Fraudes por Cooperativas de Ahorro y Préstamo impiden crecimiento económico en Oaxaca

Por Mario Herrera.

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En Oaxaca se estiman más de 74 mil familias afectadas por fraudes cometidos por Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo conocidas como SOCAP, causando un detrimento patrimonial de más de 7.5 mil millones de pesos, lo que se traduce en problema de seguridad estatal difícil de resolver.

Desde finales de 2008 empresarios cooperativistas apoyados por un marco legal a su medida, defraudaron a miles de familias campesinas, jornaleros y migrantes que confiaban su dinero en sus empresas bajo la modalidad de ahorro, préstamo e inversión, sin la más mínima garantía de que habría de devolverse sus dineros al ahorrador.

Ya anterior al 2008 se sabía de casos aislados sin mayor relevancia porque el Gobierno federal ocultaba información financiera de los ilícitos dado que atrás de cada fraude se encontraban políticos, funcionarios, partidos políticos y empresarios de renombre, así como sucedía un fraude el FIPAGO pagaba inmediatamente y nadie se detenía a indagar donde quedaba la totalidad del dinero perdido.

El FIPAGO, Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, solo cubre una pequeña parte de quienes perdieron sus ahorros, por tratarse de un sector popular, por cada peso perdido el Gobierno Federal solo cubre 70 centavos, el otro 30% lo canaliza en responsabilidad al ahorrador y se lo descuenta.

Además la Ley de FIPAGO es discriminatoria al poner como tope máximo de cobro la cantidad de 169,000, es decir que si tienes un millón de pesos ahorrado en una caja de ahorro, porque ninguna ley lo prohibe, en caso de desaparezca ese millón de pesos, el Fideicomiso solo te cubrirá hasta 169,000, y si tienen 5 millones ahorradores solo te cubre hasta 169,000.

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Las cajas de ahorro patito se establecen estratégicamente donde la autoridad financiera no podrá tener acceso por ningún medio, principalmente en las montañas y sierras que no cuentan con caminos para llegar en auto.

Recordemos que el 100% de funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de valores, de la Secretaría de hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y de Fipago, son personas de muy alto nivel educativo y social, su condición elitista no les permite utilizar ni autobús, ni zapatos propios de caminos terrosos, motivo por el cual que si su labor es supervisar en zonas desprotegidas o marginas, simple y sencillamente no van, en consecuencia al no supervisar estas cajas, estas actúan sin restricción legal alguna.

Una comunidad marginada del resto de la sociedad, donde solo se consumen productos de la región, no existe red celular y menos aún Instituciones Bancarias, pero si recibe remesas de familiares trabajando en el extranjero, no tiene otra opción para “ahorrar” lo poco que le sobra, más que en una caja de ahorro.

El ahorrador no sabe distinguir entre una cooperativa legal y una apócrifa, no sabe distinguir entre un 2% de interés mensual o un 22% de interés anual sobre saldos insolutos, el ahorrador pobre que no sabe leer ni escribir, y tampoco sabe hablar español solo quiere saber donde habrá de producir más y mejor su dinerito.

Es así como el avaricioso administrador de la caja de ahorro, apoyado de un ejercito de gente con buena labia y comisiones atractivas por venta, convence al socio de invertir sus ahorros prometiendo el pago de suculentos dividendos.

Esta operación se repetía una y otra vez todos los días de la semana, en lugares donde ni la propia autoridad conocía.

Cuando el sagaz administrador mantenía en sus bolsillos una suma considerable de dinero, habría una sucursal más grande, en la cabecera municipal del pueblo, se compraba una camioneta de lujo y apartaba su guardado para colegiaturas y vacaciones de los hijos, se incluye esposa, y dos familias más.

Hasta aquí, no hay todavía hoy en día, ninguna autoridad que impida este proceder, las fiscalías se hacen de la vista gorda, las autoridades municipales se escudan en que es un problema del estado, el estado se justifica con que es problema federal y el federal no actúa hasta que la fiscalía del estado y la autoridad municipal no les hacen del conocimiento un ilícito, perfectamente integrado.

Un negocio redondo para quienes aperturaron cajas de ahorro durante los años 2002 al 2009.

Con la entrada en vigor de la bizque nueva Ley regulatoria de las cajas de ahorro, LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, conocida como RASCAP, se suponía que se terminarían por fin los delitos cometidos en contra del ahorrador, que se pondría en cintura a los mafiosos cooperativistas y que en definitiva crecería la economía popular donde prevalecían las cajas de ahorro, más no fue así.

Fue justamente con la entrada en vigor de la RASCAP que comenzó la epidemia delictiva en Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y bajo una misma línea que era la de robar todo lo que se pudiera, surgieron defraudados por todos lados, en un efecto dominó, los estados más afectados, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosi, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca.

Tan solo en estos estados se calcula un detrimento patrimonial total de más de 30 mil millones de pesos, en más de 280 mil familias ahorradoras.

Si la idea era crecer las finanzas personales de la gente pobre, hoy en día, luego de que ni el Gobierno de Ulises Ruiz, ni el de Gabino Cué y por lo que se ve el de Alejandro Murat, han perdido toda esperanza de seguir ahorrando, ya no hay confianza en Cooperativas de Ahorro y Préstamo, han comenzado a sacar su dinero de ellas para volverlo a colocar debajo del colchón que es el lugar más seguro para ellos.

Si las autoridades en sus 3 niveles de Gobierno siguen parcas y omisas en el tema de fraudes por cajas de ahorro, el campesino que sale a vender sus verduras o el artesano que sale a ofrecer sus creaciones y el migrante que manda su dinero al pueblo, no tendrán donde ahorrar, no podrán tener acceso a la banca social y por consiguiente, no prosperará las finanzas de su localidad, no hay crecimiento económico.

El dinero en la bolsa o en el colchón no produce, y con el tiempo pierde su valor.

Se ha perdido toda credibilidad en los gobiernos que no actúan contra los delincuentes que han robado su dinero, que se pasean por las calles o que comen en la misma mesa que el político que ofreció ayuda para la recuperación de ahorros.

El defraudado ha perdido toda la confianza en los legisladores, todos, quienes en los meses de campaña juran y juran que serán la voz del defraudado y que por ellos se les habrá del devolver el 100%, sin tener conocimiento del tema; cuando llegan a la curul, el débil defraudado tiene que hacer antesala por lo menos de unas 3 horas para que el achichincle del secretario técnico, del privado, del personal del Diputado o Senador salga a decirles que no será posible que se le atienda porque el legislador “está muy ocupado con otras personas”.

Comunidades enteras en regiones de Oaxaca viven de los ahorros de la caja, las fiestas patronales salían de ahí, las construcciones de Iglesias eran apadrinadas por los caciques dueños de cajas, los mejores grupos musicales de talla nacional tocaban en las casas de quienes administraban una caja de ahorro, algunos suelen llamar propietarios, pero no lo son.

Al no intervenir la Autoridad, surgieron gestiones, políticos, líderes y abogados que no obstante la pérdida patrimonial de estas familias, cobran por la gestión de recuperar el dinero entre el 20% y 30% de lo perdido, con un adelante de entre 5,000 y 10,000 pesos para la demanda que no habrá de prosperar, porque el trámite ante FIPAGO es completamente gratis y no se requiere de la intervención de abogados o gestores.

Todas estas atrocidades  son por las que ha atravesado el defraudado, sin tomar en consideración que la gran mayoría de ellos, invirtió el 100% del dinero que reunión de la venta de terrenos, de ganado, de parcelas, invirtió el 100% de liquidaciones laborales o jubilaciones, ahorraron la totalidad que de dinero en remesas enviaron sus familiares del extranjero por espacio de hasta 15 años de trabajo, los despelucaron por completo, los dejaron en la calle, sin casas, sin trabajos, sin tener para comer.

A pesar de que el ahorrador ha cumplido con todas las exigencias de ley por más de 7 años de papeleo, y de que el mismo FIPAGO ha advertido que cuenta con más de mil millones de pesos para pagar de manera inmediata, el Gobierno de Oaxaca se niega a dar cumpliendo al convenio de pago propuesto por FIPAGO.

Si el Gobierno de Oaxaca no resarce el daño en estas familias defraudadas en los próximos meses, el número de muertes y enfermedades crónicas se disparará y se convertirá entonces en un problema de seguridad nacional, aumentarán las deudas contraídas por defraudados para mantenerse y los tribunales seguirán recibiendo demandas para embargar los pocos bienes que les quedan.

Estamos hablando las familias que mantenían una economía solidaria cómoda y que eran las que movían las finanzas de su localidad dentro de lo que su pobreza les permitía, pero esas familias ya no existen, se robaron sus ahorros y ahora esas comunidades han decaído por completo en sus actividades económicamente activas, los fraudes cometidos por Cooperativas de Ahorro y Préstamo impiden el crecimiento económico.

Hasta que no se comiencen a matar entre familias por haber decidido invertir en una caja de ahorro sin el permiso o autorización del dueño de los recurso, y hasta que los defraudados comiencen a hacer justicia por propia mano en contra de los responsables o quien se considere responsable por la nula intervención de la autoridad, será cuando el Gobierno decida pagar, ojalá y no sea para entonces, ya demasiado tarde.

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