Factores diversos desvían propósito de ahorradores FICREA

* Cada día ahorradores, más abandonados por desconocimiento de procesos.

* Activos se van perdiendo, sin propuestas concretas.

* Falla Congreso, fallan todos los involucrados.

* Resarcimiento de daño muy lejos de gestarse.

Por Mario Herrera

Presidente y Fundador de Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C.

La sorpresiva desaparición de los ahorros depositados en la Sociedad Financiera Popular Ficrea S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular, a partir del fraude auspiciado por la ausencia regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el nulo apoyo social por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ha confirmado la penuria total de en educación financiera en México.

Se deja al descubierto una vez más, la falta de cultura financiera en la población ahorradora, proveniente de la irresponsable labor del Ejecutivo Federal para lograr una auténtica Inclusión Financiera.

Pues bien, todas estas insuficiencias traen como consecuencia la responsabilidad social, civil, administrativa y penal del poder ejecutivo delegado en la CNBV, la CONDUSEF, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República, instancias todas ellas de las que han olvidado por completo los afectados, dedicado sus esfuerzos a la descalificación de determinados personajes políticos, a la agresión pública de los culpables, que no se niega la tengan, pero de ninguna manera las acusaciones o peticiones de cabezas, habrá de agilizar el proceso para lograr la devolución de ahorros o inversión.

El ahorrador ha caído en la trampa del Gobierno al enfocar su atención en una iniciativa de ley, elaborada de escritorio y sacada de la chistera del congreso por medio de la cual han hecho creer a la víctiva, que tan pronto se apruebe, habrán de emitirse los cheques para cada afectado, eso es falso.

En la propuesta de reforma han incluido a personajes pantalonudos como Javier Lozano en el Senado y Fernando Belaunzarán en la Diputados, el primero conocido por su inútil intervención en la liquidación de Mexicana otro caso de gran envergadura empantanado y corrompido a más no poder.

El segundo hombre de lucha y gran labia social que ha vendido la espantosa idea de lograr reformar la ley para aumentar el seguro de deposito para que en lugar de cubrir solo 25 mil UDIS se ‘paguen’ 300 mil UDIS, algo así como 1.5 millones de pesos –ya hemos hablado de este tema en anteriores columnas-, esta oferta sería criminal no solo para el sector popular, sino para la misma banca comercial.

Secundan la perversa propuesta, otros legisladores más, todos ellos con gran ignorancia de las posibles consecuencias sociales y financieras que representaría el aumentar las UDIS a pagar desde el Fondo de Protección, ¿se ha pedido consenso en la totalidad de SOFIPOS para abonar esta cantidad al Fondo de Protección y todavía más para dejar una cantidad remanente para que garantiza el dinero de los millones de ahorradores activos, en la misma dimensión?.

El legislador considera que con aumentar el monto de la UDI se habrá de cubrir al mayor número de afectados, si claro, por supuesto que así será, no hay duda, pero…, ¿que función tendría el tope colocado en la actual legislación para limitar los movimientos populares?

Como si el garantizar la protección del cliente ahorrador por virtud del aumento del seguro de deposito fuera la salida a la corrección de errores generados por varios años atrás, sin que nadie haya previsto la comisión de delitos.

Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C. (FIDE), anticipó muy a tiempo el efecto negativo de esta absurda propuesta del legislador, y buscó reunirse con los iniciadores de la iniciativa para ilustrarlos y hacerles ver el error, sin embargo, omitieron por completo el apoyo ofrecido por la Sociedad Civil Organizada y decidieron cargarse al hombro el problema como si se tratara tan solo de sacar de la cartera ejecutiva 2,800 millones de pesos y pagar de inmediato a defraudados; ahora casi un mes de la propuesta, han guardado, todos, silencio y se han olvidado del tema, so pretexto de la integración de una comisión que como el resto de las aprobadas, no servirá de nada.

Lo advertimos, no es fácil, no es por la vía de iniciativas al vapor, no es mediante engaño públicos como habrá de resolverse un problema social, el legislador no puedo enmendar el daño tan a la ligera, ahora, seguramente utilizará el esquema que de inicio debió aplicarse y trasladará la responsabilidad a Nacional Financiera por no hacer su trabajo (mecanismo) o al Interventor Gerente (inventario) y a la misma Bancaria (irresponsabilidad).

… ¿Y la mesa de trabajo? …, ¿Y el compromiso firmado en convenio?.

Tal parece que, definitivamente, si hubo atole con el dedo, no hay duda de ello.

Por otro lado tenemos a la CNBV y la CONDUSEF, donde cada uno de sus titulares ya han cumplido (¿?) cabalmente sus compromisos, con hacer frente al problema, una exposición cronológica impecable, desde que se supo (internamente) de los desvíos financieros y hasta que de manera unilateral y sin consentimiento de los socios clientes, se determinó una mañana del 19 de diciembre de 2014, la sujeción al proceso de liquidación de la sociedad financiera.

El escenario perfecto, el mismo Congreso, hermético, custodiado y sellado para que nadie, absolutamente nadie extraño a los asistentes comparecientes en la mesa de trabajo pudieran cuestionar a los titulares de estas instancias.

Claro está, que el legislador asistente en esa permanente, por la ignorancia que les caracteriza en el tema, desconocía que las preguntas clave para medir la culpabilidad de cada una de las instituciones, así los escucharon, así se retiraron, ninguno se atrevió a fincar de manera inmediata la responsabilidad penal, inclusive confesada por el mismo Jaime González Aguadé -nos vimos engañados- y Mario Di Constanzo -solo nos corresponde interpretar las letras chiquitas-.

Cualquier abogado asesor de los legisladores que conociera de responsabilidades de servidores públicos pudo haber apreciado desde entonces, esa ya confesada responsabilidad penal, para que de manera similar a como lo hicieron en su momento con Marcelo Ebrard para el tema de la Línea Dorada, se procediera, idéntico en contra de ambos titulares, pero lo omitieron y abandonaron al ahorrador de Ficrea por completo.

Que si la bancaria ya terminó su actuación, que si la Condusef habrá de apoyar al afectado, que si NAFIN espera al débil interventor gerente para terminar el avalúo, que si hacienda no ha sido cuestionada y por tanto debemos correr a Videgaray y de paso a Peña Nieto, que si la PGR ya encontró más bienes pero…, sin intervenirlos, y… que si el gran abogado experto en, suponemos, daño patrimonial, habrá de devolver peso por peso íntegro, a cada uno de los afectados que suscriban con él un oneroso contrato, y que habrá de hacerlo en tan solo 8 meses.

Y así, un sin fin de distractores políticos han permitido desviar los reflectores del tema a situaciones diversas del objetivo principal de los afectados: ‘la recuperación de montos’, de manera pronta y eficaz, eso no puede seguir sucediendo. El defraudado merece respeto y atención inmediata.

Mesa de análisis y estudio FIDE.

En días pasados Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C., llevó al cabo una mesa de análisis y estudio respeto de todas y cada una de las vías posibles para el resarcimiento de daños por parte de las autoridades responsables para con los afectados por la financiera FICREA, apoyados de la experiencia en materia de gestión social y política de esta Organización No Gubernamental, cuya intención es proporcionar educación financiera y legal para una mejor comprensión y seguimiento en sus acciones.

Es de destacarse que la totalidad de afectados asistentes se quejó de la lentitud de los procesos seguidos por sus dirigentes y la comisión que desde un inicio tomó las riendas del caso, pero más todavía, el cuestionamiento en general fue: “¿que tan cierto es que, con la demanda del orden civil por daño patrimonial, el Gobierno nos pagará nuestro dinero?”.

Haciendo a un lado lo conducente a la directiva o dirigentes del llamado “movimiento ficrea”, dado que la idea no es dividir sino sumar acciones conjuntas, comenzamos por establecer que luego de cobrar el seguro de deposito, el dinero remanente no es un pago que debe hacer el Gobierno.

Por pago debe entenderse únicamente lo relativo al seguro de garantía proveniente del Fondo de Protección que conforme al artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ficrea está obligada, eso si a pagar y se debe cobrar de inmediato, harían muy mal los ahorradores no recibir el seguro porque en nada afecta las acciones futuros ni limita derechos para seguir luchando por los remanentes.

Ese Fondo de Protección, se conforma por las cuotas mensuales que las Sociedades Financieras Populares hacen de conformidad a la Ley y en términos de lo que el Comité de Protección al Ahorro establece, por tanto, ninguna relación guarda con el mecanismo de pago que por obligación debe establecer el Gobierno para pagar las diferencias que surjan con el pago de seguro de deposito.

No se trata pues, de un ‘pago’ que haga el Estado respecto del dinero que por arriba de las 25 mil UDIS les corresponda a algunos ahorradores, se trata de sino de un “resarcimiento de daños”, término correcto que el cliente ahorrador de FICREA tiene vigente para cobrar si tiene más de 130 mil pesos ahorrados, por la mejor vía que así considere, pero siempre apegado a la legislación especial creada para tal efecto popular.

El Gobierno Federal, es el principal y directo responsable del delito, por haberlo permitido y tolerado en todo momento, la legislación no establece entonces, un pago propiamente, sino la fabricación de un mecanismo por medio de apoyos financieros que habrán de lograr que cada uno de los afectados cubren el 100% de sus ahorros, luego de cobrar el seguro de deposito.

Ahora si, estas líneas no solo habrán se servir de ilustración a los afectados, sino a los legisladores, abogados y sobre todo a la comisión que dirige los destinos de los afectados. Con estas líneas ya se desvanece la viabilidad exitosa que por la vía civil se pretenda ejercer el reclamo de daño patrimonial al defraudado.

De 1 a 130,000 pesos (aproximados) el Gobierno se ha de lavar la manos en su responsabilidad mediante la creación de un seguro que garantiza la devolución del ahorro promedio (recordemos que es una empresa financiera popular), se supone entonces que, no deberán existir ahorradores con capacidad económica mayor a este tope, pero entonces, si en la práctica, la CNBV apreció la existencia de clientes, inclusive Instituciones Públicas como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con operaciones financieras 916 veces mayores al tope del seguro, significa que, o la CNBV estuvo de acuerdo y así lo consintió, o el TSJDF en contubernio con Ficrea falsearon información para ocultar esa dimensión de ahorros.

El ahorrador debe urgir la responsabilidad penal no solo de la Bancaria sino de las Instancias y Unidades Financieras encargadas de vigilar y supervisar los movimientos financieros de esta magnitud, la ley lo contempla y establece las sanciones al respecto, no hicieron su tarea.

El ahorrador debe enforcarse en tema primordial.

Se ha señalado la importancia del ahorrador de atender y enfocarse en temas de importancia como lo es el i).- resarcimiento de daños posterior al pago de seguro de garantía, ii).- La transparencia de activos de la empresa y iii).- Fincar responsabilidades.

Resarcimiento de daños.

La Ley de Ahorro y Crédito Popular es clara y contundente en establecer la mecánica para lograr los apoyos financieros necesarios para los casos que excedan de las 25 mil UDIS, mecanismo que habrá de buscarse por parte del Comité de Protección al Ahorro, ninguna otra Ley habrá de conceder mejor alternativa de pago que ésta, de carácter especial para el caso concreto.

De esta manera un juicio del orden civil o mercantil, en el que se busque pago de daño ‘patrimonial’ de ninguna manera será una alternativa por ya existir un procedimiento establecido ya de por si en la ley de ahorro y crédito popular y que desconoce el ahorrador por falta de creatividad informativa por parte de la Condusef, encargada de este tipo de información.

Un abogado podrá proponer que además del pago al 100% de recursos (ahorro o inversión), el Estado estará condenado a pagar además del capital, una cantidad acorde al daño causado, más el interés legal, más honorarios, más gastos, más costas, pero seguramente se trata de una trampa contractual y nada más.

Imaginando un supuesto en el que el postulante resulte exitoso en su reclamo, y logre la condena del Estado (circunstancia improbable) en el daño patrimonial que se pide, y que la federación o quien resulte deba cubrir 2,800 millones de pesos más accesorios, entonces, que razón tendría la existencia de una ley especial como la de Ahorro y Crédito Popular con sus suplencias en el Código de Comercio y en su caso el Código de Procedimientos Civiles…, ¿verdaderamente el “sistema judicial mexicano” permitirá este atropello al resto de la ciudadanía?, ¿debemos cubrir los mexicanos el total de daños condenados al Estado?, o ¿las personas físicas condenadas al pago por sentencia tendrán el dinero suficiente, en su momento, para dar cumplimiento a la resolución?.

Es ridículo pensarlo y más admitirlo, es irresponsable ofertar esta propuesta jurídica.

Ahora, de resultar favorable la demanda que se haga por daño patrimonial, condenando al Estado al pago de la totalidad de las prestaciones, imaginemos entonces, a partir de ello, la cantidad de demandas civiles que habrán de promoverse en igualdad de condiciones jurídicas, los millones de ahorradores populares no solo de entidades financieras sino de cajas de ahorro que se formarán en cada uno de los Tribunales del País a partir del cierre masivo de Sociedades Populares.

¿Porque el cierre masivo?, pues si ya existe la posibilidad de que sea el Estado el que cubra los daños causados por ilícitos cometidos por administradores de la sociedad, que más da, huir con el dinero a cualquier parte del mundo, o convenirlo con el propio Gobierno y hacerse de miles de miles de millones de pesos, cerrar o provocar el fraude es la salida.

Muchos han cuestionado mi interés en el tema Ficrea, pues aquí la respuesta, la situación del ahorrador activo en Sociedades Cooperativas de ahorro y préstamo y en otras SOFIPOS, en todo el sistema de ahorro popular peligra, mi actuación social consiste en buscar la garantía de la seguridad jurídica en cada uno de los ahorradores existentes en México y que se sigan corrigiendo las irregularidades del sector de una vez por todas.

No vamos a permitir que se siga viciando el sector, y que cualquier persona busque obtener ganancias todavía más fraudulentas que las que le dieron origen a la acción legal.

La transparencia de activos de la empresa.

El cliente Ficrea debe exigir que la PGR resguarde y custodie dentro y fuera del País la totalidad de los bienes que se hayan contabilizado hasta hoy, debe exigir al Gobierno que garantice la seguridad de impedir movimientos diversos en los Registros Públicos de la Propiedad dentro del territorio mexicano, y los departamentos afines en los países donde se tenga en la mira cualquier bien inmueble sea propiedad directa de Ficrea como persona moral o de Rafael Olvera Amezcua, o de manera indirecta o correlacionada con cualquier miembro de su familia y circulo social del responsable, eso si sería un verdadero trabajo de inteligencia.

Si ya se hace, el ahorrador desconoce de ello lo que le genera incertidumbre y desconfianza, y si no se hace, se debe presionar para ello, y así ya se tiene un elemento esencial para manifestarse en las calles, ya se tiene un propósito, y se debe pedir la protección día y noche de cada una de las propiedades, que se congelen cuentas, que se impida los movimientos y salidas del país de cualquier persona relacionada con Rafael Olvera, así es como se hacen las cosas. Pero la comisión de ahorradores no presiona en ello.

Para lograr la transparencia en los activos y también los pasivos, sobre todo cuentas por cobrar, debe establecerse un ‘mecanismo’ inmediato de protección en los mismos y sobre todo vigilar cada una de las líneas de investigación hasta dar con el último movimiento financiero o bancario que se haya tenido al respecto.

La transparentación de los bienes es requisito obligatorio en la liquidación de la sociedad para que los clientes conozcan exactamente que se tiene a la vista, su valor, y por el momento, hasta donde alcanza para cubrir el daño, su importancia está en que si se quiere resarcir el daño de manera inmediata entonces, con la subasta de bienes que se haga si no ha de alcanzar para cubrir el fraude, entonces establecer la mecánica inmediata de los apoyos financieros que el caso amerite para lograr empatar el pago al 100% de los afectados.

Esta gestión de montos financieros será el éxito total para que el afectado tenga garantizada la devolución, en resarcimiento de daños, de sus ahorros o inversiones y sus accesorios tal cual y como lo marca la ley.

Fincar responsabilidades penales y administrativas y civiles

Paralelo al resguardo y la custodia de propiedades, cuentas bancarias, y todos los activos que represente el fraude de la sociedad, así como de la gestión de fondos para pago de ahorradores defraudados, se debe proceder en fincar la responsabilidad penal y administrativa en la permisibilidad del fraude.

El consentimiento implícito en la conclusión del ilícito por parte de la CNBV por ser totalmente omisa (próximo boletín) en su función regulatoria y de la Condusef, al no haber logrado prevenir el delito y no orientar ni procurar al afectado, luego entonces haberlo abandonado sin actuar en consecuencia contra los responsables antes de darse a la fuga; así como de cada una de las Unidades financieras tanto de la SHCP y de la propia PGR, obliga al Estado a la imposición de sanciones con carácter inmediato para lograr la tranquilidad social y la seguridad jurídica en el resto de las sociedades cooperativas y entidades financieras.

Bien puede suceder que, los mismos responsables al interior de cada una de estas instancias, permitan y toleren la comisión de otro fraude más y también se “vean engañados” por maquillaje en los estados financieros o por información falsa, que si ya la han permitido en una ocasión porque no hacerlo en una segunda o tercera oportunidad.

Con este planteamiento inseguro se genera una confusión social en el ahorrador popular activo y ya comienzan a exigir la entrega anticipada de ahorros y devolución de inversiones de cualquier entidad financiera ante el riesgo inminente de su desaparición por falta de garantías gubernamentales.

Lentitud de acciones del ahorrador.

Los ahorradores carecen de una representación capaz de actuar en consecuencia y con la premura y eficacia que el momento requiere, se encuentra más preocupada en tener la totalidad de la representación y hacer como que acciona tareas de recuperación de ahorros, que cuidar los bienes que se supone ha ubicado la PGR; está más preocupada su representación por lograr que el abogado, decidido por 22, sea el paterno del caso, y llevar a sus arcas una millonada (próximo boletín), con la promesa de que habrá de lograr el pago para cada ahorrador del 100% por condena judicial, más accesorios, más ganancias legales, que aplicarse en proponer a la autoridad una salida acorde a su situación financiera popular.

El engaño de acciones jurídicas masivas que no habrán de lograrse, también conforman un fraude para el afectado y su familia, más sabedor, el que lo propone, que si por obligación el gobierno concede el mecanismo para el resarcimiento de daños tarde o temprano, también por ese trámite, obligue a la victima, a cubrir un porcentaje de su dinero, por algo en lo que no intervino. Eso es un atropello social.

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