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CONDUSEF DA A CONOCER NUEVO MICROSITIO CON INFORMACIÓN DE 707 CAJAS DE AHORRO Y 48 SOFIPOS

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), dio a conocer su nuevo Micrositio del Sector de Ahorro y Crédito Popular, a fin de que el público en general conozca las entidades que conforman este importante sector, sus características, marco jurídico, similitudes y diferencias con el sector bancario, así como temas de educación financiera.

El nuevo Micrositio, al cual se puede acceder desde la página web de CONDUSEF, brinda información de las entidades autorizadas, las que están impedidas de captar y las que se encuentran en proceso de consolidación, además de consejos, preguntas frecuentes, marco legal, entre otra información de interés.

El Sector de Ahorro y Crédito Popular, de acuerdo a la última información disponible, atiende a 9.5 millones de clientes o socios, cuenta con una red de 2 mil 924 sucursales y tiene activos valorados en 129 mil 746 millones de pesos.

Las cajas de ahorro forman parte del Sistema Financiero Mexicano, por lo que para su operación requieren autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) –excepto las de nivel básico-. Al mes de mayo de 2015, existen 144 autorizadas, las cuales cuentan con un Seguro de depósito de 25 mil UDIS, es decir, aproximadamente 132 mil pesos por persona.

De acuerdo con el Registro que administra el Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP), al mes de mayo pasado, el Registro Nacional Único de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (RENSOCAP) cuenta con 707 entidades inscritas, que tienen poco más de 6.6 millones de socios cooperativistas y cuentan con activos por casi 105 mil 600 millones de pesos.

En el micrositio del sector de ahorro y crédito popular, también se puede conocer la ubicación, operaciones y número de socios de las Cajas que se encuentran en proceso de consolidación (36), esto es, que deberán vender sus activos o fusionarse con otras entidades financieras, así como aquellas que están impedidas de captar ahorro del público (69) y que deben buscar el apoyo del FIPAGO, para encontrar  un mejor proceso de salida en protección de sus ahorradores. Estas entidades por no estar autorizadas no cuentan con el beneficio del Seguro de Depósito.

Además de las 144 autorizadas, existen 47 Cajas de Ahorro que presentaron su solicitud de autorización y se encuentran en procesos de revisión (con 481 mil socios). Sin embargo, hay que señalar que en tanto no sean autorizadas, los socios de estas cajas, tampoco cuentan con el Seguro de Depósito.

El Micrositio también contiene información relevante de las SOFIPOS, que son sociedades con fines de lucro y su objetivo es promover la captación de recursos, así como colocarlos mediante préstamos o créditos al público en general. Se integra por 48 entidades, de las cuales cuatro todavía no inician operaciones.

En su conjunto, las SOFIPOS cuentan con 2.9 millones de clientes de acuerdo con información oficial de 2014, tienen una red de sucursales de 1,014 y cuentan con activos de casi 24 mil 200 millones de pesos.

Finalmente,  CONDUSEF invita al público que desee ahorrar o ya que sea socio de una Caja, a tomar en consideración las siguientes recomendaciones y así evitarse riesgos con su patrimonio:

  • Consulta el Micrositio del Sector de Ahorro y Crédito Popular, el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF, o bien el FOCOOP en www.focoop.com.mx  para cerciorarse de que la caja en la cual se desea ahorrar, esté registrada; en caso contrario evita depositar dinero en ella ya que está realizando una captación irregular, y por lo tanto, deberá ser denunciada ante el Ministerio Público o bien notificarlo ante la CNBV (mediante un escrito dirigido a la Dirección General de Visitas de Investigación, ubicada en Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, México D.F.).
  • Realiza preferentemente operaciones con alguna de las 144 Cooperativas o 48 SOFIPOS que están autorizadas y supervisadas por la CNBV, y que cuentan con un Seguro de Depósito a los ahorros por hasta 25 mil UDIS, es decir, aproximadamente 132 mil pesos por persona.
  • Las Cajas que se encuentran en proceso de autorización, no pueden garantizar que serán autorizadas y por lo tanto representan un riesgo, pues mientras no sean autorizadas no cuentan con un Seguro de Depósito.
  • Si eres socio de una Caja, ejerce tus derechos. La Caja deberá entregar el certificado que los acredita como socios, los cuales deberán ser invitados y participar  en las asambleas generales con voz y voto, en la toma de decisiones de la sociedad.
  • También deben participar en la elección de consejeros de la sociedad, ya que éstos serán sus representantes para aprobar las políticas con las que se manejará la Caja.

CONDUSEF continuará informando al público en general y a los socios actuales y futuros de las cajas de ahorro, a fin de que conozcan mejor las acciones y cuidados que deben tomar en cuenta, durante el proceso de salida ordenado de las entidades que no están o no podrán ser autorizadas y que por lo tanto deberán dejar de realizar actividades de captación.

Para cualquier duda o consulta adicional favor de comunicarse a CONDUSEF al teléfono 01 800 999 80 80 o bien, visitar nuestra página de internet www.condusef.gob.mx, también nos pueden seguir en Twitter: @CondusefMX y Facebook: CondusefOficial.

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Errores y aciertos de la nueva ley de ahorro y crédito popular

Por Mario Herrera.

Tal parece que siempre si se aproxima un periodo extraordinario en el Senado de la República, donde entre otros pendientes, el más significativo es la lectura y en su caso aprobación de la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, a la que los nuevos expertos en el tema que ahora abundan, han denominado “Ley Ficrea”.

De aprobarse el dictamen de reforma prácticamente sería la salvación del 80% de afectados por la Sociedad Financiera Popular FICREA, eso sería lo ideal y lo más sano para la afectación de familias enteras en esa SOFIPO, un acierto en el decreto.

El resto (20%) de afectados, ya debieron tener en sus manos precios comparativos para contratar los servicios de profesionistas en materia de Concurso Mercantil porque al paso que van, al momento de subastar activos o negociar los habidos, ya será demasiado tarde.

Por Ley, y en el orden de prelación primero cobra el afectado directo y al final el Estado también acreedor por la inyección de fondos para pago, si esta aportación no es valorada a tiempo por los interesados, el Estado terminará quedándose con el 100% de bienes asegurados y resguardados, incluidas carteras vencidas y por cobrar.

En caso de que la mayoría de los Senadores consienta aprobar el decreto de reforma en los términos criminarles y discriminatorios que ha propuesto la Secretaría de Hacienda, entonces también se estaría cometiendo una atrocidad en contra de las Sociedades Financieras Comunitarias a las que se les obligaría a comportarse con una SOFIPO más en el ya tan pisoteado sector popular, que de popular solo quedará el recuerdo, pasarían a ser ya prácticamente estas SOFINCOS parte del sistema bancario mexicano por la inútil y absurda propuesta de que sea la CNBV quien conduzca sus destinos financieros. Un error garrafal.

La molestia del empresario cooperativista, que como siempre aguardan hasta el último momento para enmendar lo que no han podido lograr en el proceso de consolidación; la CNBV debió prever, caso por caso, las etapas agotadas, quienes pueden ser susceptibles de continuar su trámite, poner un tiempo perentorio, y obligar al empresario a que lo cumpla.

La dolencia del cooperativista está en que sus finanzas estarían vigiladas por la CNBV y no por la Federación a la que quedaría sometida. Un acierto del decreto.

No se le ve por donde puedan salvarse las denominadas básicas, terminarán en manos de los más pudientes y adinerados si su intención es rescatar a sus clientes, en caso de que no, pasarán los ahorradores al costal de defraudados. Un error.

La verdad de las cosas es que las Federaciones de cajas de ahorro, solo sirven de parapeto, porque jamás cumplen con su auténtica labor de vigilancia auxiliar, si lo hicieran cuantos fraudes no se habrían evitado, ahí tenemos el ejemplo más claro, el de la Federación Atlántico Pacífico encargada de vigilar movimientos internos de FICREA, omitió reportar a tiempo a la Bancaria de las irregularidades, y si lo hizo no exigió en tiempo la imposición de sanciones, ni verificó que se diera cumplimiento a las penas.

Ahora sería la misma CNBV la que ‘supuestamente’ se encargue de la talacha de controlar y supervisar la operación financiera de las SOCAPs, sin requerir del apoyo auxiliar de las Federaciones, lo cual en obvio de razones no le conviene al empresario cooperativista, sería continuamente fiscalizado y reprimido para rendir cuentas a la Comisión, lo que hasta ahora se hace a medias, de ahí se derivan los constantes fraudes. Un acierto.

Hasta el 31 de marzo pasado en la cuenta del Seguro de Depósitos del FOCOOP habían poco más de 835 millones de pesos, recursos que de aprobarse la reforma serían controlados por la Bancaria, no me queda duda alguna de que este mismo dinero pudiera utilizarse para pagar parte de la deuda de FICREA.

En su intentona por crear un solo Seguro de Depósitos entre todas sociedades cooperativas y financieras populares y comunitarias, el Estado pondría en un solo costal el dinero del FOCOOP y el dinero del PROSOFIPO, con lo cual se comenzaría a pagar a los ahorradores FICREA hasta donde alcance, para que así en el lapso de 2 años el Seguro de Protección Único Nacional se fusione con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB. Un grave, muy grave error.

Este apartado también está en el decreto de reforma a la LACP, pero parece que ninguno de los integrantes del grupo bicameral se acuerda de ello, o no lo leyó o…, los obligaron firmar sin leer. Por más increíble que parezca, a ninguno de los integrantes del grupo les pareció extraño que el sector popular se bancarizara, ¡¡¡por Dios!!!, entonces para que tantas reuniones a puerta cerrada. Una torpeza grupal.

Es cierto, el decreto por el cual se reforma no solo la LACP sino también la LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, terminaría con los procesos de consolidación de cooperativas básicas, pero es más cierto es, que ¡¡¡la SHCP se olvidó de un pequeño problema…!!!, acierto y error.

… Esas cajas de ahorro básicas que no requieren de autorización para operar y que por fin se les metería en cintura para que lo hagan, no lo harán en el término perentorio que ordena el decreto, recordemos que tan solo para lograr que se registraran en el Registro Nacional de SOCAPs (RENASCOOP) tardaron años y años, en atender esa obligación de Ley.

Por tanto, como el cooperativista básico no se preocupará por lograr enmendar sus finanzas, ni buscarán fusionarse con otra sociedad regulada para rescatar socios ahorradores, porque a ningún empresario cooperativista le conviene ello, terminarán por abandonar al ahorrador a su suerte y se comenzará a generar una nueva camada de defraudados que no lo serían propiamente por la comisión de un fraude, sino porque la cooperativa no tendrá el recurso suficiente para devolver el dinero a cada uno de sus clientes.

Ese pequeño detalle no ha sido vislumbrado por la SHCP, quien en lugar de “fortalecer” el sector, ha decidido terminar así, a la ligera, con la posibilidad de crecimiento del sector rural, campesino, indígena, en materia de Inclusión Financiera, se termina la esperanza de que el Gobierno Federal prevenga la comisión de nuevo fraudes.

Así no.

Son tontos cada uno de los participantes en la creación de la nueva LACP, porque si se pretendía utilizar el problema FICREA como un pretexto para corregir errores diversos del sector que si los hay, se debió no solo pedir la opinión, sino también la participación y colaboración de cada uno de los sectores afectados por ese decreto.

Cada uno de los interesados en sus distintos rubros debimos haber aportado propuestas que en verdad sustentaran una exposición de motivos coherente y acorde a la realidad del sector popular.

Cuantos miles más de defraudados habrán de surgir en los próximos meses luego de que se apruebe el decreto de ley, y de lo cual nadie ha hablado ni se ha pronunciado.

Este escritorio advirtió siempre y en todo momento, todos estos puntos que habrían de tomarse en consideración y fueron ignorados por la Autoridad y por el Legislador (grupo bicameral), cuantas veces tocamos a sus puertas y lo anticipamos, nunca les interesó.

Mientras el Legislador se presuma ser un sabelotodo y quiera ser el protagonista para destacar como autor intelectual de una reforma que lejos de hacer el bien a 6,800 afectados perjudicará a más de 280 mil familias que han confiado más 1,900 millones de pesos a Cooperativas básicas y que abran de cerrar sus puertas derivado de la negligente labor de corrección por parte de la CNBV.

Se trata de un decreto que desaparece mágicamente la responsabilidad civil, social y penal en las Instituciones involucradas en fraudes, tanto en FICREA como en cajas de ahorro, inclusive, está maquinada para que se conceda el perdón así, lisa y llanamente a quienes hayan cometido el delito de fraude y los que resulten.

Es un decreto que no favorece en nada la prevención del delito, sino que contra la restitución del daño (pago), el socio ahorrador, no se podrá reservar acción o derecho para perseguir a los responsables meterlos a la cárcel o fincarles responsabilidad.

Es un decreto a modo que Fernando Aportela subsecretario, ha preparado para limpiar cualquier rastro responsable en su amigo Jaime Aguadé, es un decreto amañado de tal manera que no permite opción alguna para quienes acepten recibir hasta un millón de pesos mediante el mecanismo de pago del Fideicomiso PAGO (FIPAGO).

El afectado con tal de recuperar ‘algo’ de lo que el Estado le ha robado, habrá de recibir el cheque en FIPAGO, renunciando a todas las instancias legales que haya tramitado, lo comprometerán para no presentar cargos contra nadie y así, habrá de cerrarse el telón FICREA.

Este último apartado es lo que he tratado de hacer ver a los Senadores que votarían a favor del decreto, esto mismo es lo que trato que valoren los afectados FICREA, no solo es cobrar un cheque que les corresponde, y al cual tienen derecho, este escrito ha sido el primero en buscar ese mecanismo de pago. Pero en forma condicionada como se pretende no es la más acertada a lo que la gente espera.

La última desfachatez de los legisladores miembros del Grupo Bicameral encargado de atener el decreto que hoy se critica, es que, ahora resulta que ni siquiera sabían lo que habían firmado, y lo que les había impuesto Hacienda, resulta que cada uno de los participantes en el grupo publicó a grito abierto haber sido los héroes, para pagar a 6,800 ahorradores de FICREA, oh error.

Tan pronto como se fue dando a conocer la noticia, se dieron cuenta de la torpeza legislativa al haber relacionado el fraude de FICREA con otros temas del sector popular, más insolencia del grupo ha sido que nadie se ha atrevido a decir porque se obliga al socio FICREA a que renuncie a su oportunidad de seguir recuperando su dinero remanente por otra vía y porque se le obliga a otorgar el perdón a la CNBV, a su titular, a sus involucrados y a RAFAEL OLVERA AMEZCUA, eso nadie se ha atrevido a decir nada.

Por último y lo que me trae al tema FICREA, desde inicio advertí, que a la par del fraude de FICREA, existían más de 250,000 familias pendientes de pago por fraudes cometidos en cajas de ahorro, a nadie le interesó ello, por tratarse de gente pobre y sin recursos, se trata de gente con montos de 1,000 pesos y hasta un promedio de 56 mil pesos, a nadie tampoco le interesó esto.

La feliz conclusión, en caso de la aprobación de este canallesco dictamen, impuesto por la SHCP, será que si al ahorrador de FICREA se le habrá de pagar hasta un millón de pesos de lo perdido, también lo sea para los ahorradores en cajas de ahorro, si a los de FICREA habrá de pagarse en este mismo año a los 6,800 defraudados, que también lo sea para los 250,000 defraudados por cajas de ahorro en el País, y que si FICREA por ser una Sociedad Financiera Popular, se le pago con mecanismo FIPAGO, que se incluyan a cerca de 20 empresas que bajo el argumento de cajas de ahorro operan exactamente igual que FICREA, robando!!!.

Lo mejor sería, retirar el dictamen de la lectura en el Senado, devolverlo a la Cámara de origen, enmendar lo conducente y establecer el mecanismo de pago inmediato a afectados de FICREA homologue a afectados por cajas de ahorro, eso sería lo mejor para todos; sentarnos a discutir en foros diversos el resto de modificaciones del sector y todos felices y contentos. Pero donde manda Hacienda…

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EL CASO FICREA: ¿INGENUIDAD O COMPLICIDAD DEL ESTADO?

Entrevista concedida a portal sinembargo.com Por Daniela Barragán febrero 5, 2015 sinembargo.com Sección Economía http://www.sinembargo.mx/05-02-2015/1239598

¿Ingenuidad o complicidad del Estado? Es el cuestionamiento que se hace tras la estafa a cientos de personas que tenían sus ahorros en Ficrea. Cuatro son las instancias federales a las que abogados, ahorradores y legisladores han señalado como responsables y a las que también acusan por complicidad: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Por este caso hay un antes y un después en el sistema financiero mexicano, que creó la figura de la Sociedad Popular Financiera (Sofipo) –a través del Sector de Ahorro y Crédito Popular– para dar atención de ahorro y crédito a un sector de la población que está marginado de los servicios financieros. En su origen parten de iniciativas dentro de comunidades con ingresos bajos y medios.

Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), las Sociedades Financieras Comunitarias (Sofico) y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP) saltaron al ruedo supuestamente supervisadas y autorizadas por la CNBV. Actualmente, en México existen 143 SCAP autorizadas y 50 en proceso de autorización, 49 Sofipos y una Sofico.

Ficrea reflejó la falta de supervisión y la urgencia de reformar el sistema de ahorro popular en general, tanto para evitar que fraudes de esta magnitud se repitan como para que, en caso de ser necesario, las instancias correspondientes emitan alertas a tiempo a los ahorradores.

Dentro del grupo de ahorradores afectados por el fraude de Ficrea, la mayoría es gente de la tercera edad. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– Desde que salió a a la luz el desfalco de Ficrea, un caso más en la lista de ahorradores defraudados por entidades de ahorro popular, las autoridades concentraron la atención en la figura de Antonio Rafael Olvera Amezcua, el socio mayoritario de esa Sociedad Financiera Popular (Sofipo), y quien fue señalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como el culpable de la desviación de 2 mil 700 millones de pesos, en una maniobra de triangulación de varias de sus empresas, entre éstas Baus & Jackman Leasing, Monka Comercial y Leadman Trade. La CNBV argumentó que dicho monto fue utilizado para transferencias internacionales, para la nómina de 781 empleados de diferentes empresas y para comprar dos inmuebles –uno de ellos un edificio en Londres, Inglaterra–, 52 propiedades más, 104 automóviles (de marcas como BMW, General Motors y Porsche) y gastos en eventos de box, teatro y de la Serie Nascar de automovilismo. Desde 2006, Olvera Amezcua tenía ya un largo historial de acciones poco lícitas con gobiernos como el del priista Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca, y el del también priista Andrés Granier Melo, en Tabasco. La jugada de Olvera exhibió el lento actuar de las instituciones y en las declaraciones de las autoridades que las encabezan se han denotado contradicciones, por lo que en los más de 6 mil ahorradores organizaron un grupo que se maneja bajo una sola consigna: quieren de vuelta el 100 por ciento de sus ahorros y así lo confirmaron a SinEmbargo tanto los ahorradores afectados como los abogados y expertos en el tema. De acuerdo con el abogado Mario Herrera Carrasco, presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo (Fide), que se especiliza en la defensa a personas defraudadas por cajas populares, este caso refleja la urgencia de regularizar a las Sofipos si no “van a seguir cometiéndose fraude todos los días”. Para Herrera Carrasco, este caso aumentará el escepticismo de ahorrar en una figura alternativa que no sea un banco: “El fraude de Ficrea es el mayor del que se tenga conocimiento en materia de Sofipos. Se deja una incertidumbre, un gran hueco en las empresas iguales a Ficrea, que en el efecto dominó podrían comenzar a cerrar en el futuro”. BAJO LA AUTORIZACIÓN DE LA CNBV

Ante el cuestionamiento de ¿qué fue lo que falló?, tanto ahorradores, el abogado Herrera y la Senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna Luna, coinciden nuevamente en que, en primera instancia, la CNBV y la Condusef, a través de sus titulares Jaime González Aguadé y Mario Di Constanzo Armenta, realizaron una mala supervisión de la Sofipo.

De acuerdo con declaraciones de González Aguadé, desde marzo de 2014 comenzaron las investigaciones a Ficrea, ya que se detectó que ocultaba información y otra era falsa. Sin embargo, la CNBV le otorgó prórrogas hasta que la Sofipo dejó de dar información y vino entonces la intervención. En ese periodo, no se informó de nada a los ahorradores y además se permitió que más personas realizaran sus depósitos. “No hay vuelta de hoja. La CNBV es la principal, directa y más abiertamente responsable, no hay otra. Dentro de sus facultades está que tiene que velar y supervisar. Mientras le dio prórroga [a Ficrea] de que se regularizara, permitió que se siguiera cometiendo el delito, es decir hay complicidad […] Se otorgaron cuatro prórrogas, según lo dijo Jaime González Aguadé, y ahí está implícita la responsabilidad del titular, eso es responsabilidad penal”, explicó Herrera Carrasco. Por su parte, la legisladora Dolores Padierna agregó que es desde la creación de la Sofipo se permitieron irregularidades. “Ficrea como Sofipo, comenzó a operar con una fórmula piramidal que está prohibida en la ley y que quedó evidenciada después de la crisis de 2008, que es sumamente delicada. Le permitieron trabajar así y atraer cuantiosos volúmenes de recursos de participantes con la oferta de pagar altas tasas de interés superiores a las que soporta la propia institución […] Se permitió trabajar con este sistema de defraudación  y aún cuando la CNBV ya había detectado que Ficrea obligaba a los ahorradores a firmar un doble contrato, uno con ellos y otro con Leadman Trade, desde ese momento debió haber suspendido a Olvera Amezcua y tomar cartas en el asunto para evitar el fraude. “Todavía más grave fue el 7 de noviembre, cuando la CNBV anunció la intervención de las operaciones de Ficrea y hasta el 19 de diciembre que de forma tardía le revoca la autorización de operar […] Esto se hizo de la mano de la CNBV. Queda claro que es una connivencia, una colusión, fue omisa o no revisó. Deliberadamente que se permitió a Ficrea elevar el número de personas que finalmente fueron defraudadas”, expuso Padierna Luna. Hasta octubre de 2014, Ficrea SA de CV contaba con 6 mil 633 clientes ahorradores y 6 mil 724 clientes acreditados, lo que significaba un crédito total de 6 mil 284 millones de pesos; además, se calcula, las transferencias a empresas llegaron a los 5 mil 900 millones de pesos. Según la información de la CNBV, Ficrea hacía firmar a sus clientes dos adeudos: uno con esa empresa y otro en Leadman Trade, pero los clientes sólo recibían el monto suscrito una vez. El primer contrato era firmado en la Sofipo, el cual se documentaba como un crédito, y el segundo en Leadman, donde se documentaba como una arrendamiento puro. Incluso se daba a los clientes una carta donde se mencionaba que la firma del crédito en Ficrea sólo servía como un trámite administrativo ante las autoridades financieras. Esto permitió construir una base de créditos en la Sofipo que no tenía sustento económico, pero que funcionaba para respaldar información contable y para que la transferencia de recursos a otra empresa no fuera supervisada. El 98 por ciento de la cartera de crédito originada por Ficrea se canalizaba a través de Leadman, y ya no se presentaba información de soporte. LAS LETRAS CHIQUITAS QUE NI LA CONDUSEF VIO “Se tiene que trabajar en saber en qué se falló Ficrea. Según la CNBV y la Condusef, dicen que se vieron engañados y ahí hay responsabilidad absoluta penal, civil y social, ya que reconocieron el engaño, cuando desde marzo de 2014, Ficrea ya no entregaba informes, ya no rendía cuentas, no se sabía a dónde iba a parar el dinero, ya estaba maquillando los informes”, afirmó Mario Herrera. De acuerdo con su portal de Internet, la Condusef promueve y difunde la educación y transparencia financiera para que los usuarios tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en el sistema financiero mexicano. Mario Di Constanzo ha señalado en reiteradas ocasiones que este caso deberá reforzar las acciones de la Comisión, y ahora cataloga sus actuación como de conciliadora entre ahorradores y gobierno. “La Condusef debió haber actuado desde antes de que sucediera el problema: dando información a los ahorradores, rindiendo informes, presentar denuncias correspondientes, impugnaciones o reclamos y no sólo dedicarse a interpretar las letras chiquitas. Es una comisión nacional y fue creada y facultada para ayudar al ahorrador a procurar el bien en su ahorro y evitar riesgos”, dijo el abogado entrevistado por SinEmbargo. A lo largo de casi tres meses de marchas, mítines y reuniones, algunos ahorradores han comentado que antes de invertir en Ficrea recurrieron a la Condusef y no recibieron ninguna información negativa. Martha Hernández, una de las ahorradoras que está presente en todos los actos de protesta, acusa que tanto González Aguadé como a Mario DiConstanzo, director de la Condusef: “Nos han mentido todo el tiempo. Nadie más que ellos tienen la culpa […] La gente dice que en México no tenemos cultura financiera, pero si no la tuviera jamás habría ahorrado ese dinero, si no la tuviera mis hijos no estuvieran estudiando en escuelas privadas. Toda la vida he trabajado para que ellos tengan una vida mejor, por eso tengo tanta rabia”, afirma. Al igual que Hernández, el señor José Alvarado, que depositó todo el dinero de su jubilación en Ficrea, comentó que se asesoró con la Condusef y la CNBV, y aseguró que le notificaron que no había ninguna situación de riesgo. “Ellos ya tenían sospechas de que algo andaba mal, pero no nos dijeron nada. ¡Eso también es negligencia! Somos ahorradores defraudados por Ficrea pero también por la benevolencia de la Condusef”, acusa. LA OPACA ACTUACIÓN DE LA SHCP y LA PGR El pasado 16 de enero, durante una mesa de trabajo en la que comparecieron los titulares de la CNBV, de la Condusef y Alberto Bazbaz de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se explicó que durante la intervención gerencial que se realizó el 7 de noviembre la PGR aseguró ministerialmente a Leadman Trade, Baus & Jakcman Leasing, sus cuentas bancarias y las de Rafael Olvera Amezcua. Según la información de Bazbaz, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP bloqueó las cuentas a nombre de Ficrea, con lo que se puso un alto al saqueo de los recursos de los ahorradores y fue posible identificar el monto de desvío de recursos que fue de aproximadamente 5 mil 900 millones de pesos. Leadman Trade otorgó arrendamientos por 3 mil 200 millones de pesos a valor contable; ambas cantidades fueron utilizadas para la compra de bienes, carros, gastos de las empresas y transferencias al extranjero. Antes, el 6 de enero, los ahorradores entregaron una demanda dirigida a Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), contra la CNBV órgano que, destacaron, fue cómplice en el robo de sus ahorros, y solicitaron que se les informara sobre el caso de la arrendadora  Leadman Trade, que radica en la Procuraduría. Ese día Julio Rodríguez, uno de los ahorradores afectados, abandonó la mesa de diálogo y al salir de las instalaciones de la PGR comentó que quien los atendió, Rodrigo Archundia Barrientos, Subprocurador Regional de Procedimientos Penales, admitió ante ellos que se había enterado un día antes del asunto por un artículo periodístico, y les solicitó tiempo para informarse. “Le pregunté por qué nos atendía él y no quien llevaba el caso, queríamos que nos explicaran por qué hasta el día de hoy no hay nadie en la cárcel y nosotros ya estamos con un quebranto patrimonial. Él respondió que fue indicación del Procurador que nos atendiera (…) nos están haciendo perder el tiempo. No queremos que sólo nos reciban, nos interesa que nos resuelvan, que actúen y nos den explicaciones, pero no lo hacen (… ) nosotros no vamos a aceptar menos del 100 por ciento  de nuestros ahorros, ¡jamás!. Las autoridades nos están dando largas, se están burlando de nosotros”, expuso Rodríguez. Al respecto, el abogado Herrera pregunta: “¿Qué la PGR no tiene la capacidad para trabajar de manera conjunta con la CNBV para saber a dónde fue a parar hasta el último centavo desde que se abrió la sociedad popular a la fecha? ¿No tiene la capacidad para saber el movimiento del dinero? ¿Complicidad o ingenuidad? Se trata de complicidad que viene de la mano de la ignorancia extrema de cómo debe aplicarse la ley”, asegura. Poco tiempo después de la intervención, la PGR informó que Ficrea desvió al menos 470 millones de pesos entre el 3 y 6 de noviembre pasados, a pesar de que ya estaba siendo investigada por las autoridades. También, el coordinador general de la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, Eduardo Cruz Gómez, aclaró que la investigación a Ficrea arrancó desde el 17 de octubre y que, a pesar de esta vigilancia, la Sofipo realizó la transferencia de 470 millones de pesos por concepto de pago de gastos a su arrendadora Leadman Trade. UN MARCO REGULATORIO INSUFICIENTE Adrián González, ahorrador de Ficrea, comenta que haciendo una lectura al interior de la legislación y del gobierno, se evidencia que existe un marco regulatorio insuficiente y por otro lado, desde el punto de vista del conjunto de ahorradores, lo que ahora debe hacerse es una supervisión más puntual del dinero para que no ocurran estas situaciones que aprovechan los vacíos que la ley deja. “Nosotros consideramos que el trabajo de supervisión de la CNBV fue no preciso, ni correcto y no se hizo en tiempos ni en forma. Como se ha dicho, hay datos que presumían que podría haber irregularidades; las leyes de ahorro y el reglamento  daban elementos precisos para hacer un conjunto de acciones  preventivas, pero como sabemos no fue así”, dijo. El doctor Raymundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Tec de Monterrey, campus Santa Fe, considera que el marco legal da la libertad a las empresas para que actúen “personas sin escrúpulos que se convierten en bichos”. “Las autoridades fueron ingenuas, no tienen brazos ni presupuesto suficiente para auditar todos los días a todas las instituciones a las cuales les fue concedida la autorización para ofrecer un servicio público de banca de crédito”, comentó. Ante el cuestionamiento, sobre una posible crisis en el sistema de ahorro popular, señala que éstas viven en crisis desde hace varios años, “en varios estados se realizaban fraudes de este tipo a mucha gente, y para parar esos actos, se convirtieron en organismos regulados y se supone que entraban así en un marco de vigilancia y supervisión. “Se afecta a aquellos ahorradores que tienen la ilusión  de obtener una mayor tasa de ganancia por su ahorro contra las miserables tasas de los bancos, que no ganan ni siquiera la inflación de estos ni el cete directo, buscan estos organismos. “La burra no era arisca, la hicieron”, asegura. LA POSIBLE REFORMA AL SISTEMA FINANCIERO Mario Delgado Carrillo, Senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), lanzó una iniciativa de reforma a los artículos 101 y 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular que busca aumentar el monto de seguro de recuperación, que actualmente se encuentra en 25 mil Udis (131 mil 500 pesos), a 300 mil Udis (1.5 millones de pesos). De acuerdo con el documento emitido por el Senador, del total de usuarios, sólo el 37. 9 por ciento podría salir beneficiado del pago de 25 mil Udis, pero el 62.1 por ciento restante tenía montos muy superiores a esa cantidad y se verían seriamante afectados, incluso en diferentes eventos y manifestaciones, calificaron la cantidad como inadmisible. En la propuesta también se solicita incorporar las causas imprevistas como mecanismo de activación del seguro. “Es necesario modificar la ley para que el seguro de protección solo aplique, cuando se trate efectivamente de casos imprevistos, aquellos que están más allá de cualquier posibilidad humana. “Pero cuando se trata de casos que la autoridad debió advertir, como fue el caso de Ficrea, el seguro debe cubrir en su totalidad los ahorros de las personas físicas”, se lee en el documento.

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Las (dolorosas) alternativas para los ahorradores de Ficrea

Entrevista concedida a la revista Forbes México, caso Ficrea

  • Viridiana Mendoza Escamilla
  • Economía y Finanzas
  • hace 2 meses

http://www.forbes.com.mx/las-dolorosas-alternativas-para-los-ahorradores-de-ficrea/

Parte 2.

Tras el cobro del seguro de depósitos, los ahorradores que tenían más de 131,000 pesos invertidos en la Sofipo se enfrentan a una serie de alternativas para recuperar sus recursos. Ninguna es fácil o rápida, ninguna promete regresar los montos al 100%.

Catalina tenía un capital modesto, modesto para una ex trabajadora del sector financiero que soñaba con retirarse en los próximos años. Hace un tiempo se quedó sin trabajo, pero los intereses que Ficrea le ofrecía por sus ahorros le permitían pensar que, aun sin poder encontrar un nuevo empleo, podría costear la universidad de su hijo. Pero las cosas no pasaron como lo planeó. El anuncio de la intervención y liquidación de esa Sociedad Financiera Popular desvanecieron su proyecto de vida.

“El 12 de diciembre, la gente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Condusef nos dijeron que iban a procurar que los ahorradores no se vieran afectados, que tendríamos la devolución de los recursos. Teníamos una cita con la Comisión y la Condusef el 19 de diciembre. Ese día, a la hora acordada para la reunión, Aguadé –presidente de la CNBV– anunciaba la liquidación de Ficrea. Desde entonces, toda la información que recibimos es imprecisa”, se queja Catalina.

La CNBV informó a los clientes que, derivado del estado de liquidación, los depósitos estaban cubiertos por el seguro de depósito del sector por 25,000 UDI, aproximadamente 131,000 pesos.

“Aquellos ahorradores que tengan depósitos mayores recibirán el monto proporcional que les corresponda de la liquidación de Ficrea”, señala el comunicado de la CNBV.

Como Catalina, hay más de 6,000 clientes afectados, que no saben con certeza si recuperarán o no sus ahorros. ¿Cuáles son las posibilidades reales de recuperar por completo su patrimonio?

¿Cuánto será el monto proporcional?

En una de las reuniones de ahorradores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó a los clientes que la liquidación podría implicar recuperar sólo un porcentaje de su ahorro.

Un empleado de Ficrea, quien prefiere no ser identificado, proporcionó a Forbes México la tabla que se difundió, presuntamente por parte de la Condusef, en la cual se expone que los ahorradores con más de un millón de pesos podrían recuperar sólo 32% de sus ahorros.

Cuadro proporcionado a Forbes por un empleado de Ficrea.

En entrevista, Édgar Bonilla, director jurídico de la CNBV, expone que los diferentes mecanismos que se prevén para la liquidación podrían dar una proporción por arriba de 50%.

¿Cuánto va a repartirse?

Ficrea desvió recursos de manera ilegal a otras empresas del mismo dueño: 98% de la cartera de crédito se había generado con una tercera empresa, Leadman Trade, una acción prohibida por la ley.

La CNBV explica que hay una cartera de arrendamientos con garantías por alrededor de 3,000 millones de pesos de Leadman Trade, pero ésta no resulta cobrable al 100%. Por ello, Nacional Financiera (Nafin) tratará de capitalizarla para lograr una recuperación de 50 centavos por cada peso, algo así como 1,500 millones de pesos.

Por otro lado, la relación de activos de Ficrea, proporcionada por la Interventoría General, expone que Ficrea tenía otros activos por 460 millones de pesos, de los cuales 177 millones corresponden a dos inmuebles y otras sucursales.

El resto de los activos corresponderían a las propiedades de Olvera, cuya posesión se ha cedido por los apoderados legales. Éstos se integrarán para generar un mecanismo de liquidación para repartir esos recursos entre los ahorradores.

¿Qué deben hacer los ahorradores?

Los reguladores y expertos consultados afirman que todos los clientes deben hacer efectivo el cobro del seguro de depósito. Para acreditarlo, Ficrea solicita copia de identificación, copia del contrato de inversión, pagaré o estado de cuenta. El trámite puede realizarse en las sucursales que se mantienen abiertas. Cobrar este seguro no implica, en ningún caso, una renuncia al resto de sus recursos.

Sin embargo, para aquellos clientes con más de 131,000 pesos depositados, las alternativas de recuperación resultan difíciles.

Tras la comparecencia de los reguladores y supervisores del sistema financiero, el Congreso aceptó crear una comisión que apoye a los ahorradores defraudados por la Sociedad Financiera Popular, aunque esto podría no ser tan positivo.

“Lejos de ayudar a la población ahorradora, los ha confundido todavía más, pues se les ha hecho creer que el pago de lo robado se logrará como consecuencia de esta firma, lo cual es falso. El acuerdo estipula que los legisladores revisarán los mecanismos al alcance, que discutirán; ésa ya es la tarea de los legisladores. No están proponiendo hacer nada fuera del trabajo que, por ley, deben hacer”, explica Mario Herrera, fundador y presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, AC, un organismo que surgió después de un fraude con 57 cajas populares que afectó a más de 170,000 personas, principalmente en Oaxaca, en 2009.

El abogado afirma que los ahorradores deben conformar una comisión que trabaje con el regulador para lograr una liquidación eficiente y pronta, pues no son meros clientes de una institución, sino socios, pues así funcionan las Sociedades Populares. Incluso prevé que el panorama para los ahorradores minoritarios puede ser más favorable de lo que se cree.

“Idealmente tendría que haber una orden de intervención para que el gobierno pueda disponer de todos los bienes que se adquirieron con recursos de Ficrea dentro y fuera del país. Estas propiedades deberán integrarse a un fideicomiso operado por la banca de desarrollo, y, en función a su valor, generar un mecanismo de pago para los ahorradores a través de Nacional Financiera”, explica.

De darse este escenario, es probable que los ahorradores que tienen entre uno y 5 millones de pesos puedan recuperar 70% o un poco más de sus recursos, pues un informe de la Condusef arrojó que 15% de los nombres en el padrón de ahorradores son clientes fantasma, e incluso podrían estar relacionados con actividades delictivas.

“Hablamos de clientes que no se van a presentar… También se debería de negociar que los gobiernos estatales y órganos jurídicos queden fuera de este proceso de pago, pues estas dependencias deben tener claro que no pueden considerar una Sociedad Financiera Popular como un ente de inversión”, añade Mario Herrera.

Con respecto a la posibilidad de incrementar el monto de seguro de depósito, el abogado considera que esta medida podría convertirse en un incentivo perverso.

“Si ampliamos el seguro para crecer el monto a pagar para los ahorradores podemos cambiar la orientación de las Sofipos, hacerlas que busquen a clientes con más recursos, estas entidades fueron diseñadas para atender las necesidades de ahorro y financiamiento en las comunidades rurales, no para ser un mecanismo de inversión patrimonial de montos altos.”

 

¿Es buena opción un concurso mercantil ordinario?

El caso de Ficrea no es una empresa que por dificultades financieras se vea obligada a cerrar; se trata de un fraude que implica responsabilidades penales.

Édgar Bonilla explica que sí puede darse el caso en que se proceda a un concurso mercantil. El propio Mario Herrera expone que un concurso mercantil sería una forma ordenada de terminar con el capítulo, pero se trata de una alternativa que puede durar años.

“Lo ideal sería un concurso mercantil. Sin embargo, es un mecanismo muy tardado que implica una negociación sofisticada. Lo ideal es que, en efecto, se genere el mecanismo de pago para que los ahorradores puedan recuperar en la mayor proporción posible”, subraya.

El mayor inconveniente es el factor incertidumbre. En la oficina de Édgar Bonilla, la entrevista con Forbes México termina y las grabadoras se apagan. Una última pregunta surge: ¿Cuánto va a tardar poder pagar a los ahorradores ese 50% que quizá recuperarán? La respuesta no es (para nada) alentadora:

“Es una cuestión complicada… No son mecanismos que se hagan de manera convencional, no hay manual de reglas de operación en estos casos. Los ahorradores deberán esperar a que se defina ese mecanismo con sus reglas y requerimientos… Pero podría tardar mucho.”

¿Qué pasó en Ficrea? Consulta nuestro reportaje especial sobre cómo se realizó el fraude. 

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Ficrea: ¿Quién falló?

Entrevista concedida a la revista Forbes México, caso Ficrea

http://www.forbes.com.mx/ficrea-las-finanzas-prueba-de-fraude-no-existen/
Parte 1.

Las autoridades dicen que sin la intervención de la CNBV, el fraude de Ficrea pudo haber seguido durante 14 meses más y representar pérdidas por 10,000 millones de pesos para los ahorradores. Sin embargo, para quienes perdieron su patrimonio ese argumento no es consuelo. ¿Qué falló en el funcionamiento de esta Sofipo? ¿Puede volver a pasar? La respuesta es sí. El peligro sigue latente.

En la reunión de fin de año de 2013, los trabajadores de Ficrea recibieron la noticia de que 2014 sería el año en que la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) se transformaría en banco. El anuncio se asimiló con naturalidad, pues la meta de captación de sucursales había pasado de 50,000 pesos diarios a 130,000 en menos de tres años.

“Los empleados no teníamos noción del fraude. Para nosotros, Ficrea funcionaba como cualquier banco: captaba dinero y lo prestaba caro, los intereses los dividía en ganancias para los ahorradores y ganancias para el corporativo; ésa es la premisa básica de los grandes bancos. Las tasas estaban por encima del mercado porque era una institución relativamente nueva, y era la forma de ganar mercado”, dice a Forbes México un gerente de sucursal de Ficrea que prefiere no ser identificado.

Según el testimonio de este empleado (que ha trabajado como asesor de inversiones durante 18 años), los esfuerzos de captación se volvieron más agresivos en el último año. Al interior de la Sofipo se les decía que había cada vez más demanda por créditos, por lo que había que colocar más productos de ahorro e inversión. En 2014 se lanzó una campaña masiva con el actor Alfredo Adame como vocero.

También se regalaron viajes, pantallas y alcancías.

“Yo mismo acompañé a un compañero de originación de crédito al asesoramiento de un cliente que necesitaba un préstamo por 20 millones de pesos para comprar una cámara de refrigeración”, cuenta.

Lo cierto es que las expectativas de los trabajadores y los ahorradores se vinieron abajo cuando, el 19 de diciembre pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la liquidación de Ficrea. Tras una intervención del regulador, salió a la luz que la institución había desviado recursos de manera ilegal a otras empresas del mismo dueño: 98% de la cartera de crédito se había generado con una tercera empresa, una acción prohibida por la ley.

Rafael Olvera, socio mayoritario de Ficrea, era buscado por las autoridades internacionales por lavado de dinero. Los ahorradores habían sido defraudados por un monto que, hasta ese momento, se calculaba en cerca de 3,000 millones de pesos.

¿Qué pasó?

Ficrea funcionaba como una Sofipo. Este tipo de instituciones se creó para llegar a zonas rurales en las que es demasiado costoso instalar bancos. Su función básica es captar dinero de ahorradores, prestarlo y cobrar intereses para pagar a los ahorradores y generar ganancias. Es una estructura sencilla, en la cual los ahorradores son socios.

Su regulación es más ligera. A diferencia de los bancos, las Sofipos sólo deben enviar sus estados de resultados, es decir, cuánto prestan, cuánto captan, sus índices de capital y otros indicadores básicos. Las instituciones de este tipo están sujetas a visitas de verificación si algo salta en los documentos entregados.

Sin embargo, las actividades de Ficrea como Sofipo no correspondían a la naturaleza de esta figura. De acuerdo con un estudio interno de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), había cerca de 1,500 clientes en Ficrea con cuentas con saldos mayores a un millón de pesos, cuando datos de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo) arrojan que el saldo promedio de la cuenta de ahorros de un cliente de este tipo de instituciones es de 7,000 pesos.

Desde 2011, Ficrea había estado en la mira del regulador, dice Édgar Bonilla, director jurídico de la CNBV. Ese año, la Comisión encontró que los financiamientos de Ficrea eran canalizados a través de Leadman Trade, una arrendadora propiedad de Rafael Olvera.

“En 2011 nos dimos cuenta que los créditos se otorgaban a través de Leadman Trade. Les dijimos que no podían realizar operaciones con terceros, y fue entonces que empezaron a hacer estrategias para maquillar estados de cuenta… Ante la CNBV se había corregido la observación”, dice Bonilla.

El siguiente paso por parte de Olvera y sus socios fue maquillar los estados de cuenta. Los créditos se seguían convirtiendo en arrendamientos a través de Leadman Trade, pero los clientes de la arrendadora firmaban dos solicitudes de financiamiento, una con Leadman y otra con Ficrea.

Los reportes a la CNBV incluían esas solicitudes de crédito y, por ejemplo, si alguien solicitaba un arrendamiento por 10 millones de pesos, Leadman lo hacía firmar el contrato de arrendamiento a 36 meses y dos solicitudes de crédito de Ficrea a 18 meses (una posfechada) por 5 millones cada una. El cliente de Leadman se convertía “automáticamente” en un cliente de crédito de Ficrea.

“En teoría, el esquema podría funcionar, pero ¿qué pasa cuando un cliente pide y firma por 10 millones de pesos, y Leadman le dice que sólo le arrendará, digamos, autos por 5 millones? El contrato de arrendamiento es por 5 millones, pero el crédito por 10 ya había sido firmado con Ficrea. Hay una diferencia de 5 millones provenientes de Ficrea que Leadman puede transferir a donde quiera”, explica el funcionario.

Justo así fue como Olvera canalizó alrededor de 2,700 millones de pesos a la compra de bienes raíces en el extranjero y a la capitalización de las filiales de Leadman Trade en España y Miami.

De ese dinero sólo queda lo que las autoridades puedan recuperar a través de la liquidación de activos y la cartera con garantías de Leadman en México (la de Ficrea no es cobrable porque no tiene garantías), además de las propiedades que puedan confiscarse a Olvera. Lo que ha logrado recuperarse está ahora en un fideicomiso que pasará a manos de los ahorradores una vez que finalice el proceso de liquidación.

Los ahorradores han señalado al regulador como el principal responsable en el caso: ¿Cómo fue posible que no se dieran cuenta?

“Como empleados teníamos conocimiento de que cada dos meses se realizaban auditorías por parte de la CNBV, o al menos eso era lo que nos decían. Ésa era una de las cartas fuertes al momento de captar ahorros: decirle a los clientes que estábamos completamente regulados”, explica el empleado de la empresa.

Estrategia para violar la ley

¿Qué hace falta para que un fraude financiero se concrete? ¿Una regulación débil? ¿Controles internos poco confiables? La respuesta es más sencilla que eso: sólo hace falta una persona dispuesta a violar la ley.

Mario di Costanzo, presidente de la Condusef, explica el caso de Ficrea con una metáfora:

“El reglamento de tránsito prohíbe manejar en estado de ebriedad. Las autoridades han establecido alcoholímetros para evitar que la gente beba y conduzca; si un conductor en estado de ebriedad es detenido amerita una sanción. No falla la ley, pero hay quienes violan la ley deliberadamente; saben que cometen un delito, de ahí que haya accidentes fatales por personas que manejan alcoholizadas.”

La opinión de Di Costanzo es compartida por Édgar Bonilla de la CNBV, quien afirma que en el caso de Ficrea hubo toda una estrategia para realizar actividades ilícitas; no había del todo un vacío legal, sino que se violaba la ley de manera premeditada.

“En la ley no hay montos límite para créditos y depósitos de las Sofipos; es probable que esto se ajuste después de lo que ocurrió. Sin embargo es importante que los ahorradores y, en general, los usuarios del sistema financiero entiendan que sin importar el tipo de institución siempre habrá un riesgo”, advierte Bonilla.

Lo cierto es que aunque México ha instaurado regulación financiera estricta (fue de los primeros países en adoptar las disposiciones de Basilea III para los bancos), las instituciones financieras siempre están expuestas a delitos.

En México, 41% del lavado de dinero se origina por drogas, 33% por tráfico de personas y 20% por piratería, según cifras del documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados denominado: Lavado de dinero: indicadores y acciones binacionales. Existen rubros que son más propensos que otros para ser utilizados de acuerdo con el giro de la empresa, como aquellos que están basados en capitales disponibles.

“Al ser intensivos en el manejo de dinero, son más propensos. ¿Qué empresa se rehusaría a cerrar una operación cuando el cliente llega ofreciendo pagos adelantados o pagos en efectivo por cantidades sumamente altas? En esos casos pasa a segundo término el saber quién es el cliente y de dónde proviene el dinero; la prioridad en la mente de cualquier comerciante o empresario es la de no dejar escapar esa gran oportunidad”, explica Mónica Ramírez Chimal, en su libro ¡No deje que lo laven, ni que lo sequen!

Clientes: ¿culpables o víctimas?

Una viuda de edad avanzada tenía una cuenta con Ficrea por un monto de 1.4 millones de pesos. Eran los ahorros de toda su vida y los de su esposo. Cada mes recibía y retiraba 3,000 pesos como intereses (apenas 0.21% de su ahorro). Con eso completaba sus ingresos por pensión y lograba sacar adelante sus gastos personales. Ahora debe asimilar que debe tramitar un seguro de depósito por sólo 131,000 pesos, y que en los próximos meses se definirá el porcentaje que recuperará de su ahorro, quizá la mitad. Aún no se sabe.

“Ficrea siempre señaló en su publicidad y sus contratos que los recursos estaban garantizados por hasta 25,000 UDI; eso siempre estuvo claro”, afirma Édgar Bonilla, de la CNBV.

Lo que las autoridades no toman en cuenta son los argumentos de venta: la captación se volvió agresiva no porque los clientes fueran forzados a invertir, sino por las promociones y argumentos.

“A los clientes se les explicaba que había una garantía por 25,000 UDI, pero el argumento era que una vez que Ficrea se convirtiera en banco, la garantía sería por 2 millones de pesos. Mucha gente incrementó su saldo pensando que Ficrea sería un banco a fines del año pasado. Nosotros mismos lo pensábamos; muchos conocidos y familiares eran clientes”, explica el empleado de Ficrea.

Para Catalina, una ex empleada bancaria ahorradora de Ficrea, el juicio contra los ahorradores resulta muy severo.

“Nos han dicho ingenuos, nos han llamado codiciosos, pero yo tenía una tasa de 6% anual por mi ahorro, son sólo 2 puntos arriba de la inflación; no nos estaban prometiendo una tasa descabellada. Investigué: Ficrea cumplía con toda la regulación necesaria y el aval de la CNBV y Condusef. Yo era cliente desde 2012 y nunca tuve problema para retirar dinero; no parecía haber razón para desconfiar”, explica.

Al respecto, Mario di Costanzo expone que este caso implica una revisión fuerte de la ley y un llamado a tejer una mayor conciencia financiera, pues de las 283 quejas que se reportaron ante la Condusef por Ficrea antes de la intervención, ninguna era de los acreditados que firmaban dos contratos.

Por eso, para Di Costanzo la conclusión es que se violó la ley con alevosía y ventaja: “No estaba prohibido, por ley, que una Sofipo tuviera clientes con varios millones; no hay tope en saldos de crédito o depósito. Al no infringirse una ley, hay poco margen para los reguladores. No creo que haya fallado la ley aplicable a las instituciones financieras. Olvera tenía como meta delinquir, claramente buscó la manera de burlar esa regulación.”

¿Quién falló?

La CNBV cumplió con las atribuciones y funciones que la ley le otorga, asegura Édgar Bonilla. Ficrea fue intervenida en marzo de 2014 para determinar por qué había tenido una expansión tan agresiva en la captación y, al mismo tiempo, reportaba una morosidad cero en la cartera de crédito.

“Una Sofipo sana reporta una morosidad de 7% en promedio. Cuando entramos a Ficrea, pensamos que había un problema de falta de transparencia. En su lugar había un fraude piramidal que, de haber seguido, habría podido evolucionar 14 meses más y representar pérdidas por 10,000 millones de pesos para los ahorradores”, dice Bonilla, quien es parte de una autoridad reguladora, que sólo cuenta con 1,500 personas (y no todas realizan labores de supervisión) para vigilar a más de 5,000 instituciones en todo el país.

La intervención de Ficrea, las órdenes de aprehensión contra Rafael Olvera y la eventual liquidación de activos para el pago de los ahorradores son los pasos siguientes lógicos, pero el trabajo que sigue es aún más pesado.

“Se puede establecer una responsabilidad penal contra el regulador (la CNBV), el supervisor (Condusef) y contra la propia Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que es la encargada de supervisar las transacciones de todas las instituciones en el sistema financiero y debió alertar de los flujos de Ficrea a Leadman. Sin embargo, lo que importa ahora no es siquiera tener a un culpable en la cárcel, sino realizar una modificación preventiva a la ley para evitar que vuelva a ocurrir”, opina Mario Herrera, fundador y presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, AC, un organismo que surgió después de un fraude con 57 cajas populares que afectó a más de 170,000 personas, principalmente en Oaxaca, en 2009.

Herrera afirma que mantener la regulación actual para las Sofipos no sólo las deja vulnerables a tener un nuevo fraude, sino que evidencia una falta de conciencia de los supervisores sobre el funcionamiento de estas entidades y su objetivo principal: una mayor inclusión financiera.

“Si las Sofipos surgen para dar servicio al público que no ha atendido la banca, es imposible que el regulador diga que no le hizo ruido que una Sofipo operara en una colonia de lujo sólo porque no estaba en la ley. Es labor del supervisor y del regulador alertar sobre estos vacíos legales para que las Cámaras tomen acciones al respecto y generen una ley acorde al tipo de institución”, dice.

Actualmente en el país operan 43 Sofipos. Ficrea era la segunda más importante después de Caja Libertad. El total de la cartera de Ficrea representaba sólo 15 centavos de cada 100 pesos en el sistema financiera mexicano. Aunque tenía una cartera de ahorro de más de 6,000 millones de pesos, la Sofipo concentraba sólo 0.4% de los clientes. No se habla de una falla sistémica, pero sí de un fraude que ocurrió mientras parecía que todo funcionaba acorde a la ley.

¿Qué sigue para los clientes de Ficrea? la continuación de este trabajo especial explica por qué los ahorradores podrían no recuperar sus recursos al 100%

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Panistas gestionarán ante SHCP negocio millonario en perjuicio de defraudados Ficrea

Por Mario Herrera.

No obstante, la desgracia sufrida por miles de ahorradores menores, por parte de la financiera FICREA S.A de C.V. S.F.P., ahora enfrentan el gran reto de decidir por la mejor opción jurídica, para recuperar su dinero robado.

Corresponde a cada afectado, la determinación del despacho, el abogado, el gestor o quien así habrá de encaminarlo en el resarcimiento de daños, habrá de todo, quienes se hagan pasar por conocedores y los extorsionen con pagos chiquitos semanales, hasta el cobro de un porcentaje por recuperación de ahorros que van del 2% al 20% según la firma, el prestigio o el supuesto conocimiento en temas de economía solidaria.

La mayoría de los litigantes cobra por la recuperación total de montos, pero en el inter de cualquier trámite o proceso se erogan gastos, mínimos pero a final de cuentas representan erogaciones patrimoniales.

La verdad de las cosas en que a menos de que se trate de una denuncia penal tendiente a la indagación del ilícito, ninguna instancia habrá de prosperar y por virtud de ninguna de ellas se habrá de devolver un peso al ahorrador.

El Gobierno tiene la obligación de velar por la seguridad financiera de todo ahorrador popular, no olvidemos que la financiera es, precisamente, una sociedad popular más no comercial y desde este principio se debe partir en el resarcimiento de daños, es más, el grupo plural bicameral creado para resolver el problema Ficrea, en los próximos días habrá de aprobar un mecanismo de pago para aquellas personas con inversiones menores, no más de 1.5 millones, así habrá de ser por salud misma del sector.

Existe una ley especial que contempla los casos en que el administrador de la sociedad desvíe los ahorros e inversiones de los clientes y estos desaparezcan, desde antes de que el ahorrador firmara contrato con la SOFIPO, la ley ya existía y ya se contemplaba el procedimiento especial, motivo por el cual no se puede modificar el espíritu del legislador.

Lo que si habrá de modificarse, es el mecanismo de pago, el apoyo financiero, o la forma en que habrán de atenderse a aquellos ahorradores que se encuentren en el promedio financiero popular, esa es una realidad que nadie se ha atrevido a informar a las víctimas.

Ya hemos referido la viabilidad de los mecanismos de pago, ya hemos advertido que el Estado está obligado a resarcir de manera pronta y gratuita, ninguna persona debe pagar por la recuperación de su dinero, si ya de por sí han sido defraudados, porque habría de ser doblemente hurtados.

Existen en México excelentes abogados de talla inclusive, internacional, que habrán de hacer un estupendo trabajo por la vía penal, cualquier otra instancia resultará un segundo fraude; dudo mucho que por la vía ordinaria civil o ejecutiva o mercantil o administrativa que se interponga, se logre la recuperación del dinero defraudado. Sentaría un precedente para que otros 6 millones de ahorradores populares, ejercieran acciones contra el Gobierno.

Por tratarse de un asunto de índole social, por la magnitud de personas afectadas, el tipo de empresa de que se trata y sobre todo por la falta de un marco regulatorio cuya debilidad se ha ventilado en todos los medios.

Difícil que pueda prosperar la acción de Hamdan, tendiente a la recuperación de montos desaparecidos, la legislación que en especial se ha creado para casos como el deFicrea, es la Ley de Ahorro y Crédito Popular, ésta es la que determina el procedimiento a seguir.

Bajo este esquema regulatorio, es el Estado el responsable inmediato de enmendar su error, gratuitamente, por tanto, corresponde a los poderes de la Unión establecer la mecánica acorde para resarcir el daño causado a la sociedad ahorradora, sin costo alguno.

Si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, erró en su función regulatoria, las Federaciones Auxiliares de esta tarea, fallaron en su trabajo de supervisión y la condusef no supo cómo guiar la prevención del delito, serán pues motivos suficiente para fincar responsabilidades en cada una de ellas y en sus titulares, responsabilidades penales; sin embargo, la restitución del daño a los afectados debe trabajarse por separado.

La firma de abogados Hamdan Manzanero y Asociados S.C. representada por el abogado Fauzi Hamdan Amat y Francisco Javier Manzanero Escutia, han ofertado a unos cuantos incautos ahorradores, lo que hasta ahora se ha considerado lo más atractivo en el universo de acciones judiciales, bajo el engañoso esquema de reparación del daño patrimonial del Estado por la actuación administrativa irresponsable en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, más ésta acción no ofrece, ni garantiza la recuperación del monto adeudado, que no los engañen, pregunten, infórmense, comparen opiniones.

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Se trata únicamente de diversas gestiones y trámites que Hadman llevará al cabo con autoridades financieras, es todo.

Si dentro de esas gestiones, el Gobierno terminara las reglas de operación para pagar a los menores ahorradores, Hamdan y asociados, habrán hecho creer que por su gestión se recuperó ese dinero, y terminará cobrando el honorario a pesar de que las reglas de operación son públicas y no por convenio entre particulares, son gratuitas.

Según el contrato de prestación de servicios profesionales que llega a este escritorio, la firma Hamdan, propone al cliente (ahorrador), una serie de actuaciones por las cuales la firma de abogados ofrecen para reclamar la responsabilidad patrimonial del estado, pero carece de establecer los tiempos de recuperación, y sobre todo que tipo de demanda ejercerá, eso es una trampa contractual.

Si cualquier despacho particular, por medio de gestiones y trámites realizados ante SHCP intenta presionar a las autoridades financieras para que reparen lo que el despacho hace consistir, en un daño patrimonial, resultar normal; cualquier firma de abogados, contadores o financieros puede llevar a cabo esa actividad (gestión o tramitación), hasta aquí no habría problema.

Por tratarse de un sector popular de la economía solidaria, me obligado a atender las dudas de quienes se han acercado a este escritorio.

Es importante que el afectado por Ficrea sepa que la demanda propuesta por el respetable abogado Hamdan, solo habla de gestiones para emprender el reclamo de la responsabilidad del Estado, no así del resarcimiento del daño, por tanto, la gestión solo es para ver que paga el Gobierno por el daño que de manera individual pueda acreditar cada afectado, más no se trata de un trámite tendiente a recuperar el ahorro, lo que resulta engañoso para la víctima.

El grupo plural Bicameral, habrá de lograr el resarcimiento del daño, estoy seguro de ello, pero lo hará para montos menores, puedo adelantar sin temor a equivocarme que todo aquel defraudado que se encuentre en el parámetro por debajo del millón de pesos habrá de recuperar su dinero muy pronto, debe prevalecer la confianza en ello.

La implementación de cualquier mecanismo de los que hemos ofertado, deberá contener este procedimiento, con independencia de cobrar el seguro de garantía proveniente del fondo de protección que tiene derecho el cliente ahorrador.

Si por virtud del trabajo realizado en el grupo legislativo habrán de dictarse las reglas de operación para pagar a los afectados por lo menos menores al millón de pesos, no le encuentro el porqué se intente obligar al afectado a que firme una demanda colectiva, cada uno de los integrantes del grupo plural bicameral me dará la razón y pueden consultarle ésta opinión, háganlo para que ustedes mismos sepan a tiempo las ganancias millonarias que se enjuagan con su dolor.

Para los montos menores se recomienda prestar especial atención al clausulado que puedan firmar en la llamada demanda colectiva porque una vez firmado el convenio con la firma de abogados a partir de entonces por cualquier vía y forma que llegaran a obtener el dinero que les han quitado habrán de pagar por lo menos entre el 2% y el 4.5% del dinero que por no hacer nada aún y cuando el Gobierno establezca las reglas de operación, para montos mayores cobrará el 8% de honorarios; ningún abogado privado interviene en las reglas de operación o mecanismo de pago.

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Mayor atención deberá poner, en exactamente, en qué momento se cubrirá el honorario a los abogados, suponiendo que por el mecanismo de pago gratuito implementado por el Gobierno, el afectado cobre su dinero, éste debará pagarle los honorarios al despacho por algo que no gestionó, ni tramitó, ni trabajó. Si no paga Hamdan cobrará un interés legal por cada día de impago, hasta que cubre por completo la deuda, está en el contrato.

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El convenio con Hamdan solo habla de honorarios por gestión ante la SHCP o autoridades financiera, ¿será entonces que, Hamdan ya tiene apalabrado un negocio con Videgaray y por ese trámite tanto Hacienda como el despacho cobren un porcentaje a cada afectado?, sinceramente, no lo creo.

No puede existir una arreglo conciliatorio entre ninguna dependencia de Gobierno y un abogado que represente un problema social, de ser así, entonces, se fincaría un precedente para que los abogados hagan creer que gestionando convenios con el Gobierno, se reparará el daño, por todos los fraudes financieros que han existido a lo largo de la historia financiera en México.

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Se calcula alrededor de 150 mil afectados por Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, cuyo daño patrimonial asciende a más de 10 mil millones de pesos en pérdidas, de tener éxito Hamdan y de prosperar el negocio que intenta con la SHCP, entonces no solamente se deberán cubrir los 6 mil millones de pérdidas en Ficrea, sino también los miles de millones de pesos que por negligencia de la CNBV se han perdido en fraudes, así de fácil.

Si se trata del mismo modus operandi el fraude que se cometió en Ficrea, como en la cajas de ahorro, entonces habrá de imperar la igualdad de derechos, incluyentes para unos y otros.

No se duda de ninguna manera, en la capacidad jurídica, ni profesional del abogado panista Hamdan ni del nombrado Coordinador General Jurídico de la totalidad de los ahorradores Javier Paz, también panista; por el contrario se desea el mayor de los éxitos y se hacen votos por que se obtenga por fin, un escarmiento a los responsables, pero de eso a que como resultado de esa gestión se pago el monto defraudado, eso si es una vacilada para la víctima.

Biografía de Javier Paz

Sería grandioso para todos nosotros dedicados a la defensa y gestión de causas sociales el que Hamdan lograra satisfacer el reclamo de los que han acudido confiando en su profesionalismo, más no soy el único que duda de que prospere la vía y forma, afortunadamente.

El contrato que pretende la gestión colectiva de ahorradores menciona el nombramiento de un coordinador jurídico, que recae en Javier Paz también ahorrador, recordemos que este también abogado fungió como diputado federal en el tiempo de Calderón Hinojosa, todos panistas.

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Saquen cuentas y hagan números a tiempo, cuanto dinero entrará en el bolsillo de Hamdan por una gestión que no hará, pero que si cobrará a partir del resarcimiento de daños que haga el Gobierno en su momento, ¡que tal!.

Del daño patrimonial del Estado, hablaremos en otra ocasión, por ahora lo más importante es que el afectado cobre su dinero.

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La CNVB y su omisión reguladora, las consecuencias

¿Reclamo de daño patrimonial, significa recuperación de lo defraudado?.

En que consiste el mecanismo de pago que establece la LACP.

Cobrar o no el seguro de garantía (Fondo de Protección).

Por Mario Herrera

Presidente de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C. 

Ausencia de Inclusión Financiera.

En este mismo escritorio se han publicado diversas consideraciones a juicio personal, respecto del caso FICREA y que conforme a la experiencia en fenómenos sociales similares en los que hemos participado, compartimos con víctimas del mismo dolor derivado de la pésima administración en entidades financieras a partir de la negligencia y omisión de las autoridades federales.

El fraude de Ficrea por desgracia, no es el único, ni los más de 6 mil afectados son los primeros en su tipo; inclusive desde la misma creación de leyes alusivas a la Economía Solidaria y al Crédito y Ahorro Popular, las cosas se han ido dado sin la regulación eficaz y contundente capaz de prevenir delitos como los que han padecido ya 150 mil ahorradores por fraudes en cajas de ahorro con registro previo, más otros 100 mil provenientes de Sociedades Cooperativas apócrifas (no registradas), 50 mil asociados en Uniones de crédito y ahora, 6,000 por Sociedades Financieras Populares. Las leyes no cambian, los fraudes siguen y siguen.

Advertimos con toda anticipación, escenarios probables con motivo de fraudes masivos sociales, tales como: presentar denuncia penal inmediata, fincar responsabilidades en las autoridades financieras, en todas sin excepción, hablamos también de la estrategia para la recuperación de fondos basados siempre en la legislación del sector (popular); por último, indicamos la voracidad de abogados charlatanes, líderes de grupo, abanderamientos políticos y hasta hemos orientado la forma, probable, de proceder para agilizar la restitución del daño.

La ignorancia de la ley en la materia y sus correlacionadas, la carencia de una cultura del ahorro y la ausencia de Educación Financiera, consintieron desdeñar todas las anticipaciones en esta mesa, nada de lo anterior se atendió, no había la obligación para ello, claro está, es parte de un aprendizaje del ahorrador cuya creencia es, que jamás habrá de desaparecer la inversión que se hace de buena fe en una empresa diversa de la banca.

Si se supone que, la autoridad reguladora ha supervisado y verificado la sana actuación de cada una de las sociedades de inversión y entidades financieras, les concede un registro y las somete a un cumplimiento de la ley, al no atenderlo, deberían imponerse sanciones preventivas, ¿entonces porque la comisión de delitos?.

Si la propia autoridad no previene, ni anuncia, ni informa operaciones fraudulentas cometidas en las sociedades populares, y las oculta el ahorrador tiene entonces, la plena confianza en que esa empresa opera dentro del marco jurídico aprobado por el Gobierno.

Pero, ¿qué pasa cuando el Estado defrauda la confianza del ciudadano ahorrador?.

No abordaremos el tema de la tolerancia del legislador para permitir la existencia de ‘cuentas populares’ con más de 10 millones de pesos, o el consentimiento para que Gobiernos Estatales y Municipales invirtieran sus dineros en sociedades financieras populares, los intereses particulares de cada uno ya serán motivo de una nueva entrega; pero lo que si diremos es que, si la Ley actual no prohíbe este tipo de operaciones, definitivamente se trata de una grave, muy grave omisión legal en tarea reguladora en la autoridad.

Según el artículo 25 de nuestra carta magna, el Estado es el obligado para planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, es quien lleva al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución, por tanto el Estado está obligado a garantizar seguridad jurídica al ahorrador popular, al pobre, al que menos tiene, para ello se crean Sociedades populares como las cooperativas o las financieras, pero con origen popular. Pero, ni planeación, ni conducción, ni coordinación ni menos orientación hubo del Estado, es responsable directo.

Si es Estado ha defraudado la confianza del ahorrador popular, se debe proceder en su contra como responsable, en consecuencia, procede entonces fincar responsabilidad inclusive penal.

Si la naturaleza de las entidades financieras populares y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, se ha desviado, y de sus operaciones se desprende que el objeto social de la empresa ya no corresponde al de su creación, entonces algo está mal, y se debe actuar a tiempo, el Estado debe prevenir y cuando no lo hace, es partícipe de las consecuencias que genere esa permisión de delitos.

Reclamación por Responsabilidad Penal del Estado.

El Estado debe responder por esa negligencia, omisión y falta de atención preventiva en el ahorrador popular defraudado, hablo por los miles de millones que han padecido esa desgracia en todo el País, el Estado debe pagar por ello, y debe por fin, fincarse responsabilidad civil, social, administrativa y principalmente penal.

Cada ahorrador por su cuenta y de manera individualizada puede promover, si es su deseo, el reclamo del daño que así considere se le ha causado, ante la autoridad que así considere como responsable, son escritos simples que no requieren ninguna formalidad, el artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidad patrimonial del Estado, exige la reclamación se presente ante la dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y es todo.

No se trata de una demanda, ni de un procedimiento judicial, es un escrito sin formalidad alguna y es todo, debiendo señalar el o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se considere irregular y es todo.

No se requiere de ningún abogado, ni experto en la materia, no se requiere de gestor alguno, ni tampoco pagar honorarios ni comisiones por el resultado obtenido, todo ciudadano tiene expedito el derecho de hacerlo, pero se trata tan solo de un reclamo por un daño que el afectado tiene que acreditar de manera individual y no colectiva.

De iniciarse el procedimiento de Responsabilidad Patrimonial del Estado, si el afectado ya interpuso un procedimiento para impugnar la liquidación de la Sociedad que causó el daño, o sea, ya promovido, por ejemplo, un amparo, un incidente o una queja, el trámite de Responsabilidad Patrimonial del Estado se suspenderá hasta en tanto en los otros procedimientos, la autoridad competente no haya dictado una resolución que cause estado.

No es necesaria la presentación de la reclamación de manera colectiva, no se puede obligar a la totalidad de afectados a presentar algo que no es de su interés o que no quiera hacer, es a la libre voluntad de cada víctima, si así lo considera y quiere cobrar además de su dinero defraudado, el pago por parte del Estado por el daño causado, puede hacerlo sin problema, el trámite no tiene costo alguno.

Los trámites para el reclamo (escritos), deben ser individuales, la tramitación colectiva procede cuanto la totalidad de afectados se sume a un solo escrito, pero en tratándose de un mismo conflicto, con uno que no firme la reclamación, se interrumpe el efecto ‘colectivo’ y no procede como tal.

Se aclara, la reclamación de responsabilidad es un derecho que tiene el ciudadano, de eso no hay duda, pero la acción colectiva no puede ni debe imponerse en ese grupo de ahorradores, porque por experiencia cada uno de los afectados tendrá en mente una vía y forma distinta para pedir la devolución de su dinero.

Indemnización por reclamo de responsabilidad patrimonial.

No se piense que de la reclamación por el Daño Patrimonial del Estado, se habrá de obtener la restitución del dinero defraudado, no es así.

Se trata de situaciones completamente distintas una de otra, por la reclamación de la responsabilidad patrimonial solo se puede obtener, lo que Juzgador en términos Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así considere como daño en cada persona, por ejemplo, que haya fallecido como consecuencia del impacto causado por ese daño, que se haya generado una enfermedad incurable como consecuencia de la mala actuación del responsable o que haya perdido su trabajo, su escuela o familia, como resultado de la irregularidad de la autoridad.

El artículo 11, de la LFRPE, indica claramente la indemnización que por Responsabilidad Patrimonial del Estado derivada de la actividad administrativa irregular, deberá pagarse al reclamante, pero advierte que el pago será conforme a las modalidades de la Ley, como son:

  1. Deberá pagarse en moneda nacional;

  2. Podrá convenirse su pago en especie;

  3. La cuantificación de la indemnización se calculará de acuerdo a la fecha en que la lesión efectivamente se produjo o la fecha en que haya cesado cuando sea de carácter continuo;

  4. d) En todo caso deberá actualizarse la cantidad a indemnizar al tiempo en que haya de efectuarse el cumplimiento de la resolución por la que se resuelve y ordena el pago de la indemnización;

  5. e) En caso de retraso en el cumplimiento del pago de la indemnización procederá la actualización de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, y

 

En ninguna parte de este artículo se contempla la posibilidad de que el afectado reciba en pago justamente lo que haya perdido como consecuencia de la actividad irregular del estado.

Entiéndase que la indemnización deberá ser calculada de acuerdo a la fecha de la lesión, es decir, a partir de cuando el afectado acredite el daño causado, en su persona o patrimonio, no se consigna en ninguna parte, que el pago sea exactamente lo que dejó de obtener por consecuencia de la actividad irregular.

Ahora bien, el Estado no está obligado a pagar ni el año fiscal corriente, ni la totalidad de la cantidad o especie que el Juez considere como daño en cada afectado, inclusive se habla de pagos en parcialidades.

f) Los entes públicos federales podrán cubrir el monto de la indemnización mediante parcialidades en ejercicios fiscales subsecuentes, realizando una proyección de los pagos de acuerdo a lo siguiente:

 

  1. Los diversos compromisos programados de ejercicios fiscales anteriores y los que previsiblemente se presentarán en el ejercicio de que se trate;

  2. El monto de los recursos presupuestados o asignados en los cinco ejercicios fiscales previos al inicio del pago en parcialidades, para cubrir la Responsabilidad Patrimonial del Estado por la actividad administrativa irregular impuestas por autoridad competente, y

  3. Los recursos que previsiblemente serán aprobados y asignados en el rubro correspondiente a este tipo de obligaciones en los ejercicios fiscales subsecuentes con base en los antecedentes referidos en el numeral anterior y el comportamiento del ingreso-gasto.

Resarcimiento de daños.

Se considera que el reclamo principal de los afectados siempre lo será, la devolución de sus ahorros o inversión, de manera pronta y sin mediar condicionante alguna.

Por tanto, atendiendo este reclamo general, con independencia de que cada ahorrador promueva por si mismo, de manera individual y sin la necesidad de abogado de por medio, las acciones de la responsabilidad patrimonial del Estado, no deberá dejar de velar por la recuperación integra de su dinero, en resarcimiento de daño.

El resarcimiento de daño, ya lo hemos platicado en publicaciones anteriores, es precisamente lo que les permitirá recuperar al 100% lo defraudado.

Para ello, el Estado tienen la obligación de implementar mecanismos diversos de pago, es responsabilidad del Estado y este debe ofrecer las alternativas, se manejan hasta ahora las siguientes:

  1. Modificar la LACP para aumentar el Seguro de Garantía a 400 UDIS asimilada a la banca.
  2. Modificar la LACP para aumentar el Seguro de Garantía a 300 UDIS, con la intención de que cobren montos menores a 1.5 millones de pesos.
  3. Establecer un Fondo Único para pagar a montos menores de 1 millón de pesos.

Estas son las propuestas más fuertes que existen con motivo del mecanismo de pago que el Estado tiene que implementar en términos del artículo 105, que habla del Fondo de Protección al ahorrador de las Sofipos.

Esta Ley es la especialmente creada para determinar el procedimiento a seguir en caso de pérdida de los ahorros o inversión en Sociedades Financieras Populares y no hay ninguna otra que lo contemple, no existe otra legislación que permita al afectado cobrar algo que esté consignado en la LACP.

Fondo de Protección.

Este apartado ha sido el más dudoso desde que se determinó el cierre de la Financiera Ficrea, los afectados han sido muy mal conducidos y asesorados para hacerles creer que si se cobra este seguro de protección, se renuncia al resto del dinero, así como que ciertas personas habrán de lograr el aumento del monto actual, y que con ello habrá de cobrarse el 100%, esto es imposible, dado que por tratarse de Sociedades de naturaleza popular, no puede aumentar el Fondo de Protección por arriba del bancario, son sectores completamente distintos, por algo se obtenían mejores ganancias que la banca no les daba.

El Fondo de protección ninguna relación guarda con el remanente del dinero que se adeude a cada afectado, por tanto se debe cobrar de inmediato.

Con el mecanismo de pago que establezca el Gobierno, se habrá de descontar en las reglas de operación lo correspondiente a este seguro, de quedar alguna cantidad pendiente de pago, también mediante las reglas de operación que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores establezca para pagar a la totalidad de los ahorradores

Mecanismo de pago.

El resarcimiento de daño causado, o sea el pago que el afectado está esperando habrá de emitirse de los trabajos realizados por el grupo plural de trabajo bicameral recientemente instaurado en el Congreso de la Unión, el ahorrador debe tener confianza en que el procedimiento de pago de aquí saldrá, y dependiendo el proceso de pago que se apruebe a la brevedad, siempre y en todo momento deberá prevalecer la protección constitucional a los ahorradores menores, bajo el siguiente esquema de pago:

  1. Pago de seguro de garantía (Fondo de Protección), más
  2. Mecanismo de pago (ver arriba, montos menores), más
  3. Venta de activos y pasivos de la empresa liquidada (montos mayores).

De esta manera y dependiendo el monto que se tenga invertido, habrá de ir cobrando cada defraudado, obviamente los montos mayores quedarán al final, ya en mínimo número y con los abogados más aguerridos y conocedores en liquidaciones.

La probabilidad del doble cobro.

Los afectados deben meditar lo que en realidad habrán de querer promover, dado que al cobrar la cantidad que les ha sido defraudada, por cualquiera de los métodos que el Gobierno tiene la obligación de implementar, entonces ¿tendrá la capacidad o la voluntad de continuar el proceso de reclamación patrimonial?.

Habrá que verificar muy bien, con sus abogados, si de cobrar la inversión defraudada por la vía del mecanismo de pago establecido por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y no por la vía de Reclamación Patrimonial, también deberán pagar algún honorario.

La víctima debe tener cuidado en la presentación del reclamo patrimonial, dado que el artículo 10 de la LFRPE establece que los entes públicos tendrán la obligación de denunciar ante el Ministerio Público a toda persona que directa o indirectamente participe, coadyuve, asista o simule la producción de daños con el propósito de acreditar indebidamente la Responsabilidad Patrimonial del Estado o de obtener alguna de las indemnizaciones a que se refiere esta Ley.

Lo anterior, en virtud de que, si el Congreso en los próximos días establece la mecánica de pago para montos menores, y cobrando el dinero en su totalidad cada uno de los afectados menores, ¿todavía existirá daño patrimonial?, o ya se deberá interpretar como resarcimiento de daño.

Si se interpreta como resarcimiento de daño, entonces, habrá sido por motivo de la reclamación que costará un honorario al afectado, o por conducto de la emisión de reglas de operación establecidas de manera gratuita por el Gobierno.

Responsabilidad civil, social, administrativa y penal.

Fincar responsabilidad penal en los responsables es algo que no deben perder de vista los afectados y si bien es cierto que fincar responsabilidad cualquiera que sea en la CNBV, la CONDUSEF, la SHCP y/o la Procuraduría General de la República, guarda estrecha relación con cada uno de las vías que se han tratado arriba, es más cierto que se trata de acciones legales completamente distintas.

Fincar responsabilidad en una autoridad, significa imponer sanciones monetarias e inclusive, destitución en sus funciones y limitación de trabajos administrativos por cierto tiempo, aquí es donde el ciudadano afectado debe concentrar su atención para evitar que vuelva a suceder este tipo de errores en la administración publica federal.

La mejor manera de fincar responsabilidades es presentando quejas ante la Secretaria de la Función Pública, al través del órgano interno de cada dependencia, ante la contraloría de la federación y ante la Procuraduría General de la República, se trata pues, de multas que se imponen a la autoridad responsable y no coartan para nada, el derecho de seguir reclamando la devolución del dinero, como si sucede en la reclamación patrimonial.

La denuncia penal sea por fuero común o federal, son la mejor arma para poder fincar responsabilidades, es mediante una denuncia presentada por un conocedor en la materia y en contra de quien o quienes resulten responsables de los delitos derivados por la pérdida de inversión o ahorro.

En resumen:

El reclamo por Daño Patrimonial, arrojará, de acreditarse, la indemnización por daño causado, no necesariamente es el monto invertido. No tiene costo, es individual, y no guarda formalidad alguna para presentarlo. Es de carácter administrativo, personal y completamente gratuito, la colectividad se interrumpe cuando uno solo de los afectados de un mismo daño, no participa en el trámite conjunto, por tanto, deberá promoverse de manera individual.

El mecanismo de pago, lo implementa el Gobierno Federal mediante reglas de operación, es gratuito y establece la forma y términos en que la mayoría de los afectados obtendrá su dinero defraudado. Es público.

Responsabilidad civil, social, administrativa y penal, arroja la imposición de multas, sanciones y destituciones en el funcionario público responsable, se promueve por separado, y ninguna relación guarda con el pago por daño patrimonial.

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