Prevalece la desconfianza e incertidumbre entre socios de Caja 30 de Agosto en Querétaro

Por: Mario Herrera

Aprecio dudas por parte de los defraudados que se acercan a pedir ayuda, nadie explica, nadie resuelve.

Continúa pues, el total desconocimiento e ignorancia en las Autoridades Queretanas en torno a la restitución de ahorros perdidos a socios ahorradores de Caja 30 de Agosto con origen en Santa Rosa Jaureguí, resulta que, en tiempo récord, se logró la inscripción de las actas de disolución ante Notario sin haberse constituido en Asamblea los socios.

Es requisito indispensable celebrar Asamblea de socios para así proceder a la disolución, pero eso al Gobierno de Querétaro poco ha importado y se ha tomado atribuciones que no le competen, como la participación activa y directa en el nombramiento de personas a cargo de quienes quedará la liquidación de la sociedad.

Si no hubo Asamblea “General” convocada en los principales medios, no tendrán ninguna validez las decisiones entre unos cuantos.

La cooperativa que defraudó a más de 11,000 socios ahorradores, caja 30 de agosto, no ha sido disuelta en Asamblea General de socios, ni tampoco se conocen los estados financieros, si es que los hubo hasta el día en que cerró sus puertas la misma, luego entonces es procesalmente imposible que se hable de un “pago” en los próximos días porqué no se han reunido los requisitos procedimentales, según la ley FIPAGO.

Lo anterior, a menos que el Gobierno de José Calzada Rovisora haya manipulado la Auditoria practicada, haya puesto gente de confianza en el comité y haya obligado a unos cuantos a votar por la disolución de la caja, solo así en tan poco tiempo, se puede contar con un número exacto tanto de ahorradores afectados como de montos a cubrir.

La LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES establece las bases y el procedimiento obligatorio a seguir tanto por parte de las entidades federativas como de los propios socios que perdieron sus ahorros.

Por principio, es el Comité Técnico del Fideicomiso Pago es el que decide, concede y determina quien es merecedor de restitución sus ahorros y quién no, luego de la auditoria, dicta a quién habrá de cubrirse la indemnización y a quién no, practicada la auditoria y no puede quedar jamás, al arbitrio de la Autoridad Estatal esa decisión a quién únicamente le compete firmar una carta intención de pago y posteriormente la de pago definitivo.

Una vez establecido el monto exacto a pagar y el número de afectados derivado de la auditoria que se practique, entonces si habrá de cubrirse el 30% que le corresponde al estatal.

Finanzas de Querétaro advierte que será hasta que se habrán las “ventanillas de pagó” cuando habrá de establecerse el monto exacto a pagar y el número definitivo de interesados, solo los que se acerquen serán considerados, ya que el universo de ahorradores timados va más allá de los 11 mil pero en una primera versión afirman que solo 4,800 han acudido en un pre-registro.

Es muy fácil engañar al ahorrador si se desconocen las leyes y más fácil hacer de un problema social una bandera política, mediante un abanico de opciones fantásticas que diriman una verdadera catástrofe económica en el estado, es muy fácil, todavía más si el ciudadano lo permite, se calculan más de mil millones de pesos en pérdidas por el fraude de la caja 30 de agosto, mucho más, y no hay un solo detenido responsable de ello.

La culpabilidad de los Gobiernos en la nula supervisión en la administración de la caja 30 de agosto, los administradores prófugos y el marcado interés del Gobierno en el pronto pago y desaparición del conflicto, ponen en duda la buena voluntad del Estatal.

Ni auditoria certera, ni números exactos, ni información apegada a derecho tienen los afectados.

Procede una auditoria, cuando no se cuenta con los estados financieros de la cooperativa y no se tiene el sistema contable, y lo que se pretende es el cotejo socio por socio para determinar la autenticidad del monto a restituir.

Para que proceda el pago a un ahorrador que resultó defraudado se debe contar con la documentación exacta de los ahorros o de inversión del socio: el auditor que ha de practicar la auditoria, verifica que los datos del socio coincidan entre los documentos con los que se identifica y los documentos con lo que acredite sus legales cantidades; se lleva un orden progresivo e inmediato del socio y su monto a pagar; se determina si es candidato a beneficios de FIPAGO y si tuvo préstamos no pagados se le descuentan del monto deudor.

Todo este proceso es persona por persona, sin prisas, sin propaganda política de ninguna especie; al final de este procedimiento se sabe con exactitud cuanto representa la restitución de dineros perdidos así como el número exacto de afectados.

La auditoria debe estar aprobada y autorizada por el Gobierno Federal por conducto del Fideicomiso Pago, el Comité Técnico es el que determina la veracidad del conteo socio por socio, no el Gobierno Estatal.

Si el Estatal no conoce con exactitud el número de personas que habrán de participar en FIPAGO y no sabe el monto a pagar, resultará imposible que pueda suscribir el convenio de pago entre Gobierno Federal y Gobierno Estatal, porque no pueden cubrirse montos parciales o en momentos distintos por parte de FIPAGO paga en una sola exhibición y en una única ocasión.

Mientras no haya la certeza jurídica de, a quienes habrá de cubrirse el pago o cuanto habrá de cobrar cada afectado, permanecerá la duda en entre los socios de la caja 30 de agosto; se genera la la incertidumbre por saber quien será el principal beneficiado de éste proceso tan revolucionado que se ha preparado por parte del Gobernador Pepe Calzada de febrero a la fecha, tiempo record para tratar de enmendar o corregir un problema social, lo que lo convierte en sospechoso.

Si ya de por si se desconoce si los responsables del ilícito de retención y fraude ya tienen orden de aprehensión o si ya se están tras de ellos o que situación guarda la totalidad de las Averiguaciones Previas, claro está que resulta preocupante que nos haya detenidos porque ninguna de las indagatorias habrá de continuar su proceso cuando pague FIPAGO.

Los socios desconocen que el trabajo de investigación ministerial dejará de surtir sus efectos jurídicos cuando cada socios tenga su cheque en mano, las actuaciones van al archivo muerto y nadie supo, nadie sabrá quienes fueron los responsables de tan despiadado atraco a la sociedad.

Hacen bien aquellos socios que no han creído esta farsa estatal, no pueden discriminarlos, no pueden quedar fuera de la restitución de fondos por parte de FIPAGO porque es un derecho federal, hasta hoy no existe una determinación judicial que los obligue a firmar su adherencia a Fideicomiso Pago en cierto tiempo.

No existe un tiempo perentorio oficial, porque el Comité de FIPAGO (responsable) no lo ha emitido, eso vuelve más incrédulo todo.

Con independencia de que ya se sabe que los registrados ante FIPAGO, que tengan más de 250 mil pesos, solo habrán de recuperar hasta 168 mil pesos, este no parece ser el problema porque resignados están, lo que piden es mayor sensibilidad y humanismo por parte de se Gobierno para llegar a un punto de equilibrio entre unos y otros.

En otra versión, el Secretario de Planeación y Finanzas, German Giordano Bonilla, ha dicho que tan solo 2,820 socios de los más de 11 mil que se calcula existan, se han registrado, para aceptar el FIPAGO, estas declaraciones son poco convincentes entre los ahorradores, porque al parecer solo los que por capricho del Gobierno y por ignorancia del proceso, habrá de recibir su cheque.

La diversidad de cantidades, montos y números manejados por el Gobierno Queretano en distintos momentos deja muchas dudas entre propios y extraños, lo cierto es que de cumplirse la palabra de abrir “ventanillas de pago” a mediados de octubre, podrían quedar fuera de los beneficios de FIPAGO más de 8 mil defraudados, solo el 20% se ha acercado.

La transparencia y honestidad de los procesos es indispensable en casos como estos, si se abren tiempos debidamente reglamentados por la autoridad federal sería completamente distinto y generaría mayor confianza en la población afectada.

Si ya hay voluntad del Gobernador Pepe Calzada que sea parejo el trato para todos y que se establezcan mesas de trabajo con todos por igual, absolutamente todos los afectados deben tener acceso, trasparentando los procesos que habrán de darse a conocer previo a la elaboración de cheques.

Si el Gobierno Estatal dice que la auditoria arrojó a 8 mil socios, entonces 8 mil deben estar enlistados para pago, no puede discriminarse a ninguno de ellos y debe quedar al arbitrio del propio ahorrador renunciar a las cantidades no cubiertas por FIPAGO.

Entre los defraudados destacan casos de personas de la tercera edad, pensionados, jubilados, niños, así como familiares de migrantes quienes recibían dinero de Estados Unidos, campesinos jornaleros y artesanos la mayoría de ellos.

El Fideicomiso Pago es público y es el Comité integrado por un representante de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; de Gobernación; de Contraloría y Desarrollo Administrativo; de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Banco de México, y un representante de cada uno de los dos gobiernos de las entidades federativas que hayan celebrado los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, cualquier persona puede tener acceso al mismo, sin restricción alguna.

Por tanto, el las entidades federativas ninguna injerencia pueden tener en la determinación de a quién pagar o a quién no, ni pueden limitar tiempos para suscribirse o no cuando de un problema social se trata, para eso está la auditoria.

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