Convenio a modo en la permanente, no resuelve problema FICREA

 Por Mario Herrera.

Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, A.C.

 

En días pasados el Diputado Federal Fernando Belaunzarán del PRD y Javier Lozano del PAN, publicaron en medios y redes sociales su gran victoria lograda en la firma de un “convenio” de arreglo entre ambas cámaras para tratar de resolver de manera “integral” el conflicto de FICREA, sin embargo, lejos de ayudar a la población ahorradora, los ha confundido todavía más, pues resulta que se les ha hecho creer que el pago de lo robado se logrará como consecuencia de esta firma, lo cual es falso.

La Tercera Comisión y Crédito Publico, Agricultura y Fomento, Comunicación y Obra Publicas, de la permanente, por acuerdo del día 21 de enero de 2015, suscriben en 3 puntos de acuerdo, i). la conformación de un grupo de trabajo plural integrado por senadores y diputados, quienes habrán de ii). “analizar” la ley de ahorro y crédito popular y demás disposiciones legales a fin de realizar las iii). reformas y adiciones para resolver el problema FICREA y es todo lo que consigna el documento.

El acuerdo, según se hace creer, es para proponer reformas para cubrir un mayor número de clientes personas físicas de FICREA y por último agilizar la recuperación de activos. ¿Pues, que no se supone que tarea del legislador es la de proponer reformas?, entonces porque convenirlo en documento; luego, ¿Porque nada más con personas físicas y no morales?, será que entonces han convenido deslindarse de pedir rendición de cuentas a Instituciones como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o al Gobierno de Coahuila, que son los de mayor inversión hasta el momento?.

En negritas he colocado la frase “agilizar la recuperación de activos”, ¿cuales?, ¿donde están?, ¿cuanto valen?, no en principio, el convenio debería contener un punto de acuerdo por medio del cual se le aperciba a la General de la República para que transparente que es lo que exactamente ha asegurado, que falta para asegurar y principalmente obligar en un tiempo perentorio a hacerlo?, para que perder el tiempo en trámites burocráticos que solo llevan a perder tiempo en el afectado y ganar el mayor posible en el responsable.

Mientras legisladores suscriben documentos para comenzar a trabajar, Olvera en el extranjero ya traslada fondos de un banco a otro, de una empresa a otra y compra propiedades donde así considera, libremente.

Es claro que el legislador sigue siendo ignorante no solo del tema, sino de su función; recordemos que lo consignado en cada punto de acuerdo, en la permanente, ya es una obligación legislativa, por tanto tan solo transcribieron las funciones de ambas cámaras en un papel y han hecho creer al ahorrador que ese será el comienzo, el objetivo, darle el mayor tiempo posible al Ejecutivo para pensar una salida a modo.

El acuerdo de “voluntades” es inapropiado para las exigencias de las víctimas del delito, infundado y carente de sustento jurídico para lograr el pago, la tarea suscrita, es precisamente la obligación del legislador, ningún favor hacen al defraudado en suscribir acuerdos que garanticen su intervención.

Se trata pues, de un tranquilizante social para evitar más movilizaciones o bloqueos de calles y avenidas y lo han logrado perfectamente, desde entonces el afectado ya guardó silencio y ha quedado a la espera larga, muy larga, de que el legislador cumpla sus funciones en apego a su convenio de arreglo, se allegue “insumos” (elementos) que nunca habrán de llegar.

Todo lo consignado en el documento ya es de por si, una obligación del constituyente y su actuación legislativa no debe, ni puede formar parte de ningún convenio, ¿qué sucederá si los legisladores incumplen, que es lo más probable?, nada, absolutamente nada, ellos terminan en los próximos meses su mandato y entonces nadie supo nada. Así de fácil.

En ninguna parte del documento firmado se aprecia la integración del afectado como ahorrador popular en las mesas de trabajo, ellos son los afectados y son los que deben tomar la decisión, hablo de la mayoría no de unos cuantos que son los que más dinero tienen y más posibilidades económicas de defender lo suyo, a los de abajo y los minoritarios, nadie los ha atendido y no tienen representación alguna.

No se establece, en el convenio, la forma en que habrá de obligarse tanto la CNBV como a la SHCP de manera conjunta con la PGR a que presenten, en un tiempo perentorio, el mecanismo de pago, mismo que primero habrá de aprobar el total de ahorradores. Es una sociedad, todos son socios y la Asamblea es la que decide.

Tampoco se leen, las medidas que se tomarán para la aplicación inmediata en cada una de las partes involucradas.

No se aprecia la fincación de responsabilidades del tipo penal en el titular de la CNBV, en el titular de la CONDUSEF y en el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR ante la negligencia ya expuesta por ellos mismos en cada una de sus intervenciones en la pasada mesa de trabajo en la Cámara de Diputados. Este si sería un buen convenio.

Se trata pues de un calmante social para retener el reclamo de la gente y nada más.

El afectado debe seguir luchando con apego a derecho por su dinero, obligar a las autoridades con o sin congresistas y comenzar a fincar responsabilidades entre los involucrados, exigir el cumplimiento de la ley vigente (no hay otra manera), solo así habrán de comenzar a vislumbrar la posibilidad de pago.

marioeherrera@hotmail.com

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