Concurso Mercantil, la mejor alternativa de cobro en caso Ficrea

Por Mario Herrrera

Presidente de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C.

Pareciera que algunos defraudados, tal vez los más aguerridos y pensantes en el caso Ficrea, han atendido las sugerencias de este escritorio para utilizar la vía del Concurso Mercantil para poder acceder a recuperar la mayor parte de sus recursos robados por el Estado y por Rafael Olvera, esta vía es gratuita y el Estado está obligado a atenderla.

En días pasados un grupo de afectados se aventuró a desafiar la propuesta del abogado Javier Paz para matrimoniar a 980 personas con el también postulante y maestro Fauzi Hamdan, y entonces, contrario a esperar la resolución negativa por parte de la SCJN en cuanto al daño patrimonial del Estado que han promovido, este grupo ha solicitado el tan esperado Concurso Mercantil, ¡¡¡por fin!!!.

Si, demasiado tarde, pero lo han hecho, ya tal vez con muy pocas posibilidades de asegurar la totalidad (100%) de bienes disque resguardados por la Procuraduría General de la República (PGR), pero se han animado a dar el gran paso que debieron procesar desde el día inmediato siguiente en que se declaró la quiebra de Ficrea.

Alguien tiene que administrar los recursos provenientes de las rentas que en su momento contrató Olvera como administrador de Ficrea, alguien tiene que saber que pasa o que pasará con los recursos que se van pagando a Ficrea, quien recibe esos pagos de acreedores cumplidos, a donde va a parar ese dinero. Alguien debe saber todo ello, y garantizar el resguardo de esos fondos. Es alguien es el Juez Concursal y nadie más.

El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), de Gricelda Nieblas Aldana, creado por disposición de la Ley de Concursos Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del año 2000, es el encargado de recibir, promover y asesorar a cualquiera sea persona física por su propio derecho o de manera colectiva el trámite totalmente gratuito, tampoco se requiere de abogados, ni de erogar grandes sumas de dinero para su litigio, aunque sabemos que entre los afectados hay personas muy pudientes.

Ya en otra lectura, indiqué que la interposición y en su caso admisión del Juicio concursal esta supeditada a la garantía de pago por la cantidad resultante de mil quinientas veces el SMGV en el Distrito Federal, algo así como 90 mil pesos que se destinan para pago de los honorarios del visitador designado según el artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles reformada por decreto del 10 de enero de 2014.

La garantía en caso de aprobarse el juicio concursal debe cubrirse dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto admisorio, eso también ya lo hemos advertido, pero seguro estoy que los promoventes, cualquiera que sean, habrán de encontrar la manera de cubrir el pago a la brevedad para continuar el procedimiento.

Solo en caso de que la demanda la presente el Ministerio Público no se requerirá la garantía a la que se refiere la ley en la materia.

Ninguna relación guarda el proceso concursal, con el mecanismo de pago que se encuentra suspendido en la Cámara de Senadores hasta en tanto salga un envalentonado Senador y se atreva a proponer el regreso del decreto, por el cual se intentaba cambiar la actual Ley de ahorro y crédito popular, a la Cámara de Origen para despegar (literalmente) el apartado Ficrea de dicho decreto y entonces si, aprobar por partes, la intentona de reforma.

Tampoco guarda relación el Concurso Mercantil, con el pago del seguro de garantía que ya debieron inclusive recibir la mayoría de los afectados, o por lo menos quienes en tiempo y forma lo hicieron sin temor alguno, porque en caso de prosperar la liquidación por la vía concursal lo primero que hará el interventor oficial será descontar este pago que debieron cobrar en su momento los demandantes.

Se trata pues de acciones y procedimientos distintos uno de otro, y que habrán de convenir a quienes así consideren según sus intereses y montos invertidos o ahorrados.

El Concurso Mercantil solo toma en cuenta a quienes así lo hayan promovido o bien, formen parte del listado final que se obtenga con motivo de la visita designada por el Juez Concursal, es decir, si no está en la lista de prelación final del Concurso no cobra.

Con el mandato del Juez Federal se prohíbe ahora, la transferencia de recursos en favor de terceros (esto debieron haberlo hecho antes de que se dieran tantas transferencias electrónicas), así lo recomendamos, hasta ahora sucedió. Cada ahorrador defraudado deberá acudir ante el Juez Concursal y solicitar se le tome en cuenta su crédito o contrato, porque de lo contrario, el Juez no podrá saber de su existencia en el orden de prelación que se practique de manera oficial.

Cada afectado deberá indicar, si tiene o no iniciado un proceso judicial, si ya cobró el seguro, si ha impugnado alguna vía o procedimiento, esto para que se evite de esta manera, la duplicidad de acciones y sobre todo la inteligencia de algunos más, para cobrar por doble partida.

Cuando se tengan los listados definitivos de personas a pagar, deberán acudir ante el sindico liquidador para saber de su adeudo, justificarlo y sobre todo demostrarlo de lo contrario, el producto que se obtenga de los bienes a rematar al final del proceso solo servirá para pagar a quienes hayan promovido en tiempo y forma; y que no tengan promovido juicio alguno al momento del reparto en pago.

Es muy importante anotar que el pago final que se haga mediante la vía concursal será de manera proporcional, es decir, con lo que se obtenga en bienes patrimoniales, inclusive cuentas por cobrar de la empresa y el número final de ahorradores que hayan solicitado su enlistamiento en el concurso, precisamente por eso la palabra “concurso”, ya que si una persona no concursa, no cobra.

Ahora bien, se insiste que está pendiente por aprobarse el exitoso mecanismo de pago logrado por el grupo bicameral, de la legislatura saliente, solo con el pecado de haberlo engrapado con una serie de situaciones ilícitas que atentan contra la economía solidaria de miles de personas pobres.

El mecanismos sigue activo y nadie lo ha impugnado hasta ahora, solo que deberá pasar de nueva cuenta por la Camara de Diputados para su modificación y legal aprobación, entonces deberá servir para pagar a todos aquellos inversionistas menores al millón de pesos, motivo por el cual, como siempre se ha recomendado, no hace falta que se sumen estos últimos al juicio concursal, porque por ley cobrarán más pronto que por resolución del Juez concursal.

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