el Gobierno se ha de lavar la manos en su responsabilidad mediante la creación de un seguro que garantiza la devolución del ahorro promedio (recordemos que es una empresa financiera popular), se supone entonces que, no deberán existir ahorradores con capacidad económica mayor a este tope, pero entonces, si en la práctica, la CNBV apreció la existencia de clientes, inclusive Instituciones Públicas como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con operaciones financieras 916 veces mayores al tope del seguro, significa que, o la CNBV estuvo de acuerdo y así lo consintió, o el TSJDF en contubernio con Ficrea falsearon información para ocultar esa dimensión de ahorros.

El ahorrador debe urgir la responsabilidad penal no solo de la Bancaria sino de las Instancias y Unidades Financieras encargadas de vigilar y supervisar los movimientos financieros de esta magnitud, la ley lo contempla y establece las sanciones al respecto, no hicieron su tarea.

El ahorrador debe enforcarse en tema primordial.

Se ha señalado la importancia del ahorrador de atender y enfocarse en temas de importancia como lo es el i).- resarcimiento de daños posterior al pago de seguro de garantía, ii).- La transparencia de activos de la empresa y iii).- Fincar responsabilidades.

Resarcimiento de daños.

La Ley de Ahorro y Crédito Popular es clara y contundente en establecer la mecánica para lograr los apoyos financieros necesarios para los casos que excedan de las 25 mil UDIS, mecanismo que habrá de buscarse por parte del Comité de Protección al Ahorro, ninguna otra Ley habrá de conceder mejor alternativa de pago que ésta, de carácter especial para el caso concreto.

De esta manera un juicio del orden civil o mercantil, en el que se busque pago de daño ‘patrimonial’ de ninguna manera será una alternativa por ya existir un procedimiento establecido ya de por si en la ley de ahorro y crédito popular y que desconoce el ahorrador por falta de creatividad informativa por parte de la Condusef, encargada de este tipo de información.

Un abogado podrá proponer que además del pago al 100% de recursos (ahorro o inversión), el Estado estará condenado a pagar además del capital, una cantidad acorde al daño causado, más el interés legal, más honorarios, más gastos, más costas, pero seguramente se trata de una trampa contractual y nada más.

Imaginando un supuesto en el que el postulante resulte exitoso en su reclamo, y logre la condena del Estado (circunstancia improbable) en el daño patrimonial que se pide, y que la federación o quien resulte deba cubrir 2,800 millones de pesos más accesorios, entonces, que razón tendría la existencia de una ley especial como la de Ahorro y Crédito Popular con sus suplencias en el Código de Comercio y en su caso el Código de Procedimientos Civiles…, ¿verdaderamente el “sistema judicial mexicano” permitirá este atropello al resto de la ciudadanía?, ¿debemos cubrir los mexicanos el total de daños condenados al Estado?, o ¿las personas físicas condenadas al pago por sentencia tendrán el dinero suficiente, en su momento, para dar cumplimiento a la resolución?.

Es ridículo pensarlo y más admitirlo, es irresponsable ofertar esta propuesta jurídica.

Ahora, de resultar favorable la demanda que se haga por daño patrimonial, condenando al Estado al pago de la totalidad de las prestaciones, imaginemos entonces, a partir de ello, la cantidad de demandas civiles que habrán de promoverse en igualdad de condiciones jurídicas, los millones de ahorradores populares no solo de entidades financieras sino de cajas de ahorro que se formarán en cada uno de los Tribunales del País a partir del cierre masivo de Sociedades Populares.

¿Porque el cierre masivo?, pues si ya existe la posibilidad de que sea el Estado el que cubra los daños causados por ilícitos cometidos por administradores de la sociedad, que más da, huir con el dinero a cualquier parte del mundo, o convenirlo con el propio Gobierno y hacerse de miles de miles de millones de pesos, cerrar o provocar el fraude es la salida.

Muchos han cuestionado mi interés en el tema Ficrea, pues aquí la respuesta, la situación del ahorrador activo en Sociedades Cooperativas de ahorro y préstamo y en otras SOFIPOS, en todo el sistema de ahorro popular peligra, mi actuación social consiste en buscar la garantía de la seguridad jurídica en cada uno de los ahorradores existentes en México y que se sigan corrigiendo las irregularidades del sector de una vez por todas.

No vamos a permitir que se siga viciando el sector, y que cualquier persona busque obtener ganancias todavía más fraudulentas que las que le dieron origen a la acción legal.

La transparencia de activos de la empresa.

El cliente Ficrea debe exigir que la PGR resguarde y custodie dentro y fuera del País la totalidad de los bienes que se hayan contabilizado hasta hoy, debe exigir al Gobierno que garantice la seguridad de impedir movimientos diversos en los Registros Públicos de la Propiedad dentro del territorio mexicano, y los departamentos afines en los países donde se tenga en la mira cualquier bien inmueble sea propiedad directa de Ficrea como persona moral o de Rafael Olvera Amezcua, o de manera indirecta o correlacionada con cualquier miembro de su familia y circulo social del responsable, eso si sería un verdadero trabajo de inteligencia.

Si ya se hace, el ahorrador desconoce de ello lo que le genera incertidumbre y desconfianza, y si no se hace, se debe presionar para ello, y así ya se tiene un elemento esencial para manifestarse en las calles, ya se tiene un propósito, y se debe pedir la protección día y noche de cada una de las propiedades, que se congelen cuentas, que se impida los movimientos y salidas del país de cualquier persona relacionada con Rafael Olvera, así es como se hacen las cosas. Pero la comisión de ahorradores no presiona en ello.

Para lograr la transparencia en los activos y también los pasivos, sobre todo cuentas por cobrar, debe establecerse un ‘mecanismo’ inmediato de protección en los mismos y sobre todo vigilar cada una de las líneas de investigación hasta dar con el último movimiento financiero o bancario que se haya tenido al respecto.

La transparentación de los bienes es requisito obligatorio en la liquidación de la sociedad para que los clientes conozcan exactamente que se tiene a la vista, su valor, y por el momento, hasta donde alcanza para cubrir el daño, su importancia está en que si se quiere resarcir el daño de manera inmediata entonces, con la subasta de bienes que se haga si no ha de alcanzar para cubrir el fraude, entonces establecer la mecánica inmediata de los apoyos financieros que el caso amerite para lograr empatar el pago al 100% de los afectados.

Esta gestión de montos financieros será el éxito total para que el afectado tenga garantizada la devolución, en resarcimiento de daños, de sus ahorros o inversiones y sus accesorios tal cual y como lo marca la ley.

Fincar responsabilidades penales y administrativas y civiles

Paralelo al resguardo y la custodia de propiedades, cuentas bancarias, y todos los activos que represente el fraude de la sociedad, así como de la gestión de fondos para pago de ahorradores defraudados, se debe proceder en fincar la responsabilidad penal y administrativa en la permisibilidad del fraude.

El consentimiento implícito en la conclusión del ilícito por parte de la CNBV por ser totalmente omisa (próximo boletín) en su función regulatoria y de la Condusef, al no haber logrado prevenir el delito y no orientar ni procurar al afectado, luego entonces haberlo abandonado sin actuar en consecuencia contra los responsables antes de darse a la fuga; así como de cada una de las Unidades financieras tanto de la SHCP y de la propia PGR, obliga al Estado a la imposición de sanciones con carácter inmediato para lograr la tranquilidad social y la seguridad jurídica en el resto de las sociedades cooperativas y entidades financieras.

Bien puede suceder que, los mismos responsables al interior de cada una de estas instancias, permitan y toleren la comisión de otro fraude más y también se “vean engañados” por maquillaje en los estados financieros o por información falsa, que si ya la han permitido en una ocasión porque no hacerlo en una segunda o tercera oportunidad.

Con este planteamiento inseguro se genera una confusión social en el ahorrador popular activo y ya comienzan a exigir la entrega anticipada de ahorros y devolución de inversiones de cualquier entidad financiera ante el riesgo inminente de su desaparición por falta de garantías gubernamentales.

Lentitud de acciones del ahorrador.

Los ahorradores carecen de una representación capaz de actuar en consecuencia y con la premura y eficacia que el momento requiere, se encuentra más preocupada en tener la totalidad de la representación y hacer como que acciona tareas de recuperación de ahorros, que cuidar los bienes que se supone ha ubicado la PGR; está más preocupada su representación por lograr que el abogado, decidido por 22, sea el paterno del caso, y llevar a sus arcas una millonada (próximo boletín), con la promesa de que habrá de lograr el pago para cada ahorrador del 100% por condena judicial, más accesorios, más ganancias legales, que aplicarse en proponer a la autoridad una salida acorde a su situación financiera popular.

El engaño de acciones jurídicas masivas que no habrán de lograrse, también conforman un fraude para el afectado y su familia, más sabedor, el que lo propone, que si por obligación el gobierno concede el mecanismo para el resarcimiento de daños tarde o temprano, también por ese trámite, obligue a la victima, a cubrir un porcentaje de su dinero, por algo en lo que no intervino. Eso es un atropello social.

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Aclaración a ahorradores Ficrea

A los ahorradores defraudados Ficrea

y su respetable Comisión:

El día de hoy en una entrevista que tuvo el que suscribe para el noticiero de mayor audiencia en Guadalajara, Noticas 8 TV, Ramiro Escoto titular del mismo, me presentó “representante de ahorradores ficrea”, lo cual en efecto es completamente falso, tal y como en las redes sociales así lo han destacado los mismos ahorradores, por lo cual se ofrece una disculpa por ello, porque el conjunto de defraudados en su mayoría, ya tiene una destacada representación y se han conducido con gran dedicación en su lucha.

Acepto que, el error de mi parte fue, el no haberlo aclarado de manera inmediata ante la audiencia que escuchaba; en efecto si soy representante pero de un grupo de personas que provienen de Nochixtlan, Oaxaca, de ello derivaron mis intervenciones en defensa de los mismos y con el tiempo afectados han querido escuchar una segunda o tercera opinión, lo cual es valido.

Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C., es una institución sin fines de lucro nacida a partir de la gestión política y social que como Sociedad Civil Organizada se ha hecho para más de 90 mil defraudados en el País, a eso me dedico, más no me da el derecho de constituirme como representante de ¨todos´ los afectados eso, suscribo, es una falta de respeto a sus representantes.

Como Presidente de Fundación FIDE, tengo la encomienda de vigilar en todo momento por la inclusión financiera en el sector popular, ahí mi intervención en el tema. Y así lo seguiré haciendo.

Desde ahora lo digo, no es mi interés, ni mi intención tener la representación general de los ahorradores, solo será de aquellos que por mi conocimiento, se acerquen a pedir el auxilio en asesoría y nada más, si derivado de ello mis aportaciones ayudan a que el resto de los ahorradores pueda recuperar sus ahorros, las aportaré sin costo alguno; sin embargo, en la lucha por corregir las irregularidades de la Ley y de quienes las aplican, en favor de futuros ahorradores no habré de descansar y de perseguir justicia y así seguirá siendo.

Se ofrece una disculpa a quienes se hayan sentido agraviados, principalmente a la comisión honrosa que los guía, más mi intención no es ni dividir ni quedarme con la representación de nadie, son ustedes un gran grupo, fuerza y dedicar energía a la recuperación del dinero que ahí si hace falta sacar la casta, mis representados son uno más de ustedes.

Mis intervenciones seguirán siendo en medios, como Presidente y Fundador de Fundación FIDE, porque considero de importancia que mis conocimientos en el sector de la economía popular tienen que ser públicos, en cada uno de los medios que me han agraciado con sus entrevistas, si hemos logrado que el ahorrador (principal afectado), ya tenga voz y voto en el Congreso, y hacer presencia en las Autoridades Responsables, algo beneficiará a este gran grupo de defraudados por Ficrea, es sumar y nada más.

Los donativos de FIDE son únicamente en eventos privados (organizados por FIDE) y jamás públicos, por tanto, queda a elección del interesado asistir o no, cubrirlo o no, más a nadie se le obliga a ello, y los recursos son utilizados para llevar Educación Financiera a la sierra y montaña de Oaxaca y las zonas más pobres del país que al igual que ustedes han sido robados de su dinero, y de logística del evento, a Ficrea por tratarse de un asunto social y no legal, se ofertó que el donativo fuera ‘voluntario’, en solidaridad con los afectados.

Por último, a Ramiro Escoto, conductor de Central Noticias en ocho TV, mi respeto absoluto, y mi petición amable que en la medida de lo posible, se haga pública ésta aclaración, para bienestar de los afectados y la unidad que debe prevalecer entre la víctimas.

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Ficrea, mesa de análisis y estudio

Por Mario Herrera

Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C.

Gran motivación ha generado entre ahorradores defraudados de Ficrea la mesa de análisis y estudio que Fundación FIDE ha propuesto con la intención de robustecer el conocimiento jurídico y sobre todo procesal (trámites), para el resarcimiento de daños por parte del Gobierno Federal.

La intención de la mesa es únicamente, la de intercambiar entre los asistentes puntos de vista del caso, resolver todas las dudas que se tienen y sobre todo encaminar los trabajos de gestión para una pronta recuperación de los ahorros perdidos.

Como siempre lo he dicho, en mi opinión, no es necesario contratar abogados o asesores jurídicos que cobren grandes facturas por honorarios y comisiones, el dinero el suyo y nadie tiene que abusar del momento, por tanto, cada afectado tiene la libre decisión de interponer las demandas, las denuncias y las impugnaciones que así considere, primero porque es un derecho de todo ciudadano, y luego porque tendrán todas las opciones posibles a su alcance hasta donde su bolsillo le dé, para recuperar su dinero.

Fundación FIDE, a recorrido 5 años de lucha exitosa principalmente en Oaxaca, donde de inicio no se esperaba que se pudiera pagar tan solo una caja de horro, de las más de 54 ilícitas que resultaron, hoy como Sociedad Civil Organizada hemos colaborado y auxiliado a más de 18  mil defraudados para poder recibir 502 millones de pesos apoyados del fideicomiso PAGO.

Esa lucha nos ha permitido demostrar que no es necesaria la erogación de grandes cantidades de dinero que favorezcan a los despachos, la mayor parte de ellos coyotes o vividores de la desgracia; sino que con el apoyo de muy mínimas cantidades la víctima se convierte en una conocedora del tema y puede exigir a los gobiernos lo que por derecho le corresponde, justicia.

Los donativos que se reciben son utilizados ahora para seguir llevando Educación Financiera a las gente de escasos recursos y más pobres del País, se les atiende y asesora sin costo cuando una caja de ahorro les roba su dinero.

Las mesa que se propone para el caso FICREA, es para orientar al público ahorrador en, ¿que hacer?, ¿que puertas tocar?, a quien acudir y donde exactamente exigir el resarcimiento de daños (devolución del dinero). Será entonces una oportunidad para estudiar de manera conjunta que tanto me conviene o no un juicio civil, una denuncia penal, la viabilidad de ello.

El Gobierno es el responsable de esta desgracia, pero todo lleva una receta de cocina (LEY), que se debe aplicar al pie de la letra antes de interponer cualquier otra demanda; se tiene que agotar el procedimiento administrativo y sobre todo FINCAR RESPONSABILIDADES (véase caso actual Línea 12 del metro), así se tienen que hacer las cosas, caiga quien caiga y ejercitar acción penal contra los responsables, sin importar de que partido político sea. ni ahijado de quién, se debe pagar por las omisiones del caso.

Pero jamás perder de vista el objetivo, recuperar el dinero, eso jamás se debe olvidar.

La intención de FIDE no es patrocinar ningún juicio, ni quitarle el negocio a nadie, solo es que los ahorradores tengan suficiente información que los ayude a encaminar un buen ataque en contra de las Autoridades Responsables para obligarlos a resarcir el daño, justo con lo que actualmente ya se tiene asegurado por el Gobierno.

El donativo que se aporta es único, no se trata de mensualidades, ni de pagos continuos, tampoco se hace distinción por montos ahorrados, la única condicionante es que no sea Institución Pública, no se paga ninguna cantidad por la recuperación del dinero y se recomienda ampliamente no hacerlo y cuentan con la resolución de dudas las que se tengan.

De esta manera, tú afectado de Ficrea, puedes seguir ayudando a generar una Cultura del Ahorro en la gente pobre, y te ayudas en conocer cual es el exactamente el proceso que debes emprender para la recuperación de tu dinero, sin tener que pagar grandes sumas de dinero a abogados.

El Gobierno Federal y sus instancias involucradas son responsables solidarias del fraude, y se deben imponer las sanciones penales y sociales correspondientes a los culpables, pero también se debe buscar paralelamente, la forma más pronta y eficaz de lograr la devolución del ahorro robado.

Les tenderé la mano en lo que a mi experiencia así resulte, ya que si bien es cierto es un problema entre particulares, la Autoridad debe comprender y entender que este tipo de fraudes no debe volver a cometerse jamás, y que sean ustedes defraudados los que marquen la diferencia cobrando lo que es suyo, sin invertir grandes cantidades de dinero.

Lograr la unificación de criterios es primordial, hacer un trabajo en equipo la mejor opción.

marioeherrera@hotmai.com

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