1,500 empresas diversas operan como cajas de ahorro en México

Por Mario Herrera

Abogado y activista social en Oaxaca.

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Se estima que que en México, aproximadamente unas 1,500 empresas constituidas la mayoría en Sociedad Anónima han operado y siguen operando exactamente igual como lo hace una caja de ahorro, es decir, captan recursos del público al que llaman cliente o socio, para supuestamente destinar el dinero a favor de ellos mismos, cuando están impedidas para ello.

Una Sociedad Anónima es aquella que existe bajo la denominación S.A. y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones, según el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, más nunca para captar recursos como Cooperativa de Ahorro y Préstamo, motivo por el cual están impedidas para operar como SOCAP, según la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y su reglamento.

Entre las empresas que operan similares a una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SOCAP), están Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL) e inclusive comercios dedicados a la venta de productos diversos y hasta Inmobiliarias.

Estas empresas están impedidas para captar recursos del público ahorrador como si lo fueran cajas de ahorro, así como también están impedidas para dar préstamos y créditos de cualquier especie, haciéndolo, estarían violando lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y sus afines, pero ninguna autoridad ha tenido los tamaños para pararles un alto.

A pesar de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, están obligadas a actuar con todo el rigor de la ley cuando de estas prácticas delictivas se trata, jamás lo han hecho y por el contrario siguen permitiendo que se multiplique el negocio causando gravísimos daños en las familias de escasos recursos.

La Comisión debió haber actuado en consecuencia muy a tiempo y haber evitado esta catástrofe financiera en las familias pobres, debió implementado los operativos necesarios para impedir este tipo de prácticas ilícitas, obligación que tiene según le ordena el artículo 4, fracciones I, XVI y XVII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que establece:

Artículo 4.- Corresponde a la Comisión:

  1. Realizar la supervisión de las entidades financieras; del fondo de protección a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; de las Federaciones y del fondo de protección a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las Leyes relativas al sistema financiero.

XVI.- Investigar aquellos actos de personas físicas así como de personas morales que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables;

XVII. Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevea en las leyes, la negociación, empresa o establecimientos de personas físicas o a las personas morales que, sin la autorización correspondiente, realicen actividades que la requieran en términos de las disposiciones que regulan a las entidades del sector financiero, o bien proceder a la clausura de sus oficinas.

La autoridad reguladora, en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligación de supervisar, investigar y ordenar la suspensión de operaciones de aquellas personas diferentes a una Entidad Financiera o Cooperativa y que realicen actos exclusivos de de estas sociedades, al no cerrar las puestas de estas empresas, entonces conlleva una responsabilidad de carácter penal en la Autoridad Reguladora por la magnitud de la problemática generada en perjuicio de miles y miles de ahorradores populares.

Al no llevarse al cabo esa supervisión, se está entonces, atentando contra la seguridad jurídica de las personas lo que se traduce violatorio de las garantías individuales consagradas en el artículo 25 constitucional.

Ante toda esta responsabilidad del Estado y resultando inútil su actuación de regulación, supervisión y verificación, se debe trabajar en una inmediata modificación de la norma exclusiva de fraudes cometidos por de las Sociedad Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la Ley FIPAGO, y ampliar esta consideración para aquellas empresas diversas de las cajas de Ahorro, con independencia de las acciones que ejerzan las víctimas de este delito.

La actual Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, establece que:

ARTÍCULO 7º.- Las Sociedades Objeto de esta Ley, se dividirán en:

  1. Sociedades de tipo “I”: a) Sociedades de Ahorro y Préstamo que se hayan constituido conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; b) Sociedades Cooperativas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo que se hayan organizado conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; c) Asociaciones y Sociedades Civiles que hayan realizado operaciones de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones activas ni pasivas; d) Sociedades de Solidaridad Social a que hace referencia la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen operaciones ni activas ni pasivas y, e) Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que hubiesen sido clasificadas en categoría D, por el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección previsto en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Primero o la fracción II del Artículo Tercero Transitorios de esta última que estén o no realizando operaciones activas y pasivas.

La modificación urgente y necesaria sería el ampliar el abanico de sociedades consideradas para el resarcimiento de daño e incluir a todas aquellas figuras jurídicas que, hasta hoy hayan operado similares a una Cooperativa de Ahorro y Préstamo.

Si es Estado es responsable de la perdida del dinero de los socios ahorradores al no haber realizado su tarea de supervisión para advertir a tiempo o actuar en consecuencia, entonces es el Estado en que debe responder de las pérdidas patrimoniales de ese garrafal error.

La manera más pronta y apegada a las necesidades de la población defraudada es hacer de la Ley de FIPAGO una legislación incluyente y que no discrimine a ningún ahorrador cuya empresa a la cual hayan confiado sus ahorros haya operado como caja de ahorro.

Un total de 20,000 ahorradores del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C., solicitarán al Gobierno Federal por conducto de los candidatos al Gobierno de Oaxaca que los incluya en la actual legislación y se comprometan sin excusa alguna a lograr la reforma a la Ley de FIPAGO para ayudar a estas familias desamparadas.

Sin esta modificación a la legislación actual, estas familias defraudadas no podrán recibir los beneficios que el resto de ahorradores que si entran a FIPAGO, de ser necesario unirán esfuerzos las víctimas de este delito con las de otros afectados en igualdad de circunstancias de otras entidades del País para obligar al Gobierno Federal a que responda y pague el daño que causó por su falta en la supervisión y vigilancia en estos ilícitos.

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