Ficrea, una historia sin fin bien planeada

El fraude perfecto

IMG_7884

En noviembre de 2014, el país se cimbró con la noticia más desastrosa en materia de finanzas populares y es que una de las principales SOFIPOS (Sociedad Financiera Popular) una de las más ‘fortalecidas’, era intervenida por la CNBV por malos manejos, aunque no fue (desvió de fondos) lo que de inicio reconoció la Bancaria, dejaba de operar así nada más de la nada y ante la incredulidad de sus mismos socios, no se daba crédito a ello.

El fraude fue perfectamente maquinado entre el socio mayoritario Rafael Antonio Olvera Amezcua y el Estado desde el 27 de junio de 2008, en que se concedió la autorización para que Ficrea operara, se disfrazó el fraude, de quiebra.

Se hablaba de más de 8 mil millones de pesos en pérdidas, nadie conocía la cifra exacta o mejor dicho, solo quienes anticipadamente (meses atrás) supieron del suceso, conocían el monto real defraudado, los nombres exactos de quienes ahorraban e invertían en esa empresa y pudieron con todo tiempo repartirse el botín, y por ahí siguen sin temor alguno, otros huyeron con los bolsillos bien llenos, se acomodaron en sus mansiones y viven sin contratiempo.

Hasta ahora, la verdad se sabe a medias y así será por siempre, porque es el Sistema Político el responsable absoluto de este magno ilícito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la misma CONDUSEF, fueron rebasadas por completo en su mandato constitucional de vigilancia, corresponde al ejecutivo la rectoría financiera y ante su inútil actuación revisora tuvieron que reconocer públicamente su nula participación preventiva, digan lo que digan.

Comenzaron entonces a surgir líderes entre los mismos socios, abogados astutos y hasta legisladores que se hicieron pasar por peritos en la materia basando su ilustre conocimiento, en el único caso similar hasta ese momento, Mexicana de Aviación.

Diputados, Senadores y políticos diversos de todos los partidos políticos le entraron a la defensa (gestión legislativa) de los ahorradores populares, vociferaron que la responsabilidad absoluta era Gobierno Federal, gritaron en los medios y en tribuna que pagara de inmediato al cien por ciento; nunca antes en la historia de tranzas financieras del País un legislador había defendido tanto la economía de los pobres, se trataba pues, a la luz inmediata del legislador en turno, del fraude más escandaloso en la economía solidaria, poco se conocía de que se trataba de los pobres más adinerados de México ubicados en las principales megalópolis Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Con el paso del tiempo, los mismos legisladores fueron enterándose de quienes estaban detrás del tema, artistas de televisión, políticos, magistrados, presidentes municipales, legisladores y principalmente funcionarios públicos de todas partes, formaban parte de la relación de socios pobres en esta SOFIPO por lo que recibieron instrucciones de arriba, para hacerse a un lado unos y otros que suscribieran un documento que hicieron llamar #LeyFicrea.

El desconocimiento e ignorancia del congresista en materia economía social, por ser tema fresco, los llevó a presentar un reforma al estilo priista para modificar la totalidad de “las” legislaciones relativas al Ahorro y Crédito Popular y sus supletorias.

La idea del Ejecutivo Federal era terminar muy anticipadamente con la operación de todas aquellas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como las comunitarias y las populares que no eran del agrado de Gobierno Federal y que ya traían historia cuestionable, según la Secretaría de Hacienda, borrar del mapa a las pequeñas y minis y establecer un solo monopolio comandado con 2 o 3 empresas fortalecidas y únicas. Hacer más poderoso al poderoso.

Se hizo creer entonces que la responsabilidad de los fraudes estaba en los malos administradores de las sociedades, se negaron a reconocer que la CNBV no podía o no quería atender la problemática que todavía existe por falta de infraestructura y personal calificado, también por falta de ganas de querer hacer las cosas.

Se intentó en esa denominada Ley Ficrea meter en un solo costal a todas las sociedades y financieras no reguladas o en proceso de regulación para que no cometieran el mismo pecado de Ficrea, cuando desde hace más de 12 años los fraudes en cajas de ahorro han llevado a una perdida patrimonial de más de 25 mil millones de pesos a más de 250 mil familias en México, pero de esto ningún legislador se pronunció en su momento. Son gentes más pobres que las pobres de Ficrea.

Representantes y líderes de más de 9 millones de ahorradores activos sumaron maravillosamente esfuerzos y se logró detener en el Senado esa intentona de dilapidar el patrimonio de los más débiles, aún y cuando se sabía que se perjudicaba la aprobación del mecanismo de pago para defraudados Ficrea.

La medalla que Enrique Peña Nieto quería colgarse se fue a la congeladora en mayo de 2015 y ahí en los archivos del Senado sigue, con sus repercusiones desfavorables para la Reforma Financiera porque ya quedó renga en este apartado, y donde nuevamente era ventilada la exclusión social y financiera de los grupos vulnerables que no cuentan con una Institución bancaria en su comunidad ni tienen posibilidades ni de ahorrar ni de invertir.

Con esa maquiavélica jugada en el congreso (Ley Ficrea) Luis Videgaray pretendía, poner fin a las acciones ilícitas cometidas por todas las cajas de ahorro, las sofipos, las sofincos y hasta las mismas sofomes y sofoles, pero sin someter a debate, consulta, ni opinión a los principales personajes a quienes les paraba perjuicio esa modificación legislativa, eso indignó a cooperativistas diversos.

El sector popular se solidarizó y se unió para tumbar esa iniciativa de reforma, ante los ojos de los afectados por el fraude Ficrea, quienes no daban entendieron jamás del porqué “las cajas de ahorro” estaban en su contra.

Se echó para atrás el prospecto de Nueva Ley de Ahorro Popular por medio de la cual se aplicaría un mecanismo de pago hasta por un millón de pesos por persona de manera inmediata y con fondos de una subcuenta del Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, pero también matando miles de pequeñas empresas que ninguna culpa tenían del aberrante descuido de la Bancaria.

Falsa promesa de inversión.

… Y es que cuando se supone que daría a ganar miles de pesos así sin hacer nada (réditos – intereses), jamás se dieron cuenta (no leyeron) que en la operación artera intervenían diversas empresas para transferir fondos de una a otra, (se supone que esas sociedades eran también inherentes a Ficrea), la responsabilidad es de la Autoridad.

Así el modus operandi del defraudador o defraudadores, en la trasferencia de dineros entre una empresa y otra, por tanto responsables también o son las unidades de fiscalización tanto de Hacienda como de la PGR, ¿cómo es posible que en tanto tiempo (años) jamás se percataron del desvío de fondos o “lavado de dinero” que se operaba al interior de la empresa?.

Se supone que se trataba de una empresa auditada, vigilada, supervisada y verificada por la CNBV y su Federación, pues entonces esas operaciones y documentación “se supone” estaban autorizadas por el Gobierno Federal, y no existía riesgo alguno, ¿qué fue lo que pasó?.

Al estar autorizadas por el Gobierno, en obvio de razones no tendría porque haber sospecha de que se trataba de un acto ilícito. La culpa se traslada una vez más a la SHCP y a la CNBV.

Si la obligatoriedad de supervisión está en la CNBV, es quien tiene que responder por el acto fraudulento, de esta manera al día siguiente de declaratoria de intervención la PGR debió proceder penalmente en contra de los titulares de la SHCP, de la CNBV y de la propia CONDUSEF sus directores y mandos medios, por atentar todos, contra los intereses de la población y haber permitido la consumación de un acto delictivo, pero no, nadie fue a la cárcel y nadie hizo nada al respecto, así siguen cometiéndose además del de Ficrea, fraude tras fraude.

Pues bien, ¿a 19 meses del trágico episodio, que ha pasado?

La incertidumbre, avaricia, desconcierto e ignorancia entre la masa ahorradora pululaba, nadie sabía por donde pero no se dejaban ayudar. Se prefirió contratar los servicios de las firmas de abogados más prestigiados de México, ninguno resolvió el problema.

Abogados y líderes sagaces se jalonearon a los más posibles incautos socios, inventando cualquier pretexto legal para saberse la mejor opción en la “recuperación” del adeudo.

Líderes poderosos (eso decían), hicieron creer una amistad antaña con legisladores y que por ello les darían la solución, falso.

Legisladores hicieron lo que todo político hace, pavonearse de ser el representante legislativo conocedor y experto en el tema, le gritaban al Gobierno Federal que les pagara a los de Ficrea, nada lograron con ello.

Lo que si se reconoce, son las ganas de los afectados por recuperar el dinero y hasta famosos se hicieron en programas de televisión y radio, aduciendo acciones que, en su calidad de únicos representantes (a según), tomarían en los próximos días, acciones que lejos de ayudar a sus iguales, los hundieron más de lo que ya estaban.

Grupos y grupos de defraudados surgieron en las principales y más poderosas ciudades del País, todos con su respectivo abogado o líder, separados, desunidos y desconfiados unos de otros, nunca hubo unión.

Tiempo valioso se perdió, más de un año de manifestaciones absurdas, marchas sin sentido alguno y sin una petición formal, eso si, respetuosos y pacíficos, pero errando el camino; asoleándose de un lugar a otro y, descuidando lo que desde noviembre 2014 las autoridades y el interventor nombrado conocían perfectamente: LOS ACTIVOS de la empresa.

De erogaron miles de pesos en litigantes para dar inicio a las acciones legales, ninguna de ellas prosperó, una sola de ellas no se logró, pero se gastó lo que se tuvo.

El afectado Ficrea se preocupaba más por los líderes quienes los representarían, o por quienes estaban atrás del problema, culpando más a todo mundo de su problemática, que por vigilar lo que les daría la devolución de lo perdido, pedían la urgente detención del primer, [vuelvo a escribir] primer, responsable Rafael Olvera Amezcua, ya se dijo que, solidariamente también lo es la CNBV y la SHCP; les preocupaba más qué ése decía o qué se sabía por tuit, por face o por las redes sociales, quitar al que estorbaba o en que periódico aparecían, que iniciar la vía idónea. Muy mal.

Como si por el número de veces que parecían en radio y televisión les diera poder para que les devolvieran su dinero, o si por el hecho de enemistarse con un periodista o familiar de Olvera, les diera más facultades para cobrar primero, o la mejor, como si lograr la aprehensión del autor material del fraude les fuera a agilizar la devolución de su dinero.

Al desviarse por completo a de esta última tarea, oficiosa de la PGR, descuidaron lo más importante, los activos.

Hoy Rafael se debe estar regocijando de que todo le haya salido a pedir de boca.

La intención inmediata de la mayoría de los afectados era que el Gobierno Federal pagara de inmediato lo que les robo […], pero con pleno desconocimiento de lo que la ley vigente establece para poder lograrlo.

El procedimiento de ley pasó a ser la última vía opcional para el defraudado que quería ver su dinero completo al momento de la quiebra, sin entender que fue precisamente el procedimiento de ley, el que les resolvió prácticamente el problema al través del Concurso Mercantil, basado en las disposiciones para ahorro y crédito popular y para Sociedades Financieras. Lamentable pero así resultó.

Por tratarse de una Sociedad Financiera Popular su regulación es “especial”, es decir, que se rige por una normatividad única, justamente creada para esa Sociedad y sus actividades, esto tampoco quisieron aceptarlo los afectados.

Por tratarse de un ordenamiento especial y vigente, la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), entonces sobre esta norma recae todo el procedimiento de pago en caso de fraude, pago de seguro de deposito y mecanismo de pago y nada más; al ser cantidades mayores, se aplica de manera supletoria la ley procesal acorde al tema, pero nunca una ley diversa.

La gente creyó que el Estado tenía una bolsa de dinero guardada y solo estaba esperando que se conociera la desgracia de Ficrea para pagar lo robado, no, eso jamás, todo lleva un procedimiento a seguir y en aquel tiempo, este escritorio (único) recomendó dar inicio al Concurso Mercantil que sería el punto de partida para que una autoridad jurisdiccional tomara cartas en el asunto y se ordenara el aseguramiento de los activos. Nadie acató la recomendación.

Lo del Concurso mercantil, se planteó cuando se sabía la existencia de por lo menos unos 7 u 8 mil millones de pesos probables para pagar a acreedores, alcanzaba perfectamente, entre bienes muebles, inmuebles, carteras, cuentas por cobrar, factoraje, entre otros. Se esfumó esa posibilidad.

Luego de la última subasta realizada por el Juez concursal, da coraje que por el tiempo perdido se estima que se haya disipado más del 50% de activos que existía.

Este escritorio propuso también la creación de un ‘mecanismo de pago’, tal y como lo establece la Ley para los casos en que supere las cantidades que por seguro de deposito se paguen, mecanismo de pago que se iba logrando poco a poco con la ayuda e intervención de muy buenos y leales Senadores y Diputados, funcionarios de la bancaria y de hacienda, todos arrastrando lápiz.

La tarea legislativa se hizo y de ese mecanismo de pago colgaríamos más de 25 mil millones de pesos para, se calcula, más de 250 mil defraudados por cajas de ahorro que también tienen el mismo derecho de cobrar que los afectados por Ficrea, por los fraudes de que fueron objeto, exactamente en las mismas condiciones, montos y tiempos, ya que no puede haber mexicanos de primera ni de segunda. Si el responsable es el Estado que pague pero conforme a derecho a todos por igual, todo.

Poco más de 4 mil socios cobraron el denominado seguro de depósito al cual tienen derecho todos los ahorradores de la Financiera y que permitía la indemnización de hasta 25,000 UDIS  ($131,500.00 pesos aproximadamente) contra los saldos de cada ahorrador.

Sin embargo, continuaba la ignorancia entre los grupos de poder en los defraudados de la sociedad, algunos advertían que, el seguro de deposito era una “trampa” para conceder el perdón pronto a los responsables, otros argumentaban que ese dinero (seguro de deposito) serviría para callar bocas, otro más gritaban en los medios de comunicación que los “abogados” recomendaban que nos se cobrara el seguro porque quedarían automáticamente sometidos al Gobierno y ya no habría posibilidades de recuperar el remanente. Falso todo ello.

Lo cierto, es que ese seguro de deposito, se encuentra establecido en la ley como una primera opción de pago, como se supone que es una sociedad de ahorro popular, el legislador, tiempo atrás, estimó que el ahorrador no podía invertir más de 25 mil UDIS, pero tampoco lo prohibió, es por eso que el topo de la protección o garantía de pago establecida por el Gobierno es esta cantidad.

El seguro de deposito, es obligatorio para la mayoría de las Sociedades Financieras y las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, es requisito indispensable para poder operar.

Si se cobra luego de que ha ocurrido un fraude o perdida de dinero, por la causa que haya sido, se paga de manera inmediata, pero no se renuncia a la recuperación posterior de ninguna otra cantidad remanente, ni tampoco se pierden derechos, simple y llanamente se trata de un seguro al que tienen derecho los ahorradores.

Propuso este escritorio que al momento de que cada uno de los socios activos fuera cobrando su seguro de deposito, se colocara una comisión de vigilancia para saber quienes eran los acreedores reales de la sociedad y se buscara desde entonces su anulación total como socio, tal es el caso de los Tribunales de Coahuila y la Ciudad de México, quienes tenían entre ambos más de 150 millones de pesos invertidos. Nada se hizo y estos Tribunales también cobrarán por igual que el resto de socios.

En tratándose de una Sociedad ‘Popular’, no es posible que las instituciones de carácter público encargadas de impartir justicia, intenten obtener lucro a partir de las aportaciones que por pago de derechos hacemos el público en general, eso no es concebible, aunque no existe impedimento para ello, si pudiera encontrarse una justificación legal para pedir su quita de la lista de prelación, lo cual tampoco se hizo.

También se propuso colocar una comisión de vigilancia en la poco confiable investigación y aseguramiento de bienes lograda por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que es sabido que fácilmente en el inter de investigación, mágicamente pueden desaparecer los bienes incautados. Tampoco se vigiló y en efecto, perdieron mágicamente la mayor parte de bienes lujosos, no se sabe donde quedaron.

Pocos, muy pocos fueron los que creyeron que el Concurso Mercantil sería la mejor opción, y ese reducido número de socios se aventuró y corrió el riesgo, el resultado fue un éxito total el trámite concursal, única vía por virtud de la cual se logró frenar la desaparición de activos, tener el número real de acreedores y el monto total deudor.

Ninguna otra vía lo pudo haber logrado, en la inteligencia de que el Concurso Mercantil no tiene costo alguno, es completamente gratuito porque para ello existe el IFECOM, aquí se puede consultar www.ifecom.cjf.gob.mx.

No obstante de que el trámite es completamente gratis y se tiene el apoyo de expertos en el tema independientes a la CNBV y a la SHCP, hubo quien contrató abogados como gestores del trámite, lo cual es respetable, otros más siguieron cegados a letrados oportunistas que se apoderaron de ellos con falsas propuestas de arreglo con tal de ganar millonarias sumas de dinero.

Hoy todos esos despachos de abogados, hacen creer que por ellos se tramitó el Concurso Mercantil, se cuelgan de lo que un pequeño grupo bien realizó, y ahora al trasladar el monto obtenido por el remate de vienes, los oportunistas letrados pasan sus facturas para cobrar los porcentajes contratados. No se vale.

Surgió así un despacho vival que recomendó proceder en contra del Estado […], al través de una ‘demanda’ (así vendió la idea), fincándole Responsabilidad Patrimonial y de esta manera hacerlo pagar el 100% del dinero perdido, más intereses ordinarios, moratorios y hasta el pago de los honorarios de los litigantes.

Entre el 4 y el 8 por ciento según se deje cada uno de los lastimados y se hayan obligado por contrato cobrarán los abogados por cada pago que se le haga al afectado.

Previo a la interposición de queja por parte del despacho, el despacho se embolsó una millonaria cantidad al cobrar por concepto de gastos judiciales (amarre del negocio) 5 mil pesos por persona al momento de la firma de la queja, hagan cuentas si según dicen que se tienen 1,400 contratos firmados.

Hacen creer que se ganará su queja administrativa y que se pagará el 100%, pero como  no se supo como promover ni en donde presentar al inicio, fue rechazada de inmediato por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al no haberse presentado conforme a derecho la queja donde se reclama la Responsabilidad Patrimonial del Estado y siendo negada para su conocimiento por parte de la autoridad hacendaria, el despacho impugnó erróneamente el acto, luego se promovió ante una autoridad superior otra impugnación por la negativa donde se ordena a Hacienda recibir la queja, acto seguido la declaró de improcedente.

A resumidas cuentas, el despacho que prometió recuperar el dinero robado en menos de 3 meses y al 100%, ya lleva casi un año de impugnación en impugnación, siendo negadas todas las instancias promovidas porque como se ha dicho, ninguna de ellas es la adecuada, la única vía procedente es el Concurso Mercantil y nada más.

Siendo respetuosos de las gestiones, porque no es un litigio, promovidas por el despacho defensor del grupo más grande de afectados, cumpliremos con anotar que primero anunciaron con fanfarrias ser patrocinadores de 6 mil defraudados, con el tiempo bajó a 4.4 mil para terminar en 1.4 mil representados y eso en veremos porque se sabe que quienes fueron más inteligentes no firmaron contrato, porque no estaban dispuestos a pagar tan exorbitantes cantidades por no hacer nada.

El despacho tramposo ya se ha adjudicado una victoria no trabajada, y es que ahora inteligentemente se ha metido poco a poco a la resolución del Concurso mercantil, su remate reciente y los pagos que están a punto de concluir en una primera fase, y ha hecho creer el despacho de abogados, que ha promovido el Concurso y que por ellos se ha de recuperar el dinero perdido para cobrar los honorarios.

¿Cual es la intención del despacho?, pues que cada que se vaya pagando a un socio acreedor pasen a la caja de los profesionistas a pagar los honorarios, en caso de que no se pague, el socio deberá cubrir como pena convencional un porcentaje por incumplimiento y todavía peor si no se paga es acreedor a un interés moratorio; nadie sabe para quien trabaja.

Quienes firmaron contrato con el despacho, seguramente no han comprendido o entendido que la recuperación de su dinero robado no será por virtud de ninguna queja por Reclamo de Daño Patrimonial, ni por ninguna otra acción que no sea el Concurso Mercantil.

El Concurso Mercantil es gratuito, existe un Instituto Federal que lo ventila, sin costo alguno, porque hace las veces de auditor – interventor para administrar la empresa y pagar a acreedores.

El Concurso Mercantil lo interpuso un reducido pero muy estratégico grupo de defraudados comandados por abogados que supieron como lograr que se admitiera la demanda, supieron por donde y han logrado hasta ahora, encaminar un muy buen proceso, lamentablemente si volvemos los ojos atrás con todo lo arriba anotado, se promovió demasiado tarde.

A pesar de que ha sido un reducido grupo el que lo promovió, terminarán todos, por ley, cobrando en la misma intensidad, condiciones y porcentajes proporcionales, todos por igual, ni uno menos, ni uno más.

Hoy las cosas han cambiado en perjuicio patrimonial de los defraudados y se han cumplido por desgracia todos los vaticinios dados, pero no está del todo perdida la inversión, si de manera estratégica saben interpretar los hechos, los guerreros ahorradores, se darán cuenta que probablemente con otro poco de paciencia, más todavía, tendrán de vuelta, sumando acciones, gran parte de su dinero perdido.

¿Que sigue?

Olvidarse del tema de Responsabilidad Patrimonial del Estado, eso les está restando tiempo dinero y capacidad de actuación en lo que realmente vale la pena en adelante, que es concentrase en acelerar los procesos de adjudicación de activos, todos.

Se tienen más de 600 millones pesos derivados de la venta de activos propiedad de cada uno de los socios y solo tendrán derecho a su reparto quienes se encuentren en la lista definitiva del Concurso Mercantil, y que hayan cumplido cabalmente con los requisitos de ley.

Luego, algo que se han olvidado los acreedores es la cartera de créditos colocados por la SOFIPO y que tiene en su poder Nacional Financiera; en un inicio se advirtió de esta cartera porque representaba la mayor parte del dinero de los afectados, se hablaba de más de 4 mil millones de pesos colocados, entre capital e intereses que cada deudor debía pagar.

Con el paso del tiempo y por no haber puesto atención a este rubro, se sabe que hoy se ha dilapidado más del 50% de esta cantidad, dado que al no haberse gestionado a tiempo las acciones legales se permitió que quienes recibieron créditos por parte de Ficrea en su momento, hoy en día se hayan desaparecido y no se tenga donde localizarlos.

El listado total y definitivo de socios a pagar ya no puede tener modificación alguna, la misma gente que cobró en una primera fase, deberá ser quien cobre hasta el final, ni más ni menos.

La cartera en poder de Nacional Financiera debe obrar también como parte integral del Concurso Mercantil por tanto el Juez Concursal puede ordenar las medidas necesarias para obligar a entregar todo tipo de información desde que Nafin se hizo cargo de la misma; casi puedo asegurar que de este rubro pueden, inclusive, recuperar hasta un 60 o 70% al final los defraudados, si bien se hacen y promueven las cosas.

Con el 10.16 por ciento recibido con motivo de la primera subasta realizada en el Concurso mercantil y que representa apenas la décima parte de lo perdido, más el seguro de deposito, quien lo haya cobrado, ya tendrán por lo menos el capital necesario para hacer frente a sus necesidades en los próximos días, ya no habrá entonces daño porque ya recibieron una parte del dinero en resarcimiento.

Si un acreedor ya recibió su resarcimiento, entonces ya se ha cubierto parte del daño causado por el fraude, y si esto ocurrió entonces los responsables quedarán librados de todo mal.

El Concurso Mercantil pues, terminará resolviendo un problema que se creía imposible, en el porcentaje que sea por las cantidades que resulten.

Se les ha hecho creer a los afectados que el despacho de abogados con o sin queja promovida deberá pagar, porque como lo anunciamos en su momento, se firmó una cláusula mediante la cual se establecía que si por cualquier vía o forma el Gobierno devolvía el dinero, el defraudado debía cubrir entre el 4 y el 8% de honorarios.

El pago derivado del Concurso Mercantil entra en esta hipótesis, por lo que a pesar de que el grupo de abogados no haya intervenido y no haya hecho nada y que solo haya sido un grupo minoritario de socios el que se atrevió a promoverlo, deberán cubrir los honorarios del despacho, porque si no es por una es por otra, pero el despacho siempre ganará millones de pesos por no hacer nada.

Por último, están las propiedades aseguradas o disque aseguradas por la Procuraduría General de la República (PGR), sabemos como se las gasta esta dependencia por lo que no será de extrañarse que se invente un sin fin de justificaciones por las cuales no su pudo asegurar o edificios o mansiones o yates o cuentas bancarias, ya que en el ínter del trámite, cambiaron 2 o 3 veces de dueño o simplemente ya pasaron a manos de terceras personas.

No obstante ello, es considerable tener en cuenta lo incautado por esa Institución y mucho cuidado deberán tener las víctimas del fraude en exigir a la Procuradora que entregue un informe pormenorizado de todo lo que se sepa perteneciente a Ficrea.

El Juez lo puede todo y de las partes dependerá la viabilidad del éxito que se tenga en este apartado.

Mención aparte y sin ser menos importante, es la que merece Rafael Olvera Amezcua, quien a partir de la promoción del Concurso Mercantil y una vez que se liquide a la totalidad de los afectados no tendrá responsabilidad, ni culpabilidad alguna, así como lo conocieron, así caminará campantemente por las calles sin que pueda ser procesado porque el Estado ha cubierto el pago a los dañados por conducto del Concurso Mercantil. Pregunten a sus abogados y verán que esto es cierto.

El Estado tampoco tendrá responsabilidad alguna una vez cubierto el último de los pagos posibles dentro del Concurso Mercantil, porque se habrá resarcido del daño a los defraudados, si se decretó la quiebra no hay responsables, solo fue un mal momento financiero en la empresa; lo cual nadie, absolutamente nadie ha procesado, si se recibe un dinero en pago, ya no habrá culpables, con esto se desvanece por completo la historia novelesca del reclamo por la supuesta Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Este escritorio subraya y siempre señalará, una culpabilidad absoluta del Gobierno Federal por conducto de la SHCP, la CNBV y la misma Condusef, si la hay, si son responsables no solamente financieramente, sino política, social y penalmente por poner en riesgo el patrimonio de la ciudadanía ahorradora, máxime que se trata de la más vulnerable por ello se encuentra en el sector “social”, pero si por popular se entienden ahorros por arriba de los 10 millones de pesos o de los 100 millones por parte de Instituciones Públicas, entonces todo está mal.

Ni es la vía y forma para reclamar la Responsabilidad del Estado la promovida indebida, inútil y falsamente por los abogados, ni por virtud de ésta recuperarán su dinero.

O…, será que tendrán que esperar varios años más, hasta que alguna autoridad se apiade del despacho de abogados y por lo menos le dé entrada a su reclamo, más claro no puede estar, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le hado un palo más a los abogados a quienes se les han acabado las excusas o pretextos para responsabilizar a los órganos (SCJN) que dudo mucho atraiga un caso que le corresponde conocer a la autoridad bancaria, porque no es de su competencia.

No será que también se ha perdido un tiempo valioso porque hasta ahora ningún abogado en el País, uno solo, no ha obtenido la devolución de ahorros en un afectado por la vía judicial, nadie lo ha logrado, tal vez se hayan obtenido sentencias favorables, pero todas encaminadas a exigir a las autoridades bancarias que cumplan con su obligación de pago, es decir, que a pesar de que todo el trámite procesal se haya bien ventilado ante un Tribunal sea del fuero común o del federal, el resultado siempre será la canalización inmediata a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y así por siempre.

Eso si, entre que se le hace creer al defraudado que se intentará una nueva acción ante una autoridad superior y entre que el defraudado no entiende nada del procedimiento, los inteligentes abogados, sin hacer nada se embolsan cada que se les pega la gana, sumas millonarias a costa del pobre bolsillo de los socios defraudados.

Me gustaría estar equivocado, y ser el principal errado en todo, y que salgan victoriosos todos los defraudados que han comprado un abogado para demandar al Estado, me gustaría que cobren no solo el 100 por ciento sino todo lo que se pueda, me gustaría en verdad, porque de esa manera se sentaría un muy buen precedente para casos análogos, pero lamentablemente tantos años de defensa a defraudados populares me dan la razón cuando de abogados, líderes o representantes abusivos de estas víctimas se trata, siempre.

Habrá más todavía por cobrar en el defraudado mucho más, por tratarse de una SOFIPO, no se renuncia jamás a ningún derecho de cobranza del dinero invertido y robado hasta no recibir o el total del dinero, o bien, hasta demostrarse que ya no existe activo alguno que asegurar y rematar.

Pueden darse tantos remates se quieran con los activos que se encuentren, a diferencia de una caja de ahorro que solo tiene una sola oportunidad hasta por 240 mil pesos aproximadamente por parte del fipago.

Los socios Ficrea deberán decidir si su intención es ver en la cárcel a los responsables cualquiera que sea, o recibir el resarcimiento de daño, la moraleja que nos queda a todos es, saber escuchar, entender y comprender la Ley antes de firmar cualquier documento por medio del cual se comprometa nuestra patrimonio.

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo COLUMNA

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s