La responsabilidad penal en la CNBV por caso Ficrea y otros

¿Leyes falacias o a modo?

Por Mario Herrera

Presidente y Fundador de Fundación para la Infusión y el Desarrollo, A.C.

El revuelo social y mediático que a costa del fraude cometido por Rafael Olvera Amezcua administrador de Ficrea, S.A. de C.V. Sociedad Financiera Popular, en perjuicio de la totalidad de sus clientes y socios inversionistas y ahorradores, ha provocado sin lugar a dudas, una forzada Educación Financiera en la sociedad en general.

Veamos.

La carencia del ejercicio digno de un órgano regulatorio para prevenir este tipo de ilícitos, ya es por todos reconocida, ya aprendimos que existe un responsable que no reguló, o peor aún, jamás ha regulado el sector popular, el más golpeado y menor protegido.

Hoy sabemos que no solo por el caso actual de Ficrea sino por muchos otros más, en especial, los derivados de las cajas de ahorro apócrifas, las no autorizadas, las no sancionadas, de las Uniones de Crédito fraude tras fraude y de tantas otras entidades financieras de carácter popular de las que se permite sin restricción alguna la comisión de delitos a su interior, y que se han embolsado el dinero del ahorrador, la CNVB es la culpable.

La incertidumbre y la desconfianza imperan en la mente de cualquier ciudadano que tenga la posibilidad de ahorrar o de invertir, aprendimos ahora, a leer detenidamente antes de invertir o de ahorrar, hoy cualquiera se pone a temblar ante la peligro de perder su patrimonio, sabemos que si se ofrece una tasa mayor a la bancaria representa ya de por si, una irregularidad, ya aprendimos.

Temas relacionados con la economía solidaria, a ninguna autoridad, a ningún legislador interesan, a los financieros públicos y privados del país menos, se trata de los ahorradores más débiles monetariamente hablando, se trata de la clase más golpeada en sus finanzas, hoy pisoteada a más no poder, a nadie le interesaba el sector popular, ni a la misma reforma financiera que fue excluyente del tema, de otra manera, no habría fraude. Hoy sabemos que existe un pequeño grupo de 7.5 millones de ahorradores conocidos como populares.

Han quedado al descubierto las carencias regulatorias de una Comisión parca, débil y cada día más frágil; hoy, han surgido, abogados especialistas en economía popular por doquier, ya todos somos expertos en la materia; hoy los medios han volteado sus libretas y cámaras a este tan olvidado sector principalmente de la gente pobre, con algunas excepciones ambiciosas. Lo vulnerable que ha sido siempre el sector.

Pues si, se necesitaba de una afectación masiva en la misma capital del país, se necesitaba que el daño fuera de muchos miles de millones de pesos, era necesario que entre los afectados hubiera peso pesado, para que se encendieran, por fin y a nivel nacional, los focos rojos se han encendido en las finanzas de los de abajo, hoy comenzamos a educarnos financieramente a partir de las anomalías que por años han existido en el sector popular.

Salen a la luz pública, las entrañas más perversas de las instituciones encargadas de regular y supervisar el manejo de los recursos que se captan de manera pública en este sector excluido del sistema financiero mexicano, comenzamos a conocer de Inclusión Financiera, que no es consecuencia de un Ficrea de hoy o de una Caja Libertad mañana o de 250 cajas de ahorro patito ayer, es el resultado de la carencia permanente, de un marco normativo acorde a las condiciones sociales y populares actuales. Ya aprendimos, ya están aprendiendo los legisladores.

El sector del bien común ha carecido continuamente, de una atención especial, no se cuenta con una Comisión Nacional como en la banca, no existe una Asociación representativa del ahorrador como en la banca, las legislaciones están creadas primero para proteger al administrador de las entidades y sociedades cooperativas y luego cuando ya se ha embolsado el dinero de los clientes, limitan la recuperación, hasta por la cantidad que al Estado le conviene.

¿Entonces porque permitir movimientos financieros entre entidades y sociedades financieras por arriba de los topes máximos establecidos por ley?, ¿por qué no actuar en consecuencia desde el primer instante en que un cliente obtiene ganancias estratosféricas?, ¿por qué esperarse hasta que reviente la empresa por si misma?, ¿porqué permitir la comisión de fraudes?.

Donde queda la aplicación regulatoria, y donde la sancionadora, ya no digamos de la supervisora, ¿dónde quedó la protección popular?, ¿leyes falacias o a modo?

Y es que sin duda alguna, jamás ha existido una ley que ‘prohíba’ robarse el dinero, no la hay, jamás ha existido una reglamentación que obligue a la Bancaria a cumplir su misión regulatoria, hasta hoy, nadie se ha atrevido a sancionar al Ejecutivo Federal por ser omiso solidario en su actuación endosada a la CNBV.

El artículo primero del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (RSCNVB), en su Título Primero, relativo a las Disposiciones Generales, Capítulo Único, establece claramente que:

“El presente Reglamento tiene por objeto regular el ejercicio de la función de supervisión que compete a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las entidades y entidades financieras a que se refiere el artículo 3, fracción IV de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, federaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, fondos de protección a que aluden la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y la Ley de Ahorro y Crédito Popular, oficinas de representación de entidades financieras del exterior, así como personas físicas o morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero”.

Si, han leído bien, es obligación directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, regular las actividades de todas las Sociedades Financieras Populares (sofipos), de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (socaps) y de las personas físicas o morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

La función de supervisión de la CNBV comprende el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y corrección que la Ley le confiere, facultad basada en la medición de riesgos. Tampoco los hubo.

Me pregunto, cuantas disposiciones, comunicados, reglas de operación o manifiestos existieron, por lo menos en el caso Ficrea, cuantos para prevenir la salida masiva de recursos, cuantos avisos hubieron desde el primer momento que se ubicaron movimientos extraños, ¿que sanciones no solo se impusieron sino se cumplimentaron en el responsable?, ¿que medidas extremas se tomaron para evitar la continuidad del delito?, y más aún, a sabiendas de que, inclusive, se emitía una doble documentación que supuestamente garantizaba la inversión del cliente, una concedida por Ficrea y otra por Leadman Trade, que efectos correctivos estableció la CNBV, cuantos más la CONDUSEF, ¿cuantas sanciones se impusieron?.

El artículo 4, del RSCNBV, exige a la Comisión que para efectos de su inspección se deberán realizar visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las Entidades Supervisadas o Personas, con el objeto de comprobar el estado en que se encuentran estas últimas, incluyendo la situación sobre su liquidez, solvencia y estabilidad, así como el adecuado cumplimiento de las disposiciones aplicables.

¿En verdad, la CNBV y/o la Federación Atlántico Pacífico, organismo encargado de ejercer la supervisión de manera auxiliar, realizaron visitas físicas en las instalaciones de Ficrea?, ¿cuántas?, a partir de cual, se dieron cuenta de los movimientos raros, que medidas implementaron, o…, ¿habiendo sabido de esos movimientos…, se hicieron de la vista gorda?, peor tantito.

La Federación Atlántico Pacífico, de René Fausto Morales (http://www.fap.org.mx/contacto.html) es un organismo de integración encargado de ejercer la supervisión auxiliar de entidades como Ficrea y Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, bien se puede tratar de otro cómplice solidario, de un responsable indirecto (auxiliar) en la omisión de supervisión, aunado a que también forma parte del listado de ahorradores defraudados de la Financiera, en consecuencia no nada más un tal Rafael Olvera resultará responsable, mucha gente involucrada y mucha más que hasta ahora la Procuraduría General de la República no ha querido mencionar, gran tarea sancionadora en el Congreso Legislativo.

Hablando de sanciones, previo a la resolución de clausura de operaciones y liquidación de la empresa Ficrea, la CNBV debió establecer un pequeño procedimiento, minucioso, dentro del cual probablemente la PGR por conducto de su Unidad de Inteligencia Financiera pudieron haber procedido en contra del responsable, y tratándose de labores de inteligencia, bien pudieron establecer una estrategia a partir de las facultades concedidas a la Bancaria por el artículo 62 del RSCNBV.

Del poderío que por obligación tiene la CNBV está el de intervenir cuando de la información y documentación que haya obtenido en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, se desprendan hechos, actos u omisiones que, a su juicio, puedan implicar una infracción y que, en términos de las mismas, amerite la imposición de una sanción. Entonces, ¿no hubo juicio propio?. Otra negligencia más.

La CNBV debió emplazar a Ficrea, para que en 10 días su administrador manifestara por escrito lo que a su derecho convenga, ofreciera pruebas de los ilícitos ubicados y formulara sus alegatos, ¿dónde está este procedimiento, y no me refiero al previo inmediato a la liquidación, hago referencia al momento en que, justamente la Comisión y Condusef se dieron cuenta de las primeras atrocidades financieras ilícitas de Ficrea y sus secuaces. Otra desidia de la Comisión.

Si a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de Mario Di Costanzo, le correspondía leer las letras pequeñitas de los contratos de crédito, de ahorro o de inversión existentes entre Ficrea y sus clientes ahorradores y… terceras personas, sean físicas o morales, entre ellas Leadman Trade y otros (estos últimos considerados como personas físicas o morales diversas, quienes realizaban actividades previstas en la leyes relativas al sistema financiero, hasta donde la información del interventor se sabe), como fue que se toleró, se permitió y hasta se protegió cada uno de los movimientos bancarios por varios miles de millones de pesos en tan corto tiempo, ¿cómo?, o más bien ¿porqué, se protegió esta actividad ilícita?. Anoten una omisión más.

¡¡¡Bingo!!!, entonces ¿culpable también lo es el Ejecutivo Federal, cierto?, de este Poder depende la CNBV, la Condusef y hasta la propia Federación en una distribución del organigrama de la Administración Pública Federal, es partícipe solidario el titular del ejecutivo federal, del delito de cada uno de los funcionarios que no hicieron su labor de  s u p e r v i s i ó n de conformidad con el RSCNBV, o nada más los titulares de estas apáticas instituciones; todos son responsables solidarios por omisión por igual o algunos más y otro menos. Claro que todos, por igual, son responsables.

Corresponderá al grupo de trabajo plural del Congreso de la Unión, el lograr establecer los procedimientos de investigación suficientes y necesarios, para que se logren los elementos que habrán de fincar estas responsabilidades.

Tomen esta entrega como soporte de lo que el grupo de trabajo legislativo tiene por hacer y obliguen al legislador a que puntualice su intervención basado en este fundamento y el que surja y el que de manera conjunta logren obtener, más no debe quedar nadie sin merecer sanción por mínima que sea.

Esta ilustración y fundamento debe estar en la mesa del grupo de trabajo plural del Congreso de la Unión, debe formar parte esencial de los trabajos para fincar responsabilidades inmediatas, la víctima debe exigirlo.

Solo los abogados especialistas en materia penal, sabrán y coincidirán que estos elementos serán básicos para fincar responsabilidad penal inclusive, hasta en el ejecutivo federal, por permitir la existencia de funcionarios tan neófitos en materia de regulación, supervisión y prevención del delito en agravio de millones de ahorradores, no nada más de los de Ficrea.

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