Por Pablo Chávez Meza. El Financiero. Pag. 6, La Entrevista.
México, D.F.. Martes, 26 de abril de 2011
Más de 22 mil quedarían sin protección, advierte el FUADO.
En Oaxaca existen 31 mil 278 personas defraudas por «supuestas» cajas populares establecidas en esa entidad.
Si bien se espera que en breve la autoridad local atienda a un número importante de afectados vía el Fipago, no todos serán cubiertos, indicó Mario Enrique Herrera Carrasco, vicepresidente del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca (FUADO).
Comentó que de esa cifra, poco más de 22 mil ahorradores defraudados quedarían fuera del Fideicomiso de Pago (Fipago), ya que la ley no consideró a todas las «cajas» que cometieron ilícitos contra las personas, sólo a aquellas entidades que estaban operando al 31 de diciembre de 2002.
En entrevista con EL FINANCIERO, el dirigente de este organismo, que agrupa a personas que fueron defraudadas por más de 42 cajas en esa entidad, dijo que se reunirá con Yerom Castro, vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para abordar temas referentes a la regulación del sector.
Adelantó que proyectarán algunos anuncios en el estado para que las personas tomen conciencia de la importancia de conocer si la entidad donde se pretende depositar su dinero está o no regulada, y en caso de no estarlo los invitarán para que las denuncien y sean cerradas.
En caso de funcionar este esquema, precisó, podría ser aplicable en todo el país, pues los problemas de fraudes hacia ahorradores no han sido exclusivos de ese estado.
Vence plazo
Por otra parte, Herrera Carrasco indicó que este día vence el plazo que dio el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, para atender a los defraudados por las cajas Popular del Sureste, Coofia, Sacriputla, Milenio y Casandoo.
Dijo que el gobierno oaxaqueño se comprometió a asumir 30 por ciento del pago de lo defraudo, mientras que los afectados tendrán que poner otro 30 por ciento y el restante 40 estará a cargo del Fipago con aportaciones del gobierno federal.
El esquema del Fipago restablece hasta 70 por ciento del patrimonio de los ahorradores.
Lamentablemente, expresó, de atender a las personas que fueron defraudadas por esas cajas, quedarán fueran el resto de los afectados, debido a que la ley no consideró a aquellas entidades que empezaron a operar a partir del 1 de enero de 2003.
Explicó que el tope máximo a pagar será de 240 mil pesos, cantidad a la que deberá restársele 30 por ciento, que de manera «inhumana y arbitraria» tendrán que poner los defraudados, por lo que muy probablemente se les pague alrededor de 168 mil pesos.
Si bien se tardaron cuatro años para pagarle a los afectados por las cajas Popular del Sureste, Coofia, Sacriputla, Milenio y Casandoo, al resto de los defraudados tardarían alrededor de 40 años en finiquitarles, si se hacen las modificaciones necesarias.
El vicepresidente del FUADO recordó que además de esas entidades, se tienen contabilizadas 42 más y si se toma en cuenta que existen alrededor de 25 cajas más, el número de entidades que han defraudado ascendería a cerca de 70.
Mencionó que el monto de lo defraudado a quienes están agrupados al FUADO asciende a cinco mil millones de pesos, por lo que si la autoridad hiciera un ajuste a la ley y reformara el artículo octavo del Fipago, se podría atender a 95 por ciento de los afectados.
El otro 5 por ciento, dijo, corresponde a las personas que fueron defraudadas por más de un millón de pesos.
NOTA: EL CONTENIDO DE LA ENTREVISTA ES TAL CUAL Y COMO SE PUBLICÓ EN EL DIARIO EL FINANCIERO, FUADO AGRADECE LAS ATENCIONES BRINDADAS Y COBERTURA EN EL TEMA POR PARTE DE PABLO CHÁVEZ MEZA.
Abogado Mario Herrera 