Errores y aciertos de la nueva ley de ahorro y crédito popular

Por Mario Herrera.

Tal parece que siempre si se aproxima un periodo extraordinario en el Senado de la República, donde entre otros pendientes, el más significativo es la lectura y en su caso aprobación de la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, a la que los nuevos expertos en el tema que ahora abundan, han denominado “Ley Ficrea”.

De aprobarse el dictamen de reforma prácticamente sería la salvación del 80% de afectados por la Sociedad Financiera Popular FICREA, eso sería lo ideal y lo más sano para la afectación de familias enteras en esa SOFIPO, un acierto en el decreto.

El resto (20%) de afectados, ya debieron tener en sus manos precios comparativos para contratar los servicios de profesionistas en materia de Concurso Mercantil porque al paso que van, al momento de subastar activos o negociar los habidos, ya será demasiado tarde.

Por Ley, y en el orden de prelación primero cobra el afectado directo y al final el Estado también acreedor por la inyección de fondos para pago, si esta aportación no es valorada a tiempo por los interesados, el Estado terminará quedándose con el 100% de bienes asegurados y resguardados, incluidas carteras vencidas y por cobrar.

En caso de que la mayoría de los Senadores consienta aprobar el decreto de reforma en los términos criminarles y discriminatorios que ha propuesto la Secretaría de Hacienda, entonces también se estaría cometiendo una atrocidad en contra de las Sociedades Financieras Comunitarias a las que se les obligaría a comportarse con una SOFIPO más en el ya tan pisoteado sector popular, que de popular solo quedará el recuerdo, pasarían a ser ya prácticamente estas SOFINCOS parte del sistema bancario mexicano por la inútil y absurda propuesta de que sea la CNBV quien conduzca sus destinos financieros. Un error garrafal.

La molestia del empresario cooperativista, que como siempre aguardan hasta el último momento para enmendar lo que no han podido lograr en el proceso de consolidación; la CNBV debió prever, caso por caso, las etapas agotadas, quienes pueden ser susceptibles de continuar su trámite, poner un tiempo perentorio, y obligar al empresario a que lo cumpla.

La dolencia del cooperativista está en que sus finanzas estarían vigiladas por la CNBV y no por la Federación a la que quedaría sometida. Un acierto del decreto.

No se le ve por donde puedan salvarse las denominadas básicas, terminarán en manos de los más pudientes y adinerados si su intención es rescatar a sus clientes, en caso de que no, pasarán los ahorradores al costal de defraudados. Un error.

La verdad de las cosas es que las Federaciones de cajas de ahorro, solo sirven de parapeto, porque jamás cumplen con su auténtica labor de vigilancia auxiliar, si lo hicieran cuantos fraudes no se habrían evitado, ahí tenemos el ejemplo más claro, el de la Federación Atlántico Pacífico encargada de vigilar movimientos internos de FICREA, omitió reportar a tiempo a la Bancaria de las irregularidades, y si lo hizo no exigió en tiempo la imposición de sanciones, ni verificó que se diera cumplimiento a las penas.

Ahora sería la misma CNBV la que ‘supuestamente’ se encargue de la talacha de controlar y supervisar la operación financiera de las SOCAPs, sin requerir del apoyo auxiliar de las Federaciones, lo cual en obvio de razones no le conviene al empresario cooperativista, sería continuamente fiscalizado y reprimido para rendir cuentas a la Comisión, lo que hasta ahora se hace a medias, de ahí se derivan los constantes fraudes. Un acierto.

Hasta el 31 de marzo pasado en la cuenta del Seguro de Depósitos del FOCOOP habían poco más de 835 millones de pesos, recursos que de aprobarse la reforma serían controlados por la Bancaria, no me queda duda alguna de que este mismo dinero pudiera utilizarse para pagar parte de la deuda de FICREA.

En su intentona por crear un solo Seguro de Depósitos entre todas sociedades cooperativas y financieras populares y comunitarias, el Estado pondría en un solo costal el dinero del FOCOOP y el dinero del PROSOFIPO, con lo cual se comenzaría a pagar a los ahorradores FICREA hasta donde alcance, para que así en el lapso de 2 años el Seguro de Protección Único Nacional se fusione con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB. Un grave, muy grave error.

Este apartado también está en el decreto de reforma a la LACP, pero parece que ninguno de los integrantes del grupo bicameral se acuerda de ello, o no lo leyó o…, los obligaron firmar sin leer. Por más increíble que parezca, a ninguno de los integrantes del grupo les pareció extraño que el sector popular se bancarizara, ¡¡¡por Dios!!!, entonces para que tantas reuniones a puerta cerrada. Una torpeza grupal.

Es cierto, el decreto por el cual se reforma no solo la LACP sino también la LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, terminaría con los procesos de consolidación de cooperativas básicas, pero es más cierto es, que ¡¡¡la SHCP se olvidó de un pequeño problema…!!!, acierto y error.

… Esas cajas de ahorro básicas que no requieren de autorización para operar y que por fin se les metería en cintura para que lo hagan, no lo harán en el término perentorio que ordena el decreto, recordemos que tan solo para lograr que se registraran en el Registro Nacional de SOCAPs (RENASCOOP) tardaron años y años, en atender esa obligación de Ley.

Por tanto, como el cooperativista básico no se preocupará por lograr enmendar sus finanzas, ni buscarán fusionarse con otra sociedad regulada para rescatar socios ahorradores, porque a ningún empresario cooperativista le conviene ello, terminarán por abandonar al ahorrador a su suerte y se comenzará a generar una nueva camada de defraudados que no lo serían propiamente por la comisión de un fraude, sino porque la cooperativa no tendrá el recurso suficiente para devolver el dinero a cada uno de sus clientes.

Ese pequeño detalle no ha sido vislumbrado por la SHCP, quien en lugar de “fortalecer” el sector, ha decidido terminar así, a la ligera, con la posibilidad de crecimiento del sector rural, campesino, indígena, en materia de Inclusión Financiera, se termina la esperanza de que el Gobierno Federal prevenga la comisión de nuevo fraudes.

Así no.

Son tontos cada uno de los participantes en la creación de la nueva LACP, porque si se pretendía utilizar el problema FICREA como un pretexto para corregir errores diversos del sector que si los hay, se debió no solo pedir la opinión, sino también la participación y colaboración de cada uno de los sectores afectados por ese decreto.

Cada uno de los interesados en sus distintos rubros debimos haber aportado propuestas que en verdad sustentaran una exposición de motivos coherente y acorde a la realidad del sector popular.

Cuantos miles más de defraudados habrán de surgir en los próximos meses luego de que se apruebe el decreto de ley, y de lo cual nadie ha hablado ni se ha pronunciado.

Este escritorio advirtió siempre y en todo momento, todos estos puntos que habrían de tomarse en consideración y fueron ignorados por la Autoridad y por el Legislador (grupo bicameral), cuantas veces tocamos a sus puertas y lo anticipamos, nunca les interesó.

Mientras el Legislador se presuma ser un sabelotodo y quiera ser el protagonista para destacar como autor intelectual de una reforma que lejos de hacer el bien a 6,800 afectados perjudicará a más de 280 mil familias que han confiado más 1,900 millones de pesos a Cooperativas básicas y que abran de cerrar sus puertas derivado de la negligente labor de corrección por parte de la CNBV.

Se trata de un decreto que desaparece mágicamente la responsabilidad civil, social y penal en las Instituciones involucradas en fraudes, tanto en FICREA como en cajas de ahorro, inclusive, está maquinada para que se conceda el perdón así, lisa y llanamente a quienes hayan cometido el delito de fraude y los que resulten.

Es un decreto que no favorece en nada la prevención del delito, sino que contra la restitución del daño (pago), el socio ahorrador, no se podrá reservar acción o derecho para perseguir a los responsables meterlos a la cárcel o fincarles responsabilidad.

Es un decreto a modo que Fernando Aportela subsecretario, ha preparado para limpiar cualquier rastro responsable en su amigo Jaime Aguadé, es un decreto amañado de tal manera que no permite opción alguna para quienes acepten recibir hasta un millón de pesos mediante el mecanismo de pago del Fideicomiso PAGO (FIPAGO).

El afectado con tal de recuperar ‘algo’ de lo que el Estado le ha robado, habrá de recibir el cheque en FIPAGO, renunciando a todas las instancias legales que haya tramitado, lo comprometerán para no presentar cargos contra nadie y así, habrá de cerrarse el telón FICREA.

Este último apartado es lo que he tratado de hacer ver a los Senadores que votarían a favor del decreto, esto mismo es lo que trato que valoren los afectados FICREA, no solo es cobrar un cheque que les corresponde, y al cual tienen derecho, este escrito ha sido el primero en buscar ese mecanismo de pago. Pero en forma condicionada como se pretende no es la más acertada a lo que la gente espera.

La última desfachatez de los legisladores miembros del Grupo Bicameral encargado de atener el decreto que hoy se critica, es que, ahora resulta que ni siquiera sabían lo que habían firmado, y lo que les había impuesto Hacienda, resulta que cada uno de los participantes en el grupo publicó a grito abierto haber sido los héroes, para pagar a 6,800 ahorradores de FICREA, oh error.

Tan pronto como se fue dando a conocer la noticia, se dieron cuenta de la torpeza legislativa al haber relacionado el fraude de FICREA con otros temas del sector popular, más insolencia del grupo ha sido que nadie se ha atrevido a decir porque se obliga al socio FICREA a que renuncie a su oportunidad de seguir recuperando su dinero remanente por otra vía y porque se le obliga a otorgar el perdón a la CNBV, a su titular, a sus involucrados y a RAFAEL OLVERA AMEZCUA, eso nadie se ha atrevido a decir nada.

Por último y lo que me trae al tema FICREA, desde inicio advertí, que a la par del fraude de FICREA, existían más de 250,000 familias pendientes de pago por fraudes cometidos en cajas de ahorro, a nadie le interesó ello, por tratarse de gente pobre y sin recursos, se trata de gente con montos de 1,000 pesos y hasta un promedio de 56 mil pesos, a nadie tampoco le interesó esto.

La feliz conclusión, en caso de la aprobación de este canallesco dictamen, impuesto por la SHCP, será que si al ahorrador de FICREA se le habrá de pagar hasta un millón de pesos de lo perdido, también lo sea para los ahorradores en cajas de ahorro, si a los de FICREA habrá de pagarse en este mismo año a los 6,800 defraudados, que también lo sea para los 250,000 defraudados por cajas de ahorro en el País, y que si FICREA por ser una Sociedad Financiera Popular, se le pago con mecanismo FIPAGO, que se incluyan a cerca de 20 empresas que bajo el argumento de cajas de ahorro operan exactamente igual que FICREA, robando!!!.

Lo mejor sería, retirar el dictamen de la lectura en el Senado, devolverlo a la Cámara de origen, enmendar lo conducente y establecer el mecanismo de pago inmediato a afectados de FICREA homologue a afectados por cajas de ahorro, eso sería lo mejor para todos; sentarnos a discutir en foros diversos el resto de modificaciones del sector y todos felices y contentos. Pero donde manda Hacienda…

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